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Requieren juicio para Rubén Méndez Salazar

El 25 de octubre pasado, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, elevaron el pedido de juicio al ex intendente de Salvador Mazza y otras diez personas.

La Unidad Fiscal compuesta por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y el Fiscal Penal de Tartagal, Pablo Cabot, requirió juicio el 25 de octubre al Juzgado de Garantías 1 contra once personas por enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Por enriquecimiento ilícito están acusados, en calidad de autor, Rubén Méndez Salazar y, como partícipes necesarios a sus hijos Ivanna Irene Méndez y Roque Maximiliano Méndez, su ex pareja Susana Angelita Palacio y la contadora Liliana Cristina Centeno.

En el extenso decreto de requerimiento de juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal, los fiscales consideraron que Rubén Méndez Salazar aumentó considerablemente sus activos patrimoniales mediante la adquisición de un inmueble en Salvador Mazza y diversos rodados de alta gama, todos ellos 0 km; siendo dichas adquisiciones posteriores a la asunción de su cargo, lo cual denotaría una situación anormal considerando sus ingresos legales. La Unidad Fiscal pudo establecer que Méndez Salazar adquirió a título propio y por interpuestas personas los siguientes bienes: 1) vehículo marca BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a nombre de Rubén Méndez Salazar, 2) vehículo marca Ford, modelo Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de Ivanna Irene Méndez, 3) vehículo marca BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de Roque Maximiliano Méndez, y 4) vehículo marca Ford, modelo Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de Susana Angelita Palacio.

En cuanto a Centeno, para la Unidad Fiscal, confeccionó las declaraciones juradas que permitió a los encausados Rubén Méndez Salazar, Ivanna Irene Méndez, Roque Maximiliano Méndez y Susana Palacio, adquirir la titularidad registral de los rodados.

Por peculado están acusados, en calidad de autor, Rubén Méndez Salazar; y como partícipes necesarios Jesús Manuel Gijena,  Juan Marco Méndez, Oscar Rodolfo Gutiérrez, Roberto Justo Balverdi, Roque Maximiliano Méndez y Carolina Antonella Moreno.

De acuerdo a las pruebas reunidas por los investigadores de la UDEC, los acusados teniendo a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos conforme las funciones respectivas de cada uno ellos, sustrajeron caudales públicos percibidos en los puestos denominados “VOVE” y “Guandacarenda”, en los que se percibe el pago a cuenta de la “Contribución que incide sobre la actividad comercial, Industrial o de servicios” y el pago de la “Tasa de Reconstrucción de Pavimento – Transporte de cargas” durante el periodo comprendido desde el 01/01/2020 hasta el 13/10/2021, cuyos destinos de las sumas recaudadas e ingresadas a la Tesorería Municipal se desconoce, causando con ello un perjuicio patrimonial al Estado Municipal.

La Unidad Fiscal pudo establecer que Rubén Méndez Salazar dispuso exclusivamente de los fondos municipales recaudados en las unidades de cobro “VOVE” (Arenales) y “Guandacarenda”, que ingresaron a Tesorería, los cuales ascienden a un total de $ 250.509.489,28.

Para concretarlo, designó personas de su confianza en cada uno de los cargos y de las etapas del circuito de ingreso de fondos en los puestos VOVE y Guandacarenda (Juan Marco Méndez como Supervisor de VOVE, Oscar Rodolfo Gutiérrez como Secretario Privado, Roberto Justo Balverdi como Secretario de Hacienda, Roque Maximiliano Méndez como beneficiario, Jesús Manuel Gijena como cobrador del VOVE y Carolina Antonia Moreno como Tesorera). La UDEC estableció que, en función de ello, Rubén Méndez recibió desde el 01/01/2020, hasta el 13/10/2021, fondos provenientes de los puestos VOVE y Guandacarenda por un total de $339.167.373,00, que fue ingresado a Tesorería, y, de ese monto se corroboró que se depositó en la cuenta bancaria de la Municipalidad un 26%, quedando un 74% sin depositar, lo que equivale a $250.509.489,28.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal Pablo Cabot también acusaron de peculado, en calidad de autores, a Rubén Méndez Salazar, Juan Marco Méndez, Roberto Justo Balverdi y Oscar Rodolfo Gutiérrez porque, del entrecruzamiento de datos, documentación secuestrada, informes de AGP y de la pericia contable realizado desde la UDEC se pudo establecer que, desde el 01/01/2020 al 13/10/2021, sustrajeron caudales estatales de la recaudación de las unidades de cobro y de la caja del Municipio Profesor Salvador Mazza, sin efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas, causando con ello un perjuicio patrimonial al Erario Municipal.

