La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, la había imputado por estafas reiteradas. Devolverá a las víctimas 190.000 pesos y deberá cumplir reglas de conducta.
El Juzgado de Garantías 1 concedió la suspensión de juicio a prueba (probation) a Valentina del Pilar Ontiveros Díaz y Rebeca Denise Alfaro Berral, imputadas por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por el delito de estafas reiteradas (7 hechos) en concurso real.
Como parte
del acuerdo alcanzado, Ontiveros Díaz y Alfaro Berral deberán cumplir durante
un año reglas de conducta y devolver 190.000 pesos a las víctimas.
La intervención de la UDEC inició a raíz de las denuncias radicadas por varias mujeres que conformaban la asociación comunal “Pro Mujer Luna De Abril” y que solicitaron un préstamo de 1.000.000 de pesos a la Fundación Pro Mujer, que debían devolver en cuatro cuotas de 300 mil pesos. Luego, cinco de las mujeres, solicitaron un nuevo préstamo de 121 mil pesos.
Las encargadas
de juntar el dinero y realizar los pagos mensuales a la Fundación Pro Mujer
eran Ontiveros Díaz, presidenta de la asociación comunal, y Alfaro Berral, que
también es una de las solicitantes del crédito. El pago del dinero debía
realizarse hasta el 24 de cada mes vía transferencia bancaria.
El 25 de
septiembre de 2022, una de las víctimas detectó irregularidades, por lo que
concurrieron a la Fundación Pro Mujer para conocer el estado de situación. Allí
les informaron que sólo se habían realizado pagos parciales de las cuotas.
Los investigadores del Gabinete Económico de la UDEC pudieron determinar que las sumas de dinero habían sido depositadas en las cuentas de la presidenta de la comunal “Pro Mujer Luna De Abril” y luego desviados a otras cuentas.
El 19 de octubre pasado, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado al Juzgado de Garantías 1, el allanamiento y secuestro de distintos elementos de las viviendas de la presidenta de la asociación y de su pareja, el congelamiento de las cuentas bancarias y la detención de las dos mujeres.
Respondió a un pedido de la defensa. Junto a la exsecretaria de hacienda del Municipio de Campo Quijano están acusados de peculado e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
La titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, recibió formalmente la notificación de suspensión del juicio oral y público que debía dar inicio el 21 de diciembre, en la causa que se sigue contra Manuel Cornejo y Carmen Méndez.
La medida, obedece al pedido de la defensa del ex intendente de Campo Quijano que argumentó resultaría imposible que las partes cuenten con las conclusiones técnicas de los peritos para dicha fecha, alegando haber tomado posesión tardíamente por razones de salud, pese a no existir impedimento para que dicho informe fuere incorporado durante el curso del debate.
El juez de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Guillermo Pereyra, ordenó suspender el inicio de la audiencia de debate hasta tanto se fije nueva fecha, manteniendo la habilitación de la causa para su tramitación durante la feria iudicial ordinaria del mes de enero de 2023.
Manuel Cornejo exintendente de Campo Quijano, está imputado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real. Por su parte, Carmen Rosa Méndez, exsecretaria de Hacienda de ese municipio, está acusada como autora de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.
A consideración de la fiscalía actuante, tanto Cornejo como Méndez desplegaron conductas penales típicas del peculado, pues eran quienes tenían a su cargo la administración y custodia de los caudales públicos, de los que se apropiaron y que les correspondía administrar, con abuso del poder de Cornejo en disponibilidad que le fuera otorgado en razón de su cargo y con el consiguiente quebranto para las arcas públicas.
El ex funcionario cumplirá 3 años de prisión de ejecución condicional y Sergio Armando 2 años y 8 meses bajo la misma modalidad. Ambos cumplirán reglas de conducta por el término de la pena impuesta.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Gonza por fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor y contra el empresario Sergio Armando, por fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.
En el veredicto, el Tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Longarte, Gabriela González y Javier Aranibar, impusieron a Gonza la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al cumplimiento de reglas de conducta como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios en concurso real.
Sergio Armando fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de la pena como autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (2 hechos) y partícipe necesario de peculado de trabajos y servicios.
