El fiscal penal de Cerrillos, Federico Portal, imputó a Walter Nicolás Quevedo, de 29 años, por la comisión de los delitos de hurto simple –un hecho-, tentativa de hurto –un hecho- y amenazas –un hecho-, todo ello en concurso real.
La imputación surgió luego de que una mujer, domiciliada en Barrio
Las Tunas de ese municipio, denunciara que el pasado 12 de abril, alrededor de
las 4 de la madrugada, un desconocido sustrajo del interior de su camioneta,
una silla de ruedas marca Clik, hecho que quedó registrado en las cámaras de
seguridad. Horas más tarde, su esposo advirtió la presencia de un hombre en el
interior de su vehículo y fue aprehendido con ayuda de los vecinos mientras
intentaba sustraer un estéreo. El sujeto dijo que tenía una silla de ruedas y
que si lo dejaban ir, la devolvería. Sin embargo, luego amenazo a su esposo y el
grupo familiar.
A pedido del fiscal, el Juzgado
de Garantías Segunda Nominación libró una orden de allanamiento en el domicilio
del imputado, de barrio Los Paraísos, de Cerrillos. La silla de ruedas no
estaba dentro de la vivienda, pero en el terreno colindante y en medio de la
maleza, se encontró la estructura de la silla de ruedas, con las dos ruedas
delanteras, asiento y cinturón y faltante de las demás partes.
Todas las partes fueron secuestradas, con vecinas que oficiaron de
testigos. Posterior al procedimiento, se apersonó una vecina que portaba dos
ruedas de silla de ruedas que había encontrado en el terreno en construcción,
terreno conexo a donde se había encontrado la estructura de la silla que, luego
del reconocimiento y acreditación de propiedad, fue entregada por la Fiscalía a
la damnificada. Quevedo quedó detenido.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación, que estará integrada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.
La Unidad Fiscal fue creada tras las publicaciones periodísticas de distintos medios en contra del actual intendente de Salvador Mazza, de las que surgió que el jefe comunal vetó una ordenanza que solicitaba al Ejecutivo Municipal, una ayuda económica destinada a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.
Esa ordenanza, oportunamente aprobada por el Concejo Deliberante de ese municipio, estaba destinada a beneficiar a personas que padecen leucemia, principalmente a quienes se encuentren afuera de la comuna y que transitan la enfermedad.
Los fiscales ordenaron las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho.
Es que entre las facultades del Procurador General, se encuentra la de diseñar la política criminal y organizar la persecución penal del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de promover una adecuada administración de justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
El fiscal penal Gabriel González, informó que en el marco de una investigación que lleva adelante por dos hechos delictivos ocurridos en esa ciudad, se produjo la detención del sospechoso en la vecina provincia. Se iniciaron los trámites de extradición.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado fin de semana en locales comerciales de la ciudad de General Güemes, cuando el acusado, usando un arma blanca, cometió delitos contra la propiedad.
De los registros fílmicos y otros elementos probatorios obtenidos, se pudo identificar al sospechoso y se solicitó su detención y captura nacional e internacional.
A partir de las tareas desplegadas por la Brigada de Investigaciones 7 de General Güemes, la colaboración de la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martin en la provincia de Jujuy y con la intervención de las Fiscalías de ambas localidades, se logró la detención del acusado por orden del Juzgado de Garantías 3 del distrito judicial Centro de la provincia de Salta.
González señaló que desde su Fiscalía ya se iniciaron los trámites para la extradición del detenido a la provincia de Salta y así concretar la audiencia de imputación por dos hechos de robo calificado por el uso de arma.
Cuatro hombres que se encontraban alojados en la dependencia policial fueron imputados por un hecho donde dos de ellos lograron fugarse y los otros dos favorecieron la evasión, reduciendo y golpeando al guardia.
La fiscala penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó a Diego Hernán Rodríguez como autor de los delitos de evasión y atentado contra la autoridad agravado en concurso real. A Enzo Nicolás Castellanos como autor del delito de evasión y a Rodrigo David Cabana y Saúl Ernesto Cativa como coautores del delito de favorecimiento de evasión y atentado contra la autoridad agravado en concurso real.
El pasado 18 de abril, alrededor de las 21, presos de la Comisaría 20 atacaron al efectivo policial que se desempeñaba como cuartelero y Rodríguez junto a Castellanos, lograron huir y fueron recapturados casi en forma inmediata. Los otros dos acusados colaboraron con la evasión y no lograron fugarse.
Los cuatro imputados se encontraban en situación de detención por delitos contra la propiedad.
Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Diego Nicolás Rodríguez López, requirieron ante el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Sur-Joaquín V. González, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al exauxiliar fiscal Sergio Ariel Dantur, acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública.
En la presente causa, surgió que el imputado, investigado por su vínculo con el acusado policía de la subcomisaría El Dorado de Apolinario Saravia, Walter Mamaní, hizo entrega voluntaria de un teléfono celular como supuesto de uso oficial y omitió poner a disposición el teléfono corporativo del Ministerio Publico Fiscal, por lo que realizó la maniobra de entregar el teléfono de uso particular como si fuera oficial.
