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Reanuda el juicio contra el exintendente de San Lorenzo

Hoy martes, a las 13, en la Sala de Grandes Juicios, está previsto que se reanude la audiencia de debate en el juicio contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza.

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate que se sigue contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza y Sergio Armando, acusados de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

Durante la jornada de hoy se escucharán testimoniales de testigos del caso.

Cabe recordar que durante la primera jornada de audiencia, la fiscal penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, expuso los delitos que el Ministerio Público Fiscal le imputa a Gonza, de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. En tanto, a Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos), en calidad de autor, y peculado de servicios, en calidad de partícipe necesario, todo en concurso real.

El juicio se desarrolla con tribunal colegiado, integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Araníbar y María Gabriela González.

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Elevaron a juicio la causa contra un exintendente de Pichanal

La fiscal penal Mónica Viazzi fue notificada de la elevación a juicio de la causa contra Julio Jalit por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública, peculado y otros delitos y contra otras ocho personas por delitos conexos.

La fiscal penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, Mónica Viazzi, en el mes de diciembre de 2021, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito para Julio Antonio Jalit por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito, utilización de residuos peligrosos que contaminaron de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general; omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel, en concurso real.

También se requirió juicio para el extesorero municipal, Ricardo Enrique Murúa, por el delito de coautor del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública; a César Gómez, (propietario de Mirador Servicios), como partícipe necesario de los delitos el delito de peculado de servicios y estafa por fraude en perjuicio de la administración pública; a Luis Enrique Juárez (propietario de Servicios Generales Victoria); Renzo Reynaldo Ruiz (Contador Público Nacional), Sergio Daniel Castillo Jalit, (empresario); Sergio Castillo (empresario); Leonardo Darío Macaron y Lilia Amanda Klarmann, como participes necesarios del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública.

En el extenso requerimiento, Viazzi expone las medidas probatorias producidas durante la larga y minuciosa investigación iniciada en 2019, que aportaron los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

El juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú notificó este jueves a la fiscal Viazzi de la resolución emitida el 4 de Octubre de 2022, a través de la cual eleva la causa a juicio.

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El ex intendente de San Lorenzo solicitó dos veces la suspensión del juicio

El requerimiento le fue negado esta mañana y durante la primera jornada de la audiencia debate que se realiza en la Sala 1 del Tribunal de Juicio. La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

En la Sala 1 del Tribunal de Juicio inició esta tarde la audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

Tal como estaba previsto, durante la primera audiencia, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, expuso los delitos que el Ministerio Público Fiscal les imputa.

Luego de la lectura del requerimiento, la defensa de Gonza volvió a solicitar la suspensión de la audiencia debate, requerimiento que les fue denegado.

Los imputados se negaron a prestar declaración por lo que se inició la ronda de testigos, siendo el primero un ex funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo.

La acusación que sostiene la UDEC se sustenta en que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando.

La Municipalidad de Villa San Lorenzo efectuó un desprendimiento de importantes sumas de dinero sin obtener a cambio el objeto de la contratación celebrada con Sergio Armando, ya que las obras cuya realización debía llevar a cabo (casillas del Plan Una Casa Para Tu Hogar y un puente sobre calle Belgrano) no se concluyeron o resultaron defectuosas.

En efecto, el 13 de junio de 2011 se celebró un convenio entre el Municipio de San Lorenzo, representado al momento de la contratación por Ernesto Fernando Gonza, y la empresa “El Montañez” de Sergio Armando para la construcción de diez  viviendas prefabricadas de madera en el marco del “Plan Una Casa Para Tu Hogar”. De acuerdo a las pericias, las casillas “no se encuentran debidamente concluidas de acuerdo a lo contratado, a las especificaciones obrantes en autos y a las normas vigentes y reglas del buen arte”

En cuanto al puente de calle Belgrano, fue construido con personal de la Municipalidad de San Lorenzo en horario laboral y con herramientas de la comuna.