El juicio inició el 3 de octubre pasado por dos hechos independientes entre sí: el primero, relacionado a las casillas del Plan “Una casa para tu hogar” y, el segundo, a un puente sobre calle Belgrano.
Luego de repasar los hechos de fraude y peculado demostrados durante casi dos meses de juicio, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió que las condenas de Ernesto Fernando “Kila” Gonza y Sergio Armando sean de cumplimiento efectivo.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la pena de cuatro años y ocho meses de prisión para el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza y tres años y seis meses para Sergio Armando. Ambas, de cumplimiento efectivo.
Salinas Odorisio mantuvo su acusación de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor, en contra de Gonza. En cuanto a Armando, la fiscal de UDEC lo acusó de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.
La fiscal Salinas Odorisio inició su alegato recalcando que en el juicio se estaban juzgando dos hechos independientes entre sí: el primero, relacionado a las casillas del Plan “Una casa para tu hogar” y, el segundo, a un puente sobre calle Belgrano. A lo largo de toda su exposición, la fiscal de la UDEC sostuvo que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando.
La representante del Ministerio Público Fiscal destacó que se trata de hechos de corrupción en obra pública con articulación entre el sector público (a cargo de Gonza) y el privado (Empresa El Montañez, de Armando).
Para graficar los hechos juzgados, la fiscal se valió de una pantalla gigante en los que fue resumiendo el rol de los involucrados y precisó que el inicio de las maniobras fraudulentas fue el 10 de abril de 2011, día en que tuvieron lugar las elecciones provinciales y Gonza perdió la intendencia en manos de Federico Parra.
La fiscal sostuvo que, desde ese día, se comenzó a orquestar el fraude en perjuicio del municipio de San Lorenzo y, en pantalla, presentó una copia del documento firmado por Gonza y Parra el 7 de diciembre de 2011, en el que el primero consignó que no existían contratos vigentes ni deudas ni obras sin ejecución.
Además, presentó un detalle de los cheques firmados ese día y que el 12 de diciembre de 2011, familiares y amigos de Gonza y Armando se presentaron a cobrar. Salinas Odorisio indicó que en total, los cheques sumaban la cifra de un millón de pesos, lo que actualizado a valores actuales serían unos 40 millones de pesos. “Para que se den una idea, en diciembre de 2011 la coparticipación que cobraban la Municipalidad de San Lorenzo era de 200 mil pesos. Los cheques eran por un millón de pesos”, precisó la fiscal.
En la pantalla, Salinas Odorisio también presentó un cuadro de relaciones en los que quedó en evidencia el vínculo familiar o de amistad que los testigos de la defensa mantienen con Gonza y/o Armando.
La Fiscal recordó al Tribunal que el 13 de junio de 2011 se celebró un convenio entre el Municipio de San Lorenzo -representado al momento de la contratación por Ernesto Fernando Gonza- y la empresa “El Montañez” de Sergio Armando para la construcción de viviendas prefabricadas de madera en el marco del “Plan una casa para tu hogar”. De acuerdo al testimonio de peritos y testigos, las casillas “no fueron debidamente concluidas según lo contratado, a las especificaciones obrantes y a las normas vigentes y reglas del buen arte”.
En cuanto al puente de calle Belgrano, la fiscal de UDEC demostró que fue construido con personal de la Municipalidad de San Lorenzo en horario laboral y con herramientas de la comuna.
Salinas Odorisio recordó que la Municipalidad de Villa San Lorenzo efectuó un desprendimiento de importantes sumas de dinero sin obtener a cambio el objeto de la contratación celebrada con Sergio Armando, ya que las obras cuya realización debía llevar a cabo no se concluyeron o resultaron defectuosas.
Por todo ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo para Ernesto Fernando “Kila” Gonza y tres años y seis meses para Sergio Armando, también de cumplimiento efectivo.
La defensa de Ernesto Gonza solicitó su absolución lisa y llana. Subsidiariamente, pidió al Tribunal la absolución por el beneficio de la duda.
