Derechos Humanos

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre Camila Belén Orellana, de 24 años; Ángel Aníbal Correa, de 40; y Jesús Manuel Atienzo; de 39; con revista en la División de Seguridad Urbana de Metán.

Del requerimiento surgió que el domingo 10 de marzo de 2019, cerca de las 17, el denunciante circulaba en moto por calle 9 de Julio, frente a la plaza de la Villa San José, de Metán, cuando fue adelantado por una camioneta de la fuerza, que luego se le cruzó.

Del móvil bajaron efectivos policiales, quienes advirtieron al denunciante que circulaba en contramano, a lo que el hombre contestó que “iba despacio”. Luego, le pidieron los papeles de la moto y el conductor respondió que “no tenía como llevarlos”.

En ese momento, llevaron al denunciante detrás de un automóvil estacionado sobre calle Urquiza y lo golpearon. La víctima sostuvo que uno de los efectivos le agarró los brazos, mientras otro lo golpeó, sin saber si fue con un palo o con los puños. La víctima fue agredida hasta que perdió el conocimiento y supo luego que fue trasladado a la Comisaría 30, a bordo de otro móvil.

El hecho fue corroborado con la declaración de una testigo, quien presenció el momento en el que los efectivos cruzaron al denunciante y luego lo aporrearon. El examen médico certificó “hematoma en el ojo izquierdo, herida cortante en parpado superior izquierdo de 3 centímetros, derrame conjuntival, hematoma bipalpebral izquierdo, hematoma en pómulo izquierdo, excoriaciones lineales en mejilla izquierda y dolor en mandíbula izquierda y región costal izquierda por golpe”. También le diagnosticaron disminución de agudeza visual del ojo izquierdo.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los imputados excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta desplegada afectó los derechos del sujeto pasivo, que ha recaído en la concreta conculcación de su dignidad y la integridad personal.

Además, el sufrimiento infligido al momento de su detención, sin lugar a dudas configuró un trato denigratorio y humillante, que tuvo por fin mortificar a la víctima, lo que produjo un ataque a su dignidad como persona.

En tal sentido, huelga recalcar que la presencia del personal policial en un lugar en el que pueda existir la comisión de un hecho ilícito – en este caso una contravención – no puede agravar, mediante el uso de la violencia, la situación en desarrollo.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de coautores, en perjuicio de un joven.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos José Rodríguez, José Marti, Yonathan Díaz y Paulo Humano, todos con revista en la División Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.

Del requerimiento surgió que en la madrugada del 20 de junio de 2019, cerca de las 2, cuando la víctima se disponía a entrar en su domicilio ubicado sobre calle Tucumán, de Rosario de la Frontera, fue interceptado por dos camionetas, de las que bajaron varios uniformados, quienes lo agarraron por la espalda y lo empujaron contra la pared, donde golpeó la cabeza. 

Luego, lo llevaron detrás de la cabina de uno de los móviles, donde lo tiraron al suelo, lo pisaron y le dieron golpes de puño, que le produjeron lesiones en el cuerpo y la cara, que fueron constatadas por certificado médico.

Mientras se encontraban en el hospital para la revisión del médico legal, el padre de la víctima observó a su hijo golpeado en el rostro y comenzó a filmar la situación, por lo que el joven fue llevado hacia un pasillo y fue nuevamente golpeado por los efectivos. 

Tras la revisión médica, los efectivos llevaron al detenido nuevamente a la camioneta, donde volvieron a golpearlo y le dijeron “como sos de pu…, tiene que andar defendiéndote tu papito”.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, advirtió que si bien podría haber recaído una sospecha de comisión de un hecho ilícito o no en la víctima, los efectivos policiales claramente excedieron los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante, permitieron sostener un claro abuso en el uso racional de la fuerza y una afectación concreta en el derecho de la víctima.

Surgió así, la atribución de responsabilidad de los acusados, todos ellos con revista en la División Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera, en calidad de coautores, pues mientras algunos de ellos fueron los que propinaron los golpes que causaron las lesiones, el resto se encontraba en la misma posición de garantes, por lo que pudieron evitar los hechos y no desplegaron ninguna acción en tal sentido.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al oficial ayudante Rodrigo Gabriel Betanzos Abán, de 22 años, al sargento ayudante Olver Eduardo Casimiro, de 43 y al agente Diego Fernando Mamaní, de 28; todos con revista en el Destacamento Policial de Villa Los Álamos, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, todo en concurso ideal.

La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se produjo tras la denuncia radicada el 3 de octubre de 2020 por la víctima, quien sostuvo que el 31 de julio de ese año, cerca de las 7, estaba frente a su domicilio ubicado en Villa Los Álamos de Cerrillos, cuando se presentó un móvil policial. Al acercarse para consultar a los efectivos qué necesitaban, fue reducido sin mediar palabra por éstos, quienes lo tiraron al piso con los brazos hacia atrás y le pisaron la cabeza. Sostuvo que se trataba de tres o cuatro efectivos y que no pudo ver sus identificaciones.

El denunciante dijo que cuando les pidió una explicación, le respondieron que se callara y lo subieron a un móvil esposado con las manos hacia atrás, donde lo golpearon en el abdomen, los testículos y la cara.

Relató que luego pasaron por el Destacamento Los Álamos, donde dos efectivos se quedaron y otros tres lo llevaron hasta el hospital local, para que lo revisara un médico. Tras esto, emprendieron el regreso al destacamento, mientras continuaron las agresiones.

Una vez allí, lo bajaron y los mismos efectivos que antes lo agredieron, lo golpearon en las costillas y lo arrastraron hasta un pasillo de la dependencia, donde uno de los efectivos le colocó la rodilla en el cuello y otro lo golpeaba en las costillas. Sostuvo que en un momento comenzó a escupir sangre, por lo que los agresores limpiaron el lugar y lo dejaron allí.

Agregó que en la tarde del mismo día, fue trasladado al hospital de La Merced, donde lo asistieron porque tenía dolores en el pecho, las costillas, el cuello y la cabeza. Allí lo medicaron con inyectables y luego fue trasladado nuevamente al día siguiente, para repetir los medicamentos.

Al radicar la denuncia, la víctima no pudo precisar dato alguno de los efectivos que participaron de su detención y traslado y tampoco pudo aportar mayores características o detalles fisonómicos de los involucrados. Solo refirió que eran de tez morena y que al momento de su demora, no había nadie en las inmediaciones por lo que no podía aportar testigos.

Entre los elementos valorados por la fiscal durante la investigación, figuran la denuncia y la declaración testimonial de la víctima, el informe médico emitido por el hospital Santa Teresita de Cerrillos, el informe con la nómina del personal policial interviniente y la copia del libro de guardia emitido por el Destacamento Los Álamos, entre otros.