Económicos Complejos

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Detuvieron a cuatro empleados de la AMT

La UDEC investiga una denuncia del presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, Marcelo Ferraris, por la entrega de manera ilegal de vehículos secuestrados por la AMT.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías 8 el allanamiento de cuatro viviendas y la detención de cuatro empleados de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), medida que se llevó a cabo esta tarde.

El operativo se realizó en el marco de una investigación que lleva adelante la UDEC por la entrega de manera ilegal de vehículos secuestrados por la AMT.

Como resultado de los allanamientos realizados por personal de la Unidad de Delitos Económicos del CIF fueron secuestrados celulares y numerosa documentación de interés para la causa, además de detener a los cuatro empleados.

La investigación de la UDEC inició luego de que el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, denunciara que días atrás, había tomado conocimiento del faltante de un automóvil secuestrado de la sucursal de avenida Tavella de la AMT. Al revisar las cámaras de seguridad observó el arribo de un hombre que le entregó un papel al guardia, sacó el auto y se retiró del lugar.

Ante ello, Ferraris solicitó examinar la orden de liberación del vehículo, pero no fue encontrada. Al revisar el libro de liberaciones, detectó una gran cantidad de salida de vehículos con órdenes de liberación con firmas que no correspondían a la del gerente. Al cotejar con el sistema informático, confirmó que no existían registros de los expedientes vinculados a dichas liberaciones. Ante ello, solicitó un relevamiento sobre los expedientes, resultando que hasta el 22 de mayo habían sido borrados entre 148 y 160.

A través de la investigación iniciada por Ferraris, y que luego continuaron los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos del CIF, se estableció que cuatro empleados de la AMT estarían liberando vehículos secuestrados a cambio de dinero.

Según se investiga, ante el secuestro de un vehículo utilizado como remis ilegal, un inspector de la AMT participaría entregando un número telefónico para comunicarse, mediante el cual se le ofrecía la entrega del automóvil -sin el pago de la respectiva multa- a cambio de una suma de dinero. Al recibir lo pactado, mediante el uso de usuarios genéricos, ingresaban al sistema y borraban las actas de infracción a fin de liberar los vehículos. Dicho modus operandi se completaba con la confección de órdenes de liberación apócrifas, falsificando la firma del Gerente de Registros y Habilitaciones.

Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal de UDEC solicitó el allanamiento de las viviendas de los cuatro empleados y su detención a fin de poder esclarecer el hecho.

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Allanamiento a una empresa dedicada al rubro financiero y de la construcción

La Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., es investigada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, por estafas reiteradas en concurso real, a partir de denuncias efectuadas. En el procedimiento realizado en tres domicilios, se secuestró dinero y elementos de interés para la causa.  

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio,efectuó tres allanamientos y posterior secuestro de dinero en moneda nacional y extranjera, además de elementos que podrían ser útiles a la causa en la que se investiga a la Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., empresa dedicada al rubro financiero y de la construcción.

La Fiscal solicitó también a la jueza de Garantías 8va Nominacion Claudia Puerta, la aplicación de medidas sustitutivas para la imputada María Mercedes Ibarra sobre quien pesan denuncias por estafas reiteradas (9 hechos), en concurso real.

La imputada se presentaba como presidente de una financiera solvente y seria, Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones S.A., ofreciendo a los denunciantes la celebración de operaciones de inversión de sumas de dinero con altas tasas de interés e inclusive su conversión a moneda extranjera (dólares estadounidenses), a sabiendas que no cumpliría con lo comprometido. 

Incluso, según consta en algunas denuncias, a fin de aparentar mayor seriedad del negocio jurídico celebrado y obtener la confianza de los denunciantes, suscribió contratos titulados “Negocio en Participación” en los que habiendo los damnificados, entregado importantes sumas de dinero, la imputada no cumplió con la devolución de lo invertido, ni cumplió con los pagos correspondientes en intereses, perjudicándolos patrimonialmente.

La solicitud de aplicación de medidas sustitutivas, para la imputada, es a fin de asegurar que la misma se someterá a los designios de la Justicia y que no entorpecerá la investigación.

De igual forma y atento a los dichos manifestados por los denunciantes, la gravedad y cantidad de imputaciones formuladas y por formular en contra de la denunciada, se solicitó como medida, la obligación de presentarse ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos cada 15 días a fin de constatar su domicilio actual, la prohibición de salir sin autorización del país, y la  prestación de una caución adecuada propia; todo ello bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.

Las diligencias se realizaron en calle Leguizamón n° 753 (sede de la inversora), como así también en dos viviendas ubicadas en Castellanos, y Villa San Lorenzo, de la ciudad de Salta.

