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Condenan a dos empleados municipales por falsificación de instrumento público

Hernán Ochoa y Andrea Cecilia Palacios fueron sentenciados a dos años y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la conden.

La Sala 6 del Tribunal de Juicio condenó a Andrea Cecilia Palacios, y Hernán Ochoa a dos años y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena por el delito de falsificación de instrumento público.

Ambos, además, fueron absueltos del delito de estafa. Por su parte, Azucena del Valle Ruiz resultó absuelta de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.

Durante su alegato, la fiscal Penal de la Unidad de Delito Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado tres años de prisión de cumplimiento efectivo y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Ochoa; 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional y 5 años 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Palacios. En cuanto a Ruiz, la fiscal de UDEC solicitó la absolución por la duda razonable.

Ochoa, Palacios y Ruiz fueron denunciados el 11 de junio de 2020 por la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta por haber emitido un Permiso Transitorio de Habilitación a un local de productos y artículos de limpieza ubicado en calle Leguizamón al 1700, con su firma falsificada.

Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3000 por sellado y $ 3000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.

En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.

Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado durante la pandemia de coronavirus, a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.

 

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Generación Zoe: Requieren juicio para Cositorto y sus socios salteños por 118 estafas y asociación ilícita

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, estimó el perjuicio ocasionado por la financiera supera los cinco millones de pesos y los quinientos setenta y cuatro mil dólares.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Nelson Leonardo Cositorto por considerarlo autor de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) en concurso real con asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Acusa también a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de Los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las 118 denuncias realizadas, asciende a 5.682.500 pesos y 574.120,29 dólares.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en 2022 por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con una de sus sedes en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.

Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.

El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En el caso de que el aportante decidiera retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 (doce) meses.

Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir.

Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.

La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.

Los roles

Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:

  • Leonardo Cositorto: Era el Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, quien firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
  • Ricardo Gabriel Vilardel: Era el director y representante de Zoe en Salta. Era quien se encargaba de atender a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban a los mismos por el dinero entregado.
  • Ana Vilardel: Era la secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados
  • Jorge Federico Vilardel: Era el encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria.
  • Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.

 

 

Generación Zoe: Imputaron a Cositorto y sus socios salteños por 60 estafas y asociación ilícita

 

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Elevan a juicio la causa contra Rubén Méndez Salazar

El exintendente de Salvador Massa y otras diez personas son acusadas de distintos delitos por el Ministerio Público Fiscal.

La Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot fue informada este mediodía por el Juzgado de Garantías de Salvador Mazza de la elevación a juicio contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y otras diez personas.

El Ministerio Público Fiscal había elevado el requerimiento de juicio el 31 de octubre de 2023 (leer más), y tras numerosas oposiciones de las defensas técnicas de los acusados y las respuestas de la Unidad Fiscal, finalmente el Juzgado de Garantías decidió elevar la causa a juicio.

La Unidad Fiscal acusa a:

Rubén Méndez Salazar (exintendente de Salvador Mazza) de los delitos de peculado; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; incumplimiento de los deberes de funcionario público; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; peculado de servicios y trabajos; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; fraude a la administración pública, todo en concurso real.

Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Juan Marco Méndez (hermano del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor) y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Oscar Rodolfo Gutiérrez (Exsecretario privado del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roberto Justo Balverdi (Exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); incumplimiento de los deberes de funcionario público (coautor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roque Maximiliano Méndez (hijo del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesario); peculado (partícipe necesario); asociación ilícita (miembro), todo en concurso real

Carolina Antonella Morena (Tesorera) de los delitos de peculado (partícipe necesaria); incumplimiento de los deberes de funcionaria pública (coautora); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Ivanna Irene Méndez (hija del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Susana Angelita Palacio (expareja del exitendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Liliana Cristina Centeno (contadora del exitendente) del delito de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria).

Roberto Orellana (Exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza) del delito de peculado de servicios y trabajos (coautor)

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre de 2021 contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

 

 

 

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Orán: Docente que se encontraba prófuga, fue detenida por estafar con postítulos docentes

Permanecía prófuga desde 2016 y fue detenida cuando intentó realizar un trámite migratorio. Por el hecho se encuentran requeridas a juicio otras dos mujeres.

La Fiscalía Penal 3 de Orán, con competencia en Delitos Económicos Complejos, informó la detención e imputación de Lucila del Milagro Gutiérrez como autora de los delitos de estafa y utilización de sellos.

