Imputan a la empresaria Silvia Magno por realizar viajes sin autorización durante el aislamiento

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a Silvia Susana Magno, acusada del delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. La empresaria se abstuvo de declarar y anunció que presentará su declaración por escrito.

Del decreto de imputación surge que la acusada, en su condición de socia de la firma Flor Azul, Sociedad por Acciones Simplificada, realizó viajes en los que infringió la normativa impuesta por la autoridad de aplicación para el ingreso de pasajeros provenientes de otras ciudades a la Ciudad de Salta.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención de oficio, a partir de las noticias que tomaron estado público y que indicaron que el pasado 9 de abril llegaron 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba, quienes habrían abonado la suma de $ 3.500 a la empresa de Silvia Magno, y que, según denunció una madre en una entrevista radial, tras lograr una “demorada” autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta, los trasladó “de regreso a casa”.

En este sentido, el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, aclaró que la autorización de los viajes de repatriados son dados por Nación e indicó que de parte de la Provincia, se activó el candado sanitario y de seguridad correspondiente.

De constancias extraídas de la página web de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte respecto de las autorizaciones que debió solicitar la empresa Flor Azul SAS, sobre viajes informados por la División Policía Turística; surge que no registran pedidos de DUT (documento electrónico que debe generar la empresa) en los viajes realizados los días 2 de abril a las 22:40, 9 de abril a las 09:35 y 10 de mayo a las 14:15.

Además de la falta de DUT, el viaje de fecha 2 de abril se realizó en incumplimiento de la resolución del COE; al igual que el viaje realizado el 9 de abril, en relación al horario en que debían efectuarse los ingresos a la Provincia.

También se registra respecto de los viajes de fechas 9 de abril a las 21:50; 26 de abril a las 10:15; 26 de abril a las 15:35; 24 de mayo a las 08:50 y 28 de mayo a las 14:00; que los manifiestos de viajes en orden a la cantidad de pasajeros que debían ser trasladas fue superior en todos los casos a las declaradas al solicitar los DUT.

En tanto, en el viaje realizado el 28 de mayo, la acusada declaró como conductores a dos personas que de acuerdo a informes, eran otras. Todo ello en función de que la información contenida en los DUT no puede ser modificada.

Por otro lado, la fiscal verificó que solamente requirió autorización a la Subsecretaria de Transporte de la Nación respecto de los viajes realizados los días 25 de abril y 27 de mayo, que debió ser solicitada en forma previa a realizar los traslados de pasajeros a esta provincia.

Condenan a exempleado de Rentas

Un hombre que se desempeñaba en la mesa de entradas de la Dirección General de Rentas de la Provincia, fue condenado por el delito de exacciones ilegales. Solicitó dinero a un contribuyente cambio de sustraer un expediente.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Alejandro López, imputado como autor del delito de exacciones ilegales.

El acusado era empleado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta y se desempeñaba en la mesa de entradas de la dependencia y fue denunciado por el Director General de Rentas de la Provincia por solicitar a un contribuyente el pago de una suma de dinero para «cajonear» un expediente.

La jueza Gabriela González le impuso la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación y el pago de una multa.

Guachipas: Imputaron al concejal Héctor Cari por fraude

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al concejal de Guachipas, Héctor Sebastián Cari, acusado del delito de fraude a la administración pública. Simesen de Bielke actuó de oficio, ante la publicación de los hechos que involucraron al edil.

Del decreto de imputación surge que el acusado, en su carácter de Concejal del Municipio de Guachipas, se inscribió como beneficiario del subsidio Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a sabiendas que no podía serlo e hizo incurrir en error a la Administración, ya que se requiere contar con la foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se puede ingresar a la solicitud.

Sin embargo, el accionar de Cari no se detuvo allí, pues tras ser notificado que el beneficio le fue acordado, se presentó personalmente ante las oficinas del Correo Argentino de Guachipas y cobró la suma de $10.000, a sabiendas que no le correspondían.

