Derechos Humanos

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Vejaciones y allanamiento ilegal: Imputaron a policías de Seguridad Urbana

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo y cabo Víctor Cruz, todos con revista en la División Seguridad Urbana, acusados del delito de vejaciones calificadas con allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, todo en concurso real.

Del decreto de imputación se desprendió que los acusados, el 9 de enero pasado, cerca de las 9, a bordo del móvil policial 1829 y mientras debían desempeñar un acto de servicio, cometieron un exceso de sus funciones al arremeter contra de la integridad física del denunciante y víctima, a quien le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo que serían por impacto de proyectil de posta de goma. 

Además,  al momento de la detención, los acusados ingresaron al domicilio del damnificado ubicado en barrio Norte Grande y manifestaron que podían hacerlo sin una orden emanada de autoridad competente.

Para avalar la restricción ilegal de la libertad, los acusados armaron una causa penal.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, quien relató que durante esa mañana, su nuera lo despertó para advertirle sobre la presencia de personal policial fuera de la casa.

Al salir para ver qué sucedía, encontró a tres efectivos policiales junto a dos mujeres, quienes manifestaron que la bicicleta que estaba en la puerta de la casa era de ellas y que se la habían robado hace instantes. El denunciante les dijo que se la llevaran y que no sabía qué hacía la bicicleta allí.

En ese momento el personal policial ingresó al domicilio, hizo una requisa y encontró a un hombre escondido en el techo, quien al ver a los efectivos policiales escapó, por lo que lo persiguieron.

En ese momento el denunciante salió tras ellos para ver si lo agarraban  y caminó hasta la vuelta de su casa, donde se les acercaron  nuevamente los policías, enojados porque se les había escapado el hombre que estaba en el techo.

Uno de los efectivos le dijo «a vos te vamos a llevar por encubrimiento» y luego  lo subieron a la caja del móvil y lo esposaron.

Una vez que el móvil arrancó, el denunciante relató que uno de los dos policías que iba atrás con él le dio disparos de bala de goma en ambas piernas. Tras esto, el denunciante se tiró en la caja del móvil y uno de ellos le pisó la cabeza.

El informe médico realizado por el Gabinete de Medicina Legal del CIF, concluyó que la víctima presentaba un hematoma en los dos tercios inferior de brazo izquierdo, otro pequeño en hombro izquierdo, una excoriación en parte posterior de pabellón auricular izquierdo, dos lesiones contusos equimóticas circulares con halo hemático perilesional, uno en tercio medio, cara anterior de muslo izquierdo y otro en tercio inferior, cara interna de muslo derecho y excoriación en tercio inferior y en cara anterior de pierna izquierda.

La fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que los hechos fueron corroborados con la denuncia del damnificado, testimoniales de testigos presenciales y  certificados médicos, la nómina de efectivos que se encontraban en el móvil y la  copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

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Irán a juicio los policías que causaron la pérdida de un ojo a un militar

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a policías con revista en el Sector 6, acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones graves en concurso ideal, en perjuicio de Néstor Ramón Ávalos.

Néstor Ramón Ávalos

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Mario Alberto Funes, de 41 años, acusado del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en concurso ideal, en carácter de autor.

En tanto, el suboficial ayudante Luis Armando Quispe, de 37 años; el sargento ayudante Diego Alberto Cachi, de 41; el cabo Víctor Fabián Díaz, de 32 y agente Lucas Daniel González, de 34, fueron acusados del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en carácter de partícipes necesarios.

Del decreto de imputación surgió que la víctima, Néstor Ramón Ávalos, de 25 años y miembro voluntario del Ejército Argentino, resultó herido durante la noche pasado 29 de julio, en inmediaciones de una despensa ubicada en Barrio Norte Grande, cuando desde el interior del móvil 1673 efectuaron un disparo de bala de goma con una escopeta, que impactó en su ojo izquierdo.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados, mientras cumplían su rol de efectivos policiales a bordo del móvil mencionado, desempeñaron un acto de servicio con exceso de sus funciones, al acometer en contra de la integridad física del damnificado Néstor Ramón Ávalos, mediante el uso arma de fuego.

Además, fue acreditado que luego de disparar y de ver que Ávalos resultó seriamente herido, los efectivos policiales se retiraron del lugar sin presentarle auxilio al denunciante, quien fue traslado por un vecino al hospital Papa Francisco y luego al San Bernardo, donde lo intervinieron quirúrgicamente tras sufrir el estallido total del ojo izquierdo.

