Pese a que tenía prohibición de acercamiento, el hombre se acercó a la mujer e intentó quitarle el celular. Ella se defendió con un candado. Interviene la fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo.
La fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 40 años por amenazas y desobediencia judicial.
El hombre fue detenido por un oficial de la Policía de Salta el 29 de noviembre pasado luego de ser advertido de un desorden en una calle céntrica de Orán. Al llegar al lugar, observó un hombre con una herida en la cabeza y una mujer, que aseguró que ella lo había lesionado con un candado a modo de defensa, ya que su expareja se presentó en su trabajo y le profirió amenazas e intentó quitarle su celular.
Sobre el
hombre pesaba una medida cautelar de prohibición de acercamiento a la mujer a
fin de protegerla por denuncias previas de violencia de género.
El hombre fue demorado y alojado en la Comisaría. La fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente al hombre.
Un hombre de 20 años fue hallado penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. El hecho ocurrió el 30 de enero de 2022. La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal.
Por el
delito de abuso sexual con acceso carnal, Cristian Arce fue condenado a seis años
de prisión efectiva por la Sala 2 del Tribunal de Juicio de Tartagal.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio en el que demostró la responsabilidad penal de Arce.
El 30 de enero
de 2022, una mujer denunció que esa madrugada se encontraba en la canchita de
un paraje de la localidad de Aguaray junto al acusado y otras personas
ingiriendo bebidas alcohólicas. Al descomponerse, una amiga la llevó hasta su
vivienda y la introdujo en una habitación, en donde fue interceptada por el
hombre y obligada a mantener relaciones sexuales.
Al tomar intervención la fiscal Martínez, solicitó que la víctima sea examinada por un médico legal, quien confirmó que presentaba defloración reciente.
Un hombre ingresó a la vivienda en donde dormían sus hijos diciendo que iba a matarlos. Su suegro lo interceptó y logró que se retirara del lugar.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de amenazas con armas en contexto de género.
El hombre fue detenido luego de que irrumpiera en la vivienda en la que se encontraban su pareja e hijos durmiendo, portando en sus manos un machete y un cuchillo. Según contó la mujer, el imputado gritaba exigiendo que le entregara dinero y amenazó con matarlos.
El abuelo de la mujer intervino y logró que el hombre se retirara del lugar, siendo detenido después.
El médico fue denunciado el 2 de noviembre pasado por una paciente que aseguró que el hombre, de 52 años, vulneró su integridad sexual en dos oportunidades. El fiscal 2 de UDIS, Rodrigo González Miralpeix, solicitó la prisión preventiva.
El fiscal Penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, imputó provisionalmente a un médico de 52 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), en concurso real.
Durante la
audiencia, el médico –con especialidad en ginecología-, estuvo acompañado por
un abogado particular y negó los hechos que se le imputan.
González Miralpeix solicitó al Juzgado de Garantía 4 la prisión preventiva del ginecólogo, que se encuentra alojado en la Alcaidía General de la Provincia.
El 2 de noviembre de 2022, una mujer se presentó en la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Distrito Centro Polo de la Mujer y denunció que su médico ginecólogo, cuyo consultorio se ubica en avenida Belgrano, había vulnerado su integridad sexual durante una consulta.
La mujer
ratificó en sede fiscal la denuncia efectuada y contó otro hecho, ocurrido
durante una consulta previa. La víctima expresó que, luego de lo sucedido,
había concurrido a una ginecóloga para consultarle si lo que le había sucedido
en el consultorio del médico constituía un examen normal y que ésta le había
manifestado que no, por lo que decidió radicar una denuncia.
Tras las constataciones efectuadas por la Fiscalía en el marco de las actuaciones de prevención y de averiguación preliminar, el fiscal González Miralpeix requirió la detención del hombre y lo imputó por abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), en concurso real.
La mujer logró escapar hasta una casa vecina, desde donde llamó al Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda.
Tras la denuncia por hechos de violencia efectuada en la Comisaría 6 por una mujer contra su pareja, de 52 años, tomó intervención la Fiscalía Penal 1 de Violencia Familiar y de Género.
El sábado 3 de diciembre, una mujer se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 desde la casa de una vecina en barrio El Huayco. Solicitó ayuda asegurando que su pareja desde hacía 6 meses, ingresó a la vivienda con un machete y mientras la insultaba, amenazaba con matarla. Denunció que el hombre propinó un machetazo a la silla en la que ella se encontraba sentada y luego comenzó a ahorcarla y pegarle en el rostro y que, tras forcejear, pudo escapar hacia la casa colindante.
