El abordaje de la violencia de género requiere poner en cuestión la presunta identidad femenina

A continuación, compartimos el texto de opinión firmado por la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, quien es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Salud Pública por la Universidad Nacional de Salta y doctora en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona. Pérez Declercq integra el Comité de evaluación de femicidios, transfemicidios y violencia de género.

Por Ana Pérez Declercq

Son funciones del Comité de evaluación de femicidios, transfemicidios y violencia de género elaborar un protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres y aquellos perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, así como establecer los criterios para un registro único de femicidios. Ambas acciones permitirán contar con información certera y oportuna para optimizar la intervención de cada uno de los organismos estatales en las distintas fases que implica el abordaje de la violencia de género: prevención, detección, asistencia y fortalecimiento.

¿Qué significa optimizar la intervención? ¿Cómo se construyen los datos que van a servir de insumos para las políticas estatales? Es prioritario poder pensar las formas de concebir la violencia de género que subyacen a estos registros y a estas prácticas vinculadas a la problemática.

El término “violencia de género” hace referencia a relaciones específicas entre las personas que ponen en evidencia desigualdades de poder entre los géneros. Por consiguiente pensar y diseñar políticas en torno a esta problemática requiere un análisis de los “procesos de generización en sus distintas dimensiones —institucional, normativo, simbólico, ideológico, relacional, identitario, corporal…— que producen Mujeres y Hombres, desde el punto de vista biológico, subjetivo, comportamental y social.” (Esteban, 2011:165). Sin embargo las acciones y las formas de registrar la problemática lejos de analizar y poner en cuestión estas formas hegemónicas siguen pensando la violencia de género como un “problema de mujeres”, centrado en la “víctima”.

El género reviste un carácter fundamental como principio de organización social que ordena y jerarquiza la sociedad en base a la diferencia sexual. La presunta identidad femenina, como oposición binaria a la identidad masculina, se asume para todas las mujeres y construye a partir de la naturalización de la diferencia sexual. Esta diferencia, a su vez, es constitutiva del sujeto mujer subordinado que necesita ser liberado (Lázaro, 2014). En este sentido se habilita la figura de la víctima como modo de subjetivación (sumisa, tutelada, débil).

La idea de una base “natural” para la identidad individual está ligada al sistema binario de normas genéricas, a partir del cual se establece “… un sistema de derechos diferencial de acuerdo al sexo y subsume un grupo de personas dentro de una categoría falsamente homogénea de “hombre” en oposición a otro grupo falsamente homogeneizado, el de ‘mujer’” (Poovey, 1992). Por otro lado, el conjunto de estructuras de dominación se reduce a la dominación basada en un orden patriarcal y sexista, desconociendo o negando otras formas de opresión basadas en la raza y la clase (Amos y Parmar, 1984).

La correlación entre las formas hegemónicas de masculinidad y feminidad y la violencia de género es expuesta por Otegui en el siguiente fragmento,

“…mantener la dicotomía de las categorías hombre/mujer, macho/hembra, masculino/femenino… significa ceder a favor de unas determinadas ideologías del poder que naturalizan y reproducen la desigualdad, pero también que hacen del sexismo un esencialismo, como lo son el racismo, el clasismo, el nacionalismo… las cuales fundamentan la diferencia en la “naturaleza” y la “biología”, y no en una construcción social arbitraria.”

(Otegui, 1999:153 en Arisó y Mérida, 2010: 54)

El problema de la violencia de género si no es entendido a partir de la desigualdad estructural entre sujetos privilegiados y sujetos desaventajados en una jerarquía social basada en el género termina reduciéndose a un problema anclado en el vínculo víctima-victimario. Esta mirada que individualiza y se centra en la víctima “mujer-niña” invisibiliza las raíces de una violencia nacida en el seno de una matriz cultural que legitima y perpetúa la desigualdad antes mencionada.

El Estado provincial considera la violencia de género como un problema a través de la declaración de la “Emergencia pública en materia social por violencia de género en la provincia de Salta” (Ley Provincial Nº 7857, 2014) y de la creación de dispositivos judiciales y gubernamentales al tiempo que sostiene un orden social absolutamente jerarquizado. La voluntad de erradicar la violencia de género debe ir acompañada de un verdadero cuestionamiento a las normas binarias y heterosexuales.

