Finca Valdivia: Cinco detenidos por un violento hecho

Cuatro mayores y un menor fueron detenidos e imputados tras protagonizar un violento hecho en el vecindario. Vecinos radicaron numerosas denuncias por amenazas, daños, amenazas con armas y otros delitos conexos. Integran un grupo que mantenía en vilo a los vecinos por la comisión de distintos delitos.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Javier Exequiel Gustavo Castillo de 23 años, a Francisco Cristian Jesús Castillo de 21 años, a Jonathan Mauricio Ramirez Cervantes de 19 años, a Francisco Nicolás Gutiérrez de 18 años y a un menor de 15 años como autores de los delitos de amenazas, amenazas con armas, daños y desobediencia judicial.

La investigación se inició ante al menos siete denuncias realizadas por vecinos del barrio Finca Valdivia de la ciudad de Salta, quienes reportaron disturbios en la zona, amenazas y daños provocados por un grupo de personas que mantiene en vilo a esa comunidad.

Los acusados, en actitud hostil, insultaron a los vecinos, ingresaron a algunos domicilios, causaron daños en viviendas y vehículos y llegaron a usar armas para amedrentarlos.

Del trabajo realizado por los investigadores del Sector 3A, se pudo individualizar a los acusados y con tres órdenes de allanamiento libradas por el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, se detuvo a los acusados y se secuestraron armas blancas, armas hechizas y otros elementos de interés para la causa.

Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de la detención de los acusados.

Siguen buscando a la menor judicializada desaparecida

La Fiscalía Penal 2 mantiene la búsqueda de la menor Aldana Agustina. El protocolo de búsqueda de la menor identificada como Aldana Agustina, de 16 años de edad, se activó el sábado último.

El fiscal interino Gustavo Torres Rubelt precisó que la menor, que se encuentra alojada en una institución, fue vista por última vez el pasado sábado 9 de octubre, circunstancia en la que la menor, que tiene un hijo, le entregó el niño al enfermero a cargo y le expresó que iba a comprar algo y volvía y, hasta el momento, no fue encontrada.

Del mismo instituto se dio a la fuga otra menor, con su bebé de pocos días, y el mismo fin de semana. Ella sí fue encontrada en la casa de un pariente.

Según consta en las actuaciones al estar judicializada la situación de Aldana, se dio intervención, además, a la Secretaría de la Niñez y a la Asesoría de Incapaces en turno. La tarea operativa para dar con el paradero de la menor está a cargo del Grupo Investigativo N° 2, junto con la Comisaría Primera.

Aldana  Agustina es de tez blanca, ojos marrones, cabello corto con flequillo, de contextura delgada, mide, aproximadamente, 1.63 mts. Y tiene un piercing en la nariz, del lazo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía campera  negra con franjas blancas y jean azul.

Cualquier información sobre su paradero, comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o bien acercarse a la dependencia policial más cercana.

Tres «dormidoras» detenidas

Las mujeres están acusadas por dos hechos, donde con el mismo modus operandi, durmieron a los damnificados y le sustrajeron bienes de sus domicilios. En los allanamientos realizados se lograron recuperar algunos de los elementos sustraídos.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Cecilia Isabel Arroyo de 28 años, Liliana Teresa Robles de 32 años y a Claudia Mabel Arroyo de 31 años como autoras del delito de robo en poblado y en banda y robo en poblado y en banda y por efracción.

Los investigadores del Sector 3 A, a partir de las denuncias de dos damnificados, desplegaron distintas tareas que permitieron identificar a las mujeres que, de forma organizada, abordaban a las víctimas, entablaban una relación de confianza y al encontrarse en los domicilios de los damnificados, mediante la ingesta de bebidas alcohólicas, los «dormían» y aprovechaban para sustraerle bienes.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, Córdoba Mazuranic solicitó orden de allanamiento y detención para los domicilios de las investigadas al Juzgado de Garantías 5, y como resultado de la medida, se logró recuperar parte de lo denunciado.