Al llegar los efectivos, detuvieron al agresor. Por requerimiento de la Fiscalía, la mujer fue examinada por un médico legal que informó que presentaba hematoma de 5 cm de diámetro en ángulo mandibular izquierdo, hematoma de 5 cm de diámetro en labio superior, hematoma de 3 cm de diámetro en lateral izquierdo de cuello y hematoma de 5 cm de diámetro en muñeca.
Teniendo en cuenta lo testificado por la víctima y el informe médico, la fiscal Penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria, imputó provisionalmente al hombre por los delitos de amenazas con armas y lesiones agravadas por el género y la relación de pareja.
El hombre fue descubierto en flagrancia por una hija. La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal.
Un hombre fue condenado a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo en grado de tentativa.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
El 25 de
diciembre de 2020, en horas de la tarde, una hija del sentenciado, lo
sorprendió intentando acceder carnalmente a su nieta, de 7 años, en una
habitación de la vivienda familiar.
El hombre negó los hechos pero tanto su hija, como el padre de la niña e hijo del acusado, testificaron en contra de él
La Sala 1 del Tribunal de Juicio de Tartagal dispuso el inmediato traslado del hombre a la Unidad Carcelaria y la extracción de material genético del hombre por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Su hija, de 13 años, contó que el hombre le puso una soga al cuello y amenazó con colgarla de una parra, entre otros hechos. La fiscal Penal 1 de Violencia Familiar y de Género también dio intervención a la UDIS para que investigue la posible comisión de un delito contra la integridad sexual.
La fiscal Penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria, solicitó la detención de un enfermero de 39 años imputándolo provisionalmente por los delitos de amenazas y coacción (dos hechos). Durante la audiencia, el hombre que contó con el patrocinio letrado de un abogado particular, negó los hechos.
El 19 de octubre pasado, una mujer efectuó una denuncia en contra del hombre asegurando que el día en que la hija de ambos cumplía años, se presentó en la vivienda y pasó el día profiriéndoles insultos y amenazas desde la puerta. La mujer activó el botón antipánico que le fuera otorgado por el Juzgado de Violencia de Género por denuncias previas, y también denunció que la Policía de Salta no respondió a sus numerosos llamados.
La denunciante agregó que el hombre se presenta permanentemente en establecimiento educativo al que concurre la menor de edad y la hostiga, sin que las autoridades lo impidan.
Al tomar intervención en la causa, la fiscal Geria requirió que la menor de edad, de 13 años, fuera entrevistada en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).
Su madre contó en sede fiscal que, en una oportunidad, la menor de edad observó a su padre consumiendo estupefacientes y éste, al darse cuenta, la habría conducido al lavadero procediendo a introducirle y sacar la cabeza de una pileta con agua mientras le decía que no repitiera lo que vio ni le contara a su mamá porque sino iba a ser la única responsable de que terminase con la vida de la mujer.
También, de la investigación se pudo conocer que en una oportunidad el hombre le habría colocado una soga en el cuello a la adolescente amenazando con colgarla de una parra de la vivienda.
Tras evaluar la información recabada, la fiscal Geria imputó provisionalmente al enfermero por amenazas y dos hechos de coacción, además de dar intervención a la UDIS por la posible comisión de un delito contra la integridad sexual.
Luego de repasar los hechos de fraude y peculado demostrados durante casi dos meses de juicio, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió que las condenas de Ernesto Fernando “Kila” Gonza y Sergio Armando sean de cumplimiento efectivo.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la pena de cuatro años y ocho meses de prisión para el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza y tres años y seis meses para Sergio Armando. Ambas, de cumplimiento efectivo.
Salinas Odorisio mantuvo su acusación de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor, en contra de Gonza. En cuanto a Armando, la fiscal de UDEC lo acusó de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.
La fiscal Salinas Odorisio inició su alegato recalcando que en el juicio se estaban juzgando dos hechos independientes entre sí: el primero, relacionado a las casillas del Plan “Una casa para tu hogar” y, el segundo, a un puente sobre calle Belgrano. A lo largo de toda su exposición, la fiscal de la UDEC sostuvo que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando.
La representante del Ministerio Público Fiscal destacó que se trata de hechos de corrupción en obra pública con articulación entre el sector público (a cargo de Gonza) y el privado (Empresa El Montañez, de Armando).
Para graficar los hechos juzgados, la fiscal se valió de una pantalla gigante en los que fue resumiendo el rol de los involucrados y precisó que el inicio de las maniobras fraudulentas fue el 10 de abril de 2011, día en que tuvieron lugar las elecciones provinciales y Gonza perdió la intendencia en manos de Federico Parra.
La fiscal sostuvo que, desde ese día, se comenzó a orquestar el fraude en perjuicio del municipio de San Lorenzo y, en pantalla, presentó una copia del documento firmado por Gonza y Parra el 7 de diciembre de 2011, en el que el primero consignó que no existían contratos vigentes ni deudas ni obras sin ejecución.
