Toki Oliver Colombres

Orán: Imputado por agredir a su pareja

Vecinos de la zona llamaron al Servicio de Emergencias 911 solicitando ayuda para una mujer que estaba siendo golpeada por su concubino.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 29 años por el delito de lesiones leves agravadas por existir relación de pareja y por violencia de género.

El hombre fue detenido en Orán el 1 de enero, luego de que vecinos de la zona se comunicaran con el Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda para una mujer que estaba siendo agredida por su pareja.

Al llegar los efectivos, la mujer contó que el hombre llegó en estado de ebriedad y le propinó cuatro piñas en el rostro, interponiéndose su hija de 11 años para que no le continuara pegando.

El hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría.

Demoran a la madre de uno de los imputados por un doble homicidio

El 29 de diciembre pasado, durante una visita a su hijo en la Unidad Carcelaria 1, la mujer intentó ingresar marihuana y cocaína. Fue imputada por el delito de entrega de estupefacientes a título gratuito agravada por cometerse en lugar de detención en grado de tentativa.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a una mujer por el delito de entrega de estupefacientes a título gratuito agravada por cometerse en lugar de detención en grado de tentativa.

El 29 de diciembre a las 16:50, durante una requisa a visitantes de la Unidad Carcelaria 1, personal del Servicio Penitenciario secuestró en poder de una mujer un envoltorio transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura oculto en la parte del tobillo izquierdo, y dentro del bolsillo derecho del pantalón de color negro diez envoltorios con sustancia amarillenta en forma pulverulenta.

La prueba de Narcotest arrojó que se trataba de 4,5 gramos de cannabis sativa en el primer caso y 1,5 gramos de Cocaína y/o derivados.

La mujer fue identificada como la madre de Julián Bautista Bubrosky, detenido por el doble homicidio de Circunvalación Oeste, ocurrido el 10 de octubre de 2021. Se encuentra imputado por el delito de doble homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido criminis causa, por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Pablo Jonathan Tolaba y Romina Isabel Zerda.

Durante la audiencia de imputación, la mujer admitió que le llevaba marihuana a su hijo detenido.

Detienen a un hombre que difundió un video en el que abusaba de su hijastra, de 8 años

El hombre registró en una filmación el abuso, que fue compartido por redes sociales y mensajería instantánea. Al tomar conocimiento de lo sucedido, la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, ordenó distintas medidas a fin de dar con el abusador.

Por pedido de la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, un hombre de 28 años fue detenido en las últimas horas por el abuso sexual de una niña de ocho años, hija de su pareja.

La fiscal Martínez tomó intervención en la causa el 3 de enero a las 15 horas, cuando el titular de la Comisaría 42 de Tartagal le informó que un sargento de esa unidad había recibido un video a través de la aplicación Whatsapp en el que se podía ver a una niña practicándole sexo oral a un hombre.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al Comisario que radicara la denuncia y requirió la intervención de personal de Criminalística.

Una hora más tarde, una mujer se presentó en la Comisaría de Tartagal y denunció que había recibido a través de un perfil falso de la red social Facebook el mismo video. Identificó al hombre, y a la niña como la hija de su actual pareja aportando datos sobre dónde residían.

Contó además, que había reenviado el video a la actual pareja del hombre, madre de la menor de edad, pero no había obtenido respuesta por lo que también lo reenvió a una tía de la menor.

Con la información aportada, la fiscal Martínez solicitó la inmediata detención del hombre señalado, medida que se concretó en la vivienda en la que reside junto a su pareja y la niña.

Posteriormente, a las 23:20, la madre de la menor se presentó en la Comisaría 42 para radicar denuncia en contra de su pareja, luego de haber tomado conocimiento de la situación. La mujer relató que la niña le confirmó el abuso del que era víctima.

Por disposición de la fiscal, la menor fue examinada en Orán por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y asistida por el Savic (Servicio de Asistencia a la Víctima).

El hombre se encuentra detenido en la Comisaría de Tartagal y en las próximas horas deberá acudir a audiencia imputativa en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.

Condenan a los miembros de la banda jujeña que estafaba telefónicamente

Los acusados aceptaron los hechos. Además de las penas impuestas, devolverán el dinero sustraído a las víctimas.

