Amplían la imputación a un hombre por estafas relacionadas a la gestión de viviendas

El hombre, que actuaba bajo los alias de Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue detenido el 29 de mayo pasado. La UDEC intervino tras denuncias en agosto de 2022 sobre un esquema de entrega de viviendas sociales recuperadas. También se reportaron casos de engaño en la venta de terrenos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación contra un hombre detenido el 29 de mayo pasado por estafas relacionadas a la gestión de viviendas.

El hombre, que también se hacía llamar Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue imputado por estafas reiteradas (6 hechos), y falsificación de instrumento público (2 hechos), todo en concurso real.

Sobre el imputado pesaba una orden de detención anterior emitida por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por incomparecencia a una audiencia debate por dos hechos de estafa que fue solicitada por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La UDEC intervino luego de una denuncia en agosto de 2022, en la cual una mujer relató que su hermano le informó sobre un supuesto esquema de entrega de viviendas sociales recuperadas. Otra mujer también fue engañada en abril de 2022 con la venta de terrenos por parte de una persona llamada Julián Gutiérrez, quien afirmaba trabajar en el Gobierno. Además, en 2019, una mujer entregó dinero a un hombre que se hacía pasar por Julián Reinoso, supuesto empleado del IPV, con la promesa de obtener una casa en el Barrio Pereyra Rosas.

Los investigadores de la UDEC realizaron tareas de campo, pudiendo identificar que el hombre que se presentaba como Reinoso entregaba a los denunciantes, a cambio del dinero, documentación con firmas y sellos del IPV, firmada supuestamente por los responsables de áreas, como una forma de generar confianza en las víctimas y otorgar apariencia de legalidad a la operación realizada. En los tres hechos intervinieron tres colaboradores distintos.

En el inicio del juicio, no declaró el ex intendente de Campo Quijano

Este viernes por la tarde comenzó la audiencia de debate contra Manuel Cornejo y contra Carmen Mendez y tras la lectura del requerimiento a juicio, se plantearon cuestiones preliminares de las defensas. Tras ser rechazadas, comenzó la audiencia y los acusados no declararon.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VI del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra Manuel Cornejo como exintendente de la localidad de Campo Quijano por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (4 hechos) en concurso real y contra Carmen Mendez como exsecretaria de Hacienda de la Municipalidad por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, también en concurso real.

Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, los defensores de la acusada Méndez plantearon la recusación al Juez de la Sala VI y solicitaron su apartamiento, la nulidad del proceso y sobreseimiento de su defendida. La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que el pedido de recusación del Tribunal realizado por la defensa de Méndez es extemporáneo, por lo que la solicitud de la defensa debe ser rechazada, a lo que adhirió la querella.

En tanto, la defensa del imputado Cornejo planteó la nulidad absoluta de las actuaciones a partir de mayo de 2021 y solicitó el sobreseimiento sin audiencia de debate de su representado. En forma subsidiaria planteó la nulidad del requerimiento a juicio de la querella en relación al enriquecimiento ilícito. Ambos planteos fueron rechazados por  la fiscal Salinas Odorisio con adhesión de la querella.

Tras un cuarto intermedio, el juez Guillermo Pereyra resolvió respecto a los planteos de la defensa. En el caso de Méndez, rechazó la recusación por considerarla inapropiada y presentada fuera de plazo, lo que hizo que el planteo de nulidad general del procedimiento careciera de sustento para ser considerado. En cuanto a los planteos de la defensa de Cornejo, el juez también rechazó la solicitud de nulidad absoluta formulada. En relación a la solicitud de nulidad parcial sobre la acusación presentada por la querella, el magistrado consideró que era improcedente, ya que esa cuestión ya había sido resuelta previamente en un Juzgado de Garantías.
El juez rechazó los planteos presentados y procedió a preguntar a los acusados si deseaban prestar declaración. Tanto Méndez como Cornejo, optaron por abstenerse de declarar. Posteriormente, se dio inicio a la ronda de testimoniales con el testimonio de tres personas.
El denunciante Carlos Folloni, quien actualmente ocupa el cargo de intendente de Campo Quijano, no compareció a declarar tal como estaba programado. En su lugar, presentó una nota solicitando realizar su declaración por escrito.

El juicio continuará el viernes 23 a las 11 de la mañana.

La intervención de la UDEC comenzó en enero de 2020, cuando Oscar Folloni, presentó una denuncia ante la falta de registros contables de fondos municipales durante los períodos comprendidos entre 2017 y 2019. Además, un informe elaborado por la Auditoria General de la Provincia reveló la ausencia de documentación que respaldara los gastos realizados, el incumplimiento de la normativa financiera y la falta de transparencia en la gestión pública de los fondos. También se constató la falta de registros contables que permitieran determinar el destino real de los fondos asignados durante la gestión de Cornejo y verificar la legitimidad de los gastos. Tras investigar los hechos y reunir las pruebas necesarias, la UDEC presentó el requerimiento de juicio contra los exfuncionarios municipales implicados.