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Hospital San Bernardo: Imputan a cuatro empleados en la causa de los medicamentos

Los tres empleados de Farmacia fueron imputados por peculado y falsedad de instrumento público en calidad de coautores, mientras que una enfermera fue imputada como partícipe necesaria de los mismos delitos. Interviene al fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó esta mañana a cuatro empleados del Hospital San Bernardo en la causa que investiga por el faltante de medicamentos en el nosocomio.

Los tres empleados del área de Farmacia fueron imputados por el delito de peculado y falsedad de instrumento público en calidad de coautores, mientras que una enfermera fue imputada como partícipe necesaria de los mismos delitos.

Los cuatro acusados fueron asistidos por abogados particulares y se abstuvieron de declarar tres. Una de las mujeres que se desempeña en la droguería negó todos los hechos.

Cabe recordar que el jueves pasado, bajo la dirección de la fiscal Salinas Odorisio fueron allanadas las viviendas de los imputados, secuestrándose pastillas de clonazepan, midazolan, insulina, enoxaparina, diazepan e insumos médicos, varios de ellos con la leyenda “Gobierno de la Provincia de Salta”.

La causa

La investigación de la UDEC inició a raíz de la denuncia radicada por el apoderado del Hospital San Bernardo ante el faltante de medicamentos.

El nosocomio dispensa a sus pacientes internados y ambulatorios medicación indicada por receta por los profesionales tratantes a través de dos lugares: la Farmacia Central de la cual sale la medicación para todo el sector de los internados del hospital y la Farmacia de Guardia, que provee medicación para los pacientes que se encuentran internados o concurren para atención ambulatoria en la guardia de emergencias.

En enero pasado, dos médicos oftalmólogos advirtieron en las historias clínicas digitales inconsistencias entre los medicamentos entregados y la patología del paciente.

A partir de allí, se inició una investigación que determinó que, de manera habitual, tres usuarios (a cada empleado se le asigna una clave única e intransferible) de Farmacia habrían extraído los medicamentos faltantes. Los usuarios serían un hombre -que trabaja como Técnico en la Farmacia Central ubicada en el interior del Hospital-, y dos mujeres que se desempeñan en la Farmacia de Guardia.

De la investigación también surgió que una enfermera -que se desempeña en la Guardia y que mantiene una relación sentimental con el empleado de Farmacia- habría cooperado en la actividad, ya que la mayoría de los pacientes con registros irregulares son personas que fueron asistidos por el sector en el que se desempeña.

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Investigan otra denuncia contra la ex intendenta de Coronel Moldes

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó una inspección ocular en la Plaza de la Familia ubicada en Villa Delicia, de esa localidad. Tal como indicara el actual Jefe comunal, el espacio público presenta un avance de obra muy inferior al consignado en el Certificado Parcial de Obra del 4 de noviembre de 2019.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos realizó una inspección ocular en la Plaza de la Familia, ubicada en el barrio villa Delicia de Coronel Moldes, a fin de constatar la existencia de la misma y de distintos elementos que deben encontrarse en el lugar

Le medida fue ordenada por la titular de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la investigación que lleva delante por una denuncia radicada por el actual intendente de esa localidad, Omar César Carrasco en contra de la ex jefa comunal.

Según el titular del municipio, el Gobierno de la Provincia transfirió 3.286.561,90 pesos para la ejecución total de la obra, suma que habría sido entregada a la Cooperativa de Trabajo Roma Limitada, que fue adjudicataria de la obra en un proceso de contratación directa como mejor oferente.

Carrasco aseguró que la adjudicación se realizó incumpliendo requerimientos básicos legales en un proceso de esa índole y que la plaza pública no presenta un estado de avance del 89,83% como figura en el Certificado Parcial de Obra del 4 de noviembre de 2019, sino que la construcción se encuentra cercana al 60%.

Teniendo en cuenta lo denunciado, Salinas Odorisio ordenó una inspección ocular en la Plaza de la Familia, constatando que efectivamente presenta un avance muy inferior al consignado por la ex intendenta.

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Secuestran medicamentos e insumos médicos en las viviendas de empleados del Hospital San Bernardo

Tras investigar una denuncia del apoderado del Hospital San Bernardo por el faltante de medicamentos como clonazepan, midazolan y diazepan, entre otros; la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó el allanamiento de las viviendas de tres empleados de Farmacia y una enfermera.

Bajo la dirección de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos del CIF allanaron esta tarde cuatro viviendas de empleados del Hospital San Bernardo, así como los lockers que poseen los investigados en el nosocomio.

Como resultado del operativo fueron secuestrados medicamentos, insumos médicos, documentación relacionada a la causa y celulares.

