Derechos Humanos

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Quisieron meterle una media sucia en la boca, lo golpearon hasta que lloró y tuvo que sonreír a la cámara para evitar más golpes

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cinco efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Juan Alberto Juárez, de 39 años; David Gabriel Bolívar, de 35; Adrián Alberto Monteros, de 44; Héctor Samuel Urdanivia, de 30 y Sergio Daniel Dragicevich, de 25.

La investigación inició con la denuncia radicada por la víctima, quien presentó en Fiscalía un escrito en el que relató de manera pormenorizada los hechos. Si bien no pudo precisar los nombres y cargos, indicó que se trataba de los efectivos que el 11 de noviembre de 2020, en camioneta, patrullaban las calles del sector sur de la ciudad de Orán.

Afirmó que ese día, cerca de las 20:30, salió de trabajar y se dirigió en su moto a su domicilio en barrio 266 Viviendas, se bañó y salió a buscar a su novia en barrio Primavera. Cuando pasó frente la cancha del barrio, lo hicieron parar unos amigos, por lo que bajó de la moto.

Indicó que a los pocos minutos, llegaron ocho policías en una camioneta grande, todos con barbijo y la visera baja. Ante esto, todos sus amigos salieron corriendo. Cuando los policías bajaron le preguntaron por qué no tenía el barbijo puesto, el denunciante se dio cuenta que lo había olvidado en su casa. Al expresarles esto, los efectivos le exigieron que se pusiera cualquier cosa de barbijo y como no tenía pañuelo, los acusados encontraron una media muy sucia que estaba en la vereda de la cancha y se la quisieron poner en la boca. Luego de que el denunciante se negara, fue subido al móvil, donde comenzaron a golpearlo.

La víctima les dijo que sabía cuáles eran sus derechos y que no podían hacer eso. También les dijo que tenía un familiar policía. Ante esto, los imputados le preguntaron quién era su familiar. Tras contestarles, le dijeron “ah, vos sos familiar del batiyuta” y comenzaron a pegarle más fuerte.

Como el denunciante no lloraba, le dijeron “así que vos te la aguantas” y comenzaron a pegarle con cachiporras por todo el cuerpo. Luego lo llevaron a un baldío y sin bajarlo del móvil continuaron con la golpiza, hasta que comenzó a llorar.

Luego, uno de ellos dijo “sonreí para que te saquemos unas fotos así nos reímos todos. Reíte chango o te hacemos cagar de nuevo. Dale reíte”, por lo que se tuvo que reír y ahí le sacaron varias fotos.

Después de eso, relató que lo hicieron arrodillar unos 20 minutos, hasta que uno de ellos le dijo “firma chango estos papeles, son el motivo por cual te arrestamos, por no tener barbijo. Firma y te llevamos a la Comisaría para soltarte”.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que entre los elementos reunidos durante la investigación, están las constancias del libro de guardia de la Comisaría 25 y del informe que acreditó que la víctima fue ingresado a esa sede por los integrantes del móvil 1849, en el cual circulaban los acusados, quienes en un claro acto de exceso en el uso racional de la fuerza, le causaron lesiones a la víctima que fueron acreditadas.

Así, se tiene que los acusados, mientras cumplían un acto de servicio, desplegaron conductas consistentes en causar un daño a la integridad física del denunciante y excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta desplegada por los acusados, afectaron su dignidad e integridad personal.

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 Derechos Humanos

Piden el juicio contra los policías que inventaron una causa tras disparar a una familia

Seis días después de concretar la audiencia de imputación, la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de falsedad ideológica y vejaciones calificadas, en concurso real y en calidad de coautores. Entre las víctimas, hubo un niño de 9 años.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que durante el proceso de investigación, fueron colectaron los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los imputados.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita, todos con revista en la División Seguridad Urbana.

Del requerimiento surgió que el 13 de febrero de 2020, cerca de las 18:30, mientras los acusados patrullaban por barrio Norte Grande de la ciudad de Salta a bordo del móvil 1849, cometieron un exceso de sus funciones al increpar a los integrantes de una familia, que estaban en la vereda y a quienes acusaron de ingerir bebidas alcohólicas.

Pese a que todos demostraron que no estaban bebiendo y mostraron sus DNI, los acusados efectuaron varios disparos con escopeta contra la familia, algunos de los cuales impactaron en dos integrantes, entre ellos, un niño de 9 años, que les provocaron lesiones que fueron advertidas por testigos.

