La víctima lo denunció en reiteradas oportunidades y desarrolló un trastorno paranoide por el que terminó “blindando” su casa por temor. Interviene la fiscal de Violencia Familiar y de Género 2, Luján Sodero.
La Sala 6
del Tribunal del Juicio condenó a un hombre de 56 años a la pena de un año y
dos meses de prisión de ejecución condicional y le fijó reglas de conducta.
El hombre llegó al juicio acusado por la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género 2, Luján Sodero, de desobediencia judicial por violar las medidas de restricción que le habían sido impuestas para proteger a una mujer con la que mantuvo una relación extramatrimonial durante 18 años.
Durante el
juicio, la mujer expuso numerosos hechos de violencia física y psicológica de
los que había sido objeto por parte del hombre y narró cómo esto afectó su vida
laboral, social y su psiquis, resaltando que a lo largo de los años había
radicado denuncias y solicitado medidas de restricción.
Peritos
psiquiátricos y psicológicos testificaron durante la audiencia, dando cuenta de
que la mujer había desarrollado trastorno paranoide como resultado de las
agresiones, a tal punto que en la actualidad vive en una casa “blindada” por
temor.
La fiscal Sodero, que representó al Ministerio Público Fiscal, solicitó que al hombre le sea aplicada la pena de un año y dos meses de prisión de ejecución condicional, sanción que le fue aplicada por el juez Guillermo Pereyra.
El Procurador General, Pedro García Castiella, se interiorizó sobre el avance de causas en las que numerosos salteños fueron estafados por empresas de construcción. El senador provincial Emiliano Durand le informó, durante una reunión mantenida el día miércoles, tener conocimiento de un importante número de familias que también se vieron perjudicadas por el sistema de construcción “en pozo”, y otras modalidades.
El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso la conformación de una unidad de análisis dentro del Ministerio Público Fiscal para prestar colaboración a aquellas fiscalías que llevan adelante las investigaciones por numerosas denuncias de casos por estafas en la construcción de viviendas bajo diversas modalidades, en perjuicio de familias salteñas.
García Castiella tomó la decisión luego de interiorizarse sobre el avance de distintas causas relacionadas con este tipo de estafas con la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
También en este marco, el Procurador General se reunió con el senador provincial Emiliano Durand, quien le transmitió su inquietud respecto a un cúmulo de denuncias recibidas por damnificados de distintas operatorias y empresas, en particular algunas que ofrecía el sistema de “pozo” para la adquisición de propiedades.
El Senador provincial manifestó al Procurador General tener conocimiento de un importante número de familias estafadas con este sistema por una empresa que publicitaba la preadquisición de propiedades a un precio inferior al valor del mercado, documentación que será aportada para potenciar las investigaciones
Tanto la Unidad de Delitos Económicos Complejos como otras Fiscalías Penales, según corresponda, llevan adelante la investigación de las denuncias realizadas por estafas de viviendas. A fin de brindar celeridad al proceso, García Castiella tomó la determinación de la conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario de distintos profesionales con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal, que prestarán colaboración en el avance de todas las denuncias e investigaciones .
Por su parte, el senador Durand hablará con los damnificados que lo contactaron para que radiquen la correspondiente denuncia en la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Los damnificados son familias cuyo objetivo era acceder a la vivienda propia y esa vulnerabilidad fue aprovechada por los denunciados. Se debe tener en cuenta el sufrimiento de las víctimas, y los años que tardarán algunas familias en saldar las deudas que contrajeron para acceder a esas viviendas.
Luego de investigar una denuncia de la Apoderada de la Municipalidad de
Iruya, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas
Odorisio, decidió acusar por dos hechos de peculado al ex Jefe comunal.
La fiscal
Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió
al Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio al ex Intendente de Iruya por
el delito de peculado (dos hechos)
Las
actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que
el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara
una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público
Fiscal.
En su
requerimiento, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que “el acusado, en su calidad
de Intendente de Iruya emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la
Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el
09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo
denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas
efectuada ante al Municipalidad de Iruya”.
En cuanto
al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que
“el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de
los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe
total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un
saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43”
La
funcionaria aseguró que, según la auditoría de la comuna, existía un faltante
de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente
(2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de
la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscal Salinas Odorisio requirió la elevación a juicio por dos hechos de peculado.
Tras recibir una denuncia web que daba cuenta de que el hombre vendía sustancias prohibidas en el barrio Nueva Esperanza 1 de General Güemes, el fiscal Penal Gustavo Torres Rubelt inició una investigación. Secuestraron 250 dosis de paco.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a un hombre de 21 años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Tras
recibir una denuncia web que daba cuenta de que un hombre vendía sustancias
prohibidas en el barrio Nueva Esperanza 1 de General Güemes, el Fiscal inició
una investigación a fin de determinar la veracidad de la misma.
En base a
los elementos obtenidos mediante las tareas de investigación, los agentes
concluyeron que la persona denunciada estaría llevando a cabo actividades ilícitas
relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes, por lo que
se solicitó al Juzgado de Garantas autorización para allanar su domicilio.