Tras ser advertido por los vecinos, intentó encubrir la maniobra ardidosa mediante la presentación de una nota ante el Concejo Deliberante en la que puso a disposición la suma referida.

La fiscal penal Simesen de Bielke tomó intervención tras las publicaciones en distintos medios de comunicación que informaron sobre el presunto cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte del edil.

Imputaron a Brunetti por proveer carne en mal estado al Materno Infantil

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a Francisco Brunetti, acusado de fraude en perjuicio de la administración pública y delito contra la salud pública, en concurso ideal. El acusado no asistió a la audiencia de imputación fijada para este miércoles.

Surge del decreto de imputación que el acusado, en su carácter de proveedor del Estado, distribuyó a través de la empresa Compañía Industrializadora Argentina de Carnes S.A. (Frigorífico Brunetti) carne de vaca y de pollo al Hospital Público Materno Infantil, que no estaba apta para consumo, ni cumplía con las condiciones establecidas en los pliegos de contratación.

Es que luego de efectuada la verificación de aptitud para consumo por parte de Bromatología de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Gobierno de la Provincia, se determinó que no era apta, lo que conlleva a un perjuicio al patrimonio del Estado provincial al exigir los pagos de mercaderías sin que la contraprestación exigida haya cumplido los estándares requeridos para su entrega en un establecimiento público de salud.

A su vez, Brunetti puso en riesgo el bien jurídico “Salud Pública” tutelado por la norma referida mediante el suministro de mercadería cuyo estado no era apto para consumo humano.

La intervención de la fiscal penal Simesen de Bielke se produjo tras la denuncia pública hecha a través de medios de comunicación por el gerente del Hospital Público Materno Infantil, Federico Mangione.

Durante la entrevista realizada en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mangione expresó que el 27 de marzo, al pasar por el sector de cocina del hospital, sintió un olor fuerte y al preguntar al personal le manifestaron que era la carne que había dejado el Frigorífico Brunetti.

Al verificar que efectivamente se trataba de la carne, tomó la decisión de que no se podía dar de comer en ese estado a los pacientes y encomendó al personal que se comunicara con Bromatología, que determinó que la carne estaba en estado de putrefacción.

Posteriormente, se puso en conocimiento a la empresa Brunetti, a través del envío del acta de inspección de Bromatología para la realización del descargo correspondiente y la suspensión de la licitación.

Lusal: Piden juicio contra Matías Huergo por administración fraudulenta

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Matías Huergo, acusado del delito de administración fraudulenta, en grado de autor. A través de la investigación, se comprobó que Huergo aprovechó su condición de Director de Lusal y dispuso de fondos en beneficio personal y de Arcadio S.R.L.

Del requerimiento se desprende con claridad meridiana la comisión de la conducta endilgada a Huergo y surge que las firmas Lusal, Mantelectric I.C.I.S.A. e Ilubaires S.A., se constituyeron como una Unión Transitoria de Empresas el 16 de julio de 2007 y que contrataron al imputado para la realización del objeto social, para que tuviera a su cargo la realización de las tareas para el normal desenvolvimiento de Lusal.

A fines de 2007 el acusado se hizo cargo del gerenciamiento total de los servicios, de las relaciones comerciales e institucionales tanto con particulares como con la Municipalidad de Salta,  del manejo de fondos operativos, de la firma de documentación, del poder de decisión sobre los pagos que debía hacer la empresa; la emisión y firma de cheques (en forma conjunta e indistinta con otras dos personas) y la decisión sobre la incorporación y/o despido de personal.

En 2017, al realizar una auditoría sobre la empresa, se convino entre las partes la desvinculación de Huergo respecto de Lusal, con la firma de un acuerdo en el cual, él mismo se comprometía a no desarrollar actividades de manera personal o de cualquier otra sociedad que pudieran ser competencia directa o indirecta con la actividad que desarrollaba la empresa.

Desvío de fondos en su favor y de la firma Arcadio

La fiscal encontró diversos actos llevados adelante por Huergo que hoy le permiten sostener la acusación fiscal.

