Imputan a empleado municipal por cobrar planes sociales de terceros

Un hombre que se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, fue imputado por los delitos de fraude a la administración pública en concurso real con falsedad de instrumento público tras comprobarse que mediante maniobras fraudulentas, cobró beneficios sociales a nombre de terceros. La investigación inició a partir de un periodista local que detectó la situación.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en actuación conjunta con la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, llevaron adelante una investigación respecto a maniobras fraudulentas que se denunciaron en la ciudad de Rosario de la Frontera respecto al cobro de planes sociales en nombre de supuestos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.

La investigación se inicia a partir de la denuncia de uno de los damnificados, quien dice que tomó conocimiento por parte de un periodista local de que existía registrado a su nombre un plan social, siendo que nunca percibió dichos montos ni beneficio alguno, incluso desconoció las firmas insertas en la documentación.

Luego realizó la denuncia el intendente Gustavo Solis Mónico, quien al tomar conocimiento de la denuncia anterior, que tomó estado público por los medios de comunicación, pidió que se investigue el hecho e informó que desde la Municipalidad se iniciaron las averiguaciones internas tendientes a verificar la veracidad de lo denunciado.

Se suman las denuncias de otro damnificado y de su hija, quienes relatan situaciones similares a la del primer damnificado.

Del trabajo conjunto de ambos fiscales, se dispusieron diversas medidas probatorias, entre las que se cuenta el pedido de informes a las distintas áreas involucradas y el análisis de dicha documentación por peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

De los elementos probatorios recogidos, los fiscales decidieron imputar a Matías Tomás Antonio Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, al acreditar que durante el periodo 2016-2018, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes a su cargo al efectuar maniobras fraudulentas y ardidosas consistentes en presentar copias de documentación personal perteneciente a distintos vecinos de la Comuna de Rosario de la Frontera –sin estar autorizado por éstos para tal fin- a los efectos de solicitar se les efectúe pago del beneficio del Programa Salta Solidaria – Salta Trabaja, sin que el dinero librado por tal concepto haya sido destinado a los supuestos beneficiarios ni la contraprestación laboral fuera efectuada, perjudicando de esta manera los intereses que le habían sido confiados y al erario público. Siendo que para lograr ese cometido se llegó incluso a insertar firmas apócrifas en la documentación que acreditaba el pago del beneficio.

Tras conocer los hechos que se le imputan, Iturre decidió no prestar declaración.

Ippis: Las audiencias de imputación comenzarán la semana próxima

Los imputados Romelia Durán, Samuel Centeno y Alejo Gallardo deberán presentarse en la sede de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. La primera se desempeñó como presidenta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y los segundos, como vocales.


La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, imputó a Romelia Durán, Samuel Centeno y Alejo Gallardo; por la supuesta comisión del delito de peculado y subsidiariamente, de fraude a la administración Pública, en carácter de coautores.

La fiscal los imputó provisionalmente, porque “surge evidenciado que Durán, Centeno y Gallardo, integrantes del Consejo Directivo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), durante el periodo 2017-2018 y siendo los firmantes autorizados de las cuentas bancarias pertenecientes a dicho Instituto, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violaron los deberes de administración a su cargo al efectuar distintas maniobras fraudulentas, perjudicando los intereses que le habían sido confiados y pertenecientes al erario público”. El Ippis es una entidad autárquica y descentralizada vinculada al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.

De acuerdo al dictamen de la fiscal Poma, “los nombrados habrían librado numerosos cheques a sus propios nombres y al de otros beneficiarios, sin la debida documentación respaldatoria del gasto, ello con el fin de cobrar dinero que pertenecía al Ippis, lo que permitiría tener por configurada la calificación secundaria”.

La fiscal también verificó “desorden en el manejo de las chequeras – las que no estaban en resguardo del área contable-, emisión de cheques por altos montos a nombre de sí mismos sin que aparezca justificado el fin del libramiento de los mismos (lo que permite inferir una intención de ocultar el destino final de los fondos de origen público cuyo manejo y custodia les confería las funciones que desempeñaban en el organismo mencionado), y que, por consiguiente, permiten tener por acreditados los extremos legales exigidos por la normativa penal citada como principal”.

