El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó provisionalmente a Patricia Del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. También fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta, pero en calidad de partícipes necesarios, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi.
El fiscal Flores verificó, prima facie, que las
imputadas Argañaraz y Cerezo, en su condición de Secretaria General y Tesorera
de de la Asociación Docente Provincial – Salta, respectivamente, tenían a su
cargo la conducción y administración del gremio pero al mismo tiempo, ejercían
como fiduciarias del “Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De
Urkupiña I”. Por su parte, Raúl Dante Argañaraz –hermano de la primera
nombrada- era fiduciario sustituto en la entidad y, luego, fiduciario. Mientras
que Nicolás Demetrio Zissi, actuaba como asesor y encargado del Fideicomiso
dentro dl gremio, era mandatario con poder especial y estaba autorizado para
operar con las cuentas bancarias de la entidad.
En ese rol, dijo el fiscal, realizaron intencionalmente
-y colaboraron para que se realicen- actos tendientes a perjudicar los
intereses que les fueron confiados en el marco de la representación gremial,
violando los deberes que se originaban en las funciones ejercidas por la
Secretaria General y Tesorera, distrayendo dinero y bienes de la institución y permitiendo
el usufructo gratuito de oficinas y el servicio del personal de ADP, a favor de
una entidad de índole comercial, ajena al gremio, pero sobre la cual los
acusados también tenían un interés en su desarrollo.
Así, entre otras maniobras, la ex Secretaria General realizó
gestiones dirigidas a lograr la transferencia de un inmueble de propiedad de la
Asociación Docente Provincial hacia el fideicomiso privado denominado Fideicomiso
de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”, sin abonar suma alguna.
A su vez, en los Estados Contables de la ADP al 30/06/2018,
se detectaron numerosas fallas en el control interno y que “las rendiciones de
salidas de dinero no contaron con documentación comprobatoria que valide la
existencia y origen del gasto siendo habitual la registración de salidas de
dinero sin aplicación contable precisa y concreta”. En los registros de los
movimientos de caja, se detectaron importantes inconsistencias en la
continuidad de los movimientos diarios […], en rendiciones, comprobantes de
respaldos, deficiencias en el archivo de documentos físicos que dificultan la
constatación de los movimientos además de haber detectado importantes
diferencias de dinero entre el saldo de caja y efectivo existente”.
También se constató la “inexistencia de conciliaciones
bancarias, pagos de gastos personales ajenos a la institución, pagos
indocumentados a través de transferencias además de la emisión y cobranza de
cheques de caja de los cuales no fueron registrados como ingreso de fondos en
las cajas en el departamento contable”.
Otro informe contable de abril de 2019, sumado a las pruebas,
tuvo observaciones sobre el mal manejo y administración, la falta de
autorizaciones, y el manejo independiente de cada área (por ejemplo, para
limpieza de baños de un día, facturaban $45.000, sin control alguno).
Declaraciones testimoniales de especialista contables
aportaron sobre el fideicomiso que “el plan de negocio era inviable, estaba
creado por Patricia Argañaraz con María Cerezo para construir casas para los
docentes…ellas eran las fiduciarias, el hermano de Patricia, Raúl Argañaraz era
apoderado del fideicomiso y lo manejaba, “aunque no tenía las aptitudes o
conocimientos para el manejo de un negocio de tal magnitud”. Citaron como
ejemplo que el contrato con la empresa constructora se actualizaba con el
índice CAC Cámara Argentina de la Construcción y la cuota del docente se
actualizaba por el índice de variación del salario docente-paritarias, lo que
producía un desfajase entre lo recaudado y lo gastado, lo que hacía menos viable
al proyecto.
Y que cada vez requería más asistencia de la ADP, a lo que la
tesorera le giraba fondos constantemente para cubrir el déficit del
fideicomiso. En principio fue un fideicomiso privado, sin vínculo con la ADP y el
propio estudio Jurídico del gremio dijo que no era viable ni legal ni
económicamente. Ante esta situación y “después de las peleas que tuvieron Argañaraz
y Cerezo, la última renunció al fideicomiso; se disolvió la administración del
fideicomiso, se relevó a Raúl Argañaraz del cargo y se paralizaron las obras y
el cobro de las cuotas”.
