Con relación a los hechos acontecidos en el municipio de La Caldera el último fin de semana, en el que se denunciaron situaciones de hostilidades con un vecino, quien aparentemente padecería algún tipo de enfermedad mental, se informa que el Fiscal Penal 1 intervino de acuerdo a los procedimientos y normas legales vigentes y con la debida diligencia.
En efecto, ante el episodio ocurrido el día 4 de noviembre pasado, donde se denunció a una persona por supuestas amenazas con un cuchillo a vecinos de la localidad, el personal policial luego de la reducción del mismo, dio oportunamente intervención a la Fiscalía Penal, disponiéndose el traslado del sospechoso al Hospital Miguel Ragone.
Una vez en el mismo fue asistido y estabilizado, y no cumpliendo con criterios que autoricen una internación involuntaria, conforme lo determinado por los profesionales de la salud intervientes, se le dio en el nosocomio el alta respectiva, por cuanto no se encontró en el paciente, alteraciones psiquiátricas o indicios de consumo problemático de sustancias alucinógenas, disponiéndose el retorno a su domicilio particular. Por dichos hechos, tramita una averiguación penal por el delito de amenazas con armas.
El pasado día sábado 13 de noviembre, se denunció otro hecho que involucra a la misma persona como autor de nuevas amenazas, ante lo cual inmediatamente fueran anoticiados los nuevos hechos, el fiscal interviniente ordenó el establecimiento de una consigna fija en el domicilio de la persona acusada por los vecinos, ello a fin de mantener una presencia inmediata y eficaz de las fuerzas de seguridad en el lugar, preservar la paz social y evitar nuevos incidentes o hechos de violencia mientras tramitan las restantes medidas procesales.
Tras la recepción de otras denuncias posteriores, y a fines de satisfacer y dar respuesta a la requisitoria de seguridad, el fiscal interviniente solicitó al Juzgado de Garantías en turno, que se ordene una prohibición de ejercer actos de violencia, conferir amenazas y acercamiento, lo que fue desestimado por el juzgado, hasta tanto se realicen los respectivos exámenes tendientes a establecer la salud mental del acusado.
Igualmente se dispuso duplicar la consigna policial preventiva, ordenando una segunda consigna también en el domicilio del grupo familiar denunciante, quienes no aceptaron la misma.
De forma paralela a las medidas penales referenciadas, existe también en trámite un proceso de restricción de capacidad ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia, presentado por los familiares del imputado, a lo que se suma una presentación realizada por la madre de este, en la que sostiene haber sido acusada por parte de los vecinos, de realizar abandono de persona, recibiendo amenazas.
La mujer manifestó que como madre, es la primera interesada en que su hijo reciba la correspondiente atención.
Actualmente, frente a las denuncias obrantes y ante la necesidad de ofrecer una solución tanto al propio conflicto como a los implicados, desde la Fiscalía se solicitó la realización de un nuevo examen psicológico con el fin de determinar el estado mental del acusado y si este representa una amenaza para sí o para terceros, conforme al relato de las denuncias manteniéndose hasta tanto la consigna policial fija ordenada.
A fin de asegurar la objetividad necesaria en la investigación y preservar la magistratura de toda sospecha, el Fiscal Penal 1 con fecha 16 del corriente., se inhibió de actuar en la causa, remitiendo las actuaciones a la Fiscalía Penal 2 a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, donde continúan las investigaciones por los hechos relatados, todo bajo un estricto apego a legalidad y sujeción a las normas legales de fondo y procesales vigentes.