La acusada se encontraba prófuga y fue detenida el pasado 21 de julio, cuando intentó egresar hacia Bolivia.

Tras su detención, la fiscal penal en feria Daniela Murúa, quien se encontraba subrogando en la Fiscalía, fue quien realizó la audiencia de imputación.

La investigación es en relación a hechos ocurridos entre 2013 y 2014, cuando una importante cantidad de docentes de ese departamento adquirió cursos de postítulos para perfeccionamiento docente con modalidad a distancia y en forma posterior, descubrieron que los mismos no eran válidos y además del perjuicio económico, resultaron sancionados por el Ministerio de Educación, que los excluyó del cuadro de orden de mérito para la cobertura de cargos interinos o suplentes.

En la causa ya se encuentran requeridas a juicio desde 2020, Kobien Silvia de los Ángeles Ceferino y Sandra Beatriz Luna como coautoras.

La maniobra consistía en que las acusadas, invocando su estatus de docentes, generaron confianza en sus colegas para que realizaran el curso de perfeccionamiento que les ofrecían, haciéndolos incurrir en un error para que les abonen las sumas de dinero correspondientes a la inscripción y cuotas en detrimento de su patrimonio, obteniendo las acusadas un beneficio económico injustificado.

Se determino en la investigación que resultaron damnificados un importante número de docentes del departamento Oran, quienes además, resultaron excluidos por el Ministerio de Educación del cuadro de orden de méritos para cobertura de cargos interinos o suplentes a los docentes porque los cursos carecían de validez al no coincidir el postitulo con los registros obrantes en el Departamento de Control y Acreditación de Títulos del área de educación.

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Detienen al segundo líder de la banda que estafaba con cheques electrónicos

Desde UDEC fueron identificadas diez personas involucradas, siendo dos de ellos los líderes de la banda.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por denuncias de estafas cometidas con cheques electrónicos por un grupo de personas, esta mañana fueron detenidos dos hombres.

Personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó esta mañana tres viviendas del municipio de San Lorenzo; dos de ellas ubicadas en barrio Nueva Esperanza y la tercera en Atocha.

Como resultado del operativo, que fue requerido por la fiscal Salinas Odorisio al Juzgado de Garantías 1, fueron detenidos el que sería uno de los dos líderes de la banda y su hijo y serán imputados mañana. Los otros ocho involucrados ya fueron imputados provisionalmente por  los delitos de estafas y asociación ilícita.

Con la nueva detención ya fueron capturados los diez integrantes de la banda que estarían implicados en la estafa, que hasta el momento asciende a más de 20 millones de pesos y ocasionó pérdidas a dos empresas.

La primera de ella es una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial y cuyo propietario denunció en noviembre de 2022 que había sido estafado por más de cinco millones de pesos con cheques electrónicos. Por este hecho, fueron detenidas dos personas y un tercer hombre que ya se encontraba alojado en la Alcaidía General de la Provincia por otro hecho similar en una causa que investiga la Fiscalía Penal 5.

A través de una denuncia efectuada el 15 de mayo del 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por montos que superan los 16 millones de pesos.

 

 

 

 

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Juzgan a tres empleados municipales por estafa y falsificación de instrumento público

La audiencia debate se extenderá hasta el miércoles 2 de agosto. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, los acusa de emitir un Permiso Transitorio de Habilitación con la firma falsificada de la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta y cobrar por ello.

La fiscal Penal de la Unidad de Delito Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate contra tres empleados de la Municipalidad de Salta.

Salinas Odorisio acusa a Andrea Cecilia Palacios, Azucena del Valle Ruiz y Hernán Ochoa de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.

La intervención de la UDEC inició el 11 de junio de 2020 cuando la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta denunció que su firma había sido falsificada en un Permiso Transitorio de Habilitación, extendido el 2 de junio de 2020, a un local de productos y artículos de limpieza ubicado en calle Leguizamón al 1700.

Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3000 por sellado y $ 3000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.

En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.

Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado durante la pandemia de coronavirus, a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.

A través del entrecruzamiento de datos, los efectivos pudieron identificar a los tres empleados municipales involucrados en la estafa, reuniendo las pruebas necesarias para su imputación.

En febrero de 2021, la fiscal Salinas Odorisio requirió juicio para los tres acusados, instancia que se desarrolla desde hoy y hasta el miércoles 2 de agosto en la Sala 6 del Tribunal de Juicio.