Durante el
procedimiento, realizado la semana pasada, el hombre intentó esconder 21 envoltorios
de polietileno con sustancia amarillenta en su boca. Además, en la cocina de la
vivenda fueron econtrados otros 58 envoltorios con la misma sustancia, $6970 y
un celular.
El Narcotest
dio positivo para cocaína y sus derivados, con un total de 250 dosis.
El hombre
fue detenido y trasladado a la Alcaidía General de la Provincia. Durante la
audiencia de imputación, asistido por un defensor oficial, se abstuvo de
declarar.
El hombre atacó con un cuchillo a su pareja, hiriéndola en el brazo y mano. Fue detenido e imputado provisionalmente por la fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, por el delito de lesiones leves agravadas por existir relación de pareja y violencia de género.
La fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente por el delito de lesiones leves agravadas por existir relación de pareja y violencia de género a un cabo del Servicio Penitenciario.
Las actuaciones de Filtrín Cuezzo iniciaron luego de tomar conocimiento de que el hombre –que presta servicio en la Unidad Carcelaria N°3- agredió con un cuchillo tipo sierrita a su pareja, causándole lesiones en la parte superior de su brazo izquierdo y en la mano derecha. El hombre fue detenido por personal del Sistema de Emergencias 911.
Las lesiones en el cuerpo de la mujer fueron constatadas por los médicos, por lo que la Fiscal solicitó que el hombre permanezca detenido y lo imputó provisionalmente por el delito de lesiones leves agravadas por existir relación de pareja y violencia de género.
El hecho fue denunciado por la víctima, de 18 años, en 2021. Interviene la fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. Cecilia Flores Toranzos.
La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual Cecilia Flores Toranzos, requirió ante el Juzgado de Garantías 6 juicio para un hombre de 24 por el delito de abuso sexual con acceso carnal.
Está
acusado de vulnerar la integridad sexual de una mujer de 18 años en 2021, en un
descampado cercano a su domicilio en el Valle de Lerma.
Tras la denuncia se inició la investigación y reunidos los elementos de convicción necesarios, Flores Toranzos solicitó que la causa sea elevada a juicio.
La hermana de la víctima denunció que un profesor mantenía conversaciones de contenido inadecuado vía Whatsapp con su alumna. Interviene la fiscal Penal de UDIS, Cecilia Flores Toranzos.
La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, requirió juicio para un hombre por el delito de grooming en perjuicio de una menor de edad.
Flores
Toranzos tomó intervención luego de que una hermana de la menor denunciara que
un profesor -de la escuela a la que asiste la víctima- mantenía conversaciones
por Whastapp de contenido inadecuado.
Iniciada la investigación, se reunieron los elementos de convicción necesarios y se solicitó la elevación de la causa a juicio.
Una mujer recurrió a la Policía para denunciar que su ex pareja ingresó a su vivienda y le sustrajo 10 mil pesos de un placard. Aseguró que en otras oportunidades le sacó ropa y electrodomésticos. Fue imputado por la fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, por hurto.
La fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 29 años por hurto.
La
intervención de Filtrín Cuezzo inició luego de que una mujer buscara la ayuda
de personal policial para denunciar que su ex pareja y padre de sus hijos,
ingresara en su vivienda y sacara 10 mil pesos de un placard.
Según la
víctima, el hombre le sustrajo en otras oportunidades electrodomésticos y ropa
para financiar su adicción a sustancias estupefacientes. Además, la mujer
aseguró que se trata de una persona violenta.
La fiscal Filtrín Cuezzo, luego de valorar la declaración de la víctima y el informe policial, imputó al hombre por hurto.
La investigación de la UFINAR permitió desbaratar una banda que empleaba una verdulería como fachada. Tenían escondidas drogas en un pimentón. Interviene el fiscal Penal, Gustavo Torres Rubelt
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a tres hombres y una mujer por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.
Además, a
la mujer y uno de los hombres se le suma la imputación provisoria de portación
de arma de fuego de uso civil.
La UFINAR
inició una investigación en noviembre pasado a raíz de una denuncia anónima que
señalaba que un hombre vendía sustancias prohibidas en un domicilio del
macrocentro salteño.
Personal
de la UFINAR y de la Policía de la Provincia identificaron la vivienda en 12 de
Octubre y Pasaje Saravia, en donde funciona una verdulería, y al hombre;
registrando en distintas oportunidades el intercambio de dinero por “paquetitos”
con personas que llegaban hasta el lugar.
Entre las visitas al domicilio, los agentes observaron una camioneta Peugeot en la que se encontraban los padres del hombre, ambos con antecedentes por infracción a la ley 23.737, y registraron el momento en que la mujer intercambiaba, desde su posición de acompañante del vehículo, dinero por paquetitos con cinco individuos. Similar situación se dio con el conductor.