En un primer momento, el resultado de la inspección al teléfono celular aportado por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simensen de Bielke, fue utilizado como elemento de prueba en contra de Dantur, lo cual fue sostenido por el Juez de Garantías y el Tribunal de Impugnación.
Fue así que por disposición del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, fue creada la Unidad Fiscal para investigar la conducta de Dantur, quien al entregar el teléfono celular y no especificar que se trataba de un móvil personal y no oficial, generó la declaración de nulidad de las actuaciones, conducta que condujo al error no solamente del Tribunal, sino también de la fiscala que investigaba la causa.
Se agregó como conducta reprochable a Dantur, que el teléfono celular oficial no fue utilizado a tales fines, sino que se verificó una utilización ambigua y confusa del aparato, lo que alteró el desarrollo de las tareas encomendadas como funcionario público, que perjudicó el normal y correcto desempeño de su función pública.
Extracción de datos
En el análisis del plexo probatorio reunido, concurrieron como prueba objetiva de indubitada certeza, los informes de los peritos del Gabinete de Informática del CIF, quienes realizaron un análisis integral del informe de extracción sobre los teléfonos secuestrados al auxiliar fiscal Sergio Dantur. Surgió así un informe de 8182 páginas, con un resumen de 300, del cual fueron sustraídos distintos elementos de interés para profundizar en el análisis.
También pudo establecerse que el teléfono de la línea oficial del Ministerio Público Fiscal, era utilizado por la hija de Dantur, menor de edad, quien recibía mensajes de trabajo y que luego eran reenviados por la madre de la niña a la línea personal utilizada por Dantur.
Los teléfonos analizados fueron el oficial (otorgado por el Ministerio Público Fiscal) y el personal. Del último, surgieron los mensajes intercambiados con el comisario detenido e imputado, Walter Mamaní, cuando se realizó la inspección ocular. El imputado también realizó consultas y visitó páginas de contenido con información referida al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Existen comunicaciones en las que se presume que Dantur intercambiaba cheques de manera frecuente.
Por otra parte, se hallaron comunicaciones con un acusado de venta de motos robadas, en las que el imputado Dantur se comunicó con alguien a quien señaló como “Jujuy”, detrás del apodo. El exfuncionario hizo referencia a que esperaba el embarque y que ya tenía un par de tornillos. Las tareas complementarias con la Brigada de San Pedro de Jujuy, revelaron que sería una persona que estuvo detenida en esa ciudad jujeña, por comerciar con motocicletas robadas, las que eran llevadas a “Chaco” y que desde allí regresaba con “carne”.
Dantur también posee un registro de búsqueda de armas de distintos calibres y recibió un mensaje de alguien a quien le preguntó si tenía una para venderle. A través de un audio, Dantur dijo a otro hombre que le interesaba comprar un arma y que quería una 45” o una Ballester Molina, también un fusil o subfusil, al que se le pueda poner una mira holográfica o láser.
Dantur mantuvo una fluida comunicación con distintos dirigentes políticos y un exfuncionario provincial, quien le habría facilitado vídeos de las filmaciones obtenidas en el caso Mamaní. La misma persona advirtió a Dantur “que tenga cuidado con Mamaní, porque se la estaba mandando cambiada”.
El 28 de junio de 2020, Dantur le dijo al policía Walter Mamaní que dejaba el expediente en la mesa de la fiscalía, en su oficina y sobre su escritorio; que pidiera las llaves y que se quedara tranquilo compulsando las actuaciones “y a la mierda”.
Por lo expuesto, quedó demostrada la materialidad del hecho y la participación responsable del encartado. La exigencia de un elemento subjetivo implícito en el tipo penal, se dio por el conocimiento y la voluntad de actos contrarios a la función pública que afectaron el bien jurídico protegido, que es la administración pública.
La comunicadora denunció en el mes de enero a una pareja vecina por actos de hostigamiento en su contra, que incluyeron ataques verbales y amenazas. Una Unidad Fiscal investigó la situación y solicitó que la causa sea elevada a juicio.
Reunión de la comunicadora con el Procurador General
Una Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Gonzalo Gómez Amadoy Nicolás Rodríguez López, investigó a partir de la denuncia realizada por la periodista Teresita Frías, hechos de agresiones, insultos, ladrillazos contra las ventanas de su departamento y amenazas de muerte que recibió de parte de una pareja vecina en la ciudad de Metán.
La comunicadora relata que
reside hace más de 30 años en el barrio y que nunca tuvo problemas con vecinos,
hasta que esta pareja inició actos de acoso y hostigamiento en su contra.
Los fiscales dispusieron distintas medidas, tales como relevamiento de testigos, informes policiales, técnicos, psicológicos y socio vecinales que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios para solicitar ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito judicial Metán, juicio para Leonel Washington Ifran, de 38 años, como autor del delito de amenazas y contra su pareja, Rosana Fernández, de 32 años, como autora de los delitos de amenazas y desobediencia judicial.
La acusación contra Ifrán es
por un hecho ocurrido el pasado 12 de enero, cuando con una actitud violenta,
agredió verbalmente a la damnificada, la amenazó y arrojó un elemento
contundente contra su vivienda.