En uno de los domicilios incluso, se secuestraron dos plantas de cannabis sativa, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Las tres mujeres cuentan con antecedentes de delitos contra la propiedad y desde la Fiscalía, se solicitó que se mantenga su detención.

Requieren juicio para miembros de un grupo antagónico

Tres hombres y dos mujeres serán llevados a juicio por un violento hecho ocurrido en el mes de mayo en barrio Finca Valdivia de la ciudad de Salta, donde portando armas, amedrentaron a vecinos, profiriendo amenazas y causando daños.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, requirió juicio para Alfredo Félix Laguna y Facundo Nicolás Chaile como autores de los delitos de lesiones leves (dos hechos) y desobediencia judicial. Para Víctor Abraham Condorí como autor de los delitos de amenazas con arma (dos hechos) y tenencia de arma de fuego de uso civil. Para Magdalena Claudia Vicenta López como autora de los delitos de amenazas con arma y amenazas. Para Marina Gisella Mamaní como autora del delito de amenazas con arma.

El hecho ocurrió el pasado mes de mayo en barrio Finca Valdivia, en la zona Sur de la ciudad de Salta, cuando los acusados, usando armas blancas, de fuego y elementos contundentes, atacaron a vecinos de la zona, amenazándolos, causando daños en viviendas y automóviles  y lesiones a los involucrados.

Estas personas, junto a otras, integran un grupo antagónico que atemoriza a los vecinos de la zona, con la comisión de distintos actos delictivos.

Se celebró la primera audiencia de mediación con empleados de un correo privado

Este miércoles se llevó a cabo la primera audiencia de mediación en la que las y los mediadores del Ministerio Público, escucharon por separado los planteos de referentes de los empleadores y empleados de la empresa Andreani. Al cierre de la jornada las y los presentes, acordaron continuar con el proceso la próxima semana para avanzar con las tratativas.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, informó que según lo previsto, la tarde de este miércoles se celebró la primera audiencia del proceso de mediación instado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, en el marco del conflicto laboral entre empleados y empleadores de una empresa de correo privado y que tiene implicancias en la Salud Pública, debido a que la firma es la encargada de la recepción y distribución de vacunas contra el COVID19.

Ante el hecho de que la normativa vigente respecto de la mediación exige confidencialidad, el fiscal Córdoba Mazuranic, resumió sobre el encuentro y dijo que fue muy positivo por la cordialidad y diálogo que primaron. Las empleados manifestaron su voluntad de participar en el proceso de mediación y plantearon distintas situaciones referidas a su situación laboral.

Al final de la reunión celebrada en dependencias de la Fiscalía, los empleados y los representantes de la firma, consintieron continuar con el diálogo en el proceso de mediación y participar de una nueva reunión la próxima semana.

En representación del Centro de Mediación del Ministerio Público, participaron la directora Dra. Nancy Valencia Donat y el Lic en Psicología Sergio Arch Guerrero.

Andreani: Habrá una mediación entre las partes

Ante el conflicto de la empresa con un grupo de trabajadores, que derivó en una manifestación en la vía pública, la Fiscalía Penal 3 tomó intervención y en procura de lograr una solución, se acordó realizar una audiencia de mediación para la tarde de este miércoles con el equipo del Centro de Mediación del Ministerio Público. La empresa se encarga de la recepción y distribución de las vacunas contra el COVID.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, informó que ante el conflicto entre la empresa Andreani y un grupo de trabajadores, que se expresan en una manifestación sobre una colectora de la avenida Tavella y que puede afectar la recepción y distribución de las vacunas contra el COVID, tomó intervención y por disposición de la Procuración General de la Provincia, se convocó a las partes a una audiencia de mediación.

La misma se realizará durante la tarde de este miércoles y estará a cargo del equipo del Centro de Mediación del Ministerio Público.