En primer lugar surge de la investigación que Huergo formó parte de una sociedad denominada “Arcadio Obras Eléctricas”, mediante la constitución en cesionario de esa sociedad, el 26 de diciembre de 2013 y cuya participación formal duró hasta su cesión el 9 de septiembre de 2015. La sociedad fue constituida para la construcción de obras públicas y privadas, de viviendas, puentes, caminos y cualquier trabajo del ramo; de redes eléctricas, reparación, reacondicionamiento y reemplazo para un óptimo funcionamiento de las instalaciones.

Según el pedido de juicio, la participación societaria de Huergo en Arcadio Obras Eléctricas S.R.L., “sin lugar a dudas importó un acto reñido con el objeto social por el cual se constituyó Lusal”, ya que del contrato constitutivo se vislumbra que Lusal tuvo por objeto la ejecución de trabajo materiales e intelectuales necesario para llevar a cabo la concesión integral de operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público de la provincia y tareas conexas y afines.

También surge que el imputado se desempeñó como director general de Lusal desde el 1 de diciembre de 2007 al 10 de enero de 2017, por lo que en su condición se encontraban a su cargo diversas funciones; entre ellas, la de conocer el objeto social para el cual fue constituido Lusal y que su participación en Arcadio S.R.L., implicaba una actividad de directa competencia con la firma que él administraba o dirigía.

No obstante, Huergo aprovechó su condición de Director de Lusal y al estar a su cargo el manejo y administración de los fondos de la empresa, dispuso de ellos en beneficio de Arcadio S.R.L. y en beneficio personal.

Así, se tiene que desvió fondos en beneficio de Arcadio S.R.L. de dos formas: una fue la realización de publicaciones en el Diario El Tribuno, en las cuales publicitaba a la empresa, pero cuyos pagos eran efectuados con fondos y mediante cheques librados por Lusal. La maniobra estaba claramente destinada a reemplazar las publicaciones que debía efectuar a nombre de Lusal por las de Arcadio.

Cheques para Arcadio, desde la cuenta de Lusal

La segunda maniobra desplegada por Huergo fue la emisión de cheques librados a favor de Arcadio S.R.L. desde la cuenta de Lusal, sin que la firma tuviera alguna vinculación de carácter comercial respecto de la beneficiaria.

El accionar delictivo no concluyó ahí ya que, al ser el Director de Lusal, aprovechó tal posicionamiento para la utilización de elementos y recursos humanos pertenecientes a Lusal para las obras que realizaba Arcadio S.R.L.

Además, surgió la existencia de un grupo de WhastApp del cual formaban parte Huergo y distintos empleados de Lusal. Se pudo determinar que el acusado utilizaba personal de Lusal para las obras de Arcadio. Es que cuando los nuevos directivos de Lusal los entrevistaron, los trabajadores manifestaron que conocían la empresa Arcadio, que realizaba obras eléctricas y que sería una empresa perteneciente al grupo Lusal, pero como Lusal no podía hacer las obras, entonces las realizaba Arcadio. La fiscal entendió que ello constituyó un argumento falaz brindado por Huergo, con el fin de cubrir la maniobra delictiva que llevaba a cabo.

Sostuvieron que fueron diversos los lugares donde ejecutaron obras y el acusado Huergo fue quien manifestó estas expresiones. Declararon que ellos trabajaban conforme sus directivas y los pagos que percibían eran efectuados desde Lusal. También se halló documentación perteneciente a Arcadio S.R.L. guardada en escritorios de personal de Lusal.

Durante la investigación también se acreditó que el acusado utilizaba vehículos de Lusal para la realización de obras en beneficio de Arcadio S.R.L.

Otra de las maniobras desplegadas por Huergo y que causaron perjuicio económico a Lusal fue acreditada mediante la salida de fondos documentados a través de cheques, respecto de proveedores que nunca prestaron servicios a Lusal ni contaban con vinculación comercial alguna. Tales salidas de fondos se respaldaron por facturas apócrifas que permitían contabilizar pagos “irreales” por inexistencia de prestación y/o vinculación alguna.

