El acusado recibió una condena en juicio abreviado por un hecho ocurrido en abril de este año, cuando lesionó a otro hombre que no aceptaba pelear con él y le profirió amenazas. Deberá cumplir reglas de conducta.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Eduardo Sebastián Frías, acusado de los delitos de lesiones leves y amenazas con arma en perjuicio de otro hombre.
El hecho juzgado ocurrió el pasado 20 de abril en calle Warnes al final de esa ciudad, cuando el acusado persiguió al damnificado y lo invitaba a pelear. Ante la negativa de iniciar una gresca, con un cuchillo le produjo lesiones en una de sus piernas, mientras profería amenazas contra su vida.
El juez Anastacio Vázquez Sgardelis, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 1 año de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.
Dos jóvenes están acusados de un hecho delictivo ocurrido días atrás en la localidad, cuando portando un arma blanca, impidieron que una vecina ingrese a su propiedad con su vehículo y le exigían dinero. La mujer comenzó a tocar bocina y la llega de vecinos, los puso en fuga. Uno es menor de edad.
La fiscala penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Lucas Joel Tapia de 19 años como autor del delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma y por la participación de un menor en perjuicio de una vecina de la ciudad de Hipólito Yrigoyen y también imputó a un menor de edad que lo acompañaba como autor del delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma.
La vecina regresaba en auto por la noche a su casa, cuando fue interceptada por los acusados, quienes portando un machete, impidieron el ingreso. Hacían ademanes con el arma y le exigían la entrega de dinero. La mujer comenzó a tocar bocina, lo que provocó la salida de los vecinos, que pusieron en fuga a los delincuentes.
Este lunes, al reanudarse la audiencia de debate, se llevarán a cabo los alegatos de las partes y se espera conocer el veredicto para los cinco profesionales de la Salud, imputados tras la muerte de bebé en junio de 2015.
Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contraRoberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.
El pasado viernes se finalizó con la ronda de testimoniales y declararon dos de los imputados, dando su versión de los hechos. Luego, el Tribunal conformado por los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez y Javier Aranibar, dispuso un cuarto intermedio hasta este lunes, para dar lugar a los alegatos de las partes, las últimas palabras de los acusados y conocer el veredicto.
Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaraz, realizada el 18 de Junio de 2015. El denunciante sostuvo que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de treinta y ocho semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Gral. Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.
Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, lo que se debió a que no se le practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería.
Posteriormente, la mujer amplió su declaración y manifestó que durante el tiempo que permaneció en el hospital local nunca fue atendida por médico alguno, siempre se hizo presente la obstétrica y una enfermera que le prodigaron algunas atenciones pero no las idóneas para su estado de salud.
En la audiencia que se sigue contra cinco médicos, declaró quien se desempeñaba como gerente del hospital Joaquín Castellanos en junio de 2015. Este viernes finalizará la ronda de testimoniales y los alegatos y sentencia se conocerán la próxima semana.
Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contraRoberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.
Durante la jornada de este jueves, declaró el imputado Jorge Barni García, quien se desempeñaba como gerente general del hospital Joaquín Castellanos y ratificando lo declarado en la investigación, confirmó que el día del hecho, los profesionales que debían estar prestando servicios no se encontraban hacíendolo y que había conflictos internos en el nosocomio.
Este viernes se espera recibir la declaración de los últimos cinco testigos y la jornada de alegatos y lectura de veredicto se realizará la próxima semana.
El acusado asaltó a una mujer en diciembre de 2020 en la zona céntrica de esa ciudad y se dio a la fuga. Fue demorado por vecinos y personal policial y se logró recuperar un celular sustraído y se secuestró la moto en la que se desplazaba junto a otra persona que logró huir.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Juan de Dios Arias, imputado como autor del delito de robo calificado por el uso de arma en perjuicio de una mujer.
El hecho juzgado ocurrió el pasado 30 de diciembre por la tarde, cuando junto a otra persona, el acusado asaltó a la damnificada, con un cuchillo le cortó la correa de la mochila, la hicieron caer al piso y le sustrajeron el celular.
Vecinos y personal policial lograron demorar a Arias y se pudo recuperar el elemento sustraído y se secuestró la motocicleta en la que se desplazaban.
En su veredicto, la jueza Sandra Sánchez le impuso al acusado, una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente por tercera vez.
Un hombre de 22 años ingresó violentamente a la vivienda de una amiga de su pareja, la golpeó y profirió amenazas a quienes se encontraban en el lugar. Estaba en estado de ebriedad y acompañado de un familiar.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, imputó a Walter Eliseo Romero por los delitos de violación de domicilio y lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género y amenazas en concurso real.
Según la denuncia radicada por la víctima, mantenía una relación desde hace cinco años con el acusado, de los cuales hace tres que conviven y tienen un hijo en común de tres años. Señala que es la primera vez que radica una denuncia pero que ya había sufrido hechos de violencia.
El pasado 16 de mayo, poco más de las 5 de la mañana, el acusado se presentó en el domicilio de una amiga de la víctima, y en compañía de un familiar, pateó el portón para ingresar y le dio un golpe de puño en la boca a su pareja, quien cayó al piso pesadamente.
Mientras Romero incitaba a la pelea al hermano de la dueña
de casa, vociferaba amenazas.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, tomó intervención en la causa iniciada tras el robo armado en un taller ubicado en Zanja Honda, en la salida de esa ciudad. Por el momento, no hay detenidos.
La intervención del fiscal penal Rafael Medina, se produjo tras las actuaciones del personal policial de la Comisaría 42, de donde se obtiene que al menos seis personas, con vestimenta de la fuerza de seguridad Gendarmería Nacional Argentina y con armas de fuego, maniataron al propietario de un taller, a quien le preguntaron “dónde está la plata”.
Tras esto, le sustrajeron su teléfono celular y la suma de $30.000 (treinta mil pesos), en efectivo.
Entre las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho, el fiscal dispuso la intervención del personal de Criminalística en el lugar y de la Brigada de Investigaciones.
Durante la primera jornada del juicio a los cinco profesionales de la Salud que se desempeñaban en el hospital Joaquín Castellanos, también declararon los padres del bebé, una instrumentista del nosocomio y un médico del Hospital Materno Infantil que intervino y ratificó que ante el cuadro de la madre, se requería una cesárea de urgencia.
Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contraRoberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.
Durante la primera jornada, tras la lectura del requerimiento a juicio, declaró el imputado Marcelo Quiroga, quien se desempeñaba como gerente de Atención a las Personas del hospital Joaquín Castellanos de General Güemes en junio de 2015. El médico dejó plasmado en su declaración que la organización en el nosocomio no era la óptima y que la colaboración de los profesionales que allí se desempeñaban, era escasa.
Al iniciar la ronda de testimoniales, declaró la pareja que sufrió la pérdida de su bebé, relatando lo sucedido en junio de 2015. También lo hizo una instrumentista que trabajaba en el hospital de Güemes, quien señaló que no sabía quien era el anestesista que estaba de guardia el día del hecho juzgado.
Finalmente prestó declaración un médico del Hospital Materno Infantil, encargado de recibir a la paciente cuando fue derivada y en sus dichos, señaló que ante el cuadro que presentaba, requería una cesárea de urgencia.
Desde este miércoles y hasta el próximo viernes, se realizará el juicio contra cinco profesionales vinculados a un hecho ocurrido en junio de 2015 en el hospital Joaquín Castellanos, cuando un bebé murió antes de nacer, al no recibir su madre las atenciones necesarias.
Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representarán al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contraRoberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.
Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaraz, realizada el 18 de Junio de 2015. El denunciante sostuvo que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de treinta y ocho semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Gral. Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.
Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, lo que se debió a que no se le practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería.
Posteriormente, la mujer amplió su declaración y manifestó que durante el tiempo que permaneció en el hospital local nunca fue atendida por médico alguno, siempre se hizo presente la obstétrica y una enfermera que le prodigaron algunas atenciones pero no las idóneas para su estado de salud.
La audiencia estará a cargo del juez Federico Armiñana Dohorman y está previsto que se extienda hasta el próximo viernes 28. Durante la primera jornada, luego de la lectura del requerimiento a juicio, se dará lugar a los acusados para prestar declaración y se iniciará la ronda de testimoniales con la declaración de la madre damnificada.
Tres hombres fueron detenidos e imputados por un hecho de robo ocurrido en el Centro de Rehabilitación “Fundación Nido”, donde tras violentar una puerta, sustrajeron una cocina industrial. El aporte de una vecina fue fundamental para la aprehensión de los delincuentes.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, imputó a José Abel Pastrana, de 28 años; Martín Alejandro Romero, de 20 años y Facundo Ezequiel Prieto, de 20 años, como autores del delito de robo calificado por ser cometido en poblado y en banda.
El hecho ocurrió el pasado domingo 16 de mayo cuando los imputados, quienes se desplazaban en una camioneta, quisieron llevarse una cocina tipo industrial que había sido dejada por personas desconocidas en el terreno de una vivienda del barrio San Jorge.
Una vecina alertó a personal policial de la situación, quienes con su labor lograron identificar a los sospechosos y se logró establecer que la cocina pertenecía al Centro de Rehabilitación “Fundación Nido”, la que había sido sustraída luego de violentar una puerta trasera.
