Toki Oliver Colombres

Abuso Sexual Institucional MPF

Orán: Condenan a un hombre a ocho años de prisión por abuso sexual

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

El Tribunal colegiado compuesto por los jueces Aldo Primucci, Edgardo Laurencio y Mario Maldonado, condenó a un hombre a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes.

Luego de la lectura de la sentencia, se ordenó la inmediata detención del acusado.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio en el que dos hombres fueron acusados. Sin embargo, uno de ellos, tras el testimonio de la víctima, dio parte de enfermo y luego se profugó por lo que la fiscal requirió sea declarado en rebeldía y detenido.

La condena del imputado no fue por unanimidad, ya que el juez Laurencio votó en disidencia por el beneficio de la duda. Maldonado y Primucci hallaron al acusado culpable del abuso sexual cometido en 2018. La representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado nueve años.

Filtrín Cuezzo investigó la denuncia radicada por la víctima, que aseguró que en abril de 2018 fue a bailar con unas amigas en Orán. A la salida se encontró con los acusados y las invitaron a su vivienda. Allí, continuaron bebiendo y sus amigas se marcharon. La mujer contó que comenzó a sentirse muy mareada. Al despertar, se encontró en una cama desnuda, con los dos hombres sin ropa.

La Fiscalía reunió las pruebas necesarias y requirió juicio para los dos hombres, instancia que tuvo lugar hasta hoy, en que se conoció el fallo del Tribunal.

Imputan al juez de Familia Raúl Soria por desobediencia judicial

La defensora Oficial Natalia Buira lo había denunciado en marzo pasado. Intervino la fiscal Penal 1 de Violencia Familiar y de Género.

La fiscal Penal 1 de Violencia Familiar y de Género imputó provisionalmente al juez Víctor Raúl Soria por el delito de desobediencia judicial.

La Fiscalía tomó intervención luego de que defensora Oficial Natalia Buira denunciara el pasado 16 de marzo que, encontrándose en el edificio de la Ciudad Judicial y, mientras esperaba el ascensor, el imputado pasó a menos de un metro de distancia de donde se encontraba.

La mujer aseguró que, al violar la medida, el juez Soria le quería transmitir el mensaje de “soy impune, no me va a pasar nada, puedo hacer lo que quiera”.

Cabe recordar que sobre el juez, pesa una orden de Prohibición de Acercamiento dictada por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que le fuera debidamente notificada al magistrado el 24 de septiembre de 2021.

Luego de una exhaustiva investigación –que incluyó la observación de las cámaras de seguridad del edificio-, la fiscal Penal 1 de Violencia Familiar y de Género imputó provisionalmente al Juez por desobediencia judicial.

Secuestran medicamentos e insumos médicos en las viviendas de empleados del Hospital San Bernardo

Tras investigar una denuncia del apoderado del Hospital San Bernardo por el faltante de medicamentos como clonazepan, midazolan y diazepan, entre otros; la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó el allanamiento de las viviendas de tres empleados de Farmacia y una enfermera.

Bajo la dirección de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos del CIF allanaron esta tarde cuatro viviendas de empleados del Hospital San Bernardo, así como los lockers que poseen los investigados en el nosocomio.

Como resultado del operativo fueron secuestrados medicamentos, insumos médicos, documentación relacionada a la causa y celulares.

La investigación de la UDEC inició a raíz de la denuncia radicada por el apoderado del Hospital San Bernardo ante el faltante de medicamentos como clonazepan, midazolan, insulina, enoxaparina, diazepan, guantes de latex, entre otros.

De acuerdo a lo explicado, el hospital dispensa a sus pacientes internados y ambulatorios medicación indicada por receta por los profesionales tratantes a través de dos lugares: la Farmacia Central de la cual sale la medicación para todo el sector de los internados del hospital y la Farmacia de Guardia, que provee medicación para los pacientes que se encuentran internados o concurren para atención ambulatoria en la guardia de emergencias.

En enero pasado, dos médicos oftalmólogos advirtieron en las historias clínicas digitales de algunos de sus pacientes dispensaciones de medicamentos que ellos no habían realizado y que no guardaban relación con las patologías tratadas.

A partir de allí, se inició una investigación que determinó que, de manera habitual, son los mismos usuarios de farmacia quienes habrían extraído los medicamentos dado que las claves son personales e intransferibles. Los usuarios son un hombre -que trabaja como Técnico en la Farmacia Central ubicada en el interior del Hospital-, y dos mujeres que se desempeñan en la Farmacia de Guardia.