Con el acuerdo alcanzado entre las partes y mediante juicio abreviado, cinco personas fueron condenadas por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por las estafas telefónicas realizadas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, y fue quien estuvo a cargo de la investigación que culminó con dos hombres y tres mujeres detenidos en la provincia de Jujuy.

Tras la aceptación voluntaria de los acusados sobre la intervención en los hechos, el juez Amadeo Longarte sentenció a Maximiliano Ariel Firpo y Cristian Marcelo Pasora  -ambos privados de su libertad- a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, ordenando la remisión de la condena al Juzgado interviniente de Jujuy para que realice la unificación y cómputo de pena.

Por su parte, Beatriz Carolina Torres fue condenada a 3 años con modalidad domiciliaria dado que tiene bajo su cargo hijos pequeños; y Rosa Fabiana Firpo a 3 años de prisión de ejecución condicional más reglas de conductas.

Los cuatro fueron condenados por los delitos de estafas reiteradas ( dos hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

En cuanto a Vanesa Soledad Torres, fue sentenciada a 3 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa en calidad de partícipe necesaria.

En conformidad, la fiscal Salinas Odorisio y los abogados de los acusados y a modo de reparación del daño causado, acordaron que los condenados deberán abonar la suma de $163.700 a una de las víctimas y $65.000 al otro damnificado. Además de las penas impuestas, se dispuso el decomiso de las notebooks, tablets y celulares secuestrados.

La causa

La investigación realizada por la UDEC se originó a partir de dos denuncias radicadas por estafas telefónicas, en donde las víctimas fueron contactadas e informadas de que habían ganado premios, solicitándoles el pago de sumas de dinero para gestiones administrativas. Engañados, realizaron transferencias bancarias sin recibir nada a cambio, lo cual les generó perjuicio económico.

Del entrecruzamiento de datos se pudo identificar que dos hombres, detenidos en la Unidad Carcelaria 1 de la provincia de Jujuy, eran quienes realizaban el contacto. La pareja de uno de ellos recibía el dinero en su cuenta, para luego transferir una parte del monto a una familiar del otro detenido.

El jueves 13 de octubre de 2022, por pedido de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, fueron allanados tres domicilios particulares y la Unidad Carcelaria de la provincia vecina, secuestrándose importantes sumas de dinero, tickets comprobantes bancarios, tarjetas de crédito y débito a nombre de los acusados y de terceras personas, posnets, una caja fuerte, celulares y numerosos chip, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

Las mujeres fueron detenidas, trasladadas y alojadas en la Alcaidía General de la Provincia de Salta. La hermana de uno de los detenidos, que también recibía el dinero transferido por las víctimas, fue detenida posteriormente.

Campo Quijano: Imputan a un hombre por amenazar, lesionar y abusar de su expareja

Ante los gritos de la mujer, su padre acudió en su auxilio y redujo al hombre, atándole las manos y los pies hasta que llegara la policía. Fue detenido y trasladado a la Alcaidía General de la Provincia. El fiscal 4 de UDIS, Pablo Rivero, solicitó la prisión preventiva.

El fiscal Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Pablo Rivero, imputó provisionalmente a un hombre por los delitos de amenazas, lesiones agravadas por constituir un hecho de violencia de género y por ser cometido por su expareja, desobediencia judicial (3 hechos en concurso real) y abuso sexual simple; todo en concurso real.

Durante la audiencia, el hombre fue asistido por un Defensor Público y se abstuvo de declarar. El fiscal Rivero solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del imputado.

El hombre, de 24 años, fue detenido en Campo Quijano el domingo 1 de enero por efectivos de la Policía de Salta como respuesta a un llamado al Sistema de Emergencias 911. Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron al imputado con sus manos y pies atados.

Según narró su ex pareja, el hombre se presentó en su domicilio a las 4 de la mañana en estado etílico, pese a la medida de restricción de acercamiento que pesa en su contra por denuncias previas de violencia de género. Al salir el padre de la mujer, el hombre se retiró para regresar a las 5 y, al asomarse a la ventana, la víctima señaló que le dijo «estas con otro, si te veo en la calle te voy a matar», para luego darle un golpe de puño en el hombro derecho.