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Inicia el juicio contra el ex intendente de San Lorenzo

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia debate que se desarrollará a lo largo de veinte jornadas. Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando están acusados de por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

En la Sala 1 del Tribunal de Juicio de tendrá lugar desde hoy a las 15 la audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

Durante la primera audiencia, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, expondrá los delitos que el Ministerio Público Fiscal le imputa a Gonza, de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real; y cuya responsabilidad en los hechos demostrará a lo largo del juicio.

El juicio se llevará a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González y está previsto que se desarrolle en 20 jornadas que iniciarán hoy y concluirán el 3 de noviembre.

Las fechas estipuladas por el Tribunal son 3, 4 y 5 de octubre a las 15; 6 de octubre a las 17; 11, 12 y 13 de octubre a las 14; 14 de octubre a las 8; 17, 18 y 19 de octubre a las 15; 20 y 21 de octubre a las 13; 26, 27 y 28 de octubre a las 15; 31 de octubre a las 13 y 1, 2 y 3 de noviembre a las 17.

La defensa de los imputados estará a cargo de José Fernando Teseyra (Gonza) y Miguel Alfredo Lucena y Carlos Agnostópulos (Armando).

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Una médica y su pareja serán juzgados por falsificación de certificados

El apoderado del Hospital San Bernardo denunció el hecho en 2019. La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías la elevación a juicio de la causa.

Una médica y su pareja serán juzgados por los delitos de falsedad de instrumento público (dos hechos) y fraude a la administración publica en grado de tentativa, todo en concurso real.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías la elevación a juicio de la causa.

La intervención de la UDEC inició a raíz de una denuncia efectuada por el apoderado legal del Hospital San Bernardo en septiembre de 2019 en la que refirió que una médica, que no trabajaba en el nosocomio, se encontraba en posesión de recetarios oficializados del hospital sin corresponder, con el peligro que ello implica por la fe y la salud pública, además de convertir a la institución en responsable solidario, por los hechos de sus trabajadores.

El apoderado del hospital contó que tomó conocimiento de la situación a través de una nota de la Directora de Medicina Ambulatoria de Salta (MAS) en la que le informaba que la médica emitió el 7 de junio de 2019 un certificado con membrete del hospital a favor de su esposo –y empleado de MAS- para justificar su inasistencia al lugar de trabajo, pero que según le había informado la Dirección de Personal, la médica no trabajaba en el San Bernardo.

Por otra parte, la directora médica de MAS había iniciado un sumario administrativo pues el 19 de abril de 2019, el empleado también había presentado un certificado médico confeccionado por su esposa médica con membrete del Hospital Papa Francisco, pero según había constatado, la mujer no había trabajado ese día en el nosocomio, conforme surge de los datos biométricos de registro de ingreso de personal de ese día y del listado de personas atendidas por dicho establecimiento.

Tras analizar la documentación presentada y requerir informes, la UDEC imputó a la médica y su marido por falsedad de instrumento público (dos hechos) y fraude a la administración publica en grado de tentativa, todo en concurso real.

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La causa Saulo Capital SRL fue remitida al fuero Federal

La Sala II del Tribunal de Impugnación declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la firma Saulo Capital SRL, por falta de legitimación activa.

La Sala II del Tribunal de Impugnación resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la firma Saulo Capital SRL, por falta de legitimación activa.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías 7 que se declare la incompetencia material, resolviéndose favorablemente y remitiéndose la causa Saulo SRL al Juzgado Federal de Salta en turno. Los abogados Facundo Martín Burgos, Gabriel Esteban Acosta y Francisco Alejandro Aparicio habían presentado un recurso de apelación contra el resolutivo del 21 de junio pasado.

En junio pasado, Salinas Odorisio solicitó que la causa fuera derivada al Fuero Federal, argumentado que la financiera se encuentra bajo investigación del Banco Central de la República Argentina por llevar adelante sin autorización actividades que son reguladas por la Ley de entidades financieras.