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Condenaron al exintendente de Campo Quijano a seis años de prisión

Manuel Cornejo fue hallado responsable de tres hechos de peculado y de incumplimiento de funcionario público. Fue sentenciado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, una vez que la condena esté firme. Carmen Méndez, que era su secretaria de Hacienda, también fue condenada a tres años de ejecución condicional.

El exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo fue condenado a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; y Carmen Méndez a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

El juez Guillermo Pereyra dispuso que Cornejo mantenga la libertad hasta tanto la condena se encuentre firme, aunque ordenó se mantengan las medidas con las que llegó a juicio.

Los condenados llegaron al juicio acusados por el Ministerio Público Fiscal de los delitos de peculado (4 hechos) y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en el caso de Cornejo; y de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el de Méndez.

En su sentencia, el Tribunal absolvió a Cornejo de un hecho de peculado y del delito de enriquecimiento ilícito y lo condenó en el resto de los delitos de los que fue acusado. Además, ordenó que los elementos secuestrados sean restituidos a la Municipalidad de Campo Quijano.

A lo largo de los diez días que duró la audiencia debate, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó todas las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos. Durante su alegato, la Fiscalía había solicitado seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para el exmandatario y tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Méndez.

Previo a la condena, el juez Pereyra ofreció a Cornejo y a Méndez la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Ambos acusados optaron por no hacer uso de ese derecho.

 

Inicia hoy el juicio contra el exintendente de Campo Quijano

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Condenan por concusión a un empleado municipal

Una mujer denunció que concurrió al Centro Cívico Municipal a pagar $5.800 de una deuda impositiva y un empleado le explicó que no le convenía pagar con tarjeta. Le solicitó $ 2000 para la cancelación en efectivo pero nunca le entregó el comprobante.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito en la que Ramón Fidel Paz, fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional por ser autor del delito de concusión. Además, el juez Marcelo Rubio de la Sala 5 del Tribunal de Juicio le impuso reglas de conducta.

La intervención de la UDEC inició luego de que una mujer denunciara que había entregado dinero para pagar una deuda impositiva de su hija a un empleado de mesa de entrada del Centro Cívico Municipal y que nunca se había acreditado el pago.

Al ser entrevistada en la UDEC, la mujer explicó que consultó al guardia de seguridad sobre dónde debía abonar un impuesto atrasado, siendo referida a ver a “Rolo”. Allí, el hombre le informó que la deuda era de $5820 y que, si lo pagaba con tarjeta como era la intención de la denunciante, le cobrarían intereses. La contribuyente aseguró que el hombre le dijo que le diera $2.000 y él le abonaría la boleta.

La víctima explicó que se fue hasta su domicilio a buscar el dinero y que regresó para entregárselo al hombre, pidiéndole un recibo. Precisó que éste le manifestó que luego le daría la boleta sellada y le escribió los montos en un papel y su número de celular, que luego presentó como prueba. Pasado el tiempo y, ante la falta de respuesta, se presentó nuevamente en el CCM en donde le informaron que el denunciado se encontraba de licencia médica y no se registraba ningún pago a su nombre.

La vecina expuso que nunca desconfió ya que se trataba de un empleado municipal que se encontraba en su lugar de trabajo, a donde ella había concurrido con la intención de pagar.

El delito de concusión se encuentra previsto en el artículo 266 del Código Penal e implica usar en beneficio propio el dinero o bienes exigidos a otra persona con abuso del cargo.

 

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La Fiscalía solicitó prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para Manuel Cornejo

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que a lo largo del juicio se habían presentado todas las pruebas que demostraron, sin duda alguna, que el exintendente de Campo Quijano y la exsecretaria de Hacienda cometieron los delitos de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó esta tarde al juez Guillermo Pereyra que el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, sea declarado culpable y lo condene a seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para la exsecretaria de Hacienda municipal, Carmen Méndez, solicitó la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

A lo largo de su alegato, que duró dos horas, Salinas Odorisio repasó cada una de las pruebas presentadas a lo largo de los nueve días que duró la audiencia debate y consideró que los delitos de peculado (4 hechos) y de incumplimiento de los deberes de funcionario público que el Ministerio Público Fiscal atribuyó a Cornejo y de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público a Méndez, quedaron probados con certeza.