Facturas apócrifas para cheques sin cobrar

Por lo expuesto, Simesen de Bielke tuvo en claro que las maniobras desplegadas por Huergo para el desvío de fondos en su propio beneficio fueron pergeñadas mediante la utilización de facturas apócrifas para el libramiento de cheques que tampoco fueron cobrados por las empresas “presuntamente” beneficiarias. También se observa un patrón común en cuanto a los endosantes y cobradores de los cheques, pues solamente siete personas fueron quienes los cobraron en diferentes oportunidades, con el fin de evitar sospechas de los manejos irregulares.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke indicó que el delito endilgado requiere para su configuración la lesión al bien jurídico “propiedad”, al partir de un sujeto activo al que le han sido encomendadas o confiadas pertenencias de otro; por lo tanto, el agente está en una situación jurídica que le permite realizar negocios con efectos a favor o en contra del titular del patrimonio.

Sostuvo que claramente Huergo tenía esa vinculación respecto de los bienes que pertenecían a su empleadora Lusal, una UTE constituida por dos empresas cuyos titulares se encontraban fuera de la provincia de Salta, y que depositaron en Huergo la confianza para que éste llevara adelante el objeto social en beneficio de Lusal.

Y surge el reproche penal toda vez que, al tener la administración, disposición y el cuidado de los bienes, aprovechó la confianza otorgada, violó el deber de fidelidad y la consiguiente obligación de proteger los intereses patrimoniales pertenecientes a Lusal, al procurar beneficios económicos de cuantía, ya sea mediante la utilización de publicidad, de personal, medios y insumos, como mediante la disposición de fondos en su beneficio personal.

Rosario de Lerma: Por peculado, piden el juicio contra el exintendente Ramos

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al exintendente de Rosario de Lerma, Sergio Omar Ramos, por el delito de peculado.

Según consta en el requerimiento, la conducta atribuida al imputado fue direccionada al desvío de fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia de Salta al Municipio de Rosario de Lerma, en virtud de la gestión realizada por el imputado ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.

Los fondos, por un monto global de $341.715, fueron liquidados al Municipio a través de la cuenta corriente bancaria que posee en el Banco Macro, en dos acreditaciones distintas; una del 26 de agosto de 2013 por el monto de $ 250.715 y otra del 13 de noviembre del mismo año por la suma de $91.000, destinados a la creación y puesta en funcionamiento de un proyecto de Empresa Social, que tenía como fin la construcción de casas prefabricadas.

El análisis de factibilidad del Proyecto de Empresa Social destinada a la construcción de casas prefabricadas en el marco del Programa Descentralizado de Generación de Empleo y Formación Profesional instrumentado por el Gobierno de la Provincia de Salta,  fue efectuado por Ramos en su carácter de Intendente el 24 de abril de 2013 y comprometió a la Municipalidad a aportar para efectivizar los fines requeridos, “espacio físico y la mano de obra para remodelaciones edilicias necesarias”, con el propósito de que “nuestros vecinos cuenten con una vivienda digna y el trabajo mancomunado de unión y solidaridad a través del cooperativismo”.

El pedido dio origen a que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Salta, mediante un dictamen del entonces coordinador administrativo, Carlos Enzo Cuellar, hiciera viable el proyecto basado en la generación de “inclusión social a través del trabajo genuino para trece ciudadanos desocupados de la zona”.

 A su vez,  el monto total asignado al proyecto fue $ 341.715 e incluía los rubros maquinarias, herramientas, moldes e insumos para placas, insumos para dos viviendas, elementos de protección personal, mobiliario de oficina, construcción edilicia, capacitación, coordinación de proyecto e imagen e impresión fue aprobado por resolución por el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Costello.

De las medidas dispuestas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se pudo establecer que la obra que debía ejecutarse no fue llevada adelante, ya que en el lugar donde debía concretarse no existen indicios que permitan inferir la realización de la obra, como así tampoco pudo comprobarse que la misma fuera llevada a cabo en otro sitio.