En el escrito, la fiscal consideró que Saulo SRL realizó por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es el Mercado de Valores y AFIP. Además, esto se agrava por la realización de publicidad por distintos medios de comunicación.

En efecto, el artículo 110 del Código Penal Argentino establece que “…será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente” y “en igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente…”.

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Imputan por prevaricato a un abogado de la causa Ríos & Asociados

El 3 de agosto, el abogado se presentó como apoderado de 74 denunciantes. El 24 de agosto pasado, renunció a la querella y asumió como representante de Cynthia Moya, la principal sospechosa en la causa. Además, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, dio intervención a la Fiscalía Penal 2 por la posible comisión del delito de coacción.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un abogado del fuero local por prevaricato.

El 3 de agosto de 2022, el abogado se presentó ante el Juzgado de Garantías 3, como apoderado de 74 denunciantes de la causa Ríos & Asociados, que es investigada por la fiscal Salinas Odorisio por estafas.

El 24 de agosto pasado, el abogado ingresó por mesa de entrada virtual del Ministerio Público, una presentación manifestando que renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito, el abogado asumió la defensa de Cynthia Moya -quien está sospechada de ser la organizadora de la falsa financiera-, Alejandra Párraga y Antonella Leal, tres de las imputadas en la causa.

El artículo 271 del Código Penal establece que “será reprimido con multa (…) e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada”.

Además, la fiscal Salinas Odorisio dio intervención a la Fiscalía Penal 2 por la posible comisión del delito de coacción y/o intimidación por parte del abogado.

La decisión de Salinas Odorisio se sustenta en la recepción de un escrito del Tribunal de Garantías 3 en la que se informa sobre una presentación del abogado en la que informa la celebración de un acuerdo conciliatorio con los denunciantes. Allí se consigna que los acreedores prestan conformidad a la libertad de los imputados, entre ellos Moya.

El documento presentado por el abogado agrega que “se solicita que no se ejecuten medidas de allanamiento y que se suspendan las investigaciones de la UDEC”.

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Requieren juicio para la ex directora del colegio secundario de La Poma

La ex directiva habría omitido efectuar rendiciones de gastos por más de 107 mil pesos en el período 2012 – 2015. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa que se sigue a la ex directora del Colegio Secundario N°5069 de La Poma por el delito de peculado.

La intervención de la UDEC inició a raíz de la remisión en 2016 de un expediente sobre la situación académica y administrativa de la institución educativa por parte del ministro de Educación Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta de ese entonces, Roberto Dib Ashur.

Tras realizar distintos análisis y entrecruzamiento de datos, el Gabinete Económico de UDEC logró determinar una serie de irregularidades en la gestión administrativa de fondos del programa “Centro de Actividades Juveniles” (CAJ) por parte de la ex directora, quien se desempeñó al frente del colegio secundario desde el 28 de julio de 2007 hasta el 10 de agosto de 2015 y, como tal, tuvo a su cargo la administración y custodia de los fondos de los programas “Plan de Mejora Institucional” (PMI) y CAJ.

En el marco del programa PMI, desde el 3 de julio de 2012 hasta el 6 de octubre del 2014, se acreditó en una cuenta del Banco de la Nación Argentina de la Unidad Educativa, la suma de $109.408, y en el marco del programa CAJ, desde el año 2012 hasta el día 26 de febrero de 2015, se acreditó la suma de $119.983.

Según los investigadores, la ex directora habría omitido efectuar rendiciones de gastos del programa PMI por un monto de $70.992,80; y del programa CAJ, $36.714.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que la ex directiva, como administradora y custodia de los fondos que le fueron remitidos en los programas PMI y CAJ, omitió efectuar rendiciones de gastos y, por lo tanto, no justificó erogaciones realizadas con dichos fondos, sustrayendo un total de $107.706,80; perjudicando así el patrimonio y el normal funcionamiento de la Administración Pública.

