Orán: Imputado por estafas reiteradas

La fiscala penal 3 de Orán con competencia en Delitos Económicos Complejos, Mónica Viazzi, imputó provisionalmente a un hombre de 53 años por el delito de estafas reiteradas en concurso real. El acusado fue detenido el pasado 7 de febrero en Jujuy, luego de que el Juzgado de Garantías interviniente hiciera lugar al requerimiento formulado por la Fiscalía.

Del decreto de imputación se desprendió que el imputado habría utilizado un entramado de falsas promesas aprovechando la situación socioeconómica del país y sobre todo de la zona, con altos niveles de desocupación.

De la investigación surgió que la modalidad habría consistido en ofrecer trabajo a las víctimas en una supuesta empresa de origen nacional, previo a exigirles el pago de $1200 para un examen preocupacional y trámites de orden administrativo.

El acusado aparentaba solvencia con supuestos trailers, sillones y muebles para la oficina en la que trabajarían los administrativos de dicha empresa, con elevados sueldos y permanencia en la ciudad de Irigoyen o en la zona; maniobras ardidosas que se extendieron de acuerdo a las múltiples denuncias radicadas, incluso en la ciudad de Tartagal y alrededores.

Surge prima facie elocuente el montaje armado por el acusado y de eventuales partícipes de dichas maniobras, al lograr que las víctimas lo trasladaran sin cargo en sus vehículos particulares para reunirse en lugares públicos como campings municipales o salones de sindicatos azucareros.

En sus fundamentos, la fiscala penal Mónica Viazzi sostuvo que las maniobras “revelan a las claras el ardid o engaño desplegado para lograr que las víctimas fueran inducidas al error, con abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, o empresa para lograr la disposición patrimonial prejudicial”.

Imputan al Intendente y a tres concejales de La Merced

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al titular del Ejecutivo de La Merced por retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres ediles como partícipes necesarios del delito de peculado.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al Intendente de La Merced por los delitos de retención indebida, incumplimiento a los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres concejales como partícipes necesarios del delito de peculado.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunciara al jefe comunal en la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación y, luego de reunir las pruebas necesarias, la fiscala Salinas Odorisio tomó la determinación de imputar al Intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público pues habría presuntas irregularidades en las transferencias al Concejo Deliberante correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero a julio 2020 y septiembre del 2020, y habría omitido aplicar la nueva alícuota de 6,92% establecida por el art. 21 de la Ordenanza 33/18.

En cuanto a la imputación de retención indebida, según surge de la investigación, el Intendente habría efectuado transferencias presupuestarias correspondientes a diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020 y septiembre 2020 a favor del Concejo Deliberante, aplicando una alícuota del 4,5%, omitiendo aplicar la que correspondía según lo establecido por el artículo 21 de la Ordenanza 33/18 (modificado por la Ordenanza 02/2019), que era del 6,92%. De esta forma habría afectado nuevamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en particular el del Concejo Deliberante de La Merced.

Respecto al delito de peculado, de la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, surgió que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2020, tres transferencias de $57.081 cada una a las cuentas de tres concejales.

Por último, Salinas Odorisio imputó al Intendente por incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que suscribió la Resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad” habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.

Durante la audiencia, los imputados se presentaron con abogados particulares y se abstuvieron de declarar, aunque anticiparon que presentarán su descargo por escrito.

La UDEC ordenó una pericia contable en la causa del Exintendente de Salvador Mazza

Es para determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa. De la medida, que tendrá lugar en febrero de 2022, podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados.

La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ordenó la realización de una pericia contable con la posibilidad de participación de peritos de las defensas en la causa que se sigue contra el Exintendente de Salvador Mazza y otras 11 personas.

Según informó Salinas Odorisio, el objetivo de la medida es determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa. De la pericia, que tendrá lugar en febrero de 2022, podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados.

La causa

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el entonces Intendente de Salvador Mazza, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

El Exintendente fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante la investigación surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, por lo que el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa a la Justicia Federal.

Allanamiento

Imputan a una pareja por estafa y administración fraudulenta

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por la posible comisión de los delitos de estafa y administración fraudulenta en calidad de autor, y a su actual pareja por los mismos delitos, en calidad de partícipe necesaria, todo en concurso real.

Durante la audiencia de imputación, la acusada declaró asistida por su abogado particular, mientras que el acusado –que también estaba acompañado por su defensa particular- se negó a hacerlo. Además, la fiscala Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención del hombre, ante la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y para la protección de su expareja y madre de sus tres hijos, víctima de violencia de género.