Para avalar los disparos efectuados, los imputados decidieron informar falsamente a la Coordinación Operativa que fueron víctimas de un ataque con piedras, e incluso manifestaron que una mujer los amenazó con un machete, por lo que insertaron declaraciones falsas en un documento público, que desfiguró la verdad objetiva de lo acontecido, sostuvo la fiscala en su decreto de imputación.

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 Derechos Humanos

Inventaron una causa para justificar que dispararon contra una familia

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de falsedad ideológica y vejaciones calificadas, en concurso real y en calidad de coautores. Entre las víctimas, hubo un niño de 9 años.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita, todos con revista en la División Seguridad Urbana.

Del decreto de imputación surgió que el 13 de febrero de 2020, cerca de las 18:30, mientras los acusados patrullaban por barrio Norte Grande de la ciudad de Salta a bordo del móvil 1849, cometieron un exceso de sus funciones al increpar a los integrantes de una familia, que estaban en la vereda y a quienes acusaron de ingerir bebidas alcohólicas.

Pese a que todos demostraron que no estaban bebiendo y mostraron sus DNI, los acusados efectuaron varios disparos con escopeta contra la familia, algunos de los cuales impactaron en dos integrantes, entre ellos, un niño de 9 años, que les provocaron lesiones que fueron advertidas por testigos.

Para avalar los disparos efectuados, los imputados decidieron informar falsamente a la Coordinación Operativa que fueron víctimas de un ataque con piedras, e incluso manifestaron que una mujer los amenazó con un machete, por lo que insertaron declaraciones falsas en un documento público, que desfiguró la verdad objetiva de lo acontecido, sostuvo la fiscala en su decreto de imputación.

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 Derechos Humanos

Un subcomisario golpeó a un demorado con una cachiporra y tuvieron que suturarlo

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente al subcomisario Julio Alberto Guaymás, acusado del delito de vejaciones y lesiones leves calificadas por el uso de la violencia, todo en concurso ideal y en calidad de autor.

Del decreto de imputación, surgió que el imputado, el 22 de enero de 2019, cerca de las 18:30, cometió un exceso en sus funciones mientras trasladaba al denunciante, en calidad de demorado, a quien golpeó con su cachiporra en la cabeza y le provocó lesiones.

Un examen médico practicado por el Servicio Médico Forense del Poder Judicial, constató que el denunciante presentaba “herida contusa en región occipital, excoriación en escápula derecha y cuello lado izquierdo”, mientras que otro examen realizado por el CIF, también destacó la presencia de una lesión de dos centímetros de longitud, con labios unidos por dos puntos de sutura.

En su relato, el denunciante sostuvo que caminaba por el Grupo 648 Viviendas de barrio Castañares junto a un amigo, para reunirse con otros conocidos. Al acercarse al punto de reunión, el denunciante observó a unos siete efectivos motorizados. A medida que se acercaban, pudo ver que por detrás también venían móviles de Infantería, por lo que todo el grupo huyó en distintas direcciones.

Relató que en ese momento, su amigo ingresó a una casa, mientras que él se quedó quieto en la calle. Entonces, se le acercó un policía que le dijo “contra la pared, arrodillate”. Aclaró que no le hicieron ninguna requisa en ese momento y que solo atinó a soltar su teléfono celular.

En tanto, el policía le dijo “agarrá el celular pendejo y subite a la camioneta”, mientras lo empujaba, sin esposarlo. El denunciante fue el primero en ser ubicado, sentado en el piso con las rodillas encogidas y la cabeza agachada. Sostuvo que metros después, el móvil volvió a detenerse y que subieron a tres personas más.

Relató que eran custodiados por cuatro policías, quienes comenzaron a pegarles a todos; con golpes a mano abierta. Sin embargo, el denunciante fue luego golpeado con una cachiporra y sintió que algo le pasaba por la oreja. Al tocarse, notó que era sangre. Escuchó a uno de los policías decir “no, mirá boludo”, y luego le colocaron una gorra que era de otro de los detenidos, para cubrirle la herida.

Antes de bajarlo en el Centro de Contraventores, los policías limpiaron la herida con su propia remera, mientras que tras ser revisado, un médico pidió que lo trasladaran al hospital San Bernardo, donde le hicieron una sutura.

Al volver al Centro de Contraventores, la víctima pudo escuchar a dos efectivos decir “ese fue el boludo de Guaymás”.