Algunos de los modos más evidentes de reificar el antagonismo varones/mujeres son la “elección de la reina de los estudiantes” en las principales localidades de la provincia y al interior de los espacios educativos o la presencia de imágenes o símbolos de la religión católica en instituciones de salud, justicia y en menor medida de educación. El evento de la elección de la reina continúa ubicando a las mujeres en lugar de objeto, cosificable y consumible, como lo señaló el Observatorio de violencia contra las Mujeres en agosto del 2018 en una nota dirigida a la Dirección de Acción Ciudadana de la Ciudad de Salta. Así mismo con este evento sostiene y reproduce los estereotipos racistas, clasistas y de género. En cuanto a la presencia de imágenes de vírgenes y crucifijos, es evidente que las premisas que sostiene la jerarquía de la Iglesia Católica son contrarias a leyes como las de Matrimonio Igualitario (Ley Nº 26.618, 2010) o de Identidad de género (Ley Nº 26.743, 2012) y reproducen un orden social patriarcal.

Las capacitaciones previstas por la Ley Nº 27.499 (2018), conocida como Ley Micaela y las acciones en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral, Nº 26.150 (2006), requieren ser acompañadas de políticas que promuevan un profundo cambio en las relaciones de género. Los espacios de contención a la víctima o las investigaciones con perspectiva de género seguirán reparando los resultados de un orden jerárquico que el propio gobierno sostiene.

Agradecimientos:

Andrea Flores y Marce Butierrez por sus valiosos aportes.

Bibliografía:

  • Amos, V. y P. Parmar (1984): “Challenging Imperial Feminism”, Feminist Review, N. 17, pp. 3-19.
  • Arisó, Olga y Rafael Mérida (2010): Los géneros de la violencia. Una reflexión queer sobre la violencia de género. Barcelona: Egales.
  • Esteban, Mari Luz (2011): Crítica del pensamiento amoroso. Barcelona: Edicions Bellaterra.
  • Lázaro Castellanos, Rosa (2014): Migración Circular de Trabajadoras de México a Canadá y Estados Unidos: una Aproximación Antropológica Interseccional. Tesis Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/287159. Poovey, Mary (1992): «The Abortion Question and the Death of Man.» en Butler, J. y Scott, J. (ed.): Feminists Theorize the Political, Routldge, Chapman and Hall, Inc, USA: pp. 239-56.

El Ministerio Público Fiscal incluye la perspectiva de género en su Plan Estratégico

Fue una de las novedades surgidas de la reunión extraordinaria del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, que definió parámetros para el dictado de la capacitación obligatoria que establece la Ley Micaela. La falta de formación en perspectiva de género de los agentes del Ministerio Público Fiscal, condicionará el avance en la carrera administrativa de quienes no la cumplan.

La decisión fue analizada con los integrantes del Comité, -que preside el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo-, quienes destacaron la necesidad de que todos y cada uno de los agentes del Ministerio Público Fiscal, incorporen la perspectiva de género como una herramienta que permitirá disminuir efectivamente los índices de violencia de género en la Provincia. Es decir, que la capacitación genere sensibilización y concientización sobre la problemática. El objetivo es que una mujer que debe transitar todo el sistema, -desde que denuncia hechos de violencia y hasta que se llega a la sentencia-, no abandone su pedido de justicia debido a la revictimización que puede sufrir cuando intenta acceder a la administración de justicia. “Aspiramos a que una mujer que viene a las fiscalías a denunciar, sea recibida por personal que trabaja con perspectiva de género y que conoce todos los derechos que asisten a las víctimas”, analizaron los presentes.