El imputado fue detenido el pasado miércoles durante los allanamientos realizados por personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) en relación a una investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Salinas Odorisio informó que la Unidad Fiscal a su cargo continúa la investigación para determinar la cantidad de dinero recaudado para el tratamiento de un niño enfermo de cáncer, hijo del imputado, a través de donaciones en dinero en efectivo, ya que de la colecta solidaria habrían participado fundaciones e instituciones de bien público, además de la desarrollada de manera virtual.

Condenan a la banda que estafaba a adultos mayores

Dos hombres mayores y un menor, integrantes de una misma familia, fueron sentenciados por numerosos hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores, a los que llamaban por teléfono y, mediante engaños, hacían que les entreguen importantes sumas de dinero. Los hechos ocurrieron en agosto y setiembre de 2019 en la ciudad de Salta.

La Sala 4 del Tribunal del Juicio condenó a tres miembros de una familia que, durante 2019, realizaron estafas a adultos mayores.

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, fue la representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio que permitió la condena de Hugo Rubén Juan Juan a tres años de prisión de ejecución condicional por seis hechos de estafa agravada por intervención de un menor de 18 años; de Pablo David Juan a tres años de prisión condicional por ocho hechos de estafa agravada por intervención de un menor de 18 años y un menor de edad al momento de los delitos por ser coautor en ocho hechos de estafa en concurso real.

Hugo Rubén Juan Juan y Pablo David Juan deberán observar reglas de conducta durante el tiempo que dure la condena y el menor de edad fue puesto a disposición del Juzgado Penal Juvenil.

Además, se hizo lugar a la demanda civil efectuada por una de las víctimas y los tres hombres fueron condenados a pagar en concepto de indemnización por daño moral la suma de 200 mil pesos más intereses.

La causa

Entre los meses de agosto y setiembre de 2019, los acusados efectuaron llamados a los números fijos particulares de los damnificados y simulando ser familiares, los engañaban diciendo que debían cambiar sus billetes ahorrados porque perderían su valor y los convencían para que los entreguen a una “persona de confianza” para realizar el trámite, desapoderándolos de sumas importantes de dinero.

En uno de los casos, incluso simularon el secuestro de una supuesta hija de la damnificada, que entregó una importante cantidad de moneda extranjera.

Tras minuciosas tareas investigativas desplegadas, se logró identificar el vehículo en el que se desplazaban y con el aporte de testigos y del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, se logró individualizar a los delincuentes.

En agosto de 2020, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos solicitó la elevación a juicio de la causa.

Imputaron por 22 hechos de fraude al empleado del IPSS

El Jefe de Derivaciones de la obra social provincial, que fue detenido ayer, fue asistido por un abogado particular durante la audiencia y se abstuvo de declarar

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó este viernes a Pablo Federico Anze por fraude a la administración pública (22 hechos), concusión y falsificación de instrumento público, todo ello en concurso real.

Anze, que fue detenido ayer por pedido de Salinas Odorisio durante un allanamiento realizado en su domicilio, concurrió a la audiencia de imputación con su abogado particular y se abstuvo de declarar.

El 21 de septiembre pasado, las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta radicaron una denuncia en contra del Jefe de Derivaciones del IPSS. A partir de allí, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación que permitió detectar distintas maniobras que realizaba Anze engañando a los afiliados del IPS con dinero para provecho propio por sumas superiores a los $500.000.

Los investigadores del CIF lograron determinar que el hombre, que se desempeñaba como Jefe de Derivaciones del seguro de salud desde hace un año (aunque trabajaba en el área desde hace cinco), solicitaba a los afiliados dinero en efectivo o a través de depósitos o transferencias bancarias a su cuenta, en concepto de copago o coseguro por el servicio de traslado.

El acusado, que se ganaba la simpatía de las víctimas, les manifestaba que él se encargaría de ingresar el dinero en el IPSS y de esa manera se ahorraban tener que hacer el trámite en caja. Como prueba, les entregaba recibos con sellos apócrifos. Todos los papeles eran remitidos, firmados, a la Gerencia de Seguros Sociales, que es el área que debe controlar a ese sector.

Hasta el momento se pudo determinar que 22 personas fueron víctimas de estas maniobras y quedaron registradas en las conversaciones que Anze tenía por whatsapp con los afiliados a fin de brindarles instrucciones sobre cómo debían proceder.

Al ser descubierto por las autoridades del IPSS, Anze se comunicó con las víctimas e intentó devolverles el dinero, hecho que fue consumado en una sola oportunidad.

