Toki Oliver Colombres

Doce años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a su tía con un machete

El Ministerio Público Fiscal había solicitado que se lo declare culpable del delito de tentativa de homicidio calificado por mediar violencia de género y amenazas con arma, en concurso real y se le aplique una pena de 12 años de prisión.

La Sala 1 del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a Nicolás Wadí Mimessi Ríos a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

En su alegato, la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, había solicitado que fuera sentenciado a 12 años de prisión por considerarlo autor del delito de tentativa de homicidio calificado por mediar violencia de género y amenazas con arma, en concurso real.

Además, el Tribunal ordenó que Mimessi continúe alojado en la Alcaidía N°2 de Tartagal y, una vez firme la condena, sea trasladado a la Unidad carcelaria local.

La investigación del caso estuvo a cargo de la Unidad Fiscal integrada por la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez; la fiscal Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Verónica Simesen de Bielke; y la Fiscal Penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), Mónica Poma.

La causa

El domingo 28 de febrero, cerca de las 16, en una vivienda particular en Tartagal un joven de 20 años se encontraba, junto a un primo de 10 años, jugando a la PlayStation (videojuegos) cuando su tía se acercó a buscar un libro.

Repentinamente, el joven comenzó a agredirla con dos machetes, ocasionándole heridas cortantes. Ante los gritos, llegó a la sala otra mujer de la familia y, al verla, el joven la persiguió con el machete en mano hasta que esta pudo guarecerse en una habitación.

La tía del joven logró llegar a la calle, en donde pidió ayuda antes de caer desvanecida. El joven se dio a la fuga en uno de los autos de la familia, pero fue aprehendido más tarde en Aguaray.

Como resultado del ataque, la víctima sufrió la sección de arteria colateral cubital y heridas múltiples en cara, antebrazo, cuero cabelludo y tórax. Además, debió ser operada por lesión del pulgar izquierdo con sección tendinosa del flexor largo del pulgar, sección completa de N colateral cubital del pulgar y contusión de colateral radial.

 

 

 

Sometió a tocamientos a su hijastra y fue condenado

El padre de la menor de edad efectuó la denuncia cuando la adolescente le contó lo que le había sucedido.

La Sala 1 del Tribunal de Juicio de Orán condenó a un hombre a tres años de prisión de ejecución en suspenso y reglas de conducta por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda y la convivencia.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio y fue quien llevó adelante la investigación, acusando al padrastro de una adolescente.

El 3 de marzo de 2021, el padre de una menor de edad efectuó una denuncia en contra del hombre, asegurando que su hija le había contado que la pareja de su mamá la había tocado en sus partes íntimas.

En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la menor no confirmó el hecho, pero los informes psicológicos dieron cuenta que la menor de edad incurría en contradicciones que denotaban que la víctima ocultaba algo.

A través del primer testimonio de la víctima a su padre y la Policía se pudo reconstruir el hecho.

Quince años de prisión para el “curandero” de Orán

Dos mujeres, sin vínculos entre ellas, denunciaron que concurrieron a la casa de Luis Manuel Vidaurre Guerra en búsqueda de ayuda y fueron abusadas sexualmente. La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, investigó ambas causas y llevó al hombre a juicio.

La Sala II del Tribunal de Juicio de Orán condenó a Luis Manuel Vidaurre Guerra, un “curandero”, a 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, lo acusó de dos hechos abuso sexual con acceso carnal y había solicitado la pena de 16 años de prisión.

Los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos dispusieron que el condenado sea examinado por un médico del Poder Judicial para la obtención de sus señas particulares y que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN, previa asignación del DUIG correspondiente, para su posterior incorporación al Banco de Datos Genéticos.

La causa

El 16 de julio de 2018 una mujer denunció que el 25 de junio un hombre, de nombre Luis, había abusado sexualmente de ella cuando concurrió a su casa para que la curara de un dolor en la boca del estómago. Contó, con detalles, cómo era el lugar y que, el curandero le dijo que se iba a morir, pero la ayudaría a sanar. En ese momento, aseguró, le puso un cuchillo en el cuello y la obligó a mantener relaciones sexuales. Luego, la amenazó con hacerle daño si contaba lo sucedido.

