Tartagal: condenado por un robo ocurrido en abril

Un hombre fue condenado en juicio abreviado por un hecho ocurrido en barrio San Ramón de esa ciudad, donde junto a otra persona, le sustrajeron el celular a una menor de edad.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Julián Figueroa, imputado como autor del delito de robo simple.

El hecho juzgado ocurrió el 28 de abril pasado en barrio San Ramón de esa ciudad, cuando junto a otra persona no individualizada, derribaron a una menor y le sustrajeron un celular. Cuando intentaban huir, Figueroa fue demorado.

La jueza Sandra Sánchez, al recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de seis meses de prisión de ejecución efectiva.

Piden elevación a juicio contra un funcionario de Campo Santo que amenazó con machete

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel Alejandro González, solicitó al Juzgado de Garantías N°4, la elevación a juicio contra René Marcelo Gutiérrez, de 51 años, acusado de coacción agravada por el uso de armas, en calidad de autor.

El requerimiento a juicio por parte del fiscal González se formuló por contar con elementos de prueba suficientes, reunidos a partir de la investigación que se inició luego de que el pasado 4 de mayo, una mujer denunciara que ese mismo día, el secretario de obras públicas de la Municipalidad de Campo Santo se presentó en el domicilio de Barrio Los Tarcos, en el que reside actualmente y que es propiedad de una prima de su abuela, y, machete en mano, amenazó a  ella y a quienes estaban presentes con que se retiren o “les traigo a mi señora y a mi gente y no saben lo que les va a pasar”.

Posteriormente, se dirigió al fondo del terreno, dejó el machete y fue a la casa de la abuela de la denunciante para decirle al esposo de esta última que la saque de ahí, en referencia al domicilio donde vive.

Lo declarado por la denunciante sobre cómo sucedieron los hechos, fue corroborado a con las declaraciones testimoniales de quienes la acompañaron en el momento que Gutiérrez profirió las amenazas, con las que quiso generar temor, con uso de arma impropia y aprovecharse de la situación por ser funcionario público.

Quedó comprobado que el hijo de la dueña legítima de la casa, según consta en título de propiedad, y tío de la denunciante la autorizó a habitarla y no como sostenía el acusado que “esa casa la compró mi señora”.

General Güemes: un médico condenado y cuatro absueltos

Este mediodía se dio a conocer el veredicto del Tribunal de la Sala I de Juicio, donde se impuso una pena condicional a uno de los profesionales de la Salud juzgados y se absolvió a los otro cuatro imputados. Se hizo lugar a la demanda civil.

Este jueves, al reanudarse la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal, las partes no hicieron réplicas ni dúplicas y los acusados no hicieron uso de la posibilidad de decir las últimas palabras.

Luego de la deliberación, los jueces Federico Armiñana, Martín Pérez y Javier Aranibar, dieron a conocer el veredicto, donde condenan a Eduardo Elpidio Villagra a un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Roberto Francisco Farías fue absuelto en forma lisa y llana de los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Alejandro Cortez Bellomo, Jorge Barni García y Marcelo Quiroga fueron absueltos en forma lisa y llana del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el fallo, se hizo lugar a la demanda civil planteada por un monto de 800.000 pesos en contra del condenado Villagra.

Orán: detenido por organizar una fiesta clandestina y agredir a un policía

Un hombre de 42 años fue detenido e imputado por un violento hecho ocurrido el pasado fin de semana, cuando pese a las medidas sanitarias vigentes, organizó una fiesta con amigos y cuando se presentó personal policial, golpeó a uno de los efectivos, provocándole lesiones y se resistió a ser demorado.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murua, imputó a Aaron Emiliano Rebollo como autor de los delitos de atentado contra la autoridad y violación de las medidas sanitarias vigentes en concurso real.

Durante la madrugada del pasado domingo, personal policial que realizaba tareas de patrullaje por inmediaciones de calle Moreno, entre Egües y Güemes de esa ciudad, detectó que en una vivienda en construcción se realizaba una fiesta clandestina, debido al alto volumen de la música y la presencia de personas en la vía pública.

Al intentar identificar a las personas que se encontraban incumpliendo la normativa sanitaria vigente, el acusado se violentó y comenzó a insultar a los efectivos y les dijo que estaba festejando su cumpleaños con amigos.

Golpeó a un efectivo, provocándole lesiones en el labio y en piezas dentarias y desde el interior de la propiedad, comenzaron a arrojar elementos contundentes hacia la comitiva policial, por lo que debió solicitarse refuerzos.

El acusado fue demorado tras oponer resistencia y amenazar a los uniformados. Se lo trasladó al hospital local para su revisación médica, donde se indicó que no presentaba lesiones.

La fiscal Murúa solicitó al Juzgado de Garantías en turno que el acusado permanezca detenido mientras se cumplen diversas medidas solicitadas.

Tartagal: le secuestraron el auto y lo sustrajo del depósito con violencia

Un hombre fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el pasado viernes en un depósito municipal, a donde ingresó por la fuerza, lesionó al sereno y sustrajo su vehículo secuestrado por no tener carnet de conducir.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, imputó a Pedro Agüero como autor de los delitos de defraudación por sustracción y atentado y resistencia a la autoridad.

Ocurrió el pasado viernes 29 de mayo, cuando el acusado, acompañado de otra persona no identificada, ingresó al canchón municipal de la ciudad de Tartagal y tras lesionar al sereno, sustrajo el automóvil que le había sido secuestrado por personal de Tránsito por conducir sin carnet habilitante.

El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga su detención, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho.

Gral. Güemes: finaliza el juicio a cinco médicos

Tras una extensa jornada de alegatos, el Tribunal de la Sala I de Juicio, pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves 3 de junio. Se dará lugar a las réplicas, dúplicas, últimas palabras de los acusados y se conocerá el veredicto.

Al reanudarse el pasado lunes la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal, se produjeron los alegatos de las partes.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González a su turno, solicitaron al Tribunal de la Sala I de Juicio del distrito Centro, se imponga la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva para los imputados Villagra (anestesista) y Farias (ginecólogo) por los delitos de abandono seguido de grave daño a la salud e incumplimiento de deberes de funcionario público; 6 años de inhabilitación especial y su inmediata detención.

Para los otros imputados Barni, Quiroga y Cortez Bellomo, solicitaron que se imponga la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público e inhabilitación especial de 4 años.

La fiscal Simesen de Bielke solicitó además que se juzgue el caso con perspectiva de género por violencia obstétrica contra la madre del bebé fallecido.

La defensa técnica del imputado Villagra solicitó su absolución lisa y llana y subsidiariamente, por el beneficio de la duda. Para los imputados Quiroga y Barni, solicitaron la absolución lisa y llana y para Farías y Cortez Bellomo, pidieron absolución lisa y llana y por el beneficio de la duda en forma subsidiaria y que se rechace la demanda civil.

Los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez y Javier Aranibar, dispusieron un cuarto intermedio hasta este jueves, para dar lugar a las réplicas, dúplicas, últimas palabras de los acusados y dar a conocer el veredicto.

Rosario de Lerma: Detenidos por robo de ganado y faena clandestina

Cuatro jóvenes están acusados de romper los alambrados de la Finca San Martín, de donde sustrajeron dos vacas raza Braford, a las que luego faenaron de forma clandestina.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, imputó a Bruno Facundo Aramayo, (alias Pipi), de 26 años; a Martín Alfonso Prieto, de 20 años; a Jesús Manuel Vargas, de 22 años y a Nahuel Gustavo Marín, de 19 años, todos domiciliados en Rosario de Lerma, por la comisión del delito de abigeato (hurto de ganado), agravado por el uso de fuerza en las cosas y la participación de 3 o más personas.

Según consta en la denuncia radicada por el propietario de la finca ubicada sobre RP N° 23 km 5, uno de los empleados dio aviso de que las vacas estaban dispersas, por lo que, luego de hacer el conteo, dieron con el faltante de dos ejemplares. Además, en el predio se hallaron restos de un animal. Un vecino aportó al propietario que había visto a dos de los hombres acarrear carne.

De acuerdo a la denuncia del propietario de Finca San Martín, ambos animales están valuados en alrededor de $160.000.

A través de las requisas pertinentes en los domicilios de los acusados, se encontraron diferentes cortes faenados, instrumentos y ropa utilizados para la faena clandestina y otros elementos de prueba para la investigación. Por otra parte, cinco bolsas con cortes varios se hallaron en el domicilio de un amigo de Marín, donde los había dejado acopiados. Los acusados fueron detenidos.

Colonia Santa Rosa: detienen a un motochorro

Un hombre fue detenido e imputado por un hecho ocurrido días atrás, cuando en compañía de otra persona, sustrajo un celular a una menor de edad, intimidándola con un cuchillo. Luego se dieron a la fuga en una motocicleta.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la Delegación Colonia Santa Rosa, imputó a Jesús Armando Paz, «Kiriku», como autor del delito de robo calificado por el uso de arma en perjuicio de una menor de edad.

La adolescente se encontraba sentada afuera de su domicilio en Colonia Santa Rosa, cuando dos hombres, intimidándola con un cuchillo, le sustrajeron un teléfono celular y se dieron a la fuga en una motocicleta.

Los padres realizaron la denuncia y aportaron datos para la investigación. Tras ser identificados los delincuentes, se detuvo a uno de ellos en la zona y se trabaja en el esclarecimiento del hecho.

Piden la elevación a juicio contra un hombre que privó de su libertad a una mujer y sus dos hijos

El fiscal Penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, había imputado en enero pasado a Marcelo Sánchez por privar de la libertad a su pareja y a dos menores de edad.

El fiscal Penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó al Juzgado de Garantías N°2 la elevación a juicio contra Marcelo Sánchez, acusado de privación ilegítima de la libertad de una mujer y de dos menores, coacción agravada y lesiones en perspectiva de género en concurso real.