Las actuaciones del caso se originaron en la remisión hecha por el Secretario General de la Gobernación de copias certificadas de Informe Especial de Auditoría, llevada a cabo por Sindicatura General de la Provincia, en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta.

SAETA: detienen a un joven que falsificaba certificados escolares

La Unidad de Delitos Económicos Complejos concretó la detención de una persona que falsificaba constancias de alumno regular y las comercializaba para que sean presentadas para obtener el beneficio del boleto estudiantil gratuito. La maniobra fue detectada por una auditoría realizada por la empresa. En el allanamiento realizado se secuestró documentación de interés para la causa y otros elementos que serán analizados.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, informó que en el marco de la investigación que lleva adelante por maniobras fraudulentas detectadas a través de una auditoría realizada por la empresa SAETA, se logró la detención de un hombre que falsificaba constancias escolares y las comercializaba por internet.

SAETA detectó cientos de casos donde se había solicitado tarjetas estudiantiles gratuitas mediante la presentación de esta documentación falsa y con la tarea de personal de la División Delitos Económicos, se logró individualizar a quien desplegaba la actividad delictiva.

Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, Poma solicitó al Juzgado de Garantías 1 la orden de allanamiento y detención para el domicilio del sospechoso.

La medida se cumplió ayer y se logró secuestrar documentación de interés para la causa y otros elementos informáticos que serán objetos de pericias.

Respecto al acusado, fue imputado hoy por el delito de falsificación de instrumento público en concurso real con el delito de fraude a la administración pública en número indeterminado de casos. Estuvo acompañado de un abogado particular y decidió no declarar. Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.

Causa Huergo: la fiscal de Delitos Económicos devolvió una resolución al Juez Federal

La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, reintegró en devolución el oficio y resolución remitidos por el juez federal Julio Leonardo Bavio, vinculados con la causa caratulada “Huergo, Matías Luis (SECSA-ARCADIO), por supuesta Infracción a la Ley 24769, en trámite en el Juzgado Federal 1.

La fiscal María Eugenia Guzmán fundó la devolución en el hecho de que el pronunciamiento del juez Bavio del 9 de mayo pasado y que declara la incompetencia parcial en la tramitación de la causa en cuestión, no se encuentra firme y consentida.

La fiscal agregó que en caso de que la investigación que el juez Bavio atribuye a la competencia local, quedara firme; correspondería que se remitiera la totalidad de los antecedentes al Juzgado de Garantías en turno de la justicia provincial. Ello, en razón de determinar el hecho y a los fines de resolver las cuestiones de competencia en razón de ese hecho determinado. El juez de Garantías, con vista al Ministerio Publico Fiscal, deberá acceder tanto a las actuaciones como a la documentación vinculada con la causa, para analizar si corresponde su intervención en el caso. Y dijo la Fiscal que “si bien el Fiscal es el encargado de promover la actuación en la justicia es el juez el que tiene el ejercicio de la jurisdicción, siendo improcedente la resolución por quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, resuelva por sí una cuestión propia de la jurisdicción”. 

Guzmán advirtió en su escrito dirigido al juez Bavio que “en caso de iniciarse la investigación por este Ministerio Fiscal, sin estar firme la sentencia que declara la incompetencia parcial emitida por Ud., se vulneraría el principio del ne bis in idem, al ser el mismo suceso delictivo, objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes”.

Detienen a un empleado de Rentas de la Provincia

Un empleado de la Dirección General de Rentas de la Provincia fue detenido e imputado por requerir sumas de dinero a contribuyentes para levantarles sanciones impuestas por el organismo ante infracciones fiscales. La denuncia fue radicada por el Director General del Organismo.

La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de Mónica Poma solicitó orden de allanamiento del domicilio y detención de un empleado de la Dirección General de Rentas de la Provincia, que fuera denunciado por requerir sumas de dinero a contribuyentes para levantarles sanciones impuestas por ese Organismo ante infracciones fiscales.

Las actuaciones se iniciaron por denuncia del Director General de Rentas de la Provincia, que indica que un ciudadano había comunicado que un agente de Rentas se presentó en su local comercial y le requirió dinero para solucionar la clausura que tenía el comercio, oportunidad en la que éste lo filmó con un celular.