Además, la fiscal de UDEC solicitó que todos los bienes sustraídos sean restituidos a la Municipalidad de Campo Quijano. La querella, por su parte, adhirió en todo al pedio de la Fiscalía y retiró la acusación de enriquecimiento ilícito.

Por su parte, la defensa de Carmen Méndez solicitó la absolución por la duda y, subsidiariamente, prisión condicional. Los abogados defensores de Manuel Cornejo solicitaron la absolución lisa y llana y, subsidiariamente, la absolución por la duda.

Declaró Carlos Folloni

En la última jornada de testimonios de la audiencia, y antes del comienzo de los alegatos, se presentó a declarar el actual intendente del municipio, Carlos Héctor Folloni.

En la primera jornada del juicio, Folloni había presentado una nota solicitando realizar su declaración por escrito. Sin embargo, esta mañana compareció ante el Tribunal y respondió preguntas de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; del abogado querellante y de los abogados defensores.

El actual intendente comenzó su testimonio explicando que denunció a su antecesor por malversación de fondos porque no aparecían las máquinas de la Municipalidad, que sabía que existían, y por un faltante de dinero y por la falta de una camioneta Chevrolet S10 que fue adquirida con fondos municipales.

“Cuando asumí fui con los empleados al parque automotor y no pudimos encontrar máquinas viales, una desmalezadora, un camión y herramientas de trabajo que yo y todos los vecinos habíamos visto en el pueblo trabajando en 2017 y 2018”, contó Folloni para luego señalar que “los mismos vecinos empezaron a investigar y avisaron a dónde se encontraban las máquinas”. El actual intendente dijo que fue la policía la que le informó que “las máquinas fueron encontradas en la finca Pucará de Cerrillos y que, cuando se las entregaron en carácter de depositario judicial, los vecinos gritaban: ‘Hemos recuperado lo que es del pueblo’.

El denunciante precisó que la camioneta Chevrolet S10 fue secuestrada por personal de la Brigada de Investigaciones en el domicilio particular de Cornejo y luego le fue entregada a la Municipalidad de Campo Quijano, en carácter de depositario judicial.

Folloni también explicó que denunció la entrega de 500 pesos a votantes de Campo Quijano. “Yo pasé por el lugar y ví la fila de una cuadra de vecinos que iban a buscar efectivo. Creo yo que eran a cambio de votos”

Al consultarte la fiscal Salinas Odorisio si conocía la existencia de una cuenta bancaria del municipio en el banco Patagonia, Carlos Folloni aseguró que no y precisó que los municipios tienen cuentas en el banco Macro y Nación, para el depósito de los fondos nacionales.

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La pericia contable estimó en más de 78 millones de pesos el perjuicio de Cornejo al municipio de Campo Quijano

El informe pericial fue rubricado por la investigadora del Gabinete Económico del CIF y una perito designada por la Corte de Justicia de Salta. Hoy, también declaró el exintendente, quien admitió que compró una camioneta con fondos municipales y manifestó que esperaba que Carlos Folloni lo intime para devolverla.

En la jornada de esta tarde de la audiencia debate seguida contra Manuel Cornejo y Carmen Méndez, el exintendente de Campo Quijano volvió a solicitar al juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala 6 del Tribunal de Juicio, prestar testimonio.

Frente a la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, que lo acusa de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, Cornejo admitió que compró la camioneta Chevrolet S10 con fondos municipales a través del libramiento de cheques y que, tras finalizar su gestión a cargo del Ejecutivo y, como se encontraba deprimido, se llevó el vehículo a su casa y que “esperaba que Folloni (por el actual intendente de Campo Quijano), lo intime a devolverla”.

Concluida la declaración de Cornejo, que duró menos de cinco minutos, la investigadora del Gabinete Económico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales inició su testimonio, explicando que toda la documentación se analizó en forma conjunta con la perito designada por la Corte de Justicia de Salta y por el perito de la defensa.

La jefa de Investigadores del Gabinete Económico expuso a lo largo de varias horas ante el Tribunal la pericia realizada y cada uno de los documentos que llevaron a elaborar el informe final –en forma conjunta con la perito designada por la Corte de Justicia- en el que estimaron que el perjuicio al erario municipal producido por el exintendente de Campo Quijano y la exsecretaria de Hacienda, se ubica en el orden de los $78.137.148,36.

La cifra, actualizada a valores actuales, equivaldría aproximadamente a mil millones de pesos.

 

Testifican los peritos contables en el juicio al exintendente de Campo Quijano

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