La mujer aseguró que a las 6 volvió a presentarse en el domicilio, ingresando por una ventana y metiéndose en su habitación, se acostó en su cama y vulneró su integridad sexual. Ante los gritos de la mujer, su padre acudió en su auxilio y redujo al hombre, atándole las manos y los pies hasta que llegara la policía.

Los efectivos lo trasladaron a la Alcaidía General de la Provincia.

Imputado por abuso sexual, desobediencia judicial y hurto

El hombre reside en Bolivia y, según la mujer, permanentemente ingresa a Argentina y viola la medida de restricción de acercamiento impuesta por el Juzgado de Familia.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 28 años por los delitos de hurto, abuso sexual simple y desobediencia judicial.

El hombre, de nacionalidad boliviana, fue denunciado el 1 de enero de 2023 por su ex pareja. La mujer contó que se encuentra separada desde hace tres años y que sobre el hombre pesan medidas de restricción de acercamiento por violencia de género.

La mujer aseguró que el hombre permanentemente viola la perimetral y la obliga a mantener relaciones sexuales y que, pese a sus denuncias, no logran detenerlo porque su ex pareja reside en zona de frontera, del lado de Bolivia.

En la denuncia del 1 de enero, la víctima contó que el hombre irrumpió en su domicilio y vulneró su integridad sexual. Al intentar llamar al Sistema de Emergencias 911, su expareja le arrebató el celular y se lo guardó. Expresó que aprovechó un descuido del hombre para recuperar su teléfono y, desde el baño, intentó llamar al SE 911 y, al no poder contactar, escribió a una amiga pidiéndole ayuda.

Al llegar personal policial, encontraron al hombre en el lugar por lo que detenido y trasladado a la Comisaría.

Imputan a dos agentes de Movilidad Ciudadana

Durante la audiencia fueron asistidos por abogados particulares y dieron su versión de los hechos. Permanecen detenidos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente por el delito de exacciones ilegales a los agentes de Movilidad Ciudadana detenidos el 28 de diciembre pasado.

Durante la audiencia, el Supervisor del personal motorista y el agente examinador del municipio capitalino, fueron asistidos por abogados particulares y dieron su versión de los hechos. Ambos permanecen detenidos.

El delito de exacciones ilegales se encuentra previsto en el artículo 266 del Código Penal y se trata de un delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público con abuso de su cargo, solicita, exige o hace pagar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva; o cobra mayores derechos que los que corresponden. La pena prevista es de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de la denuncia efectuada en la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta por parte de un vecino de la ciudad que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

En sede fiscal, el hombre ratificó lo denunciado y explicó que, tras reprobar el examen de manejo en el canchón municipal, una permisionaria le ofreció contactarlo con un agente de tránsito que le facilitaría la obtención del carnet.

El hombre se dirigió a la repartición pública mencionada, contando lo sucedido a una funcionaria del Programa de Auditoría. Tomado conocimiento del caso, decidieron comunicarse con el número que le habían brindado, a través del cual un agente, solicitó 5000 pesos a cambio de aprobar el examen práctico y acordando una cita en avenida Artigas.

El denunciante se presentó a la hora pactada y el agente le señaló a un compañero laboral que realizaba los exámenes, para indicarle que ése era el hombre a aprobar, entregándole el denunciante una suma menor: 4000 pesos.

Los agentes fueron identificados y detenidos.

Los hermanos Mansilla pasarán cuatro años presos por venta de drogas

El fiscal Penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, realizó un procedimiento abreviado en el que los acusados admitieron su responsabilidad en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Mediante juicio abreviado, la Sala 7 del Tribunal del Juicio condenó a dos hombres a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y recomendó al Servicio Penitenciario que les brinde asistencia psicológica y/o psiquiátrica por su adicción a las drogas.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

Los hermanos José Luis Mansilla y Héctor Antonio Mansilla fueron detenidos el 25 de agosto de 2022 con sustancias estupefacientes, elementos empleados para la comercialización y dinero en efectivo por oficiales de la Policía de Salta que realizaban un patrullaje de rutina.

