Allanan 15 domicilios de una financiera con identidad tributaria falsa

La firma ofrecía a través de redes sociales, la participación en operaciones de inversión, con la promesa de importantes ganancias de 300.000 a 1.000.000 de pesos en el corto plazo (quince y/o treinta días). Para llevar a cabo el procedimiento, los clientes debían firmar un contrato de inversión. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por estafas de una entidad financiera fueron allanados 15 domicilios, secuestrados mil contratos y documentación relacionada a la causa, además de 10 vehículos. Hasta el momento, fueron detenidas seis mujeres y un hombre.

Los allanamientos se realizaron en ocho locales y una concesionaria de la ciudad de Salta y en cinco viviendas y un hotel de Metán, al sur de la provincia. Fueron solicitados por Salinas Odorisio a los jueces Antonio Pastrana (Juzgados de Garantías 3, distrito Centro) y Mario Teseyra (Juzgado de Garantías 1 de Metán, distrito Sur).

La fiscal Penal de la UDEC lleva adelante una investigación en la que una financiera, con identidad tributaria falsa, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de envergadura, ofrecía a través de redes sociales, la participación en operaciones de inversiones con la promesa de importantes ganancias (de 300.000 a 1.000.000 de pesos) en el corto plazo (quince y/o treinta días). Para llevar a cabo la operación, los clientes debían firmar un contrato de inversión.

Los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos determinaron que el nombre y matrícula del profesional del Derecho que actuaba en representación de la firma, serían falsos y que la financiera trabajaría bajo el esquema Ponzi, estafa que consiste en ofrecer altos retornos en poco tiempo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos y dar apariencia de que el negocio funciona. El sistema avanza hasta el momento en que dejan de ingresar nuevas víctimas.

Serían numerosas las víctimas del negocio financiero que actuaba en distintos lugares de la capital salteña y en San José de Metán.

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos solicitaron a los damnificados, acercarse a la Comisaría más cercana a su domicilio, con la documentación correspondiente

Requieren juicio al ex Intendente de Iruya por peculado

Luego de investigar una denuncia de la Apoderada de la Municipalidad de Iruya, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, decidió acusar por dos hechos de peculado al ex Jefe comunal.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio al ex Intendente de Iruya por el delito de peculado (dos hechos)

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

En su requerimiento, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que “el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante al Municipalidad de Iruya”.

En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que “el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43”

La funcionaria aseguró que, según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.

De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscal Salinas Odorisio requirió la elevación a juicio por dos hechos de peculado.

Salvador Mazza: Avances en una de las causas contra el ex intendente

El 13 de octubre de 2021, el fiscal Penal de Salvador Mazza había requerido la elevación a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, pero el juez Nelso Aramayo dictó la nulidad absoluta. Ahora, el Tribunal de Impugnación Sala IV hizo lugar al Recurso de Apelación interpuesto por Armando Cazón

El Tribunal de Impugnación Sala IV hizo lugar al Recurso de Apelación presentado por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, dejando así sin efecto la resolución del juez Nelso Aramayo que dictaba nulidad absoluta de la audiencia de declaración, el decreto de audiencia de imputación y la solicitud de la elevación a juicio solicitados contra el ex Intendente de Salvador Mazza.

Aramayo había considerado que Cazón realizó la audiencia imputativa siete meses antes de haber efectuado el correspondiente decreto. El juez también había señalado que advertía graves irregularidades en las actuaciones remitidas , que afectan el debido proceso penal.

En la apelación presentada por Cazón el 29 de noviembre de 2021, el Fiscal negó haber violado el debido proceso y advirtió que el juez Nelso Aramayo confundió la fecha de notificación de la imputación con la imputación y declaración de Méndez Salazar, lo que fue confirmado por la Sala IV del Tribunal de Impugnación en su resolución de ayer. (Ver https://tinyurl.com/2uy9446y)

El fiscal Penal Armando Cazón había requerido la elevación a juicio el 13 de octubre de 2021.