Un tercer hecho de peculado también fue endilgado a Rubén Méndez Salazar ya que, según las pruebas reunidas, utilizó el rodado Ford Ranger, perteneciente a la Municipalidad Profesor Salvador Mazza, en beneficio propio y de su grupo familiar con fines particulares, sustrayéndolo de la actividad de la Administración Pública Municipal.

A Méndez Salazar y Roberto Orellana también se les imputa, en calidad de coautores, el delito de peculado de servicios y peculado dado que, según se pudo establecer, ejerciendo su función de ex Intendente y ex Secretario de Obras Públicas, ordenaron en octubre y noviembre 2020 que personal municipal y maquinaria de la Intendencia conviertan un sendero peatonal privado en una calle transitable para que circulen vehículos de transporte de carga con fines comerciales privados, exentos de los controles formales de tránsito internacional.

Por otra parte, Rubén Méndez Salazar, en calidad de autor, e Ivanna Irene Méndez, en calidad de participe necesaria, también están acusados por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ya que el Municipio efectuó compras de suministro por $ 594.196 con la Carnicería “El Rey», propiedad de Ivanna, según las pruebas reunidas.

En el requerimiento de juicio presentado por la Unidad Fiscal –que tiene una extensión de 154 páginas- el ex intendente también fue acusado como autor del delito de fraude a la administración pública. De acuerdo a lo registrado por los investigadores de la UDEC, Méndez Salazar suscribió la Resolución Nº 31/20 que autoriza el funcionamiento de la asociación de transporte de carga denominada “Asociación de Fleteros, Transportistas y Afines Emanuel”, integrada con rodados de su propiedad. En función de ello, se detectó que los camiones pertenecientes a Méndez Salazar, pasaban por el puesto de recaudación VOVE, sin pagar la tasa; ello por orden expresa del propio ex Intendente, bajo el pretexto de que luego compensaría esos montos impagos con su liquidación de haberes mensuales.

Méndez Salazar también está acusado de omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, ya que no cumplió en debida forma con la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales por ante la Escribanía General de Gobierno, a pesar de las intimaciones fehacientes cursadas por el inicio y cese de gestión de 2013 al 2015, por el inicio y cese de gestión 2015 a 2019 e intimación por el inicio de la gestión del periodo 2019.

En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también le fue endilgado a Méndez Salazar, Balverdi, y Moreno, en carácter de coautores, ya que según pudo determinar la Unidad Fiscal, los acusados, teniendo a su cargo la administración, custodia, cuidado y disposición de bienes y fondos públicos conforme las funciones respectivas que cada uno ellos realizaba en Salvador Mazza, incumplieron en forma reiterada normativa que regula el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal.

Por último, la Unidad de Investigación entiende que se halla suficientemente acreditada la existencia del delito de asociación ilícita en calidad de organizador de Rubén Méndez Salazar; y en calidad de miembros de Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (ex pareja), Juan Marco Méndez (hermano), Oscar Rodolfo Gutiérrez (ex secretario privado), Jesús Manuel Gijena (cuñado), Roberto Justo Balverdi (ex Secretario de Hacienda), y Carolina Antonella Moreno (Tesorera).

En detalle

1. Rubén Méndez Salazar: Enriquecimiento ilícito (autor); Peculado (tres hechos) en calidad de autor; Peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en calidad de autor; Fraude a la administración pública; Omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; y Asociación ilícita en calidad de organizador.