La víctima se retiró a su hogar y calló lo sucedido durante varios días hasta que concurrió a la asistente social de la Municipalidad de Orán en búsqueda de ayuda y le manifestó que quería quitarse la vida. Allí dieron intervención a una psicóloga para que la contuviera y luego efectuó la denuncia.

El 28 de mayo de 2021, otra mujer efectuó una denuncia contra Luis Manuel Vidaurre Guerra, asegurando que concurrió a verlo para que la ayudara a mejorar las ventas de su local de comida.

Una vez en el lugar y mientras ésta le contaba los problemas económicos que atravesaba su comercio, manifestó que Guerra cerró con llave la puerta de ingreso y la abusó  sexualmente.Al igual que con la mujer anterior, amenazó con hacerle daño si contaba lo sucedido.

Tras reunir distintas pruebas e informes psicológicos, la fiscal Filtrín Cuezzo requirió juicio contra el hombre por los dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, solicitando la acumulación de las causas por conexidad subjetiva.

“Necesito que me salven”- pedía una víctima de abuso sexual: La madre y su pareja fueron condenados

La menor reveló lo que le sucedía, a través de una carta que entregó a una psicóloga del Centro de Salud de Vaqueros. Además aportó como prueba fotos y videos que robó del celular de su progenitora.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual 4, Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado por el que una mujer y su pareja fueron condenados a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de la hija de ella.

Tras investigar la causa y reunir distintas pruebas, Rivero acusó al hombre de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia pre existente en concurso ideal con corrupción de menor agravada por la  guarda y convivencia pre existente. A la madre de la menor de edad la acusó del delito de cooperación a la perpetración del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia pre existente  en concurso ideal con corrupción de menor agravada  por la  guarda y convivencia pre existente.

Tras admitir su responsabilidad en los hechos, el juez Javier Aranibar de la Sala 1 del Tribunal de Juicio condenó a ambos  y fueron puestos a disposición del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta para su traslado a la Unidad Carcelaria 1 para el cumplimiento de la condena impuesta.

El caso

El 27 de febrero de 2021, una psicóloga en el Centro de Salud de Vaqueros radicó una denuncia en representación de su paciente, de 16 años, solicitó la protección de la menor, salvaguardar su integridad física y que se investigue el hecho.

La profesional de la salud mental manifestó que ese día, a las 14:30, la menor de edad se presentó en su consultorio y le entregó una carta, pidiéndole que la leyera una vez que ella se retirara. La psicóloga pensó que tal vez se tratara de un caso de intento de suicidio por lo que indagó a la adolescente, que le manifestó que no se trataba de eso y se retiró.

“Este es un secreto que llevo guardando desde que tengo 13 años y necesito ayuda, necesito que me salven” y “cuento esto en una carta por que me da vergüenza contártelo en persona”, decía la carta. Allí, además, relataba distintos tipos de abuso sexual a los que fue sometida de manera constante, generalmente los fines de semana, por su progenitora y su pareja.

En su misiva, la adolescente también le dijo a la terapeuta que le enviaría videos y fotos (que había robado del celular de su madre) sobre todo lo que le contaba. La psicóloga entregó la carta, videos y fotos junto a la denuncia.

El fiscal Pablo Rivero entrevistó a la adolescente en sede fiscal. La menor de edad corroboró todo lo dicho en su carta y aportó más detalles de las prácticas abusivas y humillantes a las que era sometida.

Tras ordenar distintas medidas, el fiscal de UDIS imputó a la madre y su pareja, considerando que “todos estos sucesos, por las circunstancias en que se realizaron, como así por el tiempo de duración (dos años aproximadamente) han supuesto un grave ultraje y humillación para la víctima. De igual manera la conducta se ve agravada por haber estado el acusado al cuidado de la damnificada y residiendo con ella, encontrándose obligado a tutelar por su bienestar, y por haber aprovechado la convivencia con la misma, lo que le brindó facilidades para concretar estos hechos”.

Además, manifestó que el acusado “por lo prematuro y excesivo, mediante las conductas corruptoