Toki Oliver Colombres

Requieren juicio para la ex directora del colegio secundario de La Poma

La ex directiva habría omitido efectuar rendiciones de gastos por más de 107 mil pesos en el período 2012 – 2015. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa que se sigue a la ex directora del Colegio Secundario N°5069 de La Poma por el delito de peculado.

La intervención de la UDEC inició a raíz de la remisión en 2016 de un expediente sobre la situación académica y administrativa de la institución educativa por parte del ministro de Educación Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta de ese entonces, Roberto Dib Ashur.

Tras realizar distintos análisis y entrecruzamiento de datos, el Gabinete Económico de UDEC logró determinar una serie de irregularidades en la gestión administrativa de fondos del programa “Centro de Actividades Juveniles” (CAJ) por parte de la ex directora, quien se desempeñó al frente del colegio secundario desde el 28 de julio de 2007 hasta el 10 de agosto de 2015 y, como tal, tuvo a su cargo la administración y custodia de los fondos de los programas “Plan de Mejora Institucional” (PMI) y CAJ.

En el marco del programa PMI, desde el 3 de julio de 2012 hasta el 6 de octubre del 2014, se acreditó en una cuenta del Banco de la Nación Argentina de la Unidad Educativa, la suma de $109.408, y en el marco del programa CAJ, desde el año 2012 hasta el día 26 de febrero de 2015, se acreditó la suma de $119.983.

Según los investigadores, la ex directora habría omitido efectuar rendiciones de gastos del programa PMI por un monto de $70.992,80; y del programa CAJ, $36.714.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que la ex directiva, como administradora y custodia de los fondos que le fueron remitidos en los programas PMI y CAJ, omitió efectuar rendiciones de gastos y, por lo tanto, no justificó erogaciones realizadas con dichos fondos, sustrayendo un total de $107.706,80; perjudicando así el patrimonio y el normal funcionamiento de la Administración Pública.

Diez años de prisión para un hombre por delitos de violencia de género

Fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, amenazas (4 hechos), desobediencia judicial (4 hechos) agravadas por el género y haber existido relación de pareja, amenazas con arma y lesiones leves, todo en concurso real. La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

El juez de la Sala 1 del Tribunal de Juicio de Orán, Mario Maldonado, condenó a un hombre a la pena de diez años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, amenazas (4 hechos), desobediencia judicial (4 hechos) agravadas por el género y haber existido relación de pareja, amenazas con arma y lesiones leves, todo en concurso real.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

La intervención de Filtrín Cuezzo inició luego de que la víctima denunciara en numerosas oportunidades a su ex pareja y padre de sus hijos de 8, 5 y 3 años por golpes, amenazas y abuso sexual. En sus relatos, la mujer relató que el hombre la “celaba”, insultaba y amenazaba a su familia.

Además, la mujer contó que a su hija mayor la golpeaba, pellizcaba y le manifestaba dudas sobre su paternidad. Tras la primera denuncia de la víctima y de que el Juzgado de Familia dictara una medida cautelar de exclusión de hogar del agresor, la mujer contó que permanentemente violaba la disposición para agredirla y amenazarla. Relató que en una oportunidad el acusado hirió con un arma blanca a su hermana.

También denunció que, tras llegar de Mendoza en abril de 2020, debieron realizar cuarentena en el Polideportivo de Orán. Allí, aseguró, la sometió sexualmente en numerosas oportunidades y le llegó a pegar con un cable, además de prohibirle salir a ella y sus hijos.

La fiscal Filtrín Cuezzo realizó una investigación que le permitió reunir testimonios e informes psicológicos y ambientales que dieron cuenta de la situación de peligro en la que vivía la mujer y sus hijos.

Acusado de agredir violentamente y amenazar a su pareja embarazada

El hombre, de 23 años, fue imputado por lesiones agravadas por el vínculo y género y amenazas en contexto de género. Interviene la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Lorena Martínez.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, imputó provisionalmente a un hombre por la posible comisión del delito de amenazas en contexto de género lesiones agravadas por el vínculo y género.

Durante la audiencia, el hombre fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. La fiscal Martínez solicitó el mantenimiento de la detención.

El imputado fue detenido el domingo, luego de que su pareja –embarazada de tres meses- denunciara que el hombre, tras reclamarle por unos mensajes de texto, le dio un golpe de puño en el pecho, la agarró de los pelos, la arañó y amenazó, todo mientras cargaba a su hija de un año en brazos.

La mujer se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 en búsqueda de ayuda. Al llegar los efectivos, el hombre –de 23 años- fue detenido y trasladado a la Comisaría.