El análisis también incluyó sentencias anacrónicas y sin perspectiva de género, ya que según conocieron los integrantes del Comité, este año se produjeron fallos en la Provincia en los que todavía se consideró el denominado “débito conyugal” como una forma de justificar las absoluciones de parejas o exparejas acusadas de violación por parte de las víctimas. El débito conyugal es un concepto de origen bíblico, cuya falta es establecida como pecado por el Derecho Canónico cuando no existan causas graves que impidan su prestación. Se concibe como una obligación recíproca de prestarse a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, como extensión del deber de cohabitación, y para servir al fin primordial del matrimonio que es la procreación. En el ámbito jurídico no hay legislación específica sobre el tema.

Por otra parte, cada integrante del Comité recibió copia de la sentencia contra el femicida de Jessica González. El pedido al Tribunal interviniente fue hecho por la fiscal del caso, María Luján Sodero Calvet, quien sugirió que las sentencias sean remitidas al Comité para su debate y definición sobre posibles mejoras en la investigación y abordaje de los casos de muertes violentas de mujeres.

Este jueves se sumaron al Comité la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso y la vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Gabriela Rodríguez, entidad a la que la abogada representa dentro del Comité. Rodríguez también es asesora legal de la Fundación Cintia Fernández.

También participaron en la reunión extraordinaria la presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, María Laura Postiglione y la antropóloga Julieta Rivera, responsable del Área de Equidad de las Mujeres en la Subsecretaría de Políticas de Género. Ambas presentaron propuestas para hacer efectiva la capacitación de Ley Micaela en esta primera etapa, hasta que en breve, se incluya en el Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal.

Otros temas discutidos fueron la violencia estatal ejercida en un festival desarrollado en el centro Cultural Pata Pila y la necesidad de eliminar los certámenes de belleza que según las estudiantes, “establecen estereotipos de belleza irreales” entre las adolescentes y se convierten en una práctica discriminatoria, sexista y de violencia simbólica e institucional contra las mujeres. Se sumaron discusiones sobre la escasa participación de mujeres en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias provinciales y nacionales, y la necesidad de que el Consejo de la Magistratura incluya casos teóricos y prácticos con perspectiva de género en todos sus exámenes.

Asistieron la coordinadora del Comité, Ana Cecilia Carraro, la fiscal de Violencia de Género, Claudia Geria; Este jueves, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet; la responsable del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; el subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos, las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos y Ana Pérez Declercq y la abogada especializada en Derechos Humanos, Yesica Montagna.

Definiciones y ampliación del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género

Sus integrantes intercambiaron proyectos sobre los cuales se trabajará, con prioridad en la elaboración del protocolo único para la investigación de femicidios y aquellos perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género. La unificación de criterios para la elaboración de un registro de femicidios, conforme las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, simplificará la definición de políticas públicas de los tres poderes del Estado.

Una de las primeras definiciones de este jueves, fue la de iniciar en breve, la formación de efectores del Ministerio Público Fiscal, según lo establece la adhesión provincial a la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, y que fija la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Dicha normativa se conoce como Micaela, por Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.

Por otra parte, se avanzará en la centralización de información sobre entidades intermedias, organismos municipales, provinciales, judiciales y del Ministerio Público Fiscal, que trabajan en materia de asistencia jurídica, psicológica, asistencial y económica a las víctimas de violencia o sus familias, para evitar la superposición de actuaciones en ese sentido y facilitar el acceso a la asistencia a quienes desconocen dónde recurrir. Dicha información estará disponible en la pestaña de la web del Ministerio Público Fiscal, en la que se publicarán todos los datos de interés vinculados con la problemática de violencia.

Las participantes también plantearon propuestas con respecto de los criterios de trabajo de los equipos técnicos de violencia del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta; analizaron los históricos fallos por violencia de género contra las mujeres trans Gimena Álvarez y Diana Sacayán. En el primer caso, sus asesinos, Carlos Plaza y Juan José del Valle, fueron condenados en 2016 a prisión perpetua por las juezas de la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta; y en el segundo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de Capital Federal condenó en 2018 a Gabriel Marino a prisión perpetua por homicidio agravado por violencia de género y odio a la identidad de género.

La directora del OVcM, María Pía Ceballos adelantó que se presentarán como Amicus Curiae en el juicio contra José Gustavo Gareca, acusado de homicidio agravado por mediar violencia de género en perjuicio de Mirna Antonella Di Marzo, quien murió en enero pasado como consecuencia del ataque del acusado en octubre de 2018.