Inicia hoy el juicio contra el exintendente de Campo Quijano

La intervención se originó a raíz de la denuncia presentada por el actual intendente, Oscar Folloni. La audiencia debate  iniciará este viernes  a las 13 en la Sala 6 del Tribunal de Juicio y se extenderá hasta el 5 de julio. 

Hoy inicia la audiencia debate contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representará en la ocasión, al Ministerio Público Fiscal.

Salinas Odorisio imputó a Cornejo por haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado en cuatro ocasiones, todo en concurso real. Por otro lado, Méndez es acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, también en concurso real.

La intervención de la UDEC tuvo inicio en enero de 2020, cuando Oscar Folloni, actual intendente de Campo Quijano, presentó una denuncia ante la falta de registros contables de fondos municipales durante los períodos comprendidos entre 2017 y 2019.

Además, un informe elaborado por la Auditoria General de la Provincia reveló la ausencia de documentación que respaldara los gastos realizados, el incumplimiento de la normativa financiera y la falta de transparencia en la gestión pública de los fondos. También se constató la falta de registros contables que permitieran determinar el destino real de los fondos asignados durante la gestión de Cornejo y verificar la legitimidad de los gastos.

Tras investigar los hechos y reunir las pruebas necesarias, la UDEC presentó el requerimiento de juicio contra los exfuncionarios municipales implicados.

El juez Guillermo Pereyra presidirá el juicio, que se llevará a cabo en el Salón de Grandes Juicios desde hoy, 16 de junio, hasta el 5 de julio.

Isla de Cañas: El juicio contra la exintendente continuará el próximo 29 de junio

Angelina Lucía Canchi es juzgada como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado. Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

La fiscal penal Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado reiterado (4 hechos). Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

Durante la quinta jornada se continuó con la ronda de testimoniales. A solicitud de la fiscal Torres, se ordenó la detención del exsecretario de Gobierno municipal, Saturnino Zambrano, quien como testigo, será investigado por la posible comisión de falso testimonio.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 29 de junio para continuar con la ronda de testimoniales.

Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.

En el requerimiento, la fiscal penal Mónica Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del CIF.

Saulo SRL: Amplían la imputación a 537 estafas y vaciamiento de empresa

El Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que los denunciantes efectuaron, a favor de la financiera, desprendimientos patrimoniales que ascienden a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación a 537 hechos de estafa, asociación ilícita y vaciamiento de empresa contra cuatro personas que ya se encontraban imputadas por  estafas vinculadas a la firma Saulo Capital SRL.

Durante la audiencia, dos hombres declararon y brindaron su versión de los hechos; mientras que otro hombre y la mujer se abstuvieron de declarar. Todos fueron asistidos por abogados particulares.

De acuerdo a la información recabada por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, los denunciantes efectuaron desprendimientos patrimoniales que ascienden a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36, llegando la mayoría a celebrar los contratos de inversión durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022 (principalmente entre los meses de enero a marzo de 2022).

Al realizarse los allanamientos en los locales comerciales no se encontró tal cantidad de dinero y las cuentas en entidades bancarias no tenían saldo, por lo que la fiscal Salinas Odorisio consideró que los imputados afectaron el normal desarrollo de la financiera al ocultar y hacer desaparecer las sumas de dinero que ingresaban a la empresa de los pagos que efectuaban los clientes por los contratos de capitalización celebrados y que no cumplimentaron, y que concluyeron con el cierre de la financiera. Sumado al hecho de que la totalidad de los locales comerciales se encuentran cerrados o en poder de terceros, todo ello afectando el patrimonio, garantía común de los acreedores

Saulo SRL

En mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició una investigación.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

 

Ascienden a más de 20 millones de pesos las estafas con cheques electrónicos

Se realizaron dos nuevos allanamientos en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Hay tres detenidos, tres prófugos y un hombre fue citado a la Fiscalía.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, investiga distintas denuncias de estafas cometidas con cheques electrónicos por un grupo de personas.

En este marco se realizó, con la colaboración del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, allanamientos en dos viviendas en barrio San Antonio y San Francisco Solano, donde se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre los que se encuentran comprobantes de cuentas bancarias.

Además, la fiscal Salinas Odorisio solicitó la captura de tres hombres que estarían involucrados en la estafa, que hasta el momento asciende a más de 20 millones de pesos y ocasionó pérdidas a dos empresas.

Una de ellas, es una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial y cuyo propietario denunció en noviembre de 2022 que había sido estafado por más de cinco millones de pesos con cheques electrónicos. Por este hecho, fueron detenidas dos personas y un tercer hombre que ya se encontraba alojado en la Alcaidía General de la Provincia por otro hecho similar en una causa que investiga la Fiscalía Penal 5.