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Policías pararon a un camionero en la ruta, lo patearon y le quebraron la nariz

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al sargento ayudante Julio César Carrizo, de 43 años y al agente ayudante Israel José Escalante, de 25; ambos con revista en la División Caminera, acusados del delito de vejaciones calificadas con lesiones leves. Durante la audiencia de imputación realizada este martes, los acusados se abstuvieron de declarar.

Del decreto de imputación, surgió que el miércoles 26 de septiembre de 2018, cerca de las 8:15, los efectivos policiales mencionados, a bordo del móvil policial 1608, cometieron un exceso en sus funciones, sobre la ruta provincial 36, kilómetro 4, donde acometieron en contra de la integridad física de la víctima, a quien le causaron una quebradura con desviación del tabique nasal y numerosas excoriaciones y contusiones, que fueron corroboradas por exámenes médicos.

La intervención de la fiscalía se produjo tras la denuncia radicada por la propia víctima en la Oficina de Orientación y Denuncia, en la que detalló que en el día y horario señalados, conducía su camión Chevrolet para transportar áridos, por la ruta provincial 36, en dirección a Rosario Lerma.

En el lugar, el patrullero con dos policías que circulaba por detrás, lo sobrepasó y uno de ellos, le hizo señas para que se detuviera en la banquina. Allí le pidieron que exhibiera la documentación necesaria para el transporte, las balizas y el matafuego.

Luego, uno de los policías informó al conductor que le labraría una infracción por trasportar la carga sin estar cubierta con la lona protectora, a lo que el denunciante respondió que por favor, no le hiciera la multa y que solo quedara en un llamado de atención.

Tras esto, el conductor descendió del vehículo a colocar la lona, mientras el policía continuó labrando el acta.

Minutos después, pasó otro camión con áridos en sentido contrario, que fue detenido por el otro policía. Al observar que este dejaba al otro conductor continuar la marcha, a pesar de la falta de lona protectora, el denunciante preguntó por qué solo lo multaban a él y no al conductor del segundo camión.

En ese momento, el policía que dejó continuar al otro vehículo, se acercó a la víctima y tras un intercambio de palabras, golpeó al denunciante en el rostro.

En su relato, el denunciante sostuvo que intentó atinar una patada y que ambos policías lo arrojaron al suelo, donde lo golpearon, patearon y cortaron la respiración con una llave.

Durante el episodio, llegó otro móvil policial de la Comisaría de Campo Quijano, con una mujer policía que les dijo a los agresores que pararan la golpiza.

Entre los elementos obtenidos en la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, valoró la denuncia del damnificado y las declaraciones de testigos; además de los certificados médicos; el informe de relevancia, la copia del libro de guardia y la copia de la filmación, entre otros, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados en los hechos expuestos.

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Policías imputados por excesos en una carpa navideña

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a cuatro efectivos policiales con revista en las Divisiones Infantería y Caballería, acusados de los delitos de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves. Se abstuvieron de declarar.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial ayudante Simón Antonio Cancino, de 28 años; el sargento ayudante Gustavo Ariel Quispe, de 42, ambos con revista en la División Infantería; y sobre el sargento ayudante Diego Daniel Tapia y la agente Andrea Estefanía Jiménez, ambos de 38 años y con revista en la División Caballería.

Del decreto de imputación surgió que el 25 de diciembre de 2019, cerca de las 21:30, los acusados prestaban servicio en la parte externa de la “Carpa de las Estrellas” en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Salta.

Con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de al menos siete personas, mediante el uso de cachiporras, látigos, armas de pintura, golpes de puño y patadas. Las víctimas resultaron con lesiones de distinta consideración y todas fueron constatadas.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de una de las víctimas, quien expresó que mientras estaba en el interior de la carpa, en medio de la multitud, desconocidos le sacaron de su bolsillo un teléfono celular. Luego, se le acercaron tres hombres, quienes le exigieron que les devolviese un teléfono celular, supuestamente robado.

Antes de que se iniciara una pelea, personal de seguridad sacó a todos los involucrados: los tres hombres que se acercaron, el denunciante y su hermano, quienes fueron llevados hasta afuera de la carpa por una salida de emergencia.

Fue allí que el personal policial, disparó con armas de pintura, antes de acercárseles y golpearlos con cachiporras y golpes de puño en el rostro.

El denunciante, quien conoce del servicio por ser personal penitenciario, solicitó la realización de un examen médico para él y su hermano, como así también, una copia de libro de guardia del lugar de eventos, ya que no hubo detenciones.