General Güemes: Condenan a 5 personas por venta de estupefacientes

Vecinos del barrio Santa Teresita habían denunciado a dos hombres en 2020. Una investigación encabezada por el fiscal penal de la UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, permitió identificar a más personas involucradas.

La Sala 3 del Tribunal del Juicio condenó a cinco personas por comercialización de estupefacientes y halló penalmente responsable del mismo delito a una adolescente de 17 años.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

Patricia Adriana Miguel y Ana Gabriela Casasola fueron condenadas a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y a ambas les fue revocada la prisión domiciliaria. El juzgado ordenó su inmediato traslado a la penitenciaría local.

Por su parte, Elio Casasola fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El Tribunal, además, revocó la condicionalidad de una condena de 2019, por lo que ahora pasará 6 años privado de su libertad.

Javier Armando Lazarte fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por ser penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad. Por su parte, Alberto Rumualdo Lazarte, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser partícipe secundario tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

Por último, la Sala 3 del Juicio declaró a una menor de edad penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En 2020 ingresaron a la web del Ministerio Público Fiscal (https://www.denunciasweb.gob.ar) denuncias en las que se indicaba que en Barrio Santa Teresita de General Güemes, dos hombres identificados como Marcelo y Javier Lazarte vendían sustancias estupefacientes.

Al tomar intervención la UFINAR, Torres Rubelt ordenó que se iniciara una investigación que permitió determinar que, además de los denunciados, otras personas de la familia participaban de la comercialización de estupefacientes.

En noviembre de 2020, y tras reunir las pruebas necesarias, el fiscal de UFINAR solicitó el allanamiento de dos viviendas del barrio Santa Teresita. Como resultado del operativo fueron detenidos e imputados cinco personas, secuestradas dosis de cannabis sativa y cocaína, dinero en efectivo, elementos empleados para la comercialización de estupefacientes y celulares.

Finalmente, Torres Rubelt solicitó que los imputados sean juzgados, instancia que se llevó a cabo días atrás.

Por tocamientos a mujeres, imputaron a un hombre

Una vendedora ambulante solicitó ayuda al Sistema de Emergencias 911 luego de que un hombre vulnerara su libertad sexual. En febrero de 2022 había sido denunciado por el mismo delito. Interviene la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 40 años por dos hechos de abuso sexual simple, en concurso real.

El hombre fue denunciado por una vendedora ambulante de Orán que se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda porque el hombre, que merodeaba por la esquina de Belgrano y San Martín, se habría acercado desde atrás y la habría sometido a tocamientos.

Los efectivos demoraron al hombre. Al corroborar sus antecedentes se comprobó que en febrero de 2022, una mujer había radicado denuncia en su contra también por tocamientos.

Cabe indicar que el “tocamiento”, se trata de una conducta abusiva que se ejerce prescindiendo de la voluntad de la mujer reduciéndola a simple objeto, y en eso consiste el abuso.

Al tomar intervención, la fiscal Filtrín Cuezzo imputó provisionalmente al hombre por abuso sexual simple (dos hechos), en concurso real.

Imputan a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija

La adolescente contó a su mamá lo que le sucedía cuando ella se ausentaba del hogar. Interviene la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente continuado en perjuicio de su hija adolescente.

El martes 23 de agosto, una mujer realizó una denuncia en contra de su ex pareja y padre de su hija de 13 años. Narró que la noche anterior la adolescente le había confesado que el hombre aprovechaba las ocasiones en que quedaban solos en la vivienda para abusar sexualmente de ella. La menor de edad contó que esto sucedía desde que tenía 11 años.

La fiscal Filtrín Cuezzo solicitó que la víctima fuera examinada por una médica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien corroboró los hechos.

El hombre, de 47 años, fue detenido e imputado. Filtrín Cuezzo solicitó el mantenimiento de la detención mientras avanza la investigación de la causa.

Imputada por romper dos dientes a su hija de 4 años

La niña recibió un puntapié que le habría dado su madre. Interviene la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, imputó provisionalmente a una mujer de 21 años por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo en perjuicio de su hija de 4 años.

La Fiscalía tomó intervención luego de recibir una denuncia que daba cuenta de que en la madrugada del 16 de agosto pasado, la mujer había pegado un puntapié en la boca a su hija mayor, de cuatro años de edad, provocándole la ruptura de dos dientes.

El informe médico constató la lesión sufrida por la niña por lo que la Martínez solicitó la detención de la mujer. Durante la audiencia de imputación, la mujer fue asistida por un defensor público y negó los hechos. La fiscal solicitó el mantenimiento de la detención.