A través de una denuncia efectuada el 15 de mayo del 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por montos que superan los 16 millones de pesos.

Hasta el momento, desde UDEC fueron identificadas como autores de las estafas con cheques electrónicos siete personas, que actuaban de común acuerdo y cumpliendo distintos roles. Hay tres hombres detenidos e imputados por los delitos de estafa y asociación ilícita, un cuarto integrante de la banda que fue identificado y citado a la Fiscalía y tres personas prófugas con pedido de detención.

Personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF durante uno de los allanamientos

Este viernes inicia el juicio contra el exintendente de Campo Quijano

La audiencia debate se extenderá hasta el 5 de julio. La UDEC acusa a Manuel Cornejo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real. En tanto, a la secretaria de Hacienda de su gestión, de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que iniciará este viernes 16 de junio a las 13 en la Sala 6 del Tribunal de Juicio contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez.

Salinas Odorisio acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

El juicio será presidido por el juez Guillermo Pereyra. Se desarrollará en el Salón de Grandes Juicios desde el 16 de junio hasta el 5 de julio.

Su inicio estaba previsto para el 12 de junio, pero los acusados realizaron un cambio de abogados el 8 de junio pasado, solicitando autorización para la extracción de copias de las actuaciones para el adecuado ejercicio de la defensa técnica. El juez Pereyra otorgó la solicitud, difiriendo el inicio de la audiencia para el viernes 16 de junio.

La intervención de la UDEC inició en enero de 2020, cuando el intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, denunció la falta de registros contables de fondos municipales de los períodos 2017-2019.

Por su parte, el informe de la Auditoria General de la Provincia, dio cuenta de la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos. Además, se constató la falta de registros contables que permitieran determinar el destino real de los fondos asignados durante su gestión y verificar la legitimidad de los gastos.

Tras investigar los hechos y reunir las pruebas necesarias, la UDEC elevó el requerimiento de juicio contra los exfuncionarios municipales.

Continúan las testimoniales en el juicio a la exintendente de Isla de Cañas

Angelina Lucía Canchi está siendo juzgada como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado. Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

La fiscal penal Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado reiterado (4 hechos). Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

La audiencia es presidida por el juez Aldo Primucci y durante la cuarta jornada, prestó declaración Jorge Canchi, como denunciante, quien se refirió a las irregularidades que detectó al asumir el cargo como intendente municipal. También declararon un empleado municipal y la entonces presidente de una cooperativa.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 14 para continuar con la ronda de testimoniales.

Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.

En el requerimiento, la fiscal penal Mónica Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del CIF.

Difieren para el 16 de junio el inicio del juicio contra el exintendente de Campo Quijano

El acusado Manuel Cornejo designó un nuevo abogado defensor, que solicitó autorización “para la extracción de copias de las actuaciones para el adecuado ejercicio de la defensa técnica”.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, fue notificada este mediodía de un cambio de fechas en la apertura de la audiencia debate seguida contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez, pasando para el 16 de junio.

La determinación fue tomada por el juez de la Sala 6 del Tribunal de Juicio Guillermo Pereyra en virtud de un pedido presentado por el nuevo abogado defensor de Cornejo, que solicitó autorización para la extracción de copias de las actuaciones para el adecuado ejercicio de la defensa técnica. Cabe señalar que el acusado informó el 8 de junio de 2023 que revocaba las designaciones anteriores y nombraba a Teseyra como su abogado defensor.

El juez Pereyra expresó que “más allá de lo intempestivo de la situación presentada a días de la apertura del debate, también resulta razonable y ajustado a derecho proveer un diferimiento de la apertura a fin de extremar el examen del expediente, teniendo a la vista el cronograma de audiencias del tribunal y de las partes. Así las cosas, corresponde au orizar la extracción de copias de las actuaciones y diferir la apertura del debate para el día 16 de junio de 2023 a horas 13:00, reprogramando los horarios de comparecencia de los testigos a tal fin”

Por otra parte, el magistrado rechazó el pedido de la nueva defensa de Manuel Cornejo para la integración de un tribunal colegiado dado que no era procedente en el caso que se juzgará.

Asi, la audiencia debate iniciará el viernes 16 de junio y se desarrollará en la Sala de grandes juicios. Salinas Odorisio acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

 

Isla de Cañas: Continúan las testimoniales en el juicio a la exintendente

Angelina Lucía Canchi está siendo juzgada como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado. Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado reiterado (4 hechos). Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

La audiencia es presidida por el juez Aldo Primucci y durante la segunda jornada, comenzó la ronda de testimoniales, la que continuará este jueves.

Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.

En el requerimiento, la fiscal penal Mónica Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del CIF.