Hostería Angastaco

Requieren juicio para un ex intendente de Angastaco por peculado

La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, también elevó el pedido de juicio a su mujer por los delitos de peculado (partícipe necesaria) y falsificación de instrumento público (autora)

La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, elevó a juicio la causa que se sigue en contra de un ex Intendente de Angastaco por el delito de peculado en calidad de autor, y a la agente sanitaria y esposa del ex jefe comunal como partícipe necesaria del peculado y como autora del delito de falsificación de instrumento público.

El 6 de junio de 2020, el presidente de la Auditoría General de la Provincia de Salta (AGPS), Gustavo Ferraris, radicó una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal. La causa fue derivada a la UDEC, en donde se realizó una investigación y, luego de reunir las pruebas necesarias, la fiscala Salinas Odorisio tomó la determinación de imputar, el 25 de junio de 2021, al ex intendente y su esposa por peculado.

El 2 de julio de 2021, asistido por un abogado particular, el ex funcionario presentó su descargo por escrito. El 7 de julio, su mujer y agente sanitaria -asistida por el mismo abogado particular-, también presentó por escrito su declaración.

Luego de continuar con la investigación y analizar las pruebas reunidas, la fiscal Salinas Odorisio tomó la decisión de ampliar la imputación de la mujer el 9 de febrero de 2022, adjudicándole también el delito de falsificación de instrumento público en calidad de autora.

Los hechos

El 6 de junio de 2020, la AGPS presentó una denuncia en la que daba cuenta de irregularidades del manejo de los fondos del municipio de Angastaco por parte del intendente saliente. En el informe del relevamiento de información para la transición institucional en la Municipalidad de Angastaco, la AGPS detectó que:

1) La hostería municipal era administrada desde diciembre de 2017 por la esposa del entonces intendente, quien además fue designada Secretaria de Acción Social;

2) El DEM no instrumentó un Contrato de Concesión para la explotación de la Hostería;

3) El responsable de cobranzas y recepcionista de la Hostería no se encontraba registrado como planta de personal de la Hostería;

4) La mujer empleaba una cuenta personal de Mercado Pago para acreditar las cobranzas de tarjetas de crédito correspondientes a reservas efectuadas por los huéspedes mediante la página de Booking.

La investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos Complejos llevó a obtener pruebas de lo denunciado por la AGPS.

Entre otras, los investigadores del Gabinete de Delitos Económicos del CIF pudieron constatar, a través del entrecruzamiento de datos y pruebas recabadas, que la mujer del Intendente habría cobrado por el hospedaje que ofrecía la Hostería de dos formas: la primera en efectivo, que realizaban los huéspedes en la misma Hostería al personal que allí trabajaba. La segunda, a través de tarjetas de crédito mediante una cuenta de Mercado Pago que se encuentra a nombre de la mujer. Los investigadores no pudieron hallar pruebas que demuestren que estos fondos fueran rendidos a la Municipalidad.

Teniendo en cuenta que el Intendente tenía a su cargo la administración de la Hostería de la Municipalidad de Angastaco y de los gastos y percepción de los ingresos que demande y genere a raíz de los servicios de restaurante y hospedaje que ofrece; y que  habría designado de hecho, sin acto administrativo ni procedimiento que lo avale, a su esposa como encargada de la Hostería, quien llevaba adelante, según ella misma declaró ante autoridades de la AGPS, la administración y percepción de los ingresos que pudiera generar la explotación de la misma, es que Salinas Odorisio decidió imputarlo por peculado y a su esposa como  partícipe necesaria.

Por otra parte, la fiscal de la UDEC tomó la determinación de imputar también a la mujer por falsificación de instrumento público, ya que en su descargo del 7 de julio de 2022 presentó la Resolución 33/18 bis como prueba de su designación como encargada de la Hostería de la Municipalidad de Angastaco. El instrumento público contaba en la parte superior con un escudo y la frase “Municipalidad de Angastaco – Salta-”, con idéntico formato que otras resoluciones municipales, y con una firma al pie –sin aclaración- supuestamente del ex intendente.

La Municipalidad de Angastaco informó que carece de registro de una resolución 33 bis, dado que en el Libro de Actas de Resoluciones se encuentran protocolizadas las Resoluciones N° 33/18 y N° 34/18 que datan con fecha 05/07/2018 y 06/07/2018 en los folios 75 y 76 respectivamente.