2. Ivanna Irene Méndez (hija): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en calidad de partícipe necesaria y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

3. Roque Maximliano Méndez (hijo): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesario; Peculado en calidad de partícipe necesario y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

4. Susana Angelita Palacio (ex pareja): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

5. Liliana Cristina Centeno (contadora): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria

6. Juan Marco Méndez (hermano de Méndez Salazar): Peculado en calidad de partícipe necesario; peculado en calidad de autor; y Asociación Ilícita en calidad de miembro..

7. Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado de Méndez Salazar): Peculado en calidad de partícipe necesario; peculado en calidad de autor;  y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

8. Jesús Manuel Gijena (cuñado de Méndez Salazar): Peculado en calidad de partícipe necesario; y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

9. Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza): Peculado en calidad de partícipe necesario; peculado en calidad de autor;  y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

10. Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza): Peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor.

11- Carolina Antonella Moreno (Tesorera): Peculado en calidad de partícipe necesario; y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

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Nuevos allanamientos en la causa Socco Internacional

La Unidad de Delitos Económicos Complejos avanza en la investigación por delitos relacionados a inversiones en fideicomisos inmobiliarios, ventas de casas e inmuebles por lotes o loteos.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, encabezó esta mañana un nuevo operativo relacionado con la investigación que lleva adelante en la causa Socco Internacional.

Durante el procedimiento realizado hoy por el Cuerpo de Investigadores Fiscales del CIF fueron allanados dos domicilios: uno en el barrio privado Jardines de San Lorenzo y el segundo en barrio Ceferino.

En las dos viviendas fueron secuestradas computadoras, celulares, documentación relacionada a la causa y 58.900 pesos.

El procedimiento parte de la determinación tomada por el procurador General, Pedro García Castiella, de definir como eje prioritario de política criminal, la atención sobre estafas, abusos y delitos relacionados a inversiones en fideicomisos inmobiliarios, ventas de casas prefabricadas y venta de inmuebles por lotes o loteo; todo ello en virtud del alto impacto dañoso provocado, que golpea esencialmente a los sectores medios y de menores recursos.

La preocupación comprende especialmente, aquellas operaciones en las que los ciudadanos invierten los ahorros familiares ya sea con la ilusión de la vivienda propia o con la necesidad de poner a resguardo su patrimonio. 

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Financiera ilegal: Piden apartar a la policía de Salta y que la custodia domiciliaria de las imputadas se realice con fuerzas federales

También se solicitó que se fije domicilio en la ciudad de Salta, previa instalación de dispositivo electrónico de monitoreo. Cabe recordar que el beneficio otorgado será impugnado, mediante el recurso correspondiente.

La titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, atenta a la inminente concreción del beneficio de arresto domiciliario otorgado a las imputadas en la causa de la falsa financiera Ríos & Asociados, Cynthia Elizabeth Moya y Alejandra Macarena Párraga, requirió que la medida se efectivice con el control de fuerzas federales, y no así de la Policía de la Provincia de Salta. Motiva el pedido, la vinculación directa existente entre las imputadas y numerosos miembros de la fuerza de seguridad provincial y/o familiares de los mismos. 

Se agrega a ello los antecedentes relacionados con la colaboración prestada a la misma no solo para darse a la fuga previo a los allanamientos, sino también en el ocultamiento del botín por parte de efectivos de dicha fuerza.

Además se solicitó que se fije domicilio de arresto en la ciudad de Salta, a fines de poder llevar a cabo el control efectivo de cumplimiento de las normas de conducta impuestas.

La fiscal también solicitó que la prisión domiciliaria se otorgue exclusivamente con la previa instalación del dispositivo electrónico suministrado por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) a fin de garantizar tanto la integridad y seguridad física de las mencionadas, como así también evitar toda posibilidad de darse a la fuga en vistas a la conducta ya desplegada anteriormente en la que había logrado mantenerse prófuga tras haber sido advertida por personal policial sobre su inminente detención. 

Otro antecedente que debe tenerse en cuenta a la hora de prevenir el riesgo de fuga alertado por la fiscal, es la disponibilidad y posibilidades que detenta la líder de la financiera ilegal, de una millonaria suma de dinero lograda de las víctimas del fraude y que aun no pudo ser localizada.