De la investigación también surgió que una enfermera -que se desempeña en la Guardia y  que mantiene relación con el empleado de Farmacia- habría cooperado en la actividad, ya que la mayoría de los pacientes con registros irregulares son persona que fueron asistidos por el sector en el que se desempeña.

Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 7 el allanamiento de las viviendas de los cuatros sospechados, medida que tuvo lugar esta tarde.

Medicamentos e insumos secuestrados en una de las viviendas allanadas esta tarde.
Abuso Sexual Institucional MPF

Requieren juicio para un hombre por abuso sexual

La víctima denunció que en 2018, mientras trabajaba para una empresa de comunicaciones, el gerente de Recursos Humanos la acosaba y abusó sexualmente de ella. Luego de reunir las pruebas necesarias, el fiscal Penal 1 de UDIS, Federico Obeid, acusó formalmente al hombre de abuso sexual con acceso carnal.

El fiscal Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Federico Obeid, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 contra un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una empleada de la empresa de comunicaciones para la que ambos trabajaban.

La víctima denunció en mayo de 2021 que en 2018, mientras trabajaba para una empresa privada, fue acosada mediante mensajes de texto por el gerente de Recursos Humanos. El 22 de septiembre de ese año, tras una cena con compañeros de trabajo, se dirigieron a un local bailable, a donde se presentó el jefe, quien se ofreció a acercarla a su domicilio.

Relató que en el camino, el hombre tomó un desvío que resultó ser la casa del acusado, a donde accedió a bajar para usar el sanitario. Al salir, aseguró, el hombre abusó sexualmente de ella en un sillón de la vivienda.

Luego del hecho, continuó recibiendo mensajes de índole sexual. Relató que no sabía qué hacer porque no quería perder su trabajo y el gerente continuaba hostigándola. Finalmente, cuando dejó de responder a los mensajes, el hombre la despidió.

Tras reunir las pruebas necesarias, el fiscal Obeid requirió juicio para el hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Abuso Sexual Institucional MPF

La Unión: Condenaron a un hombre por abuso y absolvieron a otro

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, había solicitado 9 años por considerarlos culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la cantidad de participantes.

La Sala II del Tribunal de Juicio de Orán condenó a un hombre a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual con acceso carnal mediando violencia. En el mismo fallo, la jueza María Laura Toledo Zamora absolvió a otro hombre por el beneficio de la duda.

Ambos, habían sido acusados por la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, en calidad de coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la cantidad de participantes, solicitando la pena de nueve años de prisión para los dos.

La lectura de los fundamentos se realizará el 26 de mayo.

Los hechos
En octubre de 2019, un vecino del paraje La Unión, en el departamento Rivadavia, radicó una denuncia en contra de dos hombres por abuso sexual de su hermana de 16 años. Aseguró que los acusados obligaron a la menor de edad a ingresar a su vivienda y uno de ellos abusó de ella, mientras el otro observaba y no respondía a sus pedidos de auxilio.

Al tomar intervención la fiscal Filtrín Cuezzo, solicitó que los hombres sean detenidos. En su declaración de CCTV, la víctima ratificó lo denunciado por su hermano.

Tras reunir las pruebas necesarias, la Fiscalía elevó el requerimiento de juicio en contra de los dos hombres.

Venta de estupefacientes: Cinco años de prisión para guardiacárcel

Cinco personas entre las que también se encuentra el funcionario y un interno del Servicio Penitenciario, fueron condenadas por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada. El fiscal Penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

La Sala 3 del Tribunal de Juicio del distrito Centro halló culpables al Sargento Primero del Servicio Penitenciario, a un interno de la unidad carcelaria y otras tres personas del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio que inició el 9 de mayo pasado.

Rodrigo Esteban Martínez, quien prestaba servicios en la Unidad Carcelaria 1 del Servicio Penitenciario Provincial con el cargo de Sargento Primero, fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, agravado por cometer el hecho en el interior de un lugar de detención y por ser un funcionario encargado de la guarda de presos. El juez ordenó su inmediata detención y traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario.

El interno de la Unidad Carcelaria, Ramiro Gustavo Tejerina fue sentenciado a siete años de prisión de ejecución efectiva por comercialización agravada cometer el hecho en el interior de un lugar de detención; unificando con sentencia anterior en una pena única de 12 años.

Rodrigo Sebastián Medina fue absuelto por el principio Non bis in ídem, dado que ya había sido investigado y juzgado por el mismo hecho en la Justicia Federal.