353
 Derechos Humanos

Piden juicio contra 20 policías por la represión en Parque La Vega

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a 20 efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (19 hechos), en calidad de coautores y en perjuicio de 21 víctimas.

Las imputaciones recayeron sobre el comisario Federico Samuel Heredia, de 43 años; los suboficiales principales Claudio David Flores, de 44 y César Hugo Brizuela, de 48; los sargentos ayudantes Raúl Néstor Herrera, de 39; Diego Fernando Suárez, de 37; Carlos Eugenio Torres, de 43; Jorge Enrique Acoria, de 41; Diego Gustavo Tolaba, de 35; Gustavo Adolfo Flores, de 42 y Gustavo Ariel Quispe, de 43; el suboficial mayor Claudio Daniel Muruaga, de 47; oficial principal Marcos Guillermo Rodríguez, de 40; oficial ayudante Simón Antonio Cansino, de 28; el sargento Carlos Alberto Ríos, de 34; suboficial principal Hugo Ariel Troncoso, de 43; cabo Diego Aniceto Potosí, de 36; todos con revista en la División de Infantería.

También fueron imputados el subprincipal ayudante Mauro Renato Luna, de 44; sargento ayudante Daniel Fernando Mamani, de 49, la cabo Estela Margarita Ampuero, de 21, y el cabo Cristian Gonzalo Blas Pereyra, de 26; todos con revista en el Departamento de Seguridad Urbana.

Entre los elementos colectados durante la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, valoró la denuncia de la Delegación Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, denuncias e informes de relevancia de los efectivos que participaron del hecho, certificados médicos, informes y copias del libro de guardia, soportes magnéticos y análisis de grabaciones y fotografías de los lesionados, entre otros, cuyo contenido fundamentan el requerimiento por resultar coincidentes respecto a la ocurrencia de los hechos y la autoría de los imputados.

Así, surgió que entre las 18:30 del 25 y las 0:30 del 26 de agosto del 2020, en el asentamiento Ampliación Parque La Vega, los funcionarios imputados desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de 21 personas mediante el uso de armas largas y marcadoras, a quienes le causaron múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, según se constató tras el examen médico del CIF.

537
 Derechos Humanos

Lo golpearon y picanearon, le arrojaron gas pimienta y lo obligaron a pelear con otro detenido

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales de la División de Seguridad Urbana, acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves, todo en concurso ideal y en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre los sargentos Mario Milton Balanza Chauque, de 38 años; Hugo Antonio Morato; de 41; y Fabiana Andrea Marín, de 34.

Del requerimiento surgió que el 20 de junio de 2020, cerca de las 13, la víctima estaba en la vereda de su vivienda, de barrio Solidaridad, junto a su padre, quien en un momento dado, lo insultó por tener una cerveza en la mano y llamó a un móvil policial, que estaba en la esquina.

Tras esto, los efectivos policiales llegaron hasta la vivienda, agarraron al hijo del cuello, lo tiraron al piso, lo esposaron y golpearon hasta subirlo al móvil. Una vez allí, lo acostaron en el piso del vehículo y lo pisaron en distintas partes del cuerpo.

La madre de la víctima, quien declaró como testigo, quiso intervenir y también sufrió empujones y maltratos por parte de los acusados.

El denunciante relató que luego, fue trasladado a la Comisaría de barrio Democracia, donde también lo golpearon. Indicó que otro efectivo salió con una picana y lo hizo arrodillar para picanearlo en el costado derecho del abdomen. Tras esto, le tiraron gas pimienta en la cara y le pusieron un balde en la cabeza, para golpearlo en los glúteos con un palo, mientras intentaban bajarle el pantalón.

Luego de trasladarlo al Hospital San Bernardo para la revisión médica, fue llevado al Centro de Contraventores, donde los policías hicieron que peleara con un hombre detenido y en estado de ebriedad.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos denunciados guardan correlación con los certificados médicos incorporados al legajo de investigación, de donde surgió que el damnificado fue examinado por el médico legal, quien diagnosticó que la víctima presentaba equimosis y excoriación en región frontal, inflamación e hinchazón en labio superior con excoriación en mucosa yugal, inflamación en labio inferior, equimosis varias en región torácica y excoriaciones costrosas en rodilla izquierda.

