La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a la exmandataria de Coronel Moldes por los delitos de peculado (dos hechos), fraude a la administración pública (dos hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), todo en concurso real. En febrero pasado ya había sido imputada por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscala Penal de la Unidad de Delitos
Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Rita Carreras por los
delitos de peculado (dos hechos), fraude a la administración pública (dos
hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos),
todo en concurso real.
Las causas por las que fue imputada en esta oportunidad Carreras se encuentran relacionadas con el cobro de cheques destinados a la compra de un vehículo de Discapacidad que nunca fue adquirido; la venta de un tractor de la Municipalidad de Coronel Moldes a un muy bajo precio; adjudicación de lotes de manera irregular; la compra de seis casillas –para dar solución habitacional a seis familias- de manera irregular y que nunca fueron entregadas; y por transferir un inmueble de la Municipalidad de Coronel Moldes –a través de un proceso viciado- a un particular y no al fideicomiso que correspondía, tal como lo había autorizado el Concejo Deliberante
Carreras, quien había faltado a la
primera audiencia de imputación y debió volver a ser citada por la Unidad de
Delitos Económicos Complejos bajo la advertencia de que, si no sería llevada
por la fuerza pública, se abstuvo de declarar.
La exintendenta de Coronel Moldes fue
denunciada en varias oportunidades por el actual mandatario, Oscar Carrasco, quien
advirtió distintas irregularidades durante la gestión de Carreras.
Así,
a la denuncia de venta (en octubre de 2018) de una cámara frigorífica del
matadero municipal a José Muñoz sin cumplir con las formalidades previstas y
sin poner en conocimiento del Concejo Deliberante, por las que Carreras está
imputada –desde febrero de 2020- por los delitos de fraude a la administración
pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público; ahora se
sumaron las nuevas imputaciones.
Vehículo de Discapacidad no adquirido
El
actual intendente Carrasco denunció que la Agencia de Discapacidad, mediante un
convenio rubricado el 18/03/19, transfirió $1.379.800 al municipio de Coronel
Moldes con el exclusivo objetivo de adquirir un vehículo adaptado para traslado
el de personas con discapacidad, algo que nunca se concretó.
De
acuerdo a las investigaciones realizadas por el personal del Cuerpo de
Investigadores Fiscales (CIF) del Ministerio Público Fiscal (MPF), Carreras
libró cheques con su firma utilizando los fondos transferidos y se pudo
corroborar que estos fueron cobrados por caja. “Las sumas no fueron rendidas al
municipio, por lo que la sustracción de estos fondos -cuya administración y
custodia se encontraban a cargo de Carreras- fue efectuada mediante el cobro
por caja de cheques suscriptos por la misma”, destaca el informe de los peritos
del Cuerpo de Investigadores Fiscales.
Teniendo
en cuenta que esto perjudicó al patrimonio y al normal funcionamiento de la administración
pública, como así también la confianza depositada en Carreras -que estaba a
cargo de la administración de los recursos de la Comuna-, Salinas Odorisio la
imputó por Peculado.
Venta de un tractor
El 23 de octubre de 2018, Rita Carreras
vendió un tractor marca John Deere 6300, supuestamente en pésimas condiciones, de
propiedad del Estado municipal por 200 mil pesos, hecho que fue denunciado por
el actual intendente.
Las investigaciones realizadas
permitieron comparar que, tractores similares y en el mismo estado, se vendían
en ese momento por 28.000 dólares. Además, el informe presentado por el CIF da
cuenta de que, “luego de unas reparaciones efectuadas por el comprador, el
tractor se encontraba funcionando en regular estado de conservación”.
“Con la conducta descripta, la Sra.
Carreras, en su carácter de intendente de Coronel Moles, causó un daño al
patrimonio y perjudicó el normal funcionamiento de la Administración Pública de
Coronel Moldes, como así también la confianza depositada en ella ya que, como
intendente, tenía a su cargo la administración de los recursos Municipales”,
concluyo la fiscala Salinas Odorisio antes de imputarla por fraude a la
administración pública.
Adjudicación
de lotes
La exintendenta Rita Carreras también
fue imputada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario
público pues, a través de la sanción de la Resolución DEM 69/19, adjudicó lotes
en forma directa, omitiendo efectuar en forma arbitraria los procedimientos
establecidos y exigidos por la Ley 2616 sobre Enajenación de terrenos fiscales,
y por la Ley 8126 sobre el Régimen de las Municipalidades; normativa vigente al
momento del hecho y que la imputada efectivamente conocía, afectando con su
accionar el correcto funcionamiento de la administración pública.
Compra
de seis casillas como solución habitacional
En 2019, el Concejo Deliberante de
Coronel Moldes sancionó la Ordenanza 32/19, mediante la cual se compelía a la
denunciada a dar soluciones urgentes que garanticen el acceso a una vivienda
digna, otorgando casillas prefabricadas y lotes a seis personas.
De acuerdo a lo denunciado por Omar Carrasco, el Ejecutivo
municipal llevó a cabo un viciado
proceso de contratación destinado a adquirir seis casillas prefabricadas.
Mediante factura nro. 0001-00000175 del 21/06/2019, se instrumentó el pago de
las seis casillas prefabricadas por 310.500 pesos cada una, dejándose
constancia en ese mismo instrumento que las casillas fueron pagadas y
entregadas.