Cabe recordar que el beneficio de arresto domiciliario otorgado a las dos imputadas, fue otorgado por parte del Vocal N 1 de la Sala II del Tribunal de Impugnación Pedro Arancibia, había sido rechazado previamente tanto por parte de la titular de la UDEC, como así también el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana. Esta medida será impugnada mediante el recurso correspondiente.

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal se ratificó el respaldo institucional a la actuación de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio en el marco de la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, a la vez que solicitó se le brinden las garantías de seguridad física necesarias para la continuidad de su labor. 

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Financiera ilegal: El Ministerio Público Fiscal analiza impugnar la prisión domiciliaria otorgada a las imputadas

El Vocal N 1 de la Sala II del Tribunal de Impugnacion hizo lugar al pedido de arresto domiciliario otorgado este mediodía a Alejandra Macarena Párraga y Cynthia Elizabeth Moya, organizadora de la falsa financiera Ríos & Asociados que operaba en Salta y que estafó a unas 750 personas -en la mayoría personal policial de menor jerarquía- por 457.529.730 pesos y 505.431 dólares y cuya investigación se encuentra a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

El Ministerio Publico Fiscal analiza distintas alternativas recursivas para intentar revertir la determinación judicial, que provoca un golpe difícil de revertir, no solamente al avance de la investigación, sino especialmente a las esperanzas de las víctimas de lograr recuperar el dinero sustraído para su restitución.

Ello debido a que, a pesar de las reiteradas medidas investigativas y allanamientos ordenados por la Fiscalía y ejecutadas en numerosas oportunidades y domicilios, solo había podido recuperarse por parte del equipo de investigadores de la UDEC una parte menor del botín celosamente escondido por las imputadas, y el que pretendían utilizar como prenda de negociación para lograr la libertad de las mismas. 

Corresponde también recordar que, merced a actividades del equipo investigativo, se determinó que la Jefa de Operaciones de la Unidad Regional 3 de la Policia de la Provincia, Nilda del Valle Valdez  – hoy privada de su libertad- mediante el uso de un móvil de la Policía de Salta y una tricota con insignias de la fuerza policial, había logrado evadir controles de ruta y trasladar gran parte del dinero logrado de las víctimas por parte de la imputada Moya al tomar conocimiento de los allanamientos. Tal dinero, hasta el momento no pudo ser localizado, pero mediante el mismo y de forma paralela, la imputada hoy ya beneficiada con arresto domiciliario, ofrecía espurios acuerdos a las victimas a cambio de lograr su sobreseimiento en la causa. Cabe recordar también que la imputada había logrado mantenerse prófuga un largo tiempo gracias a haber sido advertida por personal policial sobre su inminente detención. Todos estos aspectos que hacen a un manifiesto riesgo procesal .

Entre los fondos dinerarios secuestrados en los allanamientos, se advirtió que  habrían sido ingresados fondos pertenecientes a Adicionales de Policia de la Provincia por parte de la Comisario Espinosa.    

Es importante destacar que el pasado 26 de septiembre, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, había rechazado idéntica solicitud de libertad y de arresto domiciliario por considerar que “supeditar la entrega de dinero obtenido de manera ilícita al otorgamiento de la libertad de las acusadas Moya y Párraga, podría no sólo configurar una transgresión a los deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía, sino que resulta manifiestamente improcedente, teniendo en cuenta que dicho acuerdo fue formalizado también por el abogado, quien, a raíz de haber patrocinado anteriormente a 74 denunciantes, se encuentra imputado por el delito de prevaricato en la actualidad; constituyendo, de esta manera, en una palmaria violación a las normas de la ética profesional peticionar el otorgamiento de la libertad a las imputadas Moya y Párraga, para que efectúen la entrega del dinero a los denunciantes”