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El Sistema de Denuncias Web de violencia institucional y abusos policiales recibió más de 40 denuncias

Desde el martes 11 de agosto pasado, cuando fue presentado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales https://www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial, se recibieron por esa vía unas 45 denuncias. La fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, recordó que el vínculo solo está habilitado para denuncias vinculadas con la posible comisión de esos delitos y no de otros, para los cuales existen fiscales penales comunes y especializadas, según el caso.

De las 45 denuncias recibidas a través de la web durante un mes y medio, por lo menos la mitad fueron completadas con imágenes como archivos adjuntos. Las denuncias fueron radicadas por personas residentes en Salta, Rosario de la Frontera, General Mosconi, Embarcación, Colonia Santa Rosa, Talapampa, Joaquín V. González, La Unión y otros municipios.

Sin embargo, hay denuncias de hechos que no pueden ser investigados por la Fiscalía de Derechos Humanos, dada su especialización. En ese sentido, Simesen de Bielke recordó que entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, presentó el 1 de julio pasado, un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias.

La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal que “la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía”, que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.

El proyecto de Reforma de Ley N°7839/14 propone el “Cambio de Denominación de la Fiscalía de Derechos Humanos en Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias”, como se denominó originalmente, en 2004, cuando fue creada.

Vale recordar que según la ley vigente, la Fiscalía de Derechos Humanos tiene a su cargo la investigación en todas las causas en que se atribuya, a un miembro de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario Provincial, la comisión de un hecho delictivo susceptible de ser considerado como una violación a los derechos humanos, en especial los previstos en los artículos 144 bis, 144 ter, 144 quater y 144 quinquies del Código Penal.

Además, la Fiscalía de Derechos Humanos tiene competencia respecto de los hechos cometidos en todo el territorio provincial y cumple las tramitaciones que deban practicarse fuera de la ciudad de Salta de modo directo o por intermedio de las fiscalías o delegaciones de los distritos del interior.

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Abuso policial: nuevas testimoniales en la causa contra el comisario Mamaní

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, tomó este viernes nuevas declaraciones testimoniales a Luciano Diez, en el marco de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza.

Acusados de los mismos delitos, fueron imputados tres efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia. Se trata de la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

Durante la semana, declararon Sergio Argañaraz y Juan Giménez, quienes señalaron que fueron presionados por Mamaní.

Por otra parte, el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Anta, rechazó el pedido de prisión domiciliaria instado por la defensa técnica y en su mérito, dispuso mantener la prisión preventiva sobre el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien continuará alojado en la División Caballería de la Ciudad de Salta.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Luciano Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

Por otra parte, el jueves 6 de agosto, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real. Oportunamente, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo dispuso el inicio de un nuevo sumario instruido por la fiscal María Celeste García Pisacic.

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Abuso policial: rechazaron la prisión domiciliaria del comisario Mamaní

El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Anta, rechazó el pedido de prisión domiciliaria instado por la defensa técnica y en su mérito, dispuso mantener la prisión preventiva sobre el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien continuará alojado en la División Caballería de la Ciudad de Salta. En la causa interviene la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, quien oportunamente se opuso al beneficio.

Entre sus fundamentos, el magistrado interviniente sostuvo que el acusado Mamaní, no cursa una enfermedad que su alojamiento en la División de Caballería de Salta le impida recuperarse o tratar adecuadamente. El imputado tampoco padece una afección terminal. Además, no se vislumbra que presente alguna discapacidad y que su alojamiento en la División Caballería implique un trato indigno, inhumano o cruel.

Por otra parte, Mamaní, de 38 años, no es responsable exclusivo del cuidado de menores de cinco años a su cargo o de una persona con discapacidad.

El magistrado sostuvo que objetivamente pudo observarse que el sindicado no cumple con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
Y sostuvo que resulta loable que la defensa expusiera los graves problemas que acarreados por la propagación del coronavirus a nivel mundial y nacional, al citar jurisprudencia de tribunales nacionales y federales en cuanto a los recaudos y recomendaciones que se deberían seguir.

Sin embargo, consideró que tales esfuerzos resultan inútiles y fuera de contexto, si se analiza que su asistido se encuentra alojado en una división de la policía de Salta y que según los informes remitidos, no se han registrado casos de contagios dentro de esa unidad.

Tampoco se observó que Mamaní haya sido expuesto, al estar privado de su libertad, a situaciones de hacinamiento, condiciones insalubres o degradantes.

Por último, sostuvo que no puede escapar al presente análisis que al imputado se le atribuye la comisión de delitos de gravedad.

La causa
El martes 14 de julio, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, realizó la audiencia de imputación contra el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien fue imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza. El acusado se presentó en la fiscalía ubicada en Ciudad Judicial, donde fue asistido por su defensa y optó por declarar.

