El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, interviene en la causa que tomó estado público a través de los medios de comunicación, luego de que dos mujeres se atrincheraran el pasado martes en las oficinas de la Cámara de Diputados, ubicadas en calle Rivadavia 747 de la ciudad de Salta.
Se trata de la exjefa del Área
Jurídica de la Cámara de Diputados y de una colaboradora, quienes habrían
impedido la toma de posesión de las nuevas autoridades.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó provisionalmente a dos mujeres por los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional, ya que habrían impedido el ingreso a oficinas y documentos pertenecientes al área legal del Poder Legislativo, como así también el acceso a los documentos y registros obrantes en dicho sector, a las nuevas autoridades asignadas por las autoridades electas.
Durante la audiencia de
imputación celebrada este miércoles, ambas mujeres, asistidas por sus
respectivas defensas, optaron por declarar y dieron su versión de los hechos.
La intervención del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, se produjo luego de que las autoridades del organismo legislativo convocaran a personal policial. El fiscal precisó que en la mañana del martes, la primera de las acusadas fue citada por la Presidencia de la Cámara de Diputados y se negó a asistir.
Durante el atrincheramiento, inicialmente la mujer dialogó con una auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal 2, quien asistió al lugar a tomarle denuncia por supuestas irregularidades, porque así lo había pedido la ahora imputada, quien luego dijo que “no denunciaría nada porque no confiaba en la justicia”, por lo que no fue radicada una denuncia formal antes, durante, ni después del hecho investigado.
También dialogó con la mujer un mediador y se aproximó el Secretario Legislativo de la Cámara para realizar un inventario, a quien no le permitió el ingreso.
Momentos después, fueron advertidos intentos de pasar colchones y otros elementos por el balcón de la oficina, algunos de ellos susceptibles de producir fuego, por lo que al no producirse avances en el diálogo, fue solicitada la detención de ambas mujeres, medida que fue posteriormente ordenada por el Juzgado de Garantías 2.
Previamente, fue solicitado al Presidente de la Cámara de Diputados el ingreso de personal policial del GOPAR, de Bomberos y del SAMEC, con asistencia psicológica y psiquiátrica para ambas mujeres.
Sobre el caso, el fiscal
precisó que según las testimoniales obtenidas, la mujer no fue cesanteada, sino
removida de la jefatura del Área Jurídica, ya que forma parte de la planta
permanente y seguirá afectada al servicio.