Además, Pastrana determinó que “la celebración de los convenios aludidos, más allá de intentar lograr la “paz social”, que la defensa postula, develan que la imputada Moya tiene en su poder el dinero de los denunciantes, reconociendo de esta manera, su activa participación en los hechos endilgados, utilizando una promesa de devolución dineraria como una suerte de presión o extorsión para obtener su libertad” y que “lejos de disminuir el peligro de fuga y entorpecimiento en las presentes actuaciones, se vislumbra razonable el mantenimiento de la medida cautelar dispuesta oportunamente sobre la base de la presunción de que la acusada podría eludir la acción de la justicia, en virtud de los contactos que tiene con efectivos de las fuerzas policiales y el supuesto monto de dinero que tendría en su resguardo para presumir que podría fugarse, y entorpecer la investigación de los hechos denunciados, y de la misma manera, intimidar a testigos y víctimas con promesas de reparación dineraria”

El beneficio otorgado por el juez Arancibia a las imputadas Moya y Párraga, además de carecer de fundamentos, será impugnado por el Ministerio Público Fiscal, toda vez que la medida adoptada producirá un daño considerable a la investigación y a la posibilidad de recuperar el dinero de las víctimas de la estafa de Moya.

En septiembre, los abogados ya habían presentado al Juzgado de Garantías 3 un requerimiento de libertad de Moya y Párraga y, en su defecto, de arresto domiciliario, en función de un insolito acuerdo que habían puesto a disposición de los damnificados por el cual las imputadas se comprometían a la devolución del dinero a cambio de que las mismas ratifiquen la inocencia de los imputados, la inexistencia de ilicitud y su libertad.

La UDEC se opuso por considerar que los contratos tenían un tinte extorsivo hacia las víctimas, por lo que dio intervención a la Fiscalía Penal 2. Además, detectó que los inmuebles ofrecidos en garantía eran inexistentes o afectados a bien de familia.

Por otra parte, Salinas Odorisio imputó al abogado de Moya por prevaricato ya que el 3 de agosto de 2022 se presentó como apoderado de 74 denunciantes. El 24 de agosto, el abogado ingresó por mesa de entrada virtual del Ministerio Público, una presentación manifestando que renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito, el abogado asumió la defensa de Cynthia Moya, Alejandra Párraga y Antonella Leal.

*La causa*

La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.

De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.

Hasta el momento son 29 los imputados, 14 de ellos miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.

Diez de los imputados, incluidas Moya y Párraga, permanecían alojados en la Alcaidía General de la Provincia hasta hoy; seis policías se encuentran con arresto domiciliario y el resto se encuentra con medidas sustitutivas solicitadas por la UDEC.

Además, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.

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Secuestran en la vía pública una camioneta de Socco Internacional

El vehículo –una Toyota Hilux doble cabina- fue vendido mientras la Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga 114 denuncias de estafas en contra de la firma.

En el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, esta tarde se realizó el secuestro de una camioneta Toyota Hilux doble cabina perteneciente a la firma Socco Internacional.

El vehículo era buscado por personal de la CIF, ya que del análisis bancario y de propiedades de las personas vinculadas a la firma, los investigadores de la UDEC habían observado que fue adquirida -mientras el Ministerio Público Fiscal investiga las 114 denuncias realizadas por estafas en contra de Socco- por una mujer domiciliada en barrio Ceferino. Sobre el vehículo pesaba prohibición de circular en razón de evitar efectuar la transferencia requerida.

Al observar este mediodía el vehículo estacionado en la vía pública, se solicitó al Juzgado de Garantías 5 autorización para su secuestro, estableciendo que “habiendo abastecido con fundamentos los supuestos de que la camioneta dominio propiedad de la empresa Socco internacional, se encuentre siendo utilizada para fines delictivos y expresamente no autorizados por este tribunal, y teniéndose principalmente en cuenta que con la misma los imputados prófugos en la causa pudieran estar desarrollando algún tipo de tareas vinculadas con la misma empresa… se autoriza al secuestro del mencionado automóvil en la vía pública”

Cabe recordar que en el marco de la causa, se encuentran imputados por 114 estafas reiteradas en concurso real y asociación ilícita, el titular operativo de la empresa, su novia, el gerente de ventas y un administrativo.