Por su parte, la defensa de Armando solicitó la absolución lisa y llana; y subsidiariamente la aplicación del principio de la duda y, subsidiariamente a esto, el mínimo de la pena de la tentativa de todos los delitos que se le imputan.
Los alegatos se realizaron en la Sala 1 ante el tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González. La próxima jornada de la audiencia debate será el lunes 12 de diciembre a las 15.
La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, durante su alegatoEneresto «Kila» Gonza y Sergio Armando
La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, le imputa a Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.
El lunes 5 de diciembre, a las 15, tendrán lugar los alegatos en la audiencia debate que se le sigue al ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en el juicio.
Finalizada
la ronda de testimoniales y la presentación de documentación, el Tribunal colegiado
integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela
González, fijó fecha de alegatos para el 5 de diciembre en la Sala 1 de la
Ciudad Judicial.
El juicio
contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando inició el 3 de octubre
pasado y estaba previsto que se desarrollara en 20 jornadas y concluyera el 3
de noviembre pasado.
El Ministerio Público Fiscal le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.
A las 15, en la Sala de Grandes Juicios testificará una contadora y luego, se prevé, se fijará la fecha de los alegatos. La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.
El martes
22 de noviembre, desde la 15, tendrá lugar una nueva jornada de la audiencia
debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y
Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública
(dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.
La
audiencia se realizará en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial y
está previsto que una contadora preste declaración. El informe de auditoría ya
fue presentado al Tribunal.
Luego, está previsto que se fije la fecha para los alegatos. El juicio contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando inició el 3 de octubre pasado. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.
Los siete acusados, entre quienes se encuentran cuatro hermanos, integraban una organización que mediante publicación en redes sociales ofrecían en venta inmuebles, usando documentación apócrifa. La UDEC realizó allanamientos, secuestro de documentación, detenciones, e inhabilitación de 21 cuentas bancarias.
La titular de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, encabezó un importante operativo relacionado con estafas en la venta de terrenos y propiedades ofertados a través de redes sociales, en distintos puntos de la ciudad y zona metropolitana. En el procedimiento se realizó el allanamiento de ocho domicilios y el secuestro de tres vehículos, una motocicleta, además de originales de documentación entregadas a las víctimas.
En el despliegue realizado con intervención de la Unidad de Delitos Económicos del CIF, tres de los cuatro hermanos involucrados fueron detenidos. Además se notificó la citación a imputación a otros cuatro implicados en la causa en la que se los acusa de estafas reiteradas.
Entre otras medidas, se inhabilitaron 21 cuentas bancarias y se libró oficio al Registro de Inmuebles, por propiedades adquiridas a posterior de los hechos.
La investigación se inició a partir de una serie de denuncias realizadas por un gran número de damnificados, quienes a través de la oferta vía redes sociales de venta de terrenos y propiedades en distintas zonas (Barrio BM, ruta 21; Ruta 26, camino a la Isla; San Nicolas II; Don Santiago, Los gremios; Las Marías; Cielo del Valle, Cerrillos; Cielo del Sur), realizaron transacciones comerciales consistentes en depósito de distintas sumas de dinero, en concepto de seña, adelantos y cuotas.
Los detenidos y citados a imputación, son acusados de actuar de común acuerdo, con división de tareas, mediante el ardid consistente en publicar en las redes sociales la venta de lotes y/o casas, aparentando pertenecer a una inmobiliaria seria y solvente, ofreciendo la venta de bienes, mediante la presentación de falsos instrumentos que acreditaban la adquisición de inmuebles por el vendedor, haciendo creer a los damnificados que estaban realizando una inversión regular, por lo que hicieron los pagos solicitados, causándole con ello un perjuicio patrimonial.
De la investigación de UDEC, sin perjuicio de determinarse un mayor número implicados, surge la existencia de documentaciones falsas presentadas y entregadas por los investigados, con contenido parcialmente cierto y presumiblemente modificado para evitar una posible revisión por parte de las víctimas. Cabe destacar que los peritos observaron una sucesión de estafas para lo cual se contaba con conocimiento en las gestiones inmobiliarias y acceso a información oficial. Prueba de ello, es que los boletos de compraventa consignan datos de verdaderos dueños consistentes con el número de catastro de la propiedad a la venta, que solo pueden ser suministrados desde la Dirección General de Inmuebles y/o contando con la cooperación de otra persona que tenga acceso a dicha información.