La circunstancia fue corroborada con la inspección ocular llevada a cabo por personal de la División Delitos Económicos y por lo manifestado por un testigo que refirió haber efectuado un relevamiento para verificar la obra y que en el inmueble donde debía realizarse no encontró indicios de movimientos de terreno, que debían necesariamente ser llevados a cabo para iniciar la obra.

También concurrió al lugar en cuestión con un integrante de la Cooperativa Edificarg que debía realizar el proyecto y que le dijo que cavó pozos con pico y pala para el cercado perimetral y que nunca le pagaron por ese trabajo. Además, sostuvo que en la actualidad los pozos se llenaron de tierra y que el lugar es un terreno baldío.

De la auditoría externa para determinar contable y financieramente todo lo referido al proyecto que fuera presentado por el imputado, pudo establecerse que con el dinero recibido únicamente se compraron tejuelines por un monto de $30.000, que fue la única erogación realizada, por lo que se desconoce el destino final de los otros $311.715.

También surge que no existen pagos efectuados por el Municipio a la Cooperativa Edificarg, a alguno de sus miembros y/o en concepto del Proyecto explicitado.

Cabe destacar que la responsabilidad final en la ejecución del proyecto era del Municipio de Rosario de Lerma, cuya máxima autoridad detentaba el imputado Sergio Omar Ramos.

El 8 de febrero de 2017, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Economía Social y Empleo, informó que el área financia proyectos de economía social descentralizando los fondos al Municipio, y que “éste último resulta el encargado de la ejecución”, apareciendo indiferente que se haya encomendado dicha tarea a una cooperativa de trabajo conformada a tal efecto. Otro testimonio de la cartera laboral precisó el 3 de marzo de 2017 ante la Unidad Fiscal que al ser librados al Municipio los fondos, es éste el que debe efectuar la rendición de cuentas.

Por lo expuesto, no pudo acreditarse el destino de los montos que se exteriorizan como abonados por la Provincia de Salta al Ente municipal, ni de los bienes adquiridos por el Municipio para la realización del proyecto referido, a pesar que ellos estaban determinados a cumplimentar un fin específico, habiéndoseles otorgando en consecuencia un destino extraño al que estaban direccionados.

Peculado: Imputaron a tres policías de Drogas Peligrosas por sustraer dinero secuestrado

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a tres efectivos policiales por el delito de peculado. Los imputados, quienes participaron de un procedimiento realizado el 18 de mayo en un domicilio de Ciudad Del Milagro por tenencia y venta de estupefacientes, están acusados de sustraer parte del dinero secuestrado.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial ayudante Nicolás Walter Copa, el sargento ayudante Rafael Ignacio Accili y el agente Luis Alberto Justiniano, todos acusados del delito de peculado y quienes fueron detenidos durante la madrugada de este jueves.

Según consta en el decreto de imputación, los tres acusados, que se desempeñan como funcionarios públicos al revestir el cargo de personal policial, sustrajeron la suma de $4500, proveniente de un procedimiento realizado el pasado 18 de mayo y cuya custodia les fue confiada en razón de su cargo.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la remisión de las actuaciones de referencia de la Fiscalía Penal 1, de las que surge que el 19 de mayo, personal policial del Departamento Operaciones, labró un acta del procedimiento realizado por el personal de la Dirección de Drogas Peligrosas en un domicilio de Ciudad del Milagro.

Licencias de conducir: Ya hay once imputados y no descartan nuevas detenciones

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó por el delito de asociación ilícita a los once detenidos en el marco de la investigación iniciada tras distintas denuncias por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y de la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. La fiscal no descartó nuevas detenciones o cambios en la figura de imputación.

Tras los elementos colectados durante la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke entendió que los detenidos participaron activamente de las maniobras y que no se trató de hechos aislados, ya que surge claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos a cambio de dinero.