Además, la autoría de los imputados fue corroborada por la madre del testigo, quien al ver que su hijo era agredido por personal policial, se subió al móvil y les pidió que dejaran de golpearlo.

462
 Derechos Humanos

Abuso, armado de causas y venganza: Vuelven a rechazar la prisión domiciliaria al comisario Mamaní

El Tribunal de Juicio, Sala II – Vocalía 3 y Juzgado de Menores 3 del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Metán, resolvió no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa técnica del imputado Walter Omar Ezequiel Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor y en perjuicio de Luciano Diez.

Al tener en cuenta los motivos expresados por la defensa para que se otorgue el arresto domiciliario, para el Tribunal, surgió con meridiana claridad que el pedido no alcanza el umbral mínimo requerido para la concesión del beneficio, ya que como lo señaló la Fiscalía Penal de Derechos Humanos el 20 de enero de este año, el Juzgado de Garantías interviniente ya se expidió negativamente sobre un pedido similar, sin que variaran las circunstancias primitivas tenidas en cuenta. Consideró que admitirse la posibilidad de reproducción de dicho pedido, se avalaría el desconocimiento de una resolución ya dictada, firme y consentida por las partes.

El Tribunal consideró que la alegación de la supuesta necesidad de cuidado de las hijas menores por parte del acusado, no es bajo ningún punto de vista, un nuevo elemento de juicio justificativo para conceder el beneficio, ya que de la presentación anterior efectuada y a la que se hizo referencia, surgió que las menores se encuentran asistidas por sus abuelos paternos, sin que se efectuara presentación alguna al respecto, ni por éstos, ni por la representante del órgano pupilar, en el sentido de la imposibilidad de que las menores continúen con el cuidado.

Además, los padres del acusado no son personas de avanzada edad, como lo sostuviere la defensa técnica, ya que cuentan con 55 y 62 años, por lo que no se demostró que las menores estén en una situación de vulnerabilidad o desamparo, o que sufran padecimientos emocionales, familiares o económicos que justifiquen la concesión de lo solicitado.

Por otra parte, la resolución señaló que la decisión de otorgar el beneficio de arresto domiciliario, no es una obligación imperativa y automática dispuesta por la Ley, cuando se presente alguno de los supuestos enunciados en el artículo 32 de la Ley 24.660, respecto del género del peticionante, sino que se trata de una facultad discrecional exclusivamente delegada por el legislador al juzgador, quien evaluará si resulta razonable, oportuno y conveniente conceder o no tal beneficio, al tener en cuenta la naturaleza de los delitos objeto de la imputación y los riesgos procesales que la modalidad requerida podría traer aparejada para el proceso.

En este sentido, dijo el Tribunal, no debe perderse de vista la gravedad de los hechos por los que fuera requerido a juicio Mamaní y la cercana e inminente fijación del plenario, con el peligro latente de fuga, toda vez que en caso de recaer condena, podría ser de prisión efectiva.

Protección de las víctimas y peligro de fuga

La normativa procesal contempla expresamente el derecho de las víctimas a la protección de su integridad física y moral, derecho que debe especialmente ser resguardado en casos como este, al ser el acusado un funcionario policial y de tratarse de supuestos hechos cometidos por miembros de la fuerzas de seguridad en contra de civiles, con mayor vulnerabilidad y más aún, al no existir un pronunciamiento definitivo.

Por otra parte, el domicilio propuesto por la defensa para el cumplimiento del arresto domiciliario, no neutraliza el peligro latente de fuga del acusado, ya que se encuentra ubicado en una zona rural, en las afueras de la ciudad de Salta y sin servicio público de transporte, ni Internet; lo que dificulta su contralor, tanto por sus propios colegas policiales, como así también, mengua la posibilidad segura de que su cumplimiento pueda ser controlado por el Tribunal de Juicio, a través del sistema de la Unidad de Monitoreo electrónico dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

538
 Derechos Humanos

Quiso festejar el día del trabajador y policías lo golpearon

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los policías Pedro Daniel Alberto Jaramillo, de 52 años, y Diego Fernando Valeriano, de 40; ambos con revista en la Subcomisaría de El Bordo, acusados del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autores.

Del requerimiento surgió que en la noche del 30 de abril de 2018, cuando el denunciante quiso ingresar al festival del Día del Trabajador, en el Complejo Deportivo El Bordo, se encontró en la puerta con Pedro Daniel Alberto Jaramillo, quien le dijo que no tenía permitido el ingreso. El denunciante le preguntó cuál era el motivo y en ese momento, fue sorprendido por Diego Fernando Valeriano, quien lo tomó del cuello y lo arrojó a un costado.