Requieren juicio para un hombre acusado de violencia de género contra su ex pareja

El hombre es acusado de agredir, amenazar, abusar sexualmente y privar de su libertad a su ex pareja y madre de su hijo. Se comprobaron lesiones en el cuerpo de la víctima.

El fiscal Penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió al Juzgado de Garantías 8 juicio para un hombre de 39 años.

El Ministerio Público Fiscal acusa al hombre de ser autor de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por haberse cometido en contexto de violencia de género, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravadas por la violencia y en contexto de amenazas, amenazas (dos hechos) y coacción, todo con concurso real, en perjuicio de su ex pareja y madre de su hijo.

En noviembre de 2021, la mujer denunció que el hombre llegó hasta el domicilio en avenida San Martín y comenzó a pegarle golpes de puño y cachetadas. Luego, la agarró de los pelos, la arrojó a la cama y abusó sexualmente de ella mientras le daba golpes con la mano abierta.

De acuerdo al relato de la víctima, el acusado le impedía retirarse del lugar golpeándola con el puño en el sector de la cabeza y amenazádondola de muerte.

La mujer fue auxiliada por sus hermanos con los que se pudo comunicar en un momento en que el acusado se distrajo.

El informe del Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones confirmó que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.

Tras reunir distintas pruebas, el fiscal González Miralpeix requirió la elevación a juicio al Juzgado de Garantías 8

Un nuevo imputado en la causa de la financiera ilegal

Se trata de un hombre que estaba prófugo de la Justicia. La pareja de Cyntia Moya, que tiene pedido de detención, se dio a la fuga.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó esta mañana por el delito de estafas reiteradas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita a un hombre en el marco de la investigación a la financiera ilegal Ríos & Asociados.

Durante la audiencia, el hombre –que fue detenido ayer por personal de la UDEC– fue asistido por un defensor oficial y negó los hechos.

Para el día martes fue citada a audiencia de imputación una abogada y se solicitó la búsqueda con la fuerza pública de otra mujer que se encuentra prófuga de la Justicia.

En el día de ayer, por pedido de la fiscal Salinas Odorisio, los jueces del Juzgado de Garantías 3, Antonio Pastrana; Juzgado de Garantías 1 de Metán, Mario Teseyra; y Juzgado de Garantías 1 de J.V. Gonzalez, Sebastián Guzmán, autorizaron la realización de un importante operativo que contempló el allanamiento de ocho domicilios y el pedido de detención de dos personas.

Fueron allandas dos viviendas en Villa Costanera y barrio El Huayco en capital; tres domicilios en Joaquín V. González y tres en San José de Metán. Como resultado fueron secuestrados 44.530 pesos, 200 dólares, un automóvil Toyota y dos autos marca Fiat, contratos de Ríos & Asociados, documentos, tarjetas de créditos, varios productos muebles en estado nuevo y celulares.

El hombre detenido durante el procedimiento en Metán, es hermano de otro de los imputados en la causa y se encontraba prófugo de la Justicia. De acuerdo a la investigación de la UDEC; ambos tenían el rol de tazadores, operadores y captadores, para la compra y venta de vehículos, como así el resguardo en galpones, traduciendo dichas operatorias en la confección de carpetas de contratos y recepción del dinero por parte de los damnificados.

La mujer que hoy se encuentra prófuga, sería pareja de Cinthya Moya y también tendría incidencia en el manejo de la financiera.

En cuanto a la abogada, que sería pareja del detenido ayer, registra denuncias en su contra por la participación en la falsa financiera que describen hechos vinculados a la confección de contratos y recepción del dinero a invertir por parte de los damnificados

A los 14 años pudo contar que fue abusada por la pareja de su abuela cuando era pequeña

La Sala 4 del Tribunal del Juicio lo sentenció a nueve años de prisión. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Penal de UDIS, Cecilia Flores Toranzos

La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Cecilia Flores Toranzos, logró la condena a la pena de nueve años de prisión efectiva para un hombre que abusó de la nieta de su pareja, menor de edad.

Luego de investigar la denuncia radicada en 2020 por madre de la menor de edad, la fiscal Flores Toranzos reunió las pruebas necesarias que permitieron que la jueza Norma Vera, de la Sala 4 del Tribunal del Juicio, hallara culpable al hombre del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y por mediar aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad.

Cuando la menor tenía 14 años, pudo contar a su madre que, años atrás, cuando la había dejado al cuidado de su abuela y su pareja por unos días, el hombre la había sometido a tocamientos reiterados.

Tras conocerse la condena, la jueza Vera ordenó que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN al condenado para su posterior incorporación en el Banco de Datos Genéticos.