Las imputaciones por asociación ilícita recayeron sobre Marianela Castro y César Martín Ganami, quienes participaban en la asociación mediante la captación de ciudadanos que, urgidos de la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata, a través del empleado Alejandro Jorge Soria y de los Inspectores Ricardo Martín Miguel Nina y Julio Federico Barrientos Herrera, quienes también, a sabiendas que dicho otorgamiento es gratuito, obtenían beneficios económicos.

También se tiene por acreditada a prima facie la participación de las examinadoras Carmen Nieves Campos y Gabriela Anahí Dagum, quienes en tal carácter y siendo las encargadas de verificar que los exámenes teóricos fueran rendidos y aprobados como requisito previo e ineludible para continuar el trámite referido, sabían quiénes eran las personas enviadas por Castro y Ganami para que los exámenes no fueran debidamente rendidos. En diversas ocasiones y pese a los errores que no permitían su aprobación, los exámenes eran considerados como aprobados.

Según la fiscal, la intervención de los inspectores Ariel Ramiro Ruiz, Juan Carlos Conte y José Fernando Vieira, no puede separarse de las maniobras llevadas adelante por los otros partícipes, pues a su cargo se encontraba la toma de los exámenes prácticos de manejo, en los cuales surge que las personas que ya se encontraban dentro del circuito, no rendían el examen de manejo o bien, eran firmados directamente a través de la intervención de Castro y Ganami en forma irregular, a cambio de los pagos convenidos.

Por último, el encargado de emitir las licencias de conducir, Javier Fernando Martínez, permitía que las licencias que eran marcadas por los anteriores participantes, a través de su firma, fueran expedidas sin ningún tipo de inconveniente, mientras que en otras oportunidades otorgaba las licencias sin que cumpliera ninguno de los requisitos, como exámenes médicos, teóricos o prácticos, siendo la persona a cuyo cargo se encontraba la clave del sistema.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se produjo tras la denuncia radicada en abril de 2018 por el exdirector general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.

En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos que debían ser investigados.

En este sentido, sostuvo que al tomar posesión del cargo, en setiembre de 2018, advirtió un cúmulo de expedientes en los que se investigaba la emisión de licencias de conducir sin respaldo documental, verificando dos tipos de irregularidades.

La primera, se trata de licencias de conducir sin respaldo documental en las cuales sus titulares no realizaron los estudios médicos y tampoco rindieron los exámenes teóricos y prácticos; mientras que la segunda corresponde a licencias de conducir que cuentan con todas las firmas pero cuya irregularidad se verifica al no haber pasado por algún eslabón del proceso, ya sea el examen médico o bien los exámenes teóricos o prácticos o todos ellos.

Por su parte, el actual subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, expresó que una persona que no quiso identificarse y que desaprobó su examen, le dijo que le parecía injusta la situación porque “en cercanías del edificio de Tránsito una mujer vendía las respuestas de los exámenes”.

Luego logró verificar que una persona que ingresó a tomar el examen tenía en sus manos las respuestas marcadas como correctas y que las personas que le habrían entregado las respuestas correctas, eran una pareja (Castro y Ganami) que cobraba $1500 para ello. Y si no deseaban rendir el examen práctico en el canchón, debían pagar $3000, ya que se encargaban de llevar el formulario y devolverlo firmando.

Cabe destacar que se encuentran pendientes los resultados de diversas medidas para determinar la participación de otras personas en los hechos y la existencia de un perjuicio patrimonial al erario municipal como consecuencia de las maniobras, por lo que la fiscal no descartó nuevas detenciones ni modificaciones en las figuras de imputación.

Once detenidos por la entrega irregular de licencias de conducir

Diez personas fueron detenidas este lunes, en el marco de la investigación iniciada tras distintas denuncias radicadas por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y de la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. Además de los diez detenidos de hoy, hay otro acusado, quien se encontraba detenido por otro delito, diferente al que se investiga en este caso. Interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke.

Los detenidos serán imputados en las próximas horas, acusados del delito de asociación ilícita. Es que tras los elementos colectados durante la investigación, que contó con la colaboración de la División de Delitos Económico de la Policía, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke entendió que los detenidos participaron activamente de las maniobras y que no se trató de hechos aislados, ya que surge claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos.