Por denuncias de delitos económicos concurrir a :

* Oficina de Orientación y Denuncias. Avenida Bolivia 4671- Ciudad Judicial – 1º Piso.

*Dependencia policial más cercana

Estafas telefónicas: Investigadores del CIF detuvieron al último miembro de la organización delictiva del corralón

Se trata de una joven de 26 años que era el nexo en Salta. Fue apresada esta mañana en barrio Aráoz. Una comisión mañana viaja a Mendoza a buscar a los otros detenidos.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por estafas con materiales de construcción en Salta, los Investigadores del CIF detuvieron esta mañana a una joven de 26 años en barrio Aráoz.

Con el procedimiento de hoy, los tres miembros de la organización delictiva ya se encuentran apresados. Cabe recordar que el viernes pasado, personal del CIF realizó cuatro allanamientos en la provincia de Mendoza, uno de ellos en una celda en la Unidad carcelaria Alma Fuerte III y los otros tres en domicilios particulares, logrando la detención de dos hombres y secuestrando elementos de interés para la causa.

Mañana, una comisión del Cuerpo de Investigadores del CIF viajará a Mendoza para trasladar a uno de los detenidos a Salta. Se espera que el Servicio Penitenciario de esa provincia haga lo mismo con el hombre que actuaba desde la celda del penal Alma Fuerte III, a fin de que sean imputados.

La causa

La intervención de la UDEC inició el 18 de enero de 2022, cuando un hombre radicó una denuncia por estafas con materiales de construcción a través de redes sociales.

Los investigadores del CIF pudieron establecer que la estafa se realizó bajo la modalidad Vishing -término que combina las palabras en inglés “voice” y “phishing”-, que es un fraude basado en la ingeniería social y en la suplantación de identidad que se realiza a través de llamadas telefónicas, donde el atacante suplanta la identidad de una empresa, organización o incluso de una persona de confianza, con el fin de obtener información personal de sus víctimas.

En este caso, un recluso de la cárcel de Mendoza había suplantado la identidad de un corralón en el site Marketplace de Facebook. Desde el falso perfil, ofrecía materiales de construcción a menor precio.

Las víctimas le pasaban el listado de materiales que necesitaban para su obra. Previo a la entrega, el hombre les ofrecía un descuento del 40% si pagaban vía transferencia bancaria, a lo que los compradores accedían.

En paralelo, el suplantador de identidad, se comunicaba con un corralón verdadero y realizaba el pedido de la víctima, indicando el lugar y fecha de entrega de los materiales. Al llegar el pedido a la obra y previo a la descarga de los elementos, el corralón solicitaba el pago, a lo que la víctima respondía que ya había abonado por transferencia bancaria.

Los investigadores del CIF pudieron determinar los roles que cumplían las tres personas que participaban de la estafa: el recluso era quien creaba los perfiles falsos y tomaba los pedidos, la novia del recluso –la joven salteña detenida hoy-, recibía la transferencia de dinero de las víctimas y, luego de quedarse con una parte, transfería el resto del dinero a un ex compañero de celda del primero.

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Allanamientos y detenciones en Mendoza por estafas a través de redes sociales con materiales de construcción en Salta

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías de Mendoza el allanamiento de una celda del penal Alma Fuerte III y tres viviendas. Fueron detenidas dos personas y secuestrados elementos de interés para la causa. Solicitarán la extradición de los hombres a Salta.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por estafas con materiales de construcción en Salta, se realizaron cuatro allanamientos en la provincia de Mendoza, uno de ellos en una celda en la Unidad carcelaria Alma Fuerte III y los otros tres en domicilios particulares.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres y se logró el secuestro de teléfonos de alta gama desde los que se generaron comunicaciones relacionadas con la causa, diez tarjetas SIM, anotaciones en referencia a elementos de construcción y tarjetas de cuentas virtuales utilizadas para retirar el dinero producto de las estafas, entre otros.

La intervención de la UDEC inició el 18 de enero de 2022, cuando un hombre radicó una denuncia por estafas a través de redes sociales, con materiales de construcción.

El Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) pudo establecer que la estafa se realizó bajo la modalidad Vishing -término que combina las palabras en inglés “voice” y “phishing”-, que es un fraude basado en la ingeniería social y en la suplantación de identidad que se realiza a través de llamadas telefónicas, donde el atacante suplanta la identidad de una empresa, organización o incluso de una persona de confianza, con el fin de obtener información personal de sus víctimas.

En este caso, un recluso de la cárcel de Mendoza había suplantado la identidad de un corralón en el site Marketplace de Facebook. Desde el falso perfil, ofrecía materiales de construcción a menor precio.

Las víctimas le pasaban el listado de materiales que necesitaban para su obra. Previo a la entrega, el hombre les ofrecía un descuento del 40% si pagaban vía transferencia bancaria, a lo que los compradores accedían.

En paralelo, el suplantador de identidad, se comunicaba con un corralón verdadero y realizaba el pedido de la víctima, indicando el lugar y fecha de entrega de los materiales. Al llegar el pedido a la obra y previo a la descarga de los elementos, el corralón solicitaba el pago, a lo que la víctima respondía que ya había abonado por transferencia bancaria.

Los investigadores del CIF pudieron determinar los roles que cumplían las tres personas que participaban de la estafa: el recluso era quien creaba los perfiles falsos y tomaba los pedidos, la novia del recluso –una joven salteña-, recibía la transferencia de dinero de las víctimas y, luego de quedarse con una parte, transfería el resto del dinero a un ex compañero de celda del primero.

Por la estafa, además de los dos hombres detenidos por el personal del CIF en Mendoza, se encuentra prófuga la novia del recluso, que reside en Salta.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio anticipó que en las próximas horas solicitará la extradición de los detenidos en Mendoza a Salta para ser imputados.

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Fue declarado en rebeldía el hermano de la ex Secretaria General de la ADP

Luego de concluir la investigación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Poder Judicial, en septiembre de 2021, llevar a juicio a la ex titular de la ADP, su hermano, la tesorera y un asesor.

En septiembre de 2021, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDIS), Ana Inés Salinas Odorisio, elevó al Juzgado de Garantías 2 el requerimiento a juicio contra la ex Secretaria General y la tesorera de la Asociación Docente Provincial (ADP) por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. También fueron imputados en calidad de partícipes necesarios un hermano de la ex secretaria general y un asesor por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta.

Días atrás, el Juzgado de Garantías 2 –que es quien notifica a las partes involucradas y formaliza la elevación a juicio-, comunicó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos la imposibilidad de notificar al hermano de la ex Secretaria General, ya que el domicilio brindado por el acusado no sería en el que efectivamente reside.

Inmediatamente, Salinas Odorisio solicitó la incorporación del hombre en el sistema, solicitó sea declarado en rebeldía y envió nuevamente las actuaciones al Poder Judicial.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal, en su condición de parte acusadora en el proceso, finalizó con la etapa de investigación y decidió requerir juicio a los acusados en septiembre del año pasado. Desde ese momento, es el Poder Judicial el que decide si aceptará enjuiciar a los miembros de ADP y cuándo lo hará.

Para conocer más de la causa, se puede ingresar al siguiente link

Imputan a una mujer por estafa con planes sociales

Una referente social fue denunciada por retener el DNI, tarjeta bancaria y apropiarse del dinero del Plan Potenciar Trabajo de un hombre. La semana pasada allanaron su vivienda y secuestraron varios DNI, tarjetas y documentación. Interviene la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer de 45 años por estafa en perjuicio de un hombre beneficiario del Plan Potenciar Trabajo.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) iniciaron luego de que una mujer denunciara a otra -identificándola como puntera política y a cargo de un comedor- por quedarse con las sumas del subsidio de su marido.

En la denuncia, la mujer contó que la referente había inscripto en el plan social a su marido, abriendo una cuenta bancaria. Para ello, le solicitó el Documento Nacional de Identidad y otra documentación de carácter personal.

Según el relato, aprovechándose de la situación de precariedad y teniendo en su poder la tarjeta de débito a nombre de su marido, percibió las sumas otorgadas en virtud del subsidio (realizando transferencias a la cuenta bancaria de titularidad de la imputada), y le entregó un monto irrisorio. Ante el reclamo de ello y el pedido de restitución del DNI y de la tarjeta de débito, la denunciante aseguró que la imputada le manifestó que la diferencia era retenida “para cubrir las necesidades del partido al que representa, y en particular del Comedor que dirige”.