Las investigaciones del Cuerpo de
Investigadores Fiscales pudieron determinar que “la adquisición de las viviendas
ha sido llevada incumpliéndose normas básicas e indispensables contempladas en
la Ley de Contrataciones nro. 8072, de aplicación obligatoria en el ámbito del
sector publico provincial y municipal sin excepción. La compra y adjudicación
de las viviendas se llevó a cabo en forma directa debiéndose haber seguido el
trámite de adjudicación simple previsto por la normativa vigente. Nunca se
requirió ningún tipo de garantías a los fines de asegurar el cumplimiento y
ejecución de los contratos, habiéndose operado el pago íntegro del precio
acordado. Tampoco se solicitó la documentación básica que requiere una
contratación y nunca se dio cumplimiento a las normas de publicidad. Tampoco se
dio publicidad a las adjudicaciones”.
Las viviendas, a pesar de haber sido
abonadas, nunca fueron entregadas ni al Municipio de Coronel Moldes ni a
ninguno de los supuestos beneficiarios nombrados en la Ordenanza nro. 32/19,
perjudicándose de ese modo las arcas municipales.
Por ello, la fiscala de la Unidad de
Delitos Económicos Complejos también la imputó por incumplimiento de los deberes de
funcionario público y peculado –previstos
en los art. 248 y 261 del Código Penal-, todo ello en concurso real.
Venta irregular del Loteo La Esperanza
El 11 de junio
de 2019, Ginés
Federico Ballesteros Ramos presentó una denuncia contra la exintendenta Rita
Carreras por transferir un inmueble de la Municipalidad de Coronel Moldes –a
través de un proceso viciado- a Jerónimo Atrio y no al fideicomiso que correspondía
conforme lo autorizado por el Concejo Deliberante.
La Municipalidad
de Coronel Moldes es propietaria de un inmueble conocido como predio municipal
La Esperanza o Loteo La Esperanza (Catastro N° 2325 – Departamento La Viña),
que se encuentra ubicado en una zona privilegiada de Coronel Moldes. Desde el
2010 y hasta 2019, la comuna realizó diversas inversiones en obras, trabajos y
gestiones (servicio de agua potable, cloacas, luz y apertura de calles) -en
algunos con recursos propios y en otros asumiendo compromisos mediante aportes
reembolsables de fondos públicos de origen provincial y nacional-; tendientes a
una eventual venta en lotes del inmueble.
Los estudios de
costos y los análisis financieros de una eventual venta del inmueble, mediante la
ejecución del loteo, suponían una ganancia aproximada para el municipio
superior a los sesenta millones de pesos (lo que representaba dos veces el
presupuesto de la comuna en 2019) y una eventual subdivisión del inmueble en
aproximadamente 130 lotes de una extensión promedio de 300 metros cuadrados
cada uno.
Mediante la
Ordenanza 10/19, el Concejo Deliberante de Coronel Moldes aprobó la
constitución de un fideicomiso de administración inmobiliaria, ordenando llevar
a cabo un proceso de licitación pública. En la misma Ordenanza, el Concejo
resolvió «derogar toda Ordenanza anterior», desbaratando así derechos
adquiridos por terceros en base a anteriores Ordenanzas sancionadas, cumplidas
y ejecutadas.
El 9 de mayo de
2019, Rita Carreras suscribió -en su carácter de Intendenta- la escritura
traslativa de dominio del inmueble a favor de Mefor SRL, de Aníbal Jerónimo
Atrio y Sara Verónica Verges.
De acuerdo a lo
denunciado por Ballesteros, el proceso de adquisición del loteo se hizo
incumpliendo normativas del llamado a licitación pública, omitiéndose
citar a las cámaras que nuclean al sector de las entidades inmobiliarias y del
sector de la construcción, privándose injustamente de un mayor número de
oferentes y se omitió la publicación de la licitación en diarios provinciales. La apertura de sobres se
habría llevado a cabo sin la intervención de un escribano ni juez de paz que de
fe de dicho acto administrativo.
Además, señaló
que la empresa beneficiaria fue la única que compró los pliegos, aunque luego
Carreras manifestó en los medios de comunicación que existían otras dos
empresas interesadas en participar de la licitación: la firma JVL SRL
(propiedad también de los mismos socios de Mefor SRL, Aníbal Jerónimo Atrio y
Sara Verónica Verges) y Santa Ana SRL, que no aparece constituida como tal en
el Registro Público de Comercio.
Durante la investigación, desde el CIF
pudieron determinar, además, que la empresa oferente encargada de comercializar
los lotes, no aparece vinculada a la actividad del corretaje inmobiliario y
según declaraciones del Presidente del Colegio Único de Corredores
Inmobiliarios de Salta (CUCIS), no registra ningún corredor inscripto vinculado
a dicha sociedad, lo que supondría avalar el ejercicio ilegal de dicha
actividad. Asimismo, se habría asegurado al supuesto intermediario una comisión
del cuarenta por ciento, cuando en el mercado, las comisiones tienen un límite
del tres por ciento a cargo del comprador y tres por ciento a cargo del
vendedor.
Al día siguiente de la venta, el Club La
Esperanza –que funciona en el loteo como club social desde hace años- y otros
ocupantes de algunos sectores del loteo iniciaron un interdicto judicial, lo
que derivó en el bloqueo del catastro en la Dirección General de Inmuebles.
Por
todo ello, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio imputó a Carreras por
incumplimiento a los deberes de funcionario público por realizar la licitación
pública 01/19, incumpliendo, en forma arbitraria, reglas establecidas y
exigidas por la ley 6.838, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia.
Por
esta causa también fue imputada por fraude a la administración pública ya que,
como Intendenta de Coronel Moldes, suscribió, mediante escritura N° 201, un
contrato de fideicomiso con cláusulas perjudiciales para la Municipalidad
(ausencia de precio mínimo de venta; utilidad del 60% sobre el producto de
venta; retribución al fiduciario del 12%) y procedió a transferir un bien del
estado municipal Jerónimo Atrio y no al fideicomiso que correspondía conforme
lo autorizado por el Concejo Deliberante.