Por otra parte, los investigadores determinaron que en octubre de 2020, Anze exigió a una afiliada 2.000 dólares para que pudiera trasladar en avión sanitario a su marido desde Santa Fe a Salta. El hombre le manifestó que el IPSS exigía el pago de ese coseguro para prestar el servicio, cuando la obra social no lo requiere, por lo que incurrió en el delito de concusión y falsificación de instrumento público, toda vez que el acusado exigió sin derecho alguno una suma de dinero a la víctima, haciendo entrega en ese acto de una factura falsa.

Detuvieron a un empleado del IPS

Fue en el marco de un allanamiento a la vivienda del hombre, que había solicitado la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. Se secuestró documentación del Instituto Provincial de Salud de Salta.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal por irregularidades en el departamento de Derivaciones del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), esta mañana se realizó el allanamiento de una vivienda y la detención de un empleado del seguro de salud.

El 21 de septiembre pasado, las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta radicaron una denuncia en contra del Jefe de Derivaciones del IPSS. A partir de allí, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación con el Equipo de Investigadores del CIF que permitió determinar que el empleado solicitaba a los afiliados pagar indebidamente prestaciones, coseguros y servicios de traslados sanitarios, tanto en moneda de curso nacional  como en dólares, a los afiliados.

Los Investigadores del CIF pudieron corroborar que el hombre, desde su oficina ubicada en Mitre 355, gestionaba traslados sanitarios, derivaciones interprovinciales de tipo oncológicas y diversas contraprestaciones de salud de los afiliados, cobrándoles importes en efectivo y mediante transferencias a su Clave Bancaría Uniforme (CBU) personal, haciéndoles entregas de proformas y constancias falsificadas.

Con todas las pruebas reunidas, Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías N° 7, a cargo de María Edith Rodríguez, una orden de allanamiento al domicilio del hombre y su detención, que fueron concretadas esta mañana.

Como resultado del allanamiento fueron secuestrados vehículos, dinero y documentaciones relacionados al IPSS.

Además, Salinas Odorisio expidió una orden de presentación a la titular del Instituto Provincial de Salud, para que el Instituto de Salud presente a los investigadores del CIF los expedientes de derivaciones que surgen de la investigación. También se procedió al secuestro del CPU utilizado por el acusado.

El hombre será imputado en las próximas horas.

Salvador Mazza: Ya suman doce personas imputadas

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot imputó a la contadora Liliana Cristina Centeno por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria. Se abstuvo de declarar.

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos) y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) imputó esta mañana a Liliana Cristina Centeno por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria.

Centeno, que es contadora pública, fue quien confeccionó las declaraciones juradas que permitieron las compras de los vehículos que fueron secuestrados el miércoles pasado durante los 18 allanamientos al domicilio del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, familiares y funcionarios comunales, por los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) -con la colaboración de Policía de la Provincia de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; y del Grupo Operativo Conjunto-NOA).

De acuerdo a la investigación realizada por los investigadores del CIF del Ministerio Público Fiscal, los fondos empleados en las compras de los cuatro vehículos (un BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a nombre de Rubén Méndez; una camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su hija Ivanna Irene Méndez; un BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de su hijo Roque Maximiliano Méndez y otra camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su expareja Susana Angelita Palacio) podrían estar relacionados con las arcas municipales.

Además, de acuerdo a lo suministrado por AFIP, lo manifestado por la contadora Liliana Centeno no concuerda con los registros obrantes en el organismo nacional, en cuando a la capacidad patrimonial y financiera de las personas mencionadas para poder realizar la adquisición de los vehículos.

Centeno se presentó con un defensor oficial y se abstuvo de declarar.

La causa

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Salinas Odorisio y Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

Hasta el momento, fueron imputadas doce personas: Rubén Méndez Salazar (Intendente), Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (expareja), Juan Marco Méndez (hermano del Intendente), Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente), Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del Intendente),  Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza), Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza), Ángela Paola Beatriz Gijena (pareja), Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino) y Liliana Cristina Centeno (contadora).

Los delitos que se le imputan, y sobre los que el Ministerio Público Fiscal continuará investigando, son asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además, dado que durante la investigación realizada por los Investigadores Fiscales del CIF surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, a la Justicia Federal.

Salvador Mazza: Dieron intervención a la justicia federal

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) dio intervención en la causa contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, a la Justicia Federal.

Así lo informó Salinas Odorisio durante la conferencia de prensa que realizó esta mañana el Ministerio Público Fiscal para brindar detalles de la investigación y de la que también participaron el director del CIF, Pablo Rivero; el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz; el jefe de Policía de la Provincia, José Ibarra; el jefe de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF, Omar Dávila; el inspector Juan Carlos Serna y el oficial jefe Arnaldo Esteban Machin de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La titular de la UDEC informó que desde el MPF ya se comunicó a la Fiscalía Federal de Tartagal sobre la imputación al intendente de Salvador Mazza y los procedimientos llevados a cabo el miércoles pasado en la localidad fronteriza, en virtud de distintos elementos probatorios que hacen presumir que podrían haberse cometido delitos federales.