Al Comité, que preside el procurador Abel Cornejo y coordina la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, lo conforman la fiscal de Violencia de Género, Claudia Geria; la responsable del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca; las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos y Ana Pérez Declercq; la abogada especializada en Derechos Humanos, Yesica Montagna y la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández.

Este jueves, se sumaron la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet y la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo. Además, sus integrantes aceptaron la solicitud para integrarse del subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos, quien participará desde el próximo encuentro del Comité.

Se conformó el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género

El Comité de Evaluación de Femicidios será responsable, entre otras acciones, de elaborar un protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios) y aquellos perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, además de trabajar en la unificación de criterios para la elaboración de un registro de femicidios, todo ello conforme las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes.

Al Ministerio Público Fiscal le concierne la investigación y persecución de los casos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos penales, por lo que deben adoptarse todos los recaudos para que dichas funciones se cumplan de la mejor manera posible.

En su resolución, el procurador general, Abel Cornejo, dijo que la violencia contra la mujer constituye un fenómeno que por su caracterización como violación a los derechos humanos ya definida en tratados internacionales a los que la Argentina está adherida, ha sido especialmente enfocado desde el Estado provincial como un problema de prioritaria atención, lo que demanda que se adopten todas las medidas necesarias para optimizar la intervención que cabe cumplir en la materia a cada uno de los organismos estatales competentes.

Los aportes provenientes de distintas áreas vinculadas a la materia, serán fundamentales para el desarrollo y consecución de los objetivos propuestos. Con ese fin es que el Procurador, quien preside el Comité, y cuya coordinación está a cargo de la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, convocó a mujeres que trabajan, cada una desde sus especializaciones, en la temática. Al Comité lo integran las fiscales penales, Ana Inés Salinas Odorisio y Claudia Geria; la responsable del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca; las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos y Ana Pérez Declercq; la abogada Yesica Montagna y la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández.

Durante el primer encuentro, las mujeres acordaron las pautas de trabajo del Comité, para que lo producido se proyecte en acciones concretas. La próxima reunión será el jueves 19, a las 8.

La Iniciativa Spotlight apoya el Comité de Evaluación de Femicidios

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la coordinadora de la Iniciativa Spotlight, Valeria Serafinoff; a la especialista María Andrea Voria, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; a la subsecretaria de Políticas de Género de la Provincia, Rosaura Gareca y el subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos. La Iniciativa Spotlight es una acción global orientada a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Se trata de una alianza entre las Naciones Unidas y la Unión Europea, cuyo acercamiento con la Procuración General de la Provincia se sostiene en uno de los pilares de la Iniciativa, que es el de fortalecimiento institucional. En ese sentido, Rosaura Gareca explicó el avance en la articulación entre poderes, en el marco de la iniciativa Spotlight.

Una de ellas es apoyar el Comité de Evaluación de Femicidios que funcionará en breve en el ámbito de la Procuración, y trabajar, en ese marco, en la adaptación del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

La iniciativa también busca apoyar todas las acciones relacionadas con la capacitación y generar material local, en el marco de los acuerdos que se desarrollan en el Comité, dijo Gareca, a la vez que destacó la posibilidad de trabajar en el protocolo interinstitucional de abordaje integral de las violencias, del cual forma parte la Procuración, a través de las fiscalías especializadas de Violencia Familiar y de Género, de Delitos contra la Integridad Sexual y de Graves Atentados contra las Personas.

El protocolo debería conectar el trabajo de todos los organismos y ordenar la ruta crítica por la que atraviesan las mujeres en situación de violencia”, afirmó Rosaura Gareca. Dicha articulación se hará respetando el protocolo de cada organismo, pero con fuerte organización del trabajo intersectorial. En ese marco, serán incorporados al esquema el Ministerio Público de la Defensa, el Poder Judicial y Ejecutivo Provincial.

La Procuración General se sumó a la Iniciativa Spotlight contra el femicidio en mayo pasado.