El fiscal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, llevó adelante la investigación que inició por denuncias de vecinos en la web del Ministerio Público Fiscal.
Mediante proceso abreviado, el Juzgado de Garantías 8 condenó a tres personas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
Tras la admisión de culpabilidad, Sandra
Margarita López y Erica Pachao fueron condenadas a la pena de 4 años de prisión
de ejecución efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes, en
carácter de coautoras y Jonathan Pachao a la pena de 2 años y 8 meses por el
delito de comercialización de estupefacientes, en carácter de participe
secundario.
La UFINAR inició una investigación en mayo pasado a raíz de una denuncia anónima radicada a través de la web del Ministerio Público Fiscal que señalaba que en una vivienda del asentamiento San Justo, comercializaban estupefacientes.
Mediante
tareas de vigilancia, se pudo apreciar cómo distintas personas llegaban hasta
el lugar e intercambiaban dinero por paquetitos con las dos mujeres y el
hombre, así como determinar que una de las mujeres residía en una vivienda de
barrio Sanidad II.
El 13 de octubre de 2022 fueron
allanados los domicilios de los investigados, secuestrándose sustancias
estupefacientes, elementos empleados para el fraccionamiento de las sustancias,
dinero en efectivo y celulares.
Familiares de una niña de 12 años denunciaron que el hombre la había sometido a tocamientos y le había exhibido videos de contenido sexual.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, imputó provisionalmente a un hombre de 40 años por los delitos de abuso sexual simple (varios hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante.
En la audiencia de imputación, el hombre, que es miembro de la Policía de Salta, negó los hechos. Desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó al Juzgado de Garantías el mantenimiento de la detención.
La fiscal
Martínez tomó intervención luego de que familiares de una niña de 12 años
denunciaran que habían tomado conocimiento de que, cuando la menor de edad
tenía entre 5 y 7 años, su tío la había sometido a tocamientos. Además,
aseguraron que en una oportunidad en que la llevó al supermercado, le mostró
videos de contenido sexual y luego obligó a la víctima a tocarlo.
El hombre permanece alojado en la Comisaría de Tartagal.
La madre de una menor de 7 años denunció que, durante un viaje a Cachi, un sujeto sometió a tocamientos a su hija mientras jugaba en la calle.
Un hombre
de 84 años fue condenado por el Juzgado de Garantías 6 a la pena de un año de
prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor de los delitos de abuso
sexual simple y amenazas con arma.
El fiscal Penal Rodrigo González Miralpeix, a cargo de la UDIS 3 en feria, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual 3 tomó intervención en el caso luego de que la madre de una niña de 7 años denunciara que el 24 de diciembre de 2021 viajaron a Cachi para celebrar la Navidad. Allí, la niña salió a jugar con sus primos y el sentenciado se le acercó y la tocó en sus partes íntimas. La menor de edad huyó del lugar y contó lo sucedido.
La familia buscó al hombre y, al encontrarlo, éste los amenazó con un cuchillo tipo sierrita. Al llegar la policía, lo detuvo y lo trasladó hasta la Comisaría, en donde quedó detenido.
Los vecinos denunciaron, a través de la web del Ministerio Público Fiscal, que el hombre comercializaba estupefacientes en su vivienda. UFINAR inició una investigación que culminó con la detención e imputación del sujeto.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a un hombre de 28 años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El imputado fue detenido el 7 de enero en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Torres Rubelt en base a una denuncia anónima realizada en la web del Ministerio Público Fiscal que aseguraban que en un domicilio de Tejada y Zuviría, en barrio Vicente Solá, comercializaban drogas.
Los
efectivos policiales observaron la llegada a la vivienda de distintas personas,
quienes realizaban intercambios de dinero por paquetitos en la vereda y en la
puerta del domicilio con un hombre mayor de edad, que luego fue identificado
como el imputado.
Al interceptar a algunos de los compradores, los efectivos confirmaron, con prueba de narcotest, que la sustancia en los paquetitos era cocaína por lo que el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento del domicilio.
Los
efectivos secuestraron en la vivienda del barrio Vicente Solá envoltorios de
polietileno conteniendo sustancia blanquecina en forma granulada y sustancia
vegetal, balanzas grameras, coladores, celulares y dinero en efectivo. La prueba
de Narcotest arrojó positivo para cocaína y sus derivados y para cannabis
sativa.
El hombre
fue detenido y trasladado a la Alcaidía General de la Provincia.
Sobre el hombre pesaban, desde febrero de 2020, medidas de restricción de acercamiento y de ejercer actos de violencia en contra de la víctima. Fue imputado por amenazas con arma, desobediencia judicial y lesiones leves agravadas por el género y por la relación de pareja.
El fiscal Gabriel González, a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Violencia Familiar y de Género en feria, imputó provisionalmente a un hombre por amenazas con arma, desobediencia judicial y lesiones leves agravadas por el género y por la relación de pareja.