A
comienzos de diciembre, los investigadores toman conocimiento, a través de
entrevistas con vecinos, de que el hombre y sus padres sospechaban de que
estaban siendo investigados por lo que cerraron la verdulería y se trasladaron
al barrio Tres Cerritos. Además, identifican a otros dos hombres como “colaboradores”
en la venta de estupefacientes.
Con la información recolectada se ubicó el nuevo domicilio, manteniendo la vigilancia en ambos lugares, al que luego se sumó el de los “colaboradores”. De la consulta con el sistema del Ministerio Público Fiscal se advirtió que esta última residencia, ya había sido allanada por venta de estupefacientes y resultó detenida una mujer, madre de uno de los colaboradores.
A lo largo
de diciembre, enero y febrero, los investigadores registraron el movimiento de
la camioneta entre los tres domicilios, así como la llegada de numerosas
personas que intercambiaban dinero por paquetitos. De la detención de los
algunos de los “compradores”, se pudo establecer que se trataba de cannabis
sativa y cocaína.
En base a los elementos obtenidos, el fiscal Gustavo Torres Rubelt solicitó al Juzgado de Garantías autorización para allanar los tres domicilios, medida que fue otorgada.
Al ingresar en la vivienda de 12 de Octubre, los agentes identificaron al hombre que había sido denunciado en primer lugar, y sus padres. Como resultado de la requisa personal, al primero le secuestraron 49 “pipas”, 5 envoltorios de polietileno con bochas de una sustancia amarillenta, un envoltorio con sustancia vegetal y la suma de $ 12600, mientras que en poder de su madre había $12.480.
Al realizar la requisa en el domicilio, loa agentes secuestraron envoltorios de polietileno verde claro con sustancia amarillenta granulada y un envoltorio transparente verde claro con sustancia vegetal. Además, del sector de la verdulería secuestraron bolsas de polietileno verde claro, similares a los envoltorios con sustancia, y desde la camioneta Peugeot Partner, un envoltorio con sustancia amarillenta.
Al realizar el Narcotest sobre la sustancia secuestrada, arrojó resultado positivo para cocaína y cannabis sativa, obteniendo un total de 30 gramos para la amarillenta y 13 gramos para la vegetal.
Luego, el
personal de la UFINAR se dirige a la vivienda del colaborador, en donde
secuestran dinero, envoltorios de polietileno con sustancia vegetal, una bolsa
verde claro que contenía verduras y un envoltorio de polietileno con sustancia amarillenta
oculto en el interior de un pimentón.
Finalmente, los agentes se trasladan –siempre acompañados por testigos- al domicilio de Tres Cerritos en donde secuestran envoltorios de polietileno transparente conteniendo sustancia amarillenta compacta en forma de terrones, envoltorios tipo ladrillo conteniendo sustancias, un cartón rectangular con restos de sustancia amarillenta y, sobre el mismo, un cuchillo con restos de sustancia, cucharas de plástico con restos de sustancia, tijeras, una balanza gramera y recortes de polietileno varios, $65.890; U$s 105; un revólver calibre 22 corto cargado con dos cartuchos y una vaina servida, y once cartuchos .
Culminada la requisa, se realizó el pesaje de lo secuestrado, obteniendo más de 20 mil dosis de la sustancia amarillenta y más de 350 dosis para la vegetal. El narcotest arrojó positivo para cocaína la primera y cannabis para la segunda.
El hombre,
sus padres y uno de los colaboradores fueron detenidos y alojados en la Alcaidía
General de la Provincia. El viernes pasado, el fiscal Torres Rubelt imputó a
los cuatro por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada. El
matrimonio, también fue imputado por portación de arma de fuego de uso civil.
Los cuatro fueron asistidos por un defensor oficial y se abstuvieron de declarar.
El 13 de octubre de 2021, el fiscal Penal de Salvador Mazza había requerido la elevación a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, pero el juez Nelso Aramayo dictó la nulidad absoluta. Ahora, el Tribunal de Impugnación Sala IV hizo lugar al Recurso de Apelación interpuesto por Armando Cazón
El Tribunal de Impugnación Sala IV hizo lugar al Recurso de Apelación presentado por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, dejando así sin efecto la resolución del juez Nelso Aramayo que dictaba nulidad absoluta de la audiencia de declaración, el decreto de audiencia de imputación y la solicitud de la elevación a juicio solicitados contra el ex Intendente de Salvador Mazza.
Aramayo había considerado que Cazón realizó la audiencia imputativa siete meses antes de haber efectuado el correspondiente decreto. El juez también había señalado que advertía graves irregularidades en las actuaciones remitidas , que afectan el debido proceso penal.
En la apelación presentada por Cazón el 29 de noviembre de 2021, el Fiscal negó haber violado el debido proceso y advirtió que el juez Nelso Aramayo confundió la fecha de notificación de la imputación con la imputación y declaración de Méndez Salazar, lo que fue confirmado por la Sala IV del Tribunal de Impugnación en su resolución de ayer. (Ver https://tinyurl.com/2uy9446y)
El fiscal Penal Armando Cazón había requerido la elevación a juicio el 13 de octubre de 2021.