En ese sentido, notificó que en el marco de las tareas investigativas llevadas a cabo por la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos Complejos surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros.

Asimismo, informó que el dinero incautado en los 18 allanamientos ya se encuentra depositado en cuentas judiciales.

Por su parte, Pablo Rivero destacó la celeridad con la que los Investigadores Fiscales llevaron a cabo la investigación que permitió realizar con éxito los 18 allanamientos con la participación de 240 personas.

Salvador Mazza: Imputaron a once personas por numerosos delitos

El intendente Rubén Méndez Salazar declaró brevemente, sin aceptar preguntas. Los otros diez se abstuvieron de declarar. Otra mujer será imputada en la capital salteña.

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) imputó hoy a once personas en Salvador Mazza. Otra será imputada en la capital salteña.

Las imputaciones fueron resultado de una investigación que venía desarrollando la Unidad Fiscal con el apoyo de los investigadores fiscales del CIF y que culminaron ayer con los allanamientos realizados en la Municipalidad de Salvador Mazza, el domicilio de Rubén Méndez, intendente de esa localidad, y otros 16 inmuebles.

En los allanamientos, los investigadores del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), que contaron con el apoyo de fuerzas provinciales y federales, incautaron un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

Durante la audiencia, los once imputados se presentaron con abogados particulares. Todos se abstuvieron de declarar, menos el intendente Rubén Méndez Salazar, quien declaró brevemente sin aceptar preguntas.

Una contadora fue citada a audiencia de imputación en la capital salteña.

Once imputados

1. Rubén Méndez: Imputado por enriquecimiento ilícito; peculado (tres hechos) en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

2. Ivanna Irene Méndez (hija): Imputada por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria y asociación ilícita.

3. Roque Maximiliano Méndez (hijo): Imputado por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesario; peculado (dos hechos) en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita

4. Susana Angelita Palacio (expareja): Imputada por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria y asociación ilícita

5. Juan Marco Méndez (hermano del Intendente): Imputado por peculado  (dos hechos) en calidad de coautor; asociación ilícita.

6. Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente): Imputado por peculado  (dos hechos) en calidad de coautor y asociación ilícita.

7. Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del Intendente): Imputado por peculado  en calidad de coautor; asociación ilícita

8. Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza): Imputado por peculado  (dos hechos) en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita.

9. Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza): Imputado porpeculado  de servicios y trabajos en calidad de coautor y asociación ilícita.

10. Ángela Paola Beatriz Gijena (pareja): Imputada por asociación ilícita

11. Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino): Imputado por asociación ilícita.

Las imputaciones

Enriquecimiento ilícito: Rubén Méndez Salazar aumentó considerablemente sus activos patrimoniales desde que asumió como intendente de Salvador Mazza, lo cual denota una situación anormal considerando sus ingresos legales.

Adquirió a título propio y por interpuestas personas los siguientes bienes: un inmueble (matrícula Nº 23322) y cuatro vehículos: un BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a su nombre; una camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su hija Ivanna Irene Méndez; un BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de su hijo Roque Maximiliano Méndez y otra camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su expareja Susana Angelita PALACIO,

Ni los hijos ni la exmujer tienen capacidad patrimonial y financiera para realizar dichas erogaciones, por lo que fueron imputados provisionalmente por el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de partícipes necesarios.

Peculado  en calidad de coautores: Rubén Méndez Salazar,  Juan Marco Méndez; Oscar Rodolfo Gutiérrez y Jesús Manuel Gijena; y en calidad de partícipes necesarios a Roberto Justo Balverdi y Roque Maximiliano Méndez, quienes teniendo a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos conforme las funciones respectivas de cada uno ellos, sustrajeron caudales públicos percibidos en el puesto denominado “VOVE”, en el que se percibe el pago a cuenta de “Contribución que incide sobre la actividades comercial, Industrial o de servicios” (Resolución Municipal Nº 240/04)y en el puesto denominado “Guandacarenda”, en el cual se percibe el pago de la “Tasa de Reconstrucción de Pavimento – Transporte de cargas”, sin efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas durante el periodo emprendido de enero de 2020 hasta el primer semestre del presente año, causando con ello un perjuicio patrimonial al Estado.