En tanto, la acusación contra
Fernández, se vincula a las amenazas que la mujer profirió a la comunicadora, ocasionándole
temor y por desobedecer una orden de medidas restrictivas dictada por el Juez
de Garantías Nº2 Distrito Judicial del Sur Metán.
Un hombre de 20 años y un menor de 16, fueron sorprendidos robando en una tienda de esa ciudad por personal policial. Tras dañar un vidrio, sustrajeron prendas de vestir y dinero en efectivo. El caso fue declarado como de flagrancia.
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a José Julián Pereyra y a un menor de 16 años, como coautores del delito de robo en perjuicio de una comerciante de esa ciudad.
El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado viernes 9, cuando personal policial detectó a los jóvenes en flagrancia, cuando robaban en un local comercial de la primera cuadra de calle Belgrano.
Tras romper un vidrio, sustrajeron prendas de vestir y dinero en efectivo del comercio y luego de ser sorprendidos, se notificó a la propietaria, quien radicó la denuncia.
Seis detenidos se fugaron entre las 2 y las 20:30 del sábado 27 de marzo del establecimiento policial. Dos fueron recapturados a las pocas horas, mientras que los otros cuatro se encontrarían en Bolivia.
En el marco de la investigación que lleva adelante por la
fuga de seis detenidos de la Comisaría N°40 de Salvador
Mazza, el fiscal Penal de
Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó al Juzgado de Garantías el pedido de captura
nacional e internacional de los argentinos Darío Esteban
Brites, Daniel Oscar Da Silva, Reinaldo Soria Santos y el peruano Bonifacio
Córdoba Fredy por el delito de evasión en grado de coautores.
En la tarde del viernes, el juez de Garantías N° 1 de Tartagal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal dictando la captura nacional e internacional de Brites, Da Silva, Córdoba y Soria Santos.
El domingo 28 de marzo, Cazón tomó
conocimiento de la evasión de seis personas privadas de su libertad de un
establecimiento policial, por lo que inició actuaciones y abrió una
investigación a través de la cual pudo establecer que la evasión se había
producido un día antes, es decir el sábado 27 de marzo, entre las 2 y las 20:27,
a través de un barrote cortado con una sierra.
Según consta en videos de locales
comerciales de la zona, a las 2:01 de la mañana del sábado 27 se puede observar
a Fredy Bonifacio Córdoba, Darío Esteban Brites, Daniel Oscar Da Silva y
Reinaldo Soria Santos saltar la tapia de la comisaría. A las 20:27 se visualiza
a Maximiliano Guzmán y Ángel Gabriel Murillo, siendo estos dos recapturados a
las pocas horas.
Según el aporte de distintos
testigos, los cuatro que aún permanecen prófugos habrían cruzado la frontera,
encontrándose en Bolivia.
La comisaría tenía el doble de detenidos permitidos
Durante la investigación, Cazón
estableció que en la Comisaría –que cuenta con tres calabozos con capacidad
para cuatro personas cada uno (12)- se encontraban detenidas 23 personas, es
decir muy por encima de su capacidad y que la tormenta caída en la noche del
sábado en Salvador Mazza habría contribuido a amortiguar el ruido producido por
los prófugos.
Además de la recaptura de los
prófugos, el fiscal Penal lleva
adelante una investigación para determinar las responsabilidades de los
efectivos de las fuerzas de Seguridad.
Bonifacio se encontraba detenido
por Tenencia de Drogas con fines de Comercialización, tenencia y portación
ilegítima de arma de fuego; Da Silva, por hurto calificado; Brites por robo y
Santos por violación a la ley 23.737 de estupefacientes.
El hecho habría ocurrido durante el pasado domingo, cuando personas desconocidas ingresaron al local y sustrajeron una suma cercana a seis millones de pesos. La fiscal a cargo de la investigación señaló que se dispusieron todas las medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, investiga un hecho de robo denunciado el pasado lunes por la gerente de un supermercado ubicado en la intersección de calles Arenales y Laprida de esa ciudad.
Según consta en las actuaciones, ese día, al reanudar la actividad, se tomó conocimiento de la sustracción de una suma de seis millones de pesos aproximadamente de la caja de seguridad del local comercial.
El hecho habría ocurrido durante el día domingo y no había signos de violencia sobre el cofre donde se encontraba resguardado el dinero.
La fiscal Murúa dispuso el análisis de cámaras de seguridad privadas y públicas, el relevamiento de testigos y otras medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.
El fiscal penal Oscar López Ibarra, mantuvo una reunión de carácter informativo con el titular de la organización vecinal, con la finalidad de interiorizarlos sobre el funcionamiento y potestades del Ministerio Público en temas que consideran de su interés.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra recibió al presidente de la Asociación Rosario Unidos, Oscar Ramírez, para intercambiar información y ser asesorados sobre el funcionamiento y las potestades que tiene el Ministerio Público Fiscal en temas que la organización vino planteando en forma pública.
López Ibarra consideró de interés la reunión, ya que a través de este intercambio, se entabla un diálogo directo con los vecinos y se puede acercar al Ministerio Público a la gente, conociendo sus inquietudes.