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El juicio contra el ex intendente de San Lorenzo continúa el miércoles

En la jornada de ayer, dos testigos se negaron a declarar por ser familiares de uno de los acusados. Se trata de Rodolfo Armando, quien era el Secretario de Hacienda durante la gestión de Ernesto Gonza y es hermano de Sergio Armando, el otro imputado en la causa; y su esposa.

Los dos testigos que debían prestar declaración en el juicio contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, hicieron uso de la opción de no declarar por ser familiares directos de uno de los acusados.

Se trata de quien era Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Lorenzo durante la gestión de Gonza y Rodolfo Armando, hermano de Sergio Armando y

Amparándose en el mismo principio, la otra testigo que no prestó su testimonio fue la esposa de Rodolfo Armando. El lunes pasado, la beneficiaria de una de las casillas del Plan “Una casa para tu hogar”, declaró que tenía un vínculo de “toda la vida” con la testigo.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.

La acusación que sostiene la UDEC se sustenta en que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano de Rodolfo Armando, para la construcción de una alcantarilla sobre calle Belgrano y casillas del Plan “Una casa para tu hogar”.

De acuerdo a las auditorías realizadas y denuncias, las casillas y el puente presentaban defectos en la construcción y/o se hallaban inconclusas.

La próxima audiencia de juicio será el miércoles 27 de octubre a las 14:30 en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial.

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Allanan y detienen a la presidenta de la asociación comunal “Pro Mujer Luna De Abril”

Junto a su pareja, fueron denunciadas por estafas relacionadas al pago de cuotas de créditos. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

Bajo la dirección de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se realizó el allanamiento de dos viviendas en barrio Ceferino y Villa Palacios en el marco de una investigación por estafas.

Como resultado del operativo fueron detenidas dos mujeres y secuestrados distintos elementos de interés para la causa.

La intervención de la UDEC inició a raíz de denuncias radicadas por integrantes de la asociación comunal “Pro Mujer Luna De Abril” y que solicitaron un préstamo de 1.000.000 de pesos a la Fundación, que debían devolver en cuatro cuotas de 300 mil pesos. Luego, cinco de ellas, solicitaron un nuevo préstamo de 121 mil pesos.

Las encargadas de reunir el dinero y realizar los pagos mensuales a la Fundación Pro Mujer eran la presidenta de la asociación comunal y su pareja, que también es una de las solicitantes del crédito. El pago del dinero debía realizarse hasta el 24 de cada mes vía transferencia bancaria.

El 25 de septiembre pasado, una de las víctimas detectó irregularidades, por lo que concurrieron a la Fundación Pro Mujer para conocer el estado de situación. Allí les informó la generación de deudas, ya que sólo se habían realizado pagos parciales de las cuotas.

Los investigadores del Gabinete Económico de la UDEC pudieron determinar que las sumas de dinero habían sido depositadas en las cuentas de la presidenta de la comunal “Pro Mujer Luna De Abril” y luego desviados a otras cuentas.

En base a los resultados de las actuaciones, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 1, allanamientos y secuestro de distintos elementos, el congelamiento de las cuentas bancarias y la detención de las dos mujeres, medida que finalmente tuvo lugar esta mañana.

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Imputan a los miembros de la banda jujeña que estafaba telefónicamente

Dos hombres detenidos en la Unidad Carcelaria 1 de Jujuy contactaban a las víctimas, a las que les informaban que habían ganado importantes premios pero para cobrarlos debían pagar gastos administrativos. La pareja de uno de los hombres cobraba el dinero y luego transfería parte de la suma a una familiar del otro detenido. La investigación fue llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a dos hombres y dos mujeres por el delito de estafas reiteradas (2 hechos) en concurso real y asociación ilícita, todo en concurso real.

La investigación realizada por la UDEC se originó a raíz de dos denuncias radicadas por estafas telefónicas, en donde las víctimas fueron contactadas e informadas de que habían ganado premios, solicitándoles el pago de sumas de dinero para gestiones administrativas. Los damnificados realizaron transferencias bancarias sin recibir nada a cambio, lo cual les generó perjuicio económico a los denunciantes.

