Tres hombres y una mujer fueron juzgados por un violento hecho ocurrido en la zona Sudeste de la ciudad de Salta en mayo de 2020. Tras un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos, hirieron con arma blanca a un hombre de 28 años y a un menor de 16 años.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra Josué Maximiliano Rodríguez por los delitos de tentativa de robo en poblado y tentativa de homicidio simple en concurso real; contra Rosa Vanesa Orellana tentativa de robo en poblado y en banda y lesiones leves en concurso real. Para Juan Ezequiel Pérez y Esteban Herminio Reyes Quesada como coautores del delito de tentativa de robo en poblado y en banda.
En el requerimiento consta que el hecho ocurrió el 15 de mayo de 2020 por la noche en barrio Norte Grande, zona Sudeste de la ciudad. Una de las víctimas, identificada como Santiago Cañizares, fue interceptada por los cuatro acusados, quienes intentaron sustraerle una bicicleta y una mochila mediante el uso de la fuerza, lo que fue impedido por un familiar del damnificado.
Minutos más tarde, en el marco de un disturbio en la vía pública, Cañizares mantuvo una gresca con los imputados Pérez y Orellana y ésta última, desde atrás, lo agredió con un arma blanca, causándole una herida en región de tórax.
Al mismo tiempo, un menor de edad se acercó al lugar de la pelea con la intención de separar y auxiliar a Cañizares y fue agredido por Josué Rodríguez, quien sacó de su cintura un cuchillo tipo sierrita, lo persiguió y lo lesionó cuando el menor cayó al suelo. Debió ser asistido por una herida en el tórax que puso en riesgo su vida.
El juez Roberto Faustino Lezcano, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a Josué Maximiliano Rodríguez a la pena de 8 años y 6 meses de prisión efectiva y a Rosa Vanesa Orellana, Juan Ezequiel Pérez y Esteban Herminio Reyes Quesada les impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.