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Financiera ilegal: Imputaron a una abogada de Metán

Está acusada de formar parte de la organización delictiva previa y posteriormente a la investigación y allanamientos realizados. Es pareja de uno de los imputados detenidos.

En el marco de la audiencia de formalización de la acusación, la titular de la Unidad de Delitos Económicos complejos Ana Inés Salinas Odorisio imputó por el delito de falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, en concurso real, a una abogada de la ciudad de Metán. 

Respecto a la participación de la acusada quien se negó a declarar, se determinó que previo a producirse los allanamientos intervino activamente en la confección de contratos, la recepción de dinero e inyección de capital en la falsa financiera. Con la particularidad de que su intervención no fue incauta ya que se trata de una profesional del derecho y bajo esta condición se presentaba y representaba la actividad ilegal que llevó adelante la jefa operativa de la asociación ilícita Cynthia Moya.

Con posterioridad y a partir de producirse los allanamientos la imputada toma un rol protagónico en la defensa de algunos de los imputados, como así también en el contacto con los damnificados solicitando la remisión de contratos, bajo falsa promesa de realizar trámites ante la fiscalía interviniente, para la devolución del dinero invertido. 

De la investigación llevada adelante por la UDEC y declaraciones testimoniales, la imputada se encuentra sindicada como parte de la organización dedicada a concretar hechos ilícitos dirigidos a inducir a error a distintas personas captadas para realizar operaciones de inversiones y luego distribuir entre los miembros de la estructura, el producto de dicha actividad.

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Un nuevo imputado en la causa de la financiera ilegal

Se trata de un hombre que estaba prófugo de la Justicia. La pareja de Cyntia Moya, que tiene pedido de detención, se dio a la fuga.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó esta mañana por el delito de estafas reiteradas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita a un hombre en el marco de la investigación a la financiera ilegal Ríos & Asociados.

Durante la audiencia, el hombre –que fue detenido ayer por personal de la UDEC– fue asistido por un defensor oficial y negó los hechos.

Para el día martes fue citada a audiencia de imputación una abogada y se solicitó la búsqueda con la fuerza pública de otra mujer que se encuentra prófuga de la Justicia.

En el día de ayer, por pedido de la fiscal Salinas Odorisio, los jueces del Juzgado de Garantías 3, Antonio Pastrana; Juzgado de Garantías 1 de Metán, Mario Teseyra; y Juzgado de Garantías 1 de J.V. Gonzalez, Sebastián Guzmán, autorizaron la realización de un importante operativo que contempló el allanamiento de ocho domicilios y el pedido de detención de dos personas.

Fueron allandas dos viviendas en Villa Costanera y barrio El Huayco en capital; tres domicilios en Joaquín V. González y tres en San José de Metán. Como resultado fueron secuestrados 44.530 pesos, 200 dólares, un automóvil Toyota y dos autos marca Fiat, contratos de Ríos & Asociados, documentos, tarjetas de créditos, varios productos muebles en estado nuevo y celulares.

El hombre detenido durante el procedimiento en Metán, es hermano de otro de los imputados en la causa y se encontraba prófugo de la Justicia. De acuerdo a la investigación de la UDEC; ambos tenían el rol de tazadores, operadores y captadores, para la compra y venta de vehículos, como así el resguardo en galpones, traduciendo dichas operatorias en la confección de carpetas de contratos y recepción del dinero por parte de los damnificados.

La mujer que hoy se encuentra prófuga, sería pareja de Cinthya Moya y también tendría incidencia en el manejo de la financiera.

En cuanto a la abogada, que sería pareja del detenido ayer, registra denuncias en su contra por la participación en la falsa financiera que describen hechos vinculados a la confección de contratos y recepción del dinero a invertir por parte de los damnificados

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