El fiscal Cazón realizó el requerimiento de juicio tomando en cuenta la existencia de elementos de prueba suficientes y la declaración de la propia víctima, que ya se encuentra en Buenos Aires.

La investigación se inició a partir de un oficio enviado a la Fiscalía por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1 del distrito judicial Tartagal, a cargo de la jueza Carmen Juliá, quien había recibido un oficio de Buenos Aires –a través del Distrito Judicial Centro- por el que se buscaba a la víctima.

En efecto, en noviembre de 2020, la madre de la mujer, desde Buenos Aires, denunció que su hija se encontraba en la ciudad de Salvador Mazza en contra de su voluntad e incomunicada por su pareja.

Los hechos

De acuerdo a lo narrado por la víctima, conoció a Sánchez en Buenos Aires en 2017 e iniciaron una relación, fruto de la cual tuvieron un hijo. En esa ciudad comenzaron a vivir episodios violentos y bajo amenazas, la obligó a trasladarse a la ciudad de Salvador Mazza, donde residía una hermana del acusado.

Ya en la ciudad del Norte salteño, la mujer contó que su pareja la mantenía encerrada, sin posibilidad de comunicarse y ejercía violencia física, sexual y psicológica sobre ella.

En un descuido de su captor, la víctima pudo enviar un mensaje de WhatsApp a su madre en Buenos Aires y pedir ayuda, quien radicó la denuncia que llevó al fiscal Cazón a investigar el caso, logrando detener al acusado y poner a resguardo a la mujer y a sus hijos.

Sánchez se encuentra detenido en Tartagal.

Instan a una mediación por la ocupación de tierras en La Moraleja

La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, interviene en la investigación iniciada a partir de la denuncia radicada el miércoles 26 de mayo por el apoderado de la firma Tentrio S.A, que administra Finca La Moraleja, por la ocupación de terrenos en la zona. Se estima que entre 800 y 1000 personas permanecen en el predio. La mediación penal se realizará en breve.

De acuerdo a la denuncia, ese día empleados de La Moraleja observaron a quince personas, que realizaban limpieza, quema de basura y cavaban pozos, aparentemente con intenciones de asentarse. El predio en cuestión es un terreno de aproximadamente 50 hectáreas, sin perimetrar ni iluminación, con acceso por distintos caminos alternativos y sendas peatonales. El río del Valle limita con uno de los sectores. La misma noche se verificó la presencia de unas doscientas personas, entre varones mujeres y niños, de las cuales algunas se retiraron.

La fiscala solicitó a la jueza de Garantías de 1ra. Nominación de Joaquín V. González, Patricia Rahmer, la  prohibición de ingreso y medida de innovar, las cuales fueron otorgadas por la magistrada y se mantienen vigentes.

Según consta en las actuaciones, la madrugada del 27 de mayo, concurrió al terreno usurpado el intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi junto al representante legal del municipio y el apoderado de la empresa, para solicitar que se retiren. En ese marco, a las 5:30 de la mañana, un grupo de 50 personas se negó a abandonar el lugar y comenzó a insultar y arrojar elementos contundentes hacia los efectivos. Uno de ellos, resultó con cortes en la cara.

A las 8, empezaron a regresar más personas, y sumaron unas 150. La fiscala convocó al Intendente, al apoderado de la empresa y a representantes de la toma, para la mediación penal prevista en la Delegación Penal Las Lajitas para esa misma tarde. Dicha audiencia no pudo concretarse por razones de salud de la mediadora. La nueva convocatoria será informada en breve, apenas se disponga el reemplazo de la funcionaria oportunamente designada.

Fuera de esa mediación formal convocada, cuatro delegadas del asentamiento fueron citadas al domicilio del intendente esa misma tarde y según las mujeres, les habría aconsejado que reunieran a más personas para el asentamiento irregular. Hacia las 20, ya había unas ochocientas personas en el predio, entre varones, mujeres con niños en brazos y adultos mayores.

También consta en las actuaciones que desde el inicio de la toma, estuvieron los candidatos a concejales Milagros Córdoba, Moro Ledesma, Kike Castillo y Coquena Ledesma.

En las mismas actuaciones surgió que la noche del sábado 29, llegaron al predio usurpado el diputado provincial Marcelo Paz y el senador provincial Marcelo García, donde se reunieron con las familias asentadas.

A todo esto, el apoderado de la firma, amplió la denuncia por la ocupación en un segundo terreno de la finca, y dejó constancia que parte de las tierras fueron donadas oportunamente al municipio de Las Lajitas, con destino habitacional.

Ante la creciente cantidad de personas asentadas y distintos hechos de violencia registrados especialmente el fin de semana, García Pisacic solicitó al Ministerio de Seguridad de la Provincia en dos oportunidades, que en carácter de muy urgente, dote de recursos humanos y materiales a la dependencia policial de la zona para tareas preventivas, al tiempo que ratificó que primará la mediación por sobre un pedido de desalojo.