El dueño de un bar irá a juicio por infringir las normas en plena restricción

El fiscal contravencional Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa en la que José Francisco Mayo, de 40 años, fue acusado de infringir los artículos 64 y 100 de la Ley 7135/01 y el artículo 13 de la Ley 8206/20; contravenciones por incumplimiento de medidas mínimas de seguridad contra incendios, venta de bebidas alcohólicas sin autorización e incumplimiento de medidas de prevención para actividades económicas.

La situación fue constatada a través de las actas de infracción contravencional pertenecientes a la Seccional Novena de la Policía, de las que surgió que al efectuar controles en reiteradas ocasiones, se advirtió el incumplimiento de las medidas establecidas por la Ley 7135/01 en relación a sus artículos. 64 y 100, como así también del artículo 13 de la Ley 8206/20, en el local comercial ubicado en avenida Hipólito Irigoyen al 1300, propiedad del acusado. Los cinco controles efectuados sobre el negocio, se concretaron entre noviembre de 2020 y abril de 2021, cuando regían restricciones específicas para la reunión de personas, en el contexto de pandemia por Covid 19.

Los hechos fueron constatados mediante fotos aportadas por el personal policial, en las que se aprecia la presencia de gran cantidad de personas sin respetar las medidas de distanciamiento social, e ingiriendo bebidas alcohólicas sin la debida habilitación.

Lo expuesto, dejó al descubierto que el acusado demostró una falta total de interés y cuidado de la seguridad y salud de las personas atento a la situación actual de pandemia que atravesamos.

Un vecino denunció a la curtiembre Luaju

La acusación es por desobediencia judicial de las medidas “de suspensión temporaria del uso del agua subterránea que interviene en el proceso productivo de la curtiembre y del vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi”, que habían sido impuestas a la firma. El fiscal Penal N° 2, Ramiro Ramos Ossorio, ordenó distintas diligencias.

El fiscal Penal N° 2, Ramiro Ramos Ossorio, investiga la denuncia de un vecino de Atocha, municipio de San Lorenzo, contra la curtiembre Luaju SRL por desobediencia judicial.

En su acusación, el particular hace referencia a la medida tomada por el juez de Cámara Marcelo Domínguez, quien rechazara oportunamente el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal que solicitó la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL.

Domínguez consideró que el bien jurídico que se pretendía cautelar ya se encontraba suficientemente resguardado con las medidas adoptadas por la Secretaría de Recursos Hídricos, que dispuso la suspensión temporaria del uso del agua subterránea que interviene en el proceso productivo de la curtiembre y del vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi.

De acuerdo al vecino de Atocha, se continuarían vertiendo efluentes en el Arroyo Isasmendi y para respaldar la denuncia, presentó cuatro videos – que fueron grabados en presencia de personal policial-, fotografías del arroyo, la pileta y del ducto vertiendo un líquido rojo.

Ramos Ossorio ordenó distintas diligencias, entre ellas, el pedido de pericias al Cuerpo de Investigadores Fiscales, toma de muestra bioquímica del agua de la salida del caño (para verificar cambios al vertirse en el caudal de agua y después del contacto con el agua del arroyo), entre otras.

Cabe recordar que el 3 de septiembre pasado, el Ministerio Público Fiscal recurrió a la Corte de Justicia para frenar las actividades industriales contaminantes -que lleva adelante Luaju SRL- en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.

Desbaratan una banda que estafaba con el IFE desde un penal de Córdoba

El fiscal penal 1, Ezequiel Molinati, imputó provisionalmente por la comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita en concurso real  a Lucas Ariel Gómez; Andrés José Mamonde y Lucio Joel Blanco, en calidad de autores. Fueron trasladados desde Córdoba y se encuentran detenidos en Salta. No se descartan nuevas detenciones e imputaciones.