La detención ordenada por el Juzgado de Garantías 8 en turno, se concretó el lunes pasado a primera hora de la mañana con intervención de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, siendo imputado luego en la Fiscalía por el delito de Concusión.

Se procedió también al secuestro de computadoras, celular y documentación que estaba en poder del imputado, lo que será materia de los peritajes correspondientes.

Condena para dos brasileros que intentaban defraudar con tarjetas

Dos ciudadanos brasileros fueron condenados a la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo por hechos ocurridos en esta ciudad, cuando usando dispositivos tecnológicos, intentaron defraudar a usuarios de un cajero automático ubicado en calle Zuviría. Tienen causas en trámite en otras dos provincias.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Wellington Jeanini Tavares Verardo y Diego Silva do Prado o Douglas de Souza Goncalvez, ambos de nacionalidad brasilera y acusados del delito de tentativa de defraudación mediante tarjetas de crédito, débito o compras.

Los acusados colocaron dispositivos tecnológicos para la captación de datos en el cajero automático ubicado en calle Zuviría primera cuadra, obteniendo los datos de 48 usuarios para luego hacer un uso espurio de la información obtenida, ya sea mediante la reproducción de tarjetas y/o la comercialización de los datos obtenidos. El delito no llegó a consumarse por la oportuna intervención del personal de la División Delitos Económicos, a instancia de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. El Tribunal de la Sala III, luego de recibir la confesión de los acusados, los condenó a la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo.

Disponen la intervención de la UDEC por las supuestas irregularidades en el IPPIS

A partir de un informe remitido por la Secretaría General de la Gobernación con las presuntas falencias de manejo financiero en el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas, la Procuración dispuso la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos a fin de evaluar la posible comisión de delitos penales y la correspondiente investigación penal del caso.

El caso surgió a partir de un reporte especial de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Provincia, en el que se detallen algunas de las irregularidades financieras detectadas en el manejo administrativo del Instituto Provincial del Pueblos Indígenas (IPPIS).

Dicho informe fue girado a la Secretaría General de la Gobernación, organismo que a su vez lo remitió a la Procuración General a fin de determinar la posible comisión de hechos delictivos, razón por la cual se dispuso la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, a la que se giró la documentación del caso.

Según lo informado desde la Secretaría General de Gobernación, las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Provincia consisten en “una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos sin ningún tipo de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también la falta de libros contables manuales ni de un sistema de registración financiero presupuestario”.

Cabe señalar que el IPPIS es un ente provincial autárquico, por lo que su manejo es autónomo a cargo de las autoridades que dirigen dicho organismo. No obstante, está sujeto a controles y auditorías como la realizada, en este caso, por la Sindicatura General de la Provincia.

Entre otras irregularidades señaladas, se reportó que “durante los años 2018 y 2019 se habrían entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que se hubiese rendido el destino asignado a los mismos, como  así también retiro de dinero de la cuenta bancaria sin asignación específica y sin intervención del área contable”.

Por último también se detectó a partir del año 2017, la emisión de una cantidad determinada de cheques, cuya situación resulta incierta por no encontrarse en sus respectivas chequeras y por no estar registrada en el área contable del IPPIS, no obstante que algunos de esos títulos fueron presentados para el cobro y debitados de la cuenta bancaria.

A partir de este informe, ahora la Unidad de Delitos Económicos Complejos se encuentra abocada al análisis de la documentación del caso a fin de establecer la posible comisión de hechos delictivos, para lo cual no se descarta que se dispongan otras diligencias, entre ellas pedidos de informes y documentación.

Banda de ciberdelincuentes extranjeros condenados, serán expulsados del país

Cinco extranjeros que fueron condenados por estafar a más de 40 salteños bajo la modalidad «skimming», serán expulsados a sus países de origen por aplicación de la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871.

La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de María Eugenia Guzmán, informó que los extranjeros Carlos Alberto Vendagar, de origen brasilero; Sarahy Mustafá Saldías, de origen boliviano; las hermanas Nancy Luz y Leonor Lozano Méndez de origen colombiano y Gonzalo Diego Moreno, de origen boliviano, se encuentran en proceso de extrañamiento (expulsión del país) en aplicación de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871.

Los antes mencionados fueron llevados a juicio por esta Fiscalía, acusados de los delitos de defraudación mediante tarjetas de crédito, débito o compras (42 hechos), y asociación ilícita en concurso real.