Por su parte, María Natalia González y Rodrigo Agustín Cardozo fueron condenados a seis y cinco años de prisión por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada; mientras que la sentencia Pablo Roberto Mamaní fue de tres años y dos meses de prisión efectiva por considerarlo partícipe secundario por el delito de comercialización de estupefacientes.

La causa

La detención de las seis personas se produjo el 30 de octubre de 2020, luego de tres meses de una investigación que llevó adelante la UFINAR en la que se determinó que Ramiro Gustavo Tejerina, de manera telefónica desde el interior de la Unidad Carcelaria, era el encargado de conseguir las sustancias estupefacientes. Esta tarea la realizaba junto a su pareja, María Natalia González, quien luego la fraccionaba y la distribuía a otros de los imputados para que éstos se encarguen de su comercialización y luego recaudaba el dinero producto de la venta. González contaba con la colaboración de su hijo Rodrigo Agustín Cardozo González.

Por su parte, el Sargento Primero del Servicio Penitenciario prestaba colaboración en la organización ingresando distintos elementos prohibidos al penal.

Condenan a dos mujeres por venta de estupefacientes

María Elizabeth Reyes Pedraza y Scarlett Soria fueron detenidas en julio de 2021 a raíz de una investigación que se inició por la denuncia de vecinos en la web del Ministerio Público Fiscal. Intervino el fiscal
Penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt.

Mediante juicio abreviado, la Sala 7 del Tribunal del Juicio condenó a María Elizabeth Reyes Pedraza a la pena de 4 años y 3 meses de prisión de ejecución efectiva más el pago de multa por considerarla autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, condenó a Scarlett Soria a 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional más el pago de multa por ser partícipe secundaria del mismo delito.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt.

Al solicitar la pena para las condenadas, Torres Rubelt tuvo en cuenta que, al momento de su detención en barrio Santa Lucía el 24 de julio de 2021, las acusadas entregaron de manera voluntaria distintos elementos empleados para la comercialización de las sustancias, dinero producto de la venta y paquetes conteniendo cannabis sativa y cocaína.

La investigación había iniciado en marzo del año pasado a raíz de una denuncia enviada a través de la web de Denuncias del Ministerio Público Fiscal https://www.denunciasweb.gob.ar.

Por otra parte, el 30% del dinero secuestrado ($4820) fue depositado en una cuenta judicial a la orden del Juzgado de Garantías N°, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial N°7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el treinta por ciento (30 %) del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad para solventar gastos vinculados a las investigaciones llevadas a cabo contra los delitos de su competencia”.

Detienen e imputan a un hombre por agredir a su ex pareja

La víctima radicó una denuncia en la que aseguró que el hombre la golpeó, amenazó con un cuchillo e impidió abandonar su vivienda. Interviene al fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre por lesiones leves agravadas por haber existido relación de pareja y violencia de género, amenazas con arma y privación ilegítima de la libertad en concurso real.

La intervención de Filtrín Cuezzo inició tras la radicación de una denuncia por parte de la víctima, ex pareja del imputado, en la que aseguró que el hombre la golpeó, amenazó con un cuchillo y le impedía salir de su vivienda.

Al lograr escapar, la mujer acudió al nosocomio para ser atendida por cortes que presentaba en sus brazos y golpes en otras partes del cuerpo.

Horas más tarde, la víctima volvió a presentarse en la Comisaría para rectificar su denuncia, asegurando que los cortes eran autoinflingidos.

El hombre fue detenido y se encuentra detenido.

Abuso Sexual Institucional MPF

Elevan a juicio una causa por abuso sexual

Una mujer denunció al hombre que reside en el mismo terreno, por abusar de su hija de 10 años. Interviene la fiscal Penal 3 de UDIS, Cecilia Flores Toranzos.

La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 contra un hombre por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia con una menor de 18 años.

La denuncia fue radicada por la madre de la menor, de 10 años, en contra de un familiar que reside en el mismo terreno, al advertir la situación de abuso a la que era sometida la niña.

La Fiscalía realizó una investigación del hecho denunciado y, tras reunir las pruebas necesarias, se elevó el pedido de juicio al Juzgado de Garantías 5.

Abuso Sexual Institucional MPF

Condenan a 14 años a un hombre que abusaba de la hija de su pareja

La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio

La Sala 1 del Tribunal del Juicio condenó a un hombre a catorce años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia, en concurso ideal con corrupción de menores.

Durante el juicio, la fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, presentó las pruebas reunidas a lo largo de la investigación que permitieron acusar al hombre de los abusos a los que sometió a su hijastra durante varios años.

En la condena, el juez dispuso que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN para su posterior incorporación en el Banco de Datos Genéticos.