El fiscal Molinati los acusó porque mediante ardides y engaños, conformaron una asociación ilícita a los fines de cometer distintas estafas telefónicas y en mayo pasado, se hicieron de los datos bancarios de una mujer salteña, con los cuales realizaron distintas transacciones y operaciones bancarias en perjuicio de la víctima.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, -una mujer docente-, quien relató que el 29 de mayo de 2020, recibió un llamado de un supuesto abogado y representante de ANSES, encargado de tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Le dijo que necesitaba una tarjeta de débito para que dos hermanos de la mujer pudieran acceder al beneficio, ya que habían hecho un reclamo.

El 8 de junio pasado, la víctima fue a extraer fondos del cajero automático y solo tenía $400 (pesos  cuatrocientos), cuando debía tener al menos, $20.000 (pesos veinte mil). En la entidad bancaria, realizó la consulta correspondiente y le informaron que los fondos habían sido transferidos.

Durante la investigación, el fiscal determinó que la organización delictiva estaba compuesta por dos familias, quienes operaban desde el Complejo Penitenciario 2, de Córdoba, conocida como la “cárcel de Bouwer”, ubicada en el paraje “Alto El Durazno”, a la altura de Bower, sobre la Ruta Nacional N° 36 de esa provincia.

Lucio Joel Blanco, Andrés José Mamonde y un tercero, se encontraban entonces privados de la libertad y realizaron llamadas a diversas provincias del norte argentino, haciéndose pasar por abogados de Anses y lograban que las víctimas transfirieran fondos a sus cómplices de confianza, todos familiares directos que no estaban privados de la libertad. Según lo recabado por el GIS -Grupo de Investigación Sector 1B de la Policía de la Provincia de Salta-, una de las hermanas de Mamonde, transfería el dinero a otra hermana y la pareja de ésta, mientras que la madre del mismo acusado transfería el dinero a otro de sus hijos. Ambas mujeres contaban con cuentas bancarias temporarias para retirar el dinero.

Para acusarlos de integrar una asociación ilícita, el Fiscal tuvo en cuenta que la banda contaría al menos con ocho integrantes, que se asociaron con el propósito colectivo de delinquir, con parentesco y vínculos entre sus integrantes. Utilizaban una línea telefónica para brindar identidad ficticia y conseguir los CBU de las víctimas y tenían roles y funciones bien designadas (personas que llaman telefónicamente y cometen el ardid, personas que reciben el dinero por transferencias y en ocasiones personas que retiran el dinero ilícito).  Y se confirmó además, la permanencia en el tiempo, lo que demostró que no fue un hecho casual. Por el contrario, la modalidad de estafas telefónicas se mantuvo en el tiempo porque la banda delictiva operó mínimamente, por un periodo de siete meses de 2020, y especialmente después de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación del coronavirus.

La investigación penal continúa, en pos de detener e imputar al resto de la banda por la comisión del delito de estafa y asociación ilícita en concurso real, en carácter de coautores.

El hijo de un socio defraudó a la empresa por más de un millón de pesos

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó provisionalmente a Guillermo Ezequiel Márquez, de 44 años, por la comisión del delito de administración fraudulenta, en calidad de autor material. La investigación estuvo a cargo del Cuerpo Especializado de Investigadores, cuyos integrantes lograron la detención del acusado con la colaboración del personal policial de la Comisaría 5.

Del decreto de imputación, surgió que el imputado se hizo pasar por el director de la empresa Dialnorte SRL, para retirar cheques sin autorización o poder de la socia-gerenta de la empresa y falsificó la firma de ésta, para el endoso y cobro por un monto aproximado de un millón 246 mil pesos.

Además, se tiene acreditado que el acusado, quien fingió ser administrador de empresas y contador, también realizó distintas compras y cobró deudas, todo en perjuicio de la empresa.

Por lo expuesto, se tiene entonces que el acusado sacó provecho de su condición de empleado contratado de la firma y desvió fondos, recibió pagos, adquirió bienes y obtuvo beneficios económicos indebidos, al defraudar a la empresa damnificada en su patrimonio y por considerables montos, todo ello a partir del acceso a diferentes beneficios que obtuvo por ser el hijo de uno de los socios fundadores fallecido.