En tanto, el lunes 13 de julio, declararon en la fiscalía penal de Joaquín V. González el resto de los efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, acusados de los mismos delitos. Se trata de la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Luciano Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

Por otra parte, el jueves 6 de agosto, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real.

Oportunamente, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo dispuso el inicio de un nuevo sumario instruido por la fiscal María Celeste García Pisacic.

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Tres policías de General Güemes, a juicio por vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres policías, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia.

Las imputaciones recayeron sobre Gabriel Alejandro Mamaní, de 27 años; José Luis Rodríguez, de 34 y Enzo Germán Farfán, de 29.

Las actuaciones de la fiscalía iniciaron con una denuncia en la que se indicó que el domingo 8 de octubre de 2017, cerca de las 19.30, la víctima tomaba una cerveza con un amigo afuera del aserradero ubicado frente a la plaza 24 de Mayo, en barrio Santa Teresita de General Güemes.

En ese momento arribó un móvil policial, del que descendieron tres policías, quienes les indicaron que “se metieran para adentro”, por lo que el damnificado y su amigo entraron. Cuando los policías se retiraron, la víctima salió con una botella en la mano, con la intención de retirarse del lugar.

Los mismos policías regresaron y uno de ellos agarró al denunciante del cuello desde atrás y le dijo: “subí al patrullero”. El hombre se resistió y recibió goles de puño en el abdomen, las costillas y la boca.

En su declaración, la víctima indicó que el uniformado que lo detuvo, lo invitó a pelear cuando ya estaban en la Comisaría.

Luego, con un cuchillo, le cortaron una pulsera y le quitaron sus anillos de mala manera, lo que le provocó un corte en el dedo meñique derecho.

Además, uno de los policías también le dio un golpe en la mejilla izquierda.

Los certificados médicos indicaron que la víctima presentó, al momento del examen físico, una lesión en la mano derecha y golpes de puño en el rostro y en el labio superior.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que fue acreditado el uso excesivo de violencia física de los acusados hacia el damnificado, tras la investigación que incluyó la denuncia y las declaraciones testimoniales de la víctima y de testigos, certificados médicos y copias del libro de guardia, entre otros elementos de convicción.

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General Güemes: Investigan de oficio un hecho de violencia policial

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, dispuso este miércoles, la apertura de oficio de una investigación, luego de que una familia denunciara a través de medios periodísticos que el domingo 13 de septiembre, durante un operativo en el barrio Santa Teresita de General Güemes, efectivos policiales efectuaron disparos con balas de goma y de pintura al interior de una vivienda, que impactaron en la cara de un hombre de 66 años y en niños.

Crédito: Página 12

Según trascendió, Miguel Torres, de 66 años, recibió el impacto de tres balas de goma por parte de efectivos de la Comisaría 11, de esa ciudad.

Vecinos de los damnificados habrían llamado a la Policía, tras escuchar discusiones familiares. Los efectivos arribaron al lugar e ingresaron al domicilio por la fuerza.

Una de las integrantes de la familia explicó que inicialmente hubo un incidente fuera de la casa, al parecer, protagonizado por otros integrantes de la misma familia, razón por la cual su padre salió para apaciguar la discusión, tras lo cual volvió a ingresar en su domicilio hasta que todos se fueron.

Posteriormente y ante fuertes golpes en la puerta, Torres salió a atender, oportunidad en la que fue baleado en la cara.

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 Derechos Humanos

Investigan a efectivos de Infantería que habrían disparado a una mujer en el ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, tomó intervención el fin de semana pasado, tras una denuncia radicada en el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales.

La denuncia fue radicada contra efectivos de la División de Infantería del sector 5 A, por haberle disparado y dejado sin el ojo derecho, a una mujer de 58 años.

El hecho tomó estado público en medios de comunicación en los que se informó que la víctima, Mirta del Valle Paz, de 58 años, es una vecina de barrio 20 de Febrero de la ciudad de Salta, pensionada y trabajadora no registrada de casas particulares.

Su hijo relató que el viernes 11 de septiembre, la mujer tuvo un conflicto con vecinos, quienes llamaron a la Policía. Un grupo de la División de Infantería llegó al domicilio y realizó varios disparos, uno de los cuales impactó en el ojo derecho de su madre.

El joven relató que llevó a su madre al Hospital San Bernardo, donde fue operada y perdió el ojo derecho.

Entre las medidas ordenadas en la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la historia clínica al Hospital San Bernardo, la revisión médica de la víctima por parte de médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la toma de distintas declaraciones testimoniales.

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