El imputado fue detenido el fin de semana a requerimiento de la fiscal Penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria, quien investiga una denuncia efectuada en diciembre pasado por la expareja del hombre.
La mujer aseguró que su expareja se presentó a las 2 de la mañana en su casa, alcoholizado, la ahorcó en dos oportunidades y la empujó, haciendo que caiga al suelo y se golpee.
Luego, relató la mujer, sacó un cuchillo tipo sierrita y amenazó con matarla. Una tía de la víctima salió a defenderla y el hombre se retiró del lugar.
Al tomar intervención la fiscal Geria, solicitó que la mujer sea examinada por el servicio médico.
En febrero de 2020, el Juzgado de Garantías 4 había dictado al hombre medidas de prohibición de acercamiento, de ejercer actos de violencia físicos y psíquicos en contra de su expareja y prohibición de acercamiento.
Teniendo en cuenta el informe médico, lo denunciado por la víctima y las medidas vigentes, la fiscal Geria solicitó el allanamiento y detención del hombre.
La víctima llamó, desde el baño de su casa, al Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda. El hombre escapó por un balcón pero luego fue detenido.
Un hombre fue imputado provisionalmente por la fiscal Claudia Geria, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género en feria, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y hurto, todo en concurso real.
El 3 de enero pasado, una mujer
denunció que su ex pareja se presentó en su domicilio cuando ella iba a salir,
le arrebató las llaves y la obligó a ingresar nuevamente. Narró que logró
encerrarse en el baño y, desde allí, llamó al Sistema de Emergencias 911
mientras el hombre no cesaba de golpear la puerta y amenazar con matarla.
La denunciante expresó que al llegar
la policía el hombre saltó desde un balcón, dándose a la fuga. Al salir del
baño, y ya con los efectivos en la vivienda, descubrió que su expareja le había
sustraído $10.000 de la cartera.
Horas más tarde, el hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía General de la Provincia. El imputado había sido condenado el 30 de noviembre de 2022 por desobediencia judicial y daños a la pena de 2 meses y 23 días de prisión de ejecución condicional y 2 años de reglas de conducta
En la audiencia de imputación, tanto los tres hombres como la mujer fueron asistidos por abogados particulares. Durante la lectura del decreto se les informó que lo delitos que se les imputan son los de estafas (488 hechos) y asociación ilícita.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de los imputados.
Cabe
recordar que el jueves 5 de enero fueron allanados 5 domicilios –cuatro en la
ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- y 10 comercios. Durante los
operativos fueron detenidas los cuatro imputados y secuestrados dinero en
efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de
interés para la causa.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos inició la investigación en mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas.
El Banco
Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la
firma Saulo Capital SRL por lo que inició una investigación. Informó que Saulo
Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación
financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de
aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.
El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.
Desde UDEC indicaron que quien se sienta damnificado o víctima de Saulo Capital SRL puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima. Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación.
Por otra
parte, para el recupero del dinero, deben iniciar las acciones civiles
pertinentes.
La mujer logró ponerse a resguardo y, tras realizar la denuncia, le asignaron una consigna policial. El hombre volvió a presentarse en su casa y fue detenido para luego fugarse de la comisaría. Fue recapturado horas después.
Un hombre de 23 años fue imputado por la fiscal Claudia Geria, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género en feria, por los delitos de violación de domicilio, desobediencia judicial (dos hechos), lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género, agresión con arma agravado, amenazas, robo, privación ilegítima de la libertad agravada, atentado y resistencia a la autoridad pública y evasión y quebrantamiento, todas ellas en concurso real.
La fiscal Geria tomó intervención en la causa luego de que una mujer denunciara que su expareja se había presentado en su domicilio pese a la medida de restricción de acercamiento que pesa sobre él. La denunciante explicó que el hombre adujo que quería ver al hijo de 7 meses que tienen en común, pero una vez en la vivienda, le propinó golpes de puño en todo el cuerpo mientras le exigía que le entregue el celular para controlar los mensajes. Además, manifestó que intentó herirla con un cuchillo tipo sierrita y quemarle la cara con un cigarrillo.
Según contó la mujer, el hombre amenazó con matarla y le impedía salir. Relató que aprovechó que su expareja se distrajo buscando el cargador del celular para huir junto a sus hijos y refugiarse en una panadería.
La Fiscalía solicitó que la víctima sea examinada por el médico legal y se dicte prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia. Además, se solicitó se le asigne una consigna policial.
Pasadas las
12 de la noche del 3 de enero, encontrándose la consigna en el domicilio de la
víctima, el hombre ingresó a la vivienda, siendo reducido por el oficial de
policía y la mujer.