Además, presentó un detalle de los cheques firmados ese día y que el 12 de diciembre de 2011, familiares y amigos de Gonza y Armando se presentaron a cobrar. Salinas Odorisio indicó que en total, los cheques sumaban la cifra de un millón de pesos, lo que actualizado a valores actuales serían unos 40 millones de pesos. “Para que se den una idea, en diciembre de 2011 la coparticipación que cobraban la Municipalidad de San Lorenzo era de 200 mil pesos. Los cheques eran por un millón de pesos”, precisó la fiscal.
En la pantalla, Salinas Odorisio también presentó un cuadro de relaciones en los que quedó en evidencia el vínculo familiar o de amistad que los testigos de la defensa mantienen con Gonza y/o Armando.
La Fiscal recordó al Tribunal que el 13 de junio de 2011 se celebró un convenio entre el Municipio de San Lorenzo -representado al momento de la contratación por Ernesto Fernando Gonza- y la empresa “El Montañez” de Sergio Armando para la construcción de viviendas prefabricadas de madera en el marco del “Plan una casa para tu hogar”. De acuerdo al testimonio de peritos y testigos, las casillas “no fueron debidamente concluidas según lo contratado, a las especificaciones obrantes y a las normas vigentes y reglas del buen arte”.
En cuanto al puente de calle Belgrano, la fiscal de UDEC demostró que fue construido con personal de la Municipalidad de San Lorenzo en horario laboral y con herramientas de la comuna.
Salinas Odorisio recordó que la Municipalidad de Villa San Lorenzo efectuó un desprendimiento de importantes sumas de dinero sin obtener a cambio el objeto de la contratación celebrada con Sergio Armando, ya que las obras cuya realización debía llevar a cabo no se concluyeron o resultaron defectuosas.
Por todo ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo para Ernesto Fernando “Kila” Gonza y tres años y seis meses para Sergio Armando, también de cumplimiento efectivo.
La defensa de Ernesto Gonza solicitó su absolución lisa y llana. Subsidiariamente, pidió al Tribunal la absolución por el beneficio de la duda.
Por su parte, la defensa de Armando solicitó la absolución lisa y llana; y subsidiariamente la aplicación del principio de la duda y, subsidiariamente a esto, el mínimo de la pena de la tentativa de todos los delitos que se le imputan.
Los alegatos se realizaron en la Sala 1 ante el tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González. La próxima jornada de la audiencia debate será el lunes 12 de diciembre a las 15.
La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, durante su alegatoEneresto «Kila» Gonza y Sergio Armando
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, había acusado al hombre del delito de abuso sexual con acceso carnal y solicitado la pena de seis años de prisión. Los fundamentos se conocerán en 5 días hábiles.
El juez Edgardo
Laurenci de la Sala 1 del Tribunal de Juicio de Orán condenó a un hombre a la
pena de tres años de prisión de ejecución condicional por considerarlo
responsable del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una niña de 12
años de la comunidad wichi.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, había acusado al hombre del delito de abuso sexual con acceso carnal y solicitado la pena de seis años de prisión, calificación legal que fue desestimada por el juez.
El 28 de marzo de 2022, el padre de la niña denunció que su hija había desaparecido el 21 de marzo con un hombre de 20 años perteneciente a la comunidad, con quien aparentemente mantenía una relación afectiva.
La menor de edad fue hallada junto al hombre y, tanto la revisión médica como el cotejo de ADN, dieron la confirmación para que el fiscal impute al hombre, por abuso sexual con acceso carnal.
En Circuito Cerrado de Televisión, la niña contó que el hombre le había manifestado que tenía 17 años, y a su vez no pudo explicar lo que ella entendía por acto sexual.
Durante el juicio, Filtrín Cuezzo recordó que el artículo 119 del Código Penal establece que será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
Tras la lectura de la sentencia, el juez Laurenci ordenó la liberación del acusado. Los fundamentos de la condena se conocerán en 5 días hábiles.
La mujer se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda y aseguró que el hombre se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y alcohol.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de amenazas y solicitó el mantenimiento de su detención.
En la
madrugada del miércoles 1 de diciembre, una mujer se comunicó con el Sistema de
Emergencias 911 solicitando ayuda. Explicó que su expareja, que se encontraba
bajo los efectos de sustancias estupefacientes y alcohol, se presentó en su
vivienda y la amenazaba con quemar su casa y matarla.
Al llegar los efectivos, el hombre se dio a la fuga, por lo que los agentes se retiraron del lugar en su búsqueda. Minutos más tarde, el imputado regresó a la vivienda y comenzó a patear el portón, por lo que la mujer volvió a llamar al SE 911, que finalmente detuvo al hombre.