Según el legajo de investigación, todos los detenidos participaban en la asociación mediante la captación de ciudadanos que, urgidos por la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata. En diversas ocasiones y pese a los errores que no hubiesen permitido la aprobación, los exámenes teóricos y prácticos también eran considerados como aprobados o ni siquiera eran tomados.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se produjo tras la denuncia radicada en abril de 2018 por el exdirector general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.

En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos que debían ser investigados.

En este sentido, sostuvo que al tomar posesión del cargo, en setiembre de 2018, advirtió un cúmulo de expedientes en los que se investigaba la emisión de licencias de conducir sin respaldo documental, verificando dos tipos de irregularidades.

La primera, se trata de licencias de conducir sin respaldo documental en las cuales sus titulares no realizaron los estudios médicos y tampoco rindieron los exámenes teóricos y prácticos; mientras que la segunda corresponde a licencias de conducir que cuentan con todas las firmas pero cuya irregularidad se verifica al no haber pasado por algún eslabón del proceso, ya sea el examen médico o bien los exámenes teóricos o prácticos o todos ellos.

Por su parte, el actual subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra Gilberto, expresó que una persona que no quiso identificarse y que desaprobó su examen, le dijo que le parecía injusta la situación porque “en cercanías del edificio de Tránsito una mujer vendía las respuestas de los exámenes”.

Luego logró verificar que una persona que ingresó a tomar el examen tenía en sus manos las respuestas marcadas como correctas y que las personas que le habrían entregado las respuestas correctas, eran una pareja que cobraba $1500 para ello. Y si no deseaban rendir el examen práctico en el canchón, debían pagar $3000, ya que se encargaban de llevar el formulario y devolverlo firmando.

Cabe destacar que se encuentran pendientes los resultados de diversas medidas para determinar la participación de otras personas en los hechos y la existencia de un perjuicio patrimonial al erario municipal como consecuencia de las maniobras, por lo que la fiscal no descartó nuevas detenciones ni modificaciones en las figuras de imputación.

Moldes: Piden la detención del exintendente Osvaldo García

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, solicitó ante el Juzgado de Garantías 3 la declaración de rebeldía y detención del exintendente de Coronel Moldes, Osvaldo Darío García, por no presentarse a la audiencia de imputación por segunda vez. El exjefe comunal está acusado por el delito de fraude a la administración pública, en grado de autor.

Según consta en el legajo de investigación, Osvaldo Darío García, en su carácter de Intendente del Municipio de Coronel Moldes durante el 2015 y con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes de administración a su cargo al ofrecer a la venta una parcela del loteo “La Esperanza”, correspondiente a la matrícula Nº 2325 del Departamento La Viña.

La parcela fue ofrecida a un hombre que abonó las sumas solicitadas por el imputado, sin que éste ingresara los importes al Organismo Municipal, lo que perjudicó los intereses que le habían sido confiados y pertenecientes al erario público municipal.

La fiscal penal Simesen de Bielke  tomó intervención a partir de la denuncia realizada en julio de 2018 por Mercedes Clelia Dolores Valdiviezo, en su carácter de ciudadana y Concejal del Municipio de Coronel Moldes, quien expresó que el Municipio tenía en su propiedad el inmueble identificado con matricula Nº 2325 y que el Concejo Deliberante nunca autorizó acto alguno de disposición sobre dicho catastro.

El 10 de noviembre de 2015, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Coronel Moldes aprobó la Ordenanza Nº 23/15 y declaró Dominio Público Municipal al catastro Nº 2325, denominado Loteo “La Esperanza” y todo lo que allí se encuentra. Además, lo declaró de interés social y se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar dicho inmueble a los Planes de Viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda  y/o cualquier otro programa habitacional a nivel nacional o provincial.

En la misma ordenanza, se inhibió expresamente al Departamento Ejecutivo a realizar la venta de cualquier terreno que se desprenda del catastro de referencia.