Paralelo a ello, la UFINAR tenía en curso una investigación sobre los detenidos a raíz de denuncias efectuadas en la web de fiscalespenales.gob.ar que señalaban que los hermanos vendían drogas en distintos barrios.

Tras registrar el intercambio de los hermanos Mansilla con personas de paquetitos por dinero, el fiscal Torres Rubelt había solicitado el allanamiento de la vivienda de José Luis Mansilla en barrio Gauchito Gil, en San Francisco Solano (suegra de José Luis Mansilla) y el domicilio de Héctor Mansilla en San Francisco Solano. El allanamiento se concretó el 26 de agosto.

En los domicilios de los hermanos Mansilla fueron secuestrados sustancias estupefacientes y elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización y, en la casa de la suegra de Mansilla, un revólver.

Tras admitir su responsabilidad en el hecho imputado, José Luis Mansilla y Héctor Antonio Mansilla fueron condenados.

Diez años de prisión para un padre que abusó de su hija

Ante el resultado positivo del cotejo genético, durante el juicio, el hombre cambió su declaración y aseguró que su hija había abusado de él.

El fiscal Penal 4 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala 6 del Tribunal de Juicio en la audiencia debate contra un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

El hombre fue condenado a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El 27 de junio de 2021, una mujer de 37 años se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda. Al llegar los efectivos, aseguró que, tras ingerir bebidas alcohólicas, se acostó a dormir y se despertó con su padre de 61 años, abusando sexualmente de ella.

La fiscal 3 de UDIS, Cecilia Flores Toranzos, intervino en la causa y solicitó se practique cotejo de ADN entre el hombre y la víctima, que terminó demostrando que existían células epiteliales. Por otra parte, el informe toxicológico dio cuenta que la mujer presentaba 2,01 g/l de alcohol en sangre, mientras que para el hombre resultó indetectable.

En sede fiscal, el acusado aseguró que no recordaba nada de lo sucedido porque había bebido mucho alcohol ese día. Sin embargo, durante el juicio, el hombre declaró que había sido su hija, que tenía problemas de alcoholismo, la que ingresó en su habitación y abusó de él.

Durante su alegato, el fiscal Rivero señaló que esta acusación se trataba de una maniobra defensiva dado el resultado del cotejo de la prueba de ADN y requirió que el hombre sea sentenciado a 11 años de prisión y se le revoque la domiciliaria con la que llegó al juicio.

Allanan el canchón municipal y detienen a dos agentes de Movilidad Ciudadana

Se trata del Supervisor del personal motorista y un agente examinador. Fueron denunciados por aprobar exámenes para la obtención de licencias de conducir a cambio de dinero. Interviene la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Bajo la dirección de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, esta tarde se realizó un procedimiento en el que fueron detenidos dos empleados de la Municipalidad de Salta.

Salinas Odorisio había solicitado al Juzgado de Garantías de turno el allanamiento de una vivienda en barrio Alto La Viña, una en barrio Santa Cecilia y en el canchón municipal de calle Artigas, en donde fueron secuestrados elementos de interés para la causa.

La intervención de la UDEC inició a raíz de la denuncia efectuada en la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta por un vecino de la ciudad que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

En sede fiscal, el hombre ratificó lo denunciado y explicó que, tras reprobar el examen de manejo en el canchón municipal, una permisionaria le ofreció contactarlo con un agente de tránsito que le facilitaría la obtención del carnet.

El hombre se dirigió a la Secretaría de Movilidad Ciudadana y, tras contar lo sucedido a una funcionaria del Programa de Auditoría, se comunicaron con el número que le habían brindado. Allí atendió un agente que le solicitó 5000 pesos a cambio de aprobar el examen práctico y lo citó en avenida Artigas.

El denunciante se presentó a la hora pactada y el agente le realizó señas a otro agente que realizaba los exámenes para indicarle que ése era el hombre a aprobar, quien entregó 4000 pesos.

Los agentes fueron identificados como el Supervisor del personal motorista y un agente examinador. Ambos fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía General de la Provincia y se espera que en las próximas horas sean imputados.

La permisionaria que actuó de mediadora en la negociación también fue citada a la Unidad Fiscal.