La investigación de la UDEC inició a raíz de la denuncia radicada por el apoderado del Hospital San Bernardo ante el faltante de medicamentos como clonazepan, midazolan, insulina, enoxaparina, diazepan, guantes de latex, entre otros.

De acuerdo a lo explicado, el hospital dispensa a sus pacientes internados y ambulatorios medicación indicada por receta por los profesionales tratantes a través de dos lugares: la Farmacia Central de la cual sale la medicación para todo el sector de los internados del hospital y la Farmacia de Guardia, que provee medicación para los pacientes que se encuentran internados o concurren para atención ambulatoria en la guardia de emergencias.

En enero pasado, dos médicos oftalmólogos advirtieron en las historias clínicas digitales de algunos de sus pacientes dispensaciones de medicamentos que ellos no habían realizado y que no guardaban relación con las patologías tratadas.

A partir de allí, se inició una investigación que determinó que, de manera habitual, son los mismos usuarios de farmacia quienes habrían extraído los medicamentos dado que las claves son personales e intransferibles. Los usuarios son un hombre -que trabaja como Técnico en la Farmacia Central ubicada en el interior del Hospital-, y dos mujeres que se desempeñan en la Farmacia de Guardia.

De la investigación también surgió que una enfermera -que se desempeña en la Guardia y  que mantiene relación con el empleado de Farmacia- habría cooperado en la actividad, ya que la mayoría de los pacientes con registros irregulares son persona que fueron asistidos por el sector en el que se desempeña.

Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 7 el allanamiento de las viviendas de los cuatros sospechados, medida que tuvo lugar esta tarde.

Medicamentos e insumos secuestrados en una de las viviendas allanadas esta tarde.
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Isla de Cañas: Requirieron juicio contra una ex intendenta

Angelina Lucía Canchi se encuentra imputada como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado. Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

La fiscal penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, Mónica Viazzi, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, para Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado. Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.

En el extenso requerimiento, la fiscal penal Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas en la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del CIF.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostiene en la fundamentación de la acusación que Angelina Lucía Canchi incurrió en el delito de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo toda vez que libró tres cheques, que firmó y selló, con fecha 26 de diciembre de 2019, cuando había cesado por ministerio de la ley en su mandato, continuando de tal modo de forma abusiva y arbitraria en funciones.

Sobre el fraude en perjuicio de la administración pública, por administración fraudulenta y por supresión de documentos expone que la ex intendenta ocultó, mutiló o hizo desaparecer toda la documentación o registración que había en el municipio, impidiendo de esa manera cualquier tipo de control, que la nueva gestión pudiera conocer el estado financiero y contable. Afirma que la ocultación, falta y/o supresión de documentación son maniobras desplegadas (ardid) para cometer el fraude, ya que de esa manera se disponían los fondos públicos de manera discrecional con evidente perjuicio a erario municipal con lucro indebido a propios y ajenos.

De la pericia realizada, se pudo determinar que antes de cesar su gestión, Canchi libró 42 cheques entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre de 2019, vaciando una cuenta del municipio.

Detalla que son cuatro hechos de peculado los que se le imputan a la ex intendenta. El primero de ellos se refiere a bienes pertenecientes a una fábrica de dulces que funcionaba como cooperativa y que la acusada recibió al asumir su gestión. Dicha fábrica no fue puesta en funcionamiento y los bienes fueron sustraídos mientras se encontraban bajo su custodia.

El segundo hecho corresponde al pago mediante un cheque del municipio a un trabajador particular para realizar reparaciones en su domicilio particular.

El tercer hecho se refiere al pago efectuado días previos al cese de sus funciones como intendente de un préstamo personal bancario con dinero del municipio.

El cuarto hecho imputado refiere al desvío de fondos municipales destinados al pago de una obra eléctrica en noviembre de 2019 y que no se encuentra respaldado documentalmente respecto a la suma percibida y cuál fue el destino.

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Generación Zoe: Imputaron a Cositorto y sus socios salteños por 60 estafas y asociación ilícita

El CEO de la financiera declaró ante la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio y se negó a responder preguntas. Hasta el lunes permanecerá en la Alcaidía General_

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Nelson Leonardo Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (60 hechos) y asociación ilícita, en concurso real. 

La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las denuncias realizadas, asciende a 3.901.700 pesos y 228.557,29 dólares.

Durante la audiencia, Cositorto fue asistido por una abogada particular. Tras tomar conocimiento de cada una de las denuncias en su contra y escuchar el decreto de imputación, aceptó declarar aunque no contestar preguntas.

A lo largo de las más de dos horas que duró el procedimiento, el CEO de Generación Zoe aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio.