Luego, fue agredido por ambos imputados con golpes de puño y puntapiés en todo el cuerpo, que le provocaron lesiones que fueron constatadas en el hospital Joaquín Castellanos, consistentes en “politraumatismos, hematoma en brazo derecho, hematoma en cuello, excoriación en región supraclavicular y edema de muslo izquierdo”.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados, mientras cumplían un acto de servicio, causaron un daño a la integridad física del denunciando, por lo que excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”.

Las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima, permiten sostener que la conducta desplegada por los acusados, afectó los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta conculcación de su dignidad e integridad personal. Además, el sufrimiento infligido, sin lugar a dudas configuró un trato denigratorio y humillante, que tuvo por fin mortificar a la víctima.

313
 Derechos Humanos

Policías allanaron ilegalmente una casa, amenazaron de muerte y golpearon a sus habitantes

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura del decreto de imputación contra cuatro efectivos policiales, por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas en concurso real, en calidad de coautores. La audiencia de imputación está prevista para el miércoles 24 de febrero.

Las imputaciones recaerán sobre los efectivos G. A. P., de 36 años; R. D. P., de 25; W. D. P., de 44 y C. A. A., de 37, todos con revista en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, iniciaron con la denuncia de dos hermanos, quienes relataron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5, dormían en su vivienda ubicada en barrio Arturo Menu de la sureña ciudad, cuando escucharon ruidos en la puerta. Uno de los ellos dormía junto a su esposa e hija. Al despertarse, ambos hermanos se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.

Ambos relataron que en ese momento, fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó “quédense quietos o los quemo”. Luego, fueron esposados y golpeados, mientras los subían al patrullero.  Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y llevados al hospital, donde luego fueron examinados.

Posteriormente, los denunciantes relataron que fueron nuevamente subidos al móvil, donde uno de los efectivos les dio golpes de puño y con la punta de la cachiporra en el estómago.

Tras esto, fueron llevados a la Comisaría 31, donde los amenazaron, al decirles  que la próxima vez, serían llevados a un descampado y que “no la iban a contar”.

Del decreto surgió que los efectivos policiales, llegaron al domicilio y sin que existiera motivo suficiente autorizado por ley, ingresaron a la vivienda. Una vez allí, con exceso en sus funciones, detuvieron a las víctimas sin la autorización de la autoridad competente y luego, mientras los trasladaban, acometieron en contra de su integridad física, al causarle las lesiones que fueron constatadas.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos fueron corroborados con las denuncias de las víctimas, los certificados médicos, la nómina de los efectivos que estuvieron en el móvil y la copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los acusados.

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 Derechos Humanos

Violencia institucional: se recibieron más de 120 denuncias web por abusos policiales

Desde el 11 de agosto pasado, cuando se habilitó el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales https://www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial, y hasta el 31 de enero de este año,  se registraron un total de 126 denuncias. Del total, fueron derivadas 118 a  las fiscalías correspondientes y se desestimaron ocho.

Después de la recepción de las denuncias a través del sitio web, éstas son distribuidas y remitidas a distintas fiscalías, de acuerdo a los hechos denunciados y pasibles de investigación. En el plazo informado por la Coordinación Informática del Ministerio Público Fiscal, la mayoría de las denuncias fueron derivadas a la Fiscalía de Derechos Humanos. Se trata de 51 denuncias, es decir el 40 % de las recibidas entre agosto y enero pasados, referidas a hechos de violencia institucional. Otras 36 denuncias, es decir, el 28% del total, fueron destinadas a fiscalías penales del Distrito Centro.

En tanto, las restantes se repartieron entre fiscalías penales del interior, de la siguiente manera:

  • A fiscalías penales del Distrito Orán, se derivaron 14 denuncias
  • A fiscalías del Distrito Sur, especialmente a las de Metán y Joaquín V. González, fueron 10 denuncias
  • A fiscalías penales del Distrito Tartagal, se remitieron cuatro denuncias
  • Otras fiscalías, recibieron 4 denuncias

La importancia de contar con esta herramienta informática radica en que permite a los usuarios registrar las denuncias desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, sin necesidad de concurrir a una dependencia policial. Además, el Sistema permite adjuntar imágenes a la denuncia radicada.

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