Del entrecruzamiento de datos se pudo identificar que dos hombres, detenidos en la Unidad Carcelaria 1 de la provincia de Jujuy, eran quienes contactaban a las víctimas. La pareja de uno de ellos era quien recibía el dinero en su cuenta y, a su vez, transfería parte del dinero, a una familiar del otro detenido.

El jueves 13 de octubre, por pedido de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, fueron allanados tres domicilios particulares y la Unidad Carcelaria de la provincia vecina, secuestrándose importantes sumas de dinero, tickets comprobantes bancarios, tarjetas de crédito y débito a nombre de los acusados y de terceras personas, posnets, 1 caja fuerte, celulares y numerosos chip, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Además las dos mujeres fueron detenidas. (ver noticia).

Las mujeres fueron trasladadas y alojadas en la Alcaidía General de la Provincia de Salta. Además, el sábado fue detenida una tercera mujer, hermana de uno de los detenidos, que también recibía el dinero transferido por las víctimas. En las próximas horas será imputada.

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Federico Parra declaró en el juicio contra Ernesto Gonza

El ex intendente de San Lorenzo brindó detalles sobre las cuentas bancarias del municipio y las condiciones en las que encontró la Intendencia al asumir el cargo. La fiscal penal UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

Esta tarde se desarrolló una nueva audiencia del juicio contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, que se desarrolla desde el 3 de octubre en la Sala 1 del Tribunal del Juicio.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.

La acusación que sostiene la UDEC se sustenta en que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando, para la contrucción de una alcantarilla sobre calle Belgrano y casillas del Plan una casa para tu hogar.

El primer testigo de la jornada fue el también ex intendente de San Lorenzo, Federico Parra, quien asumiera el Ejecutivo municipal al concluir la gestión de Gonza.

A lo largo de su declaración, Parra brindó detalles de las cuentas del municipio y las circunstancias en las que encontró la Intendencia al asumir, los reclamos de sanlorenceños por los defectos en la construcción de la alcantarilla de calle Belgrano y en las casillas del Plan Una Casa para tu Hogar.

Parra, además contó que, al día siguiente de asumir, descubrieron que en el último día de la gestión de Gonza, se habían librado varios cheques para ser cobrados a la nueva gestión.

Además, hoy continuaron testificando beneficiarias de las casillas.

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Con allanamientos en Jujuy, desbaratan una banda que estafaba telefónicamente

Tres domicilios y la Unidad Carcelaria 1 de Jujuy fueron allanados en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos por hechos de estafa cometidos en perjuicio de personas a las que les solicitaban la entrega de sumas de dinero para poder cobrar supuestos premios. Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos y serán imputados.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, informó que en el marco de una investigación que lleva adelante por dos hechos donde ciudadanos se vieron afectados en su patrimonio por maniobras fraudulentas bajo la modalidad de “vishing”, se realizaron cuatro allanamientos en la provincia de Jujuy y se detuvo a dos hombres y dos mujeres como sospechosos.

Según las denuncias, los hechos se cometieron bajo la misma modalidad, donde los damnificados recibieron una llamada telefónica informándoles que habían sido beneficiados con un premio y que para la efectiva entrega, debían girar sumas de dinero para cubrir supuestos gastos.

Del trabajo desplegado por el personal de la Unidad de Investigación de la UDEC, se logró identificar a los sospechosos en la vecina provincia de Jujuy, por lo que una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó al Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro, orden de allanamiento, secuestro y detención para tres domicilios particulares y para la Unidad Carcelaria 1 en la provincia de Jujuy.

Personal de la Unidad Investigación UDEC, con previa anuencia de la Fiscalía y Juzgado de Garantías y Control de las ciudades de Salta Capital, San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy, procedieron a la gestión de exhorto y ordenes de allanamientos en conjunto en las localidades de San Pedro de Jujuy, Alto Comedero, San Salvador de Jujuy y la Unidad Carcelaria N° 1 de la capital jujeña

En los allanamientos se logró secuestrar importantes sumas de dinero, tickets comprobantes bancarios, tarjetas de crédito y débito a nombre de los acusados y de terceras personas, posnets, 1 caja fuerte, celulares y numerosos chip, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

La audiencia de imputación de los acusados por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita se concretará este viernes.

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