El hombre fue trasladado a la Comisaría, pero tras propinar un cabezazo a un suboficial, logró darse a la fuga. Horas más tarde, fue capturado en la vía pública
Fue hallado culpable del delito de coacción agravada por el uso de arma de fuego. Se unificará con otra condena de tres años de ejecución en suspenso por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
César “Oreja”
Martínez fue condenado a tres años y dos meses de prisión de ejecución efectiva
por el delito de coacción agravada por el uso de arma en contra de su ex
pareja.
La fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio, que había sido reprogramado en distintas oportunidades.
El 8 de junio de 2019, la mujer denunció que el hombre se presentó en su domicilio en estado de ebriedad y le exigía que saliera. Al hacerle caso la mujer, éste le habría propinado dos golpes en la mejilla por lo que su padrastro procedió a defenderla. Los hombres se trenzaron en una pelea y el sentenciado se retiró del lugar.
En su denuncia, la mujer contó que veinte minutos más tarde el hombre volvió a presentarse, esta vez con un arma de fuego.
La condena
se unificará con otra condena de tres años de ejecución en suspenso por
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En agosto de 2022, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 de ese distrito para César Daniel Martínez como autor de los delitos de tentativa de homicidio doblemente calificado por haber existido relación de pareja y por ser perpetrado en contra de una mujer por un hombre mediando violencia de género y contra Jesica Jimena Ceballos por encubrimiento agravado.
Por otra parte, en abril de 2022, la fiscal Carreras interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Impugnación para la resolución del Juzgado de Garantías 2 de Orán, donde se le concedió el beneficio de arresto domiciliario a Martínez, fundamentado en el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación que presenta el arresto domiciliario del acusado.
Esta madrugada se realizó un importante operativo bajo la dirección de la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. Fueron allanadas cinco viviendas y 10 comercios, secuestrándose dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas y documentación de interés para la causa. Hay cerca de 500 denuncias contra la firma.
Miembros del Cuerpo de Investigadores del CIF, de UDEC y del GOPAR realizaron desde esta madrugada un importante operativo dirigido por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la investigación que lleva adelante por cientos de estafas en contra de la firma Saulo Capital SRL.
A la
madrugada fueron allanados cinco domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno
en Santa Victoria Oeste- en el que fueron detenidos una mujer y tres hombres,
entre ellos un sargento de la Policía de Salta, a disposición de Recursos
Humanos.
En las viviendas
allanadas en la capital de la provincia, ubicadas en los barrios Miguel Aráoz,
Altos de San Bernardo, Morosini y Santa Victoria, fueron secuestrados dinero en
efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de
interés para la causa.
Además,
fueron allanados diez comercios vinculados a la firma Saulo Capital SRL.
La causa
La fiscal de UDEC investiga unas 500 denuncias en contra de la firma Saulo Capital SRL, por haber generado mediante contratos celebrados entre la empresa y los damnificados, una rentabilidad de dinero que fue convenida fuera de las previsiones reguladas por entidades financieras y Mercado de Valores en Argentina.
De acuerdo
a las denuncias, distintos ciudadanos -motivados por
difusiones de inversión con plazos cortos de retornos de intereses, superiores
a los ofrecidos en los mercados de tipo formal y regulados-suscribieron
contratos o actas acuerdo en las que se les prometían inversiones de dinero en moneda
nacional y/o extranjera (dólares estadounidenses). Según los contratos
presentados por los damnificados, luego de 180 días le devolverían el capital
más un 140% y 180% de ganancias, dependiendo del capital a invertir. Otras de
las previsiones sugerida por la empresa, consistía en ofrecerles un contrato
por 4 y 6 meses con una remuneración del 17,6% del capital invertido y, si un
mes antes se quería retirar el dinero, el inversor debía avisar con antelación
y de no ser así se continuaría pagando sin ser necesario renovar el contrato
(renovación automática).
Conforme a las actas acuerdo
aportadas por los denunciantes se observó que unos de las clausulas estipulaba
que: “El solicitante aportará a la empresa, en fecha XXX, la suma de $ XXX en
concepto de aporte de capital, a efectos de formar parte de ella, en calidad de
socio”.
Es decir que el dinero que recibían de los denunciantes
era invertido en negocios del mercado local. Las ganancias producidas fueron
empleadas para devolver, con intereses, el dinero a varias de las víctimas; por
lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta.
Desde UDEC determinaron que los responsables de la empresa Saulo Capital SRL, tendrían en administración un Pool de comercios, que fueron fruto de la inyección de capitales captados a través de la financiera encubierta que administraban los involucrados.
La empresa publicitaba mediante páginas en web y difusiones masivas de inversores iniciales, mostrando solvencia económica y montando así una estructura y actividad sumamente rentable creando un contexto propicio para quienes avizoraban altos y rápidos retornos.
Personal de Investigaciones del CIF durante uno de los allanamientos por la causa Saulo Capital SRL