Los investigados se presentaban como asesores de ventas inmobiliarias y en varios casos invocando importantes empresas de la ciudad de Salta. Las maniobras se realizaron en tres etapas definidas: Phishing (captación), Ardid (interacción con víctimas) y Cobro en escribanías (Entrega de documentación apócrifas). Se pudo determinar que si bien las transacciones se realizaban frente a escribano, las rúbricas eran distintas y la documentación falsa, y ante este hecho se labró una circular poniendo en conocimiento de las escribanías de la ciudad, la advertencia sobre los hechos y los causantes.
El delito consistía en simular una primera falsa venta de la vivienda o terreno a partir del documento apócrifo del verdadero dueño de la casa. Cumplido este proceso, sembraban masivamente en redes sociales y grupos y/o comunidad que mantienen altos números de integrantes, la oferta de venta en redes sociales para captar a las víctimas. En los boletos de compraventa, ninguno de los investigados consigna sus nombres reales, sino que constan como asesores de venta, quienes para atraer a las víctimas en primer lugar realizan publicaciones en redes sociales, consignado nombres de usuarios inexistentes y con poca actividad, evidencias que indican claramente que su propósito era la captación de interesados, para luego establecer contactos a través de otras aplicaciones de mensajería virtual, maniobra que no puede dejar de considerase como una grave amenaza para la sociedad en su conjunto, toda vez que este tipo de ilícitos acarrea diversas víctimas que son burladas en su buena fe.
El lunes vence el plazo para presentar la pericia contable y el martes 22 se retomará la ronda de testimoniales. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al MPF.
Este jueves tuvo lugar en la Sala de Grandes Juicios una nueva jornada de la audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.
De las seis
personas citadas para testimonio, sólo tres se presentaron; entre ellos, Ricardo
Javier Diez Villa, actual titular de la Secretaría del Interior de la
Provincia.
El lunes 14 se presentará la pericia contable y el martes 22, continuará la ronda de testimonios para luego dar paso a los alegatos. El juicio contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando inició el 3 de octubre pasado.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real
Este jueves, por la ausencia injustificada del abogado defensor de Sergio Armando, no se pudo realizar la audiencia debate prevista por el Tribunal de Juicio. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, intimó a la defensa a designar un defensor a fin de evitar nuevas suspensiones.
La
audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando
“Kila” Gonza; y Sergio Armando, que debía realizarse ayer jueves 3 de
noviembre, debió ser suspendida por la ausencia de uno de los abogados
defensores.
Para la
jornada se esperaba que seis personas presten su testimonio, entre los que se encontraba
Ricardo Javier Diez Villa, actual titular de la Secretaría del Interior de la
Provincia.
Sin embargo, el abogado de Sergio Armando no se presentó en la Sala de Grandes Juicios, en donde se desarrolla la audiencia debate desde el 3 de octubre. La defensa del empresario es ejercida por Carlos Agnostópulos, quien por problemas de salud, nombró como adjunto al letrado Zenteno, que ayer no se presentó ni justificó su ausencia.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó que se intime a Agnostópulos para designar un defensor a fin de evitar la suspensión de nuevas audiencias.
El Tribunal de Juicio fijó como nueva fecha, el jueves 10 de noviembre a las 15.
El Ministerio Público Fiscal le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.
El jueves 3, desde las 15, prestarán testimonio ocho personas, entre las que se encuentra el actual secretario del Interior de Salta, Javier Diez Villa. Representa al Ministerio Público Fiscal la titular de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.
Este jueves, desde la 15, tendrá lugar una nueva jornada del juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
La
audiencia se realizará en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial y
está previsto que ocho personas presten su testimonio, entre los que se
encuentra Ricardo Javier Diez Villa, actual titular de la Secretaría del
Interior de la Provincia.
Luego de la
ronda de testimoniales, en las próximas jornadas está prevista la presentación
de la pericia contable, para luego dar paso a los alegatos.