Por último, la denunciante aseguró que “corroboraron que el partido político únicamente retiene para su financiamiento un 2% de los haberes a los titulares, por lo que las transferencias realizadas a la propia cuenta de la acusada, fueron para su propio provecho”

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación y, tras reunir distintos elementos de prueba, solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento a la vivienda de la denunciada, medida que se concretó días atrás.

Como resultado del procedimiento fueron incautados varios DNI, tarjetas bancarias y otra documentación relacionada a la causa. La mujer fue detenida e imputada provisionalmente por estafa.

Durante la audiencia, la mujer –que fue asistida por un abogado particular-, se abstuvo de declarar. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantenga su detención mientras continúa con la investigación.

Coronel Moldes: Imputan a un hombre por 58 estafas

El acusado se habría quedado con el dinero en efectivo del cobro de facturas de Edesa que realizaba en su local comercial. Habría abonado la electricidad con tarjetas de créditos de terceros, que luego desconocían el pago. Ayer allanaron su vivienda y secuestraron documentación relacionada a la causa. Se encuentra detenido.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por 58 estafas reiteradas (58 hechos) en concurso real.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 16 de noviembre de 2021, el abogado apoderado de EDESA -concesionaria en Salta de la Desarrolladora Energética S.A. (DESA), que distribuye energía eléctrica en el país- denunciara que un local comercial de cobro de servicios de la localidad de Coronel Moldes “habría realizado diferentes cobros de facturas a usuarios de Edesa sin que los pagos efectuados hayan alcanzado a cancelar el pago del servicio, por lo que se habría producido un desvío del dinero abonado, en perjuicio de la firma y los usuarios”

Según precisó el abogado de Edesa, la maniobra delictiva fue descubierta a raíz del reclamo de los usuarios damnificados, que advirtieron la carga de una nota de débito en sus respectivas facturas del servicio, justamente por no haberse registrado los pagos realizados.

Al entrevistar a varios de los damnificados, los investigadores del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) pudieron establecer similitudes en todos los casos: los usuarios abonaban en efectivo el servicio de electricidad en un “Pago 24” de Coronel Moldes; todos habrían sido atendidos por un hombre, al que identificaron como el dueño y, a todos, luego les llegó una nota de Edesa por la factura impaga.

Al continuar con la investigación, desde el Gabinete de Delitos Económicos del CIF descubrieron que el acusado habría empleado tarjetas de créditos de terceros, ajenos a dicha operación, para obtener la cancelación de la factura que fuera abonada en efectivo por el usuario, operación que luego era desconocida por el titular de la tarjeta, generando un contracargo a la firma EDESA.

Reunidas las pruebas necesarias, la fiscala Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de la vivienda del hombre, medida que se concretó ayer. Como resultado del operativo, el hombre fue detenido y se secuestraron seis posnet, un motovehículo Bajaj Rousser NS 125, un celular y documentación relacionada a la causa.

Durante la audiencia de imputación, el acusado –asistido por una abogada particular- se negó a declarar. La fiscala Salinas Odorisio solicitó se mantenga su detención.

Imputan al ex Intendente de Iruya por peculado

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al ex titular del Ejecutivo de Iruya. Durante la audiencia, se abstuvo de declarar y presentará su descargo por escrito.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al ex Intendente de Iruya por el delito de peculado (dos hechos).

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

La funcionaria aseguraba que, según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.

El análisis efectuado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) estableció la existencia de tres cheques librados por el Intendente a favor de la Municipalidad de Iruya por $970.000 y que fueron cobrados por él mismo. No existiría una rendición de cuentas.

Por otra parte, en el período 2015/2019, la Municipalidad de Iruya recibió de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero un importe total de $14.594.982,93, de los cuales sólo habrían sido rendidos $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente a rendir de $5.878.073,43.

De las investigaciones realizadas, surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscala Salinas Odorisio imputó al Intendente por dos hechos de peculado.

Durante la audiencia, el ex mandatario de Iruya se presentó con un abogado particular y se abstuvo de declarar, aunque presentará su descargo por escrito.