El juez interino de la Sala IV del Tribunal de Juicio, Guillermo Pereyra, condenó en Octubre del año pasado a Carlos Alberto Vedangar de 36 años a la pena de 4 años de prisión efectiva: a Sarahy Mustafá Saldías de 23 años y Nancy Luz Lozano Méndez de 33 años a la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva; a Leonor Lozano Méndez y a Gonzalo Diego Moreno a la pena de 3 años y 1 mes de prisión efectiva en calidad de coautores.

El proceso de extrañamiento es llevado a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones, que se encarga del traslado de los condenados a su país de origen, donde son puestos a disposición de las respectivas autoridades migratorias y se les prohíbe el reingreso a la República Argentina.

Pareja de estafadores deberá restituir dinero y donar pañales

Un hombre de 24 años y una mujer de 26 años que cometieron al menos 8 hechos de estafa con tarjeta de crédito en nuestra ciudad, obtuvieron la suspensión de juicio a prueba por el término de dos años y deberán cumplir reglas de conducta, restituir a los damnificados dinero y donar pañales al hospital Materno Infantil.

La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de María Eugenia Guzmán, informó que el Juzgado de Garantías 3 otorgó a una pareja de jóvenes cordobeses, imputados por el delito de estafas mediante el uso de tarjeta de crédito (9 hechos), la suspensión de juicio a prueba por dos años.

Ambos deberán cumplir reglas de conducta impuestas por el Juzgado, restituir el dinero a los damnificados de acuerdo a un cronograma acordado entre las partes y donar pañales al hospital Materno Infantil por el término de seis meses.

A partir de las denuncias radicadas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos, logró determinar que la pareja, a través de maniobras ardidosas y actuando a sabiendas de que las tarjetas de crédito que empleaban se encontraban inhabilitadas por registrar deudas, procedieron a alojarse en hostales de esta ciudad y a adquirir mercadería en distintos locales comerciales, utilizando dichas tarjetas mediante el método off line, conociendo que de tal forma el comerciante que la recibía no detectaría en ese momento que la tarjeta estaba inhabilitada, lo que les permitió concretar las operaciones en cuestión y retirarse del lugar, perjudicando a los dueños de los locales donde utilizaron las tarjetas, quienes nunca recibirían los pagos por las ventas realizadas.

Requieren juicio para un falso gestor del IPV

Un hombre de 39 años, con antecedentes condenatorios por hechos similares, será llevado a juicio por seis hechos de estafa reiterada y retención indebida. Fingía ser empleado provincial y tener «contactos» en el organismo para lograr la entrega de viviendas sociales.

La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de María Eugenia Guzmán, requirió juicio para un hombre de 39 años, imputado por los delitos de estafas reiteradas (6 hechos) y retención indebida en concurso real.

La investigación se inició a partir de denuncias realizadas por los damnificados, quienes eran coincidentes en resaltar que tomaron contacto con el acusado a través de terceras personas que les planteaban la posibilidad de obtener una vivienda social a través de un conocido que trabajaba como empleado público y que tenía «influencias» para agilizar los trámites a cambio de dinero.

El modus operandi del imputado consistía en solicitar a sus víctimas la entrega de dinero (entre 50 y 70 mil pesos iniciales) para dar comienzo a las gestiones que asegurarían la entrega de una vivienda social. Luego y a través de diferentes contactos telefónicos, les solicitaba sumas menores para otras diligencias.

Para mantener la confianza de sus víctimas, les enviaba mensajes, les enseñaba llaves e incluso llegó a llevarlos a bordo de un vehículo utilitario al barrio El Huaico, mostrarles viviendas que estaban siendo construidas y ofrecerles que eligieran cuál casa preferían.

Cuando se acercaba el momento de la entrega prometida, inventaba excusas dilatorias y hasta llegó a citarlos al IPV para que completaran trámites inexistentes. Descubierta la maniobra, bloqueaba a sus víctimas y perdían todo tipo de contacto.

En la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se logró confirmar que el acusado no perteneció ni pertenece a la nómina de empleados del Instituto Provincial de la Vivienda bajo ninguna modalidad y que fue condenado anteriormente por hechos similares.