Las única operación económica del fideicomiso era la
construcción de 23 viviendas, que tenían 110 aportantes al proyecto y ya
llevaba una demora de 2 años, pero no hubo ninguna terminada, ni alcanzaba la
plata recaudada para pagar avances de obra
Respecto al estado de situación patrimonial correspondiente
al período finalizado el 30 de junio de 2018, se informó sobre un préstamo
otorgado al Fideicomiso V Urqupiña por $3.900.000, que según los testimonios “era
plata que derivaba la ADP al fideicomiso, con transferencias entre cuentas o
retiros de efectivo de Raúl Argañaraz de la cuenta de ADP o directamente la ADP
transfería a la constructora el dinero”. La ADP se nutre de cuotas de los
docentes, ingresos de hostales y camping y de la farmacia, y “el fideicomiso tenía
ingreso de las cuotas que pagaban los docentes según el tamaño de la casa que
había elegido”.
De los informes bancarios surgió que el Fideicomiso recibió
fondos desde la cuenta de ADP desde el 23 de agosto de 2017 al 27 de agosto de
2018, por una suma de $5.997.400, a pesar de que sólo existió autorización para
dos transferencias, por $1.400.000 y $2.500.000. También se registraron
transferencias desde la cuenta bancaria del fideicomiso Virgen de Urkupiña I a
la empresa constructora CEYBA, la cual no tenía la obligación contractual de
realizar una obra de esas características, conforme surge del contenido del
contrato firmado y su addenda.
El fiscal sumó en su decreto de imputación que se
observaron “transferencias de dinero de los afiliados a una entidad privada
ajena, por fuera del régimen legal previsto en su conformación y sobre la cual,
los imputados poseían intereses distintos a los propios de la función gremial”.
Tanto es así que se utilizaron oficinas
y servicios de empleados de la ADP o afectados al gremio, para realizar tareas del
Fideicomiso, pero pagando sus sueldos con dinero de la ADP. Así fue, inclusive,
en el caso de una mujer que desempeñaba tareas de trabajadora doméstica en el
domicilio particular de Patricia Argañaraz.
Estafas reiteradas
Sobre el delito de Estafas Reiteradas (22 hechos) en
concurso real, el fiscal imputó a Argañaraz y Cerezo como coautoras, “porque en
connivencia dolosa y con el propósito de obtener un beneficio patrimonial
ilegítimo, procedieron a dar apariencia de legalidad al negocio jurídico Fideicomiso
de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”, a pesar de conocer la
inviabilidad legal y económica del proyecto; vinculando su realización a la
asociación gremial en la que ejercían funciones y publicitándolo entre los
asociados, con el fin de que se adhirieran personas en calidad de fiduciantes.
Les prometieron que por medio de un desembolso inicial de dinero y luego
abonando cuotas, accederían a una vivienda en alguno de los loteos que se
efectuarían en inmuebles claramente individualizados (loteo denominado Aires de
los Andes y un inmueble de Cerrillos); sin haber adquirido a la fecha este
último perteneciente a la ADP.
Además, los imputados percibieron dinero, por medio de
transferencias bancarias a las cuentas del Banco Macro SA o pagos en efectivo,
de varios de los afiliados del gremio que se constituyeron en fiduciantes CLASE
B (en su mayoría docentes y jubiladas), quienes depositaron un monto al
firmar el contrato de hasta $145.000 aproximadamente y otros en concepto de
cuotas, confiando en que abonaban dicho dinero para acceder al terreno y a la
construcción de una vivienda que se iba a edificar.
Ante los reclamos y pedidos de rendición de cuentas de los
damnificados, ni Patricia Argañaraz ni Ana María Cerezo y tampoco Raúl Dante
Argañaraz, dieron cuenta de su actuar, ni del manejo, administración o
disposición de fondos. Tampoco presentaron el estado contable financiero
del Fideicomiso, aunque estaban obligados en función del cargo que revestían
Consta también que Raúl Argañaraz convocó en 2017 a personas
afiliadas a la ADP y ofreció un plan de vivienda para quien quisiera adherirse
voluntariamente. Es decir, en razón de la solvencia y el prestigio de la
institución (ADP) y simulando que la entidad avalaba el negocio jurídico por
ellos armado, indujo a las víctimas a efectuar disposiciones de dinero con
un desplazamiento patrimonial que de otra manera no hubieran efectuado.
Con ese accionar, Patricia Argañaraz, Ana María Cerezo y
Raúl Dante Argañaraz, causaron un grave daño y perjuicio en el patrimonio de
las víctimas.
El fiscal Leandro Flores no descartó una eventual ampliación
de la imputación, en orden al análisis de los contenidos de la denuncia, las
declaraciones testimoniales y de otros elementos que puedan sumarse durante la
investigación.