Gijena es el inspector del puesto VOVE y cumple las directivas del Intendente respecto al funcionamiento y percepción de las contribuciones. Es el hermano de la pareja actual de Rubén Méndez y es el vigía de la recaudación y tráfico de circulación. Juan Marco Méndez (hermano del Intendente) y Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente), en su condición de empleados municipales, cumplen la función de recolectar diariamente las sumas recaudadas en el puesto VOVE y Guandacarenda, y trasladarlas al domicilio particular de Roque Maximiliano Méndez.

Las maniobras desplegadas no pudieron pasar por alto de Balverdi, quien mediante su intervención en la confección de los registros contables -dado su conocimiento en la materia por su carácter de contador y Secretario de Hacienda- permitió que las recaudaciones no sean registradas y expuestas como ingresos de las arcas municipales en las ejecuciones presupuestarias, siendo responsable de la registración de los ingresos de los fondos del Municipio y control de los mismos.

Peculado  de servicios y trabajos en calidad de coautores:  Rubén Méndez Salazar y Roberto Orellana, toda vez que ejerciendo su función de Intendente y Secretario de Obras Públicas, respectivamente, ordenaron en octubre y noviembre 2020 que personal municipal y maquinaria de la Intendencia conviertan un sendero peatonal privado en una calle transitable para que circulen vehículos de transporte de carga con fines comerciales privados y exentos de los controles formales de tránsito internacional.

Peculado  en calidad de autor: Rubén Méndez Salazar ya que utiliza la camioneta Ford Ranger en beneficio propio y de su grupo familiar con fines particulares, sustrayéndolo de la actividad de la Administración Pública Municipal.

Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de Funciones Públicas: a Rubén Méndez Salazar ya que hubo confusión de intereses públicos y privados. El intendente emitió la Resolución Nº 31/20, que autoriza el funcionamiento de la asociación de transporte de carga denominada “Asociación de Fleteros, Transportistas y Afines Emanuel”, la cual está integrada con rodados de propiedad de Méndez Salazar, quien actúa como parte interesada por su actividad comercial particular (distribución de bebidas).

Omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales: a Rubén Méndez Salazar por no presentar las declaraciones juradas ante Escribanía General de Gobierno, a pesar de las intimaciones fehacientes cursadas por el inicio y cese de gestión de 2013 al 2015, por el inicio y cese de gestión 2015 a 2019 e intimación por el inicio de la gestión del periodo 2019, conforme obra constancia de fs. 296/311

Incumplimiento de los deberes de funcionario público: a Rubén Méndez Salazar ya que, en su carácter de Intendente del Municipio Prof. Salvador Mazza, incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal. En particular, no presentó en debida forma las ejecuciones presupuestarias del periodo 2021, sumado al hecho de que no presentó la correspondiente al ejercicio 2020.

Asociación ilícita: en calidad de Jefe/Organizador a Rubén Méndez Salazar (Intendente), y de miembros a Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (expareja), Juan Marco Méndez (hermano), Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas), Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado), Jesús Manuel Gijena (cuñado), Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda), Ángela Paola Beatriz Gijena, (pareja) y Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino), toda vez que forman parte de una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública.

Los roles de la asociación ilícita

Rubén Méndez Salazar, en su carácter de Jefe Comunal, dirigía la empresa criminal designando los miembros y asignando las funciones respectivas; mientras que Roque Maximiliano Méndez era quien se encargaba de controlar el cumplimiento de las directivas criminales impartidas por el Intendente y, en particular, de la recaudación de sumas de dinero.

Por su parte, Juan Marco Méndez y Oscar Rodolfo Gutiérrez eran quienes recaudan el dinero de los puestos municipales de cobro de tasas y contribuciones, para luego trasladarlos al domicilio particular del Intendente, de donde se retiraban Juan Marco Méndez y Gutiérrez con los bolsos vacíos, evidenciando un circuito espurio del dinero recaudado en los puestos señalados.

Jesús Manuel Gijena, como cuñado, era la persona de confianza del Intendente, ocupándose de controlar la recaudación y funcionamiento del puesto VOVE.

Roberto Orellana y Roberto Justo Balverdi eran quienes ejecutan las directivas en el ámbito de las Secretarías de Obras Públicas y Hacienda.

Ivanna Irene Méndez y Susana Angelita Palacio eran quienes se encargan de la actividad económica privada del Intendente y recibir los beneficios de las maniobras delictivas.

Por último, Ángela Paola Beatriz Gijena y Jesús José Antonio Reinoso Méndez como personas de confianza del Intendente (pareja y sobrino, respectivamente) participaban del circuito del dinero obtenido por la empresa criminal.