Por su parte, Jorge Vilardel, Ricardo Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, también asistidos por abogado particular, se abstuvieron de declarar e informaron que presentarán su versión de los hechos por escrito.

Al finalizar las audiencias, los cinco imputados fueron trasladados nuevamente a la Alcaidía General. Leonardo Cositorto permanecerá en Salta hasta el lunes.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en los últimos meses por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con sede en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.

Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas. 

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.

El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En caso de retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 meses. 

Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir. 

Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.

La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.

Los roles

Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:

  • Leonardo Cositorto: Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
  • Ricardo Gabriel Vilardel: Director y representante de Zoe en Salta. Atendía a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban por el dinero entregado.
  • Ana Vilardel: Secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados.
  • Jorge Federico Vilardel: Encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria, según quedó corroborado con los informes incorporados.
  • Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.
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Generación Zoe: la UDEC imputará mañana a Cositorto

El CEO de la financiera llegó a las 20 a Salta y fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia. La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, realizará mañana, a las 9, la audiencia de imputación. Además, esta tarde detuvieron a los cuatro socios locales de la entidad

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, tomará mañana a las 9 audiencia de imputación a Nelson Leonardo Cositorto y sus socios locales de Generación Zoe.

Hasta el momento, más de sesenta personas radicaron denuncias en Salta por estafas reiteradas y asociación ilícita en contra de Generación Zoe.

Cositorto llegó a las 20 a Salta desde Córdoba. Una comisión del Ministerio Público Fiscal, escoltada por el CIF y GOPAR, estuvo a cargo del operativo y fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia. Mañana, a las 8, se realizará el control de legalidad en el Juzgado de Garantías 5, a cargo de Claudia Puertas, y luego será trasladado a Santa Fe 48, sede de la UDEC.

En el marco de la investigación, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de las viviendas de los responsables de la financiera en Salta, medida que se llevó a cabo esta tarde. Como resultado del operativo, dos hombres y dos mujeres fueron detenidos y secuestrado un vehículo, celulares y documentación relacionada a la causa.

Una de las viviendas allanadas esta tarde

Por otra parte, desde la UDEC también se solicitó al Juzgado de Garantías la inmovilización de todas las cuentas bancarias de Generación Zoe y de los detenidos.

Cositorto es escoltado por el CIF y el GOPAR en una parada durante el traslado desde Córdoba
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UDEC investiga denuncias contra una financiera

Hasta el momento ingresaron 32 denuncias contra Saulo Capital SRL. La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga el accionar de la firma a fin de determinar la existencia de delitos y competencia.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga 32 denuncias radicadas contra la firma Saulo Capital SRL por el delito de estafas.

Hasta el momento, ingresaron siete denuncias a la Unidad de Delitos Económicos Complejos y 25 a distintas dependencias policiales, que serán remitidas a la Fiscalía.

Salinas Odorisio determinó que el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), investigue el accionar de la firma a fin de determinar la existencia o no de delitos y la competencia, a partir de las denuncias de posibles damnificados.

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IPSS: Elevan a juicio la causa contra el empleado que cobraba copagos

Pablo Federico Anze está acusado de los delitos de fraude a la administración pública (42 hechos), concusión y falsificación de instrumento público (10 hechos), todo ello en concurso real. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 7 para Pablo Federico Anze por los delitos de fraude a la administración pública (42 hechos), concusión y falsificación de instrumento público (10 hechos), todo ello en concurso real.

El acusado, que se desempeñaba como Jefe de Derivaciones del Instituto Provincial de Seguros de Salta (IPSS), fue detenido el 22 de octubre de 2021 como resultado de una investigación realizada por la UDEC en la que se detectó distintas maniobras que realizaba Anze, engañando a los afiliados del IPS con dinero, para provecho propio por sumas superiores a los $500.000.

A lo largo de la investigación, el CIF logró determinar que el hombre, que se desempeñaba como Jefe de Derivaciones del seguro de salud desde hacía un año (aunque trabajaba en el área desde hacía cinco), solicitaba a los afiliados dinero en efectivo o a través de depósitos o transferencias bancarias a su cuenta, en concepto de copago o coseguro por el servicio de traslado.

Según surge de las declaraciones de las víctimas, el acusado se ganaba su simpatía y les manifestaba que él se encargaría de ingresar el dinero en el IPSS y de esa manera se ahorraban tener que hacer el trámite en caja. Como prueba, les entregaba recibos con sellos que, según las pericias, son apócrifos. Todos los papeles eran remitidos, firmados, a la Gerencia de Seguros Sociales, que es el área que debe controlar a ese sector.

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