Compañeros de trabajo de una mujer advirtieron que era víctima de violencia de género y dieron aviso a las autoridades. La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, investigó el caso y, pese a la ausencia de denuncia de la propia víctima, imputó al hombre por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y género, amenazas, coacción y amenazas con armas, en concurso real.
La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, imputó a un hombre de 45 años por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y género, amenazas, coacción y amenazas con armas, en concurso real.
Además, Sodero solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento y detención del hombre por considerar que existía riesgo de vida para la víctima, medida que fue concretada por lo que ahora se encuentra alojado en la Alcaidía General de la Provincia.
La decisión de la Fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género encuentra su correlato en los testimonios de sus superiores y compañeros de trabajo, familiares y vecinos y en el informe realizado por el Equipo de Desarrollo Social y Psicología de la Fiscalía que determinó que la mujer se encuentra en alto riesgo, así como sus hijas de 13 y 10 años. Por esto, Sodero dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces y a la Secretaría de la Niñez y la Familia.
La fiscal Sodero precisó que, pese a la negativa de la víctima a realizar denuncia, el Ministerio Público Fiscal estimó menester la apertura de la investigación penal dado que “la violencia de género con evaluación de riesgo positiva obliga al Estado a intervenir atento los compromisos internacionales asumidos a través de la Convención de Belém do Pará, que permiten afirmar que estamos ante la excepcionalidad que prevé la citada normativa en cuanto se trata de una cuestión de interés público que amerita y exige la actuación oficiosa de los operadores jurídicos en su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, a la par que deviene imperativa la protección integral de la víctima”.
La causa
La intervención de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 2 inició a raíz de la denuncia radicada por el Jefe del Programa Jurídico de un hospital de la ciudad. Allí explicó que los compañeros de una empleada habían acudido al director del nosocomio preocupados por los reiterados hechos de violencia de género de los que era víctima la mujer.
El día de la denuncia, particularmente, aseguraron que la mujer recibió una videollamada de su pareja y la amenazó de muerte y a sus compañeros. La empleada se negó a radicar denuncia y se retiró del trabajo. Intranquilos, los trabajadores del hospital aseguraron que intentaron comunicarse con ella, pero recibieron audios del hombre en los que les decía que si continuaban llamando realizaría nuevos actos de violencia contra la víctima. Los mensajes fueron acompañados de fotos de lesiones infringidas a la víctima.
Los compañeros de trabajo aseguraron que la mujer “Llega haciendo videollamada con él. Le controla todo”; “la cela con un compañero de trabajo. A él fue a amenazarlo a la casa”; “Ella es un ente. No habla. Está muy flaquita. Falta mucho”; “Ella lo tiene que llamar permanentemente. Le tiene que contar lo que está haciendo”; y “Él la va a matar. Es peligroso en serio”, entre otros testimonios. Además, distintas personas aseguraron que una oportunidad el hombre se presentó en el hospital con un arma y fue detenido por el personal de Seguridad”.
Al dialogar la asistente social con vecinos de la familia, varios se mostraron preocupados por la situación de la mujer, ya que aseguraron que “una noche la sacó en medio del frío, ella estaba desabrigada”; que permanentemente escuchan “gritos de él y golpes en la pared” y que “hace unas semanas rompieron a la madrugada el vidrio de la ventana y vino la ambulancia”.
El informe de evaluación de riesgo indica que la mujer presenta un alto grado de vulnerabilidad, baja señal de alarma y tendencia a justificar o minimizar las situaciones de violencia de la que es víctima.
Tras solicitar distintas medidas tendientes a recabar pruebas, como la intervención del área de Informática de Cuerpo de Investigadores Fiscales para recuperar los audios y videos enviados por el imputado, Sodero tomó la decisión de avanzar en la imputación del hombre pese a la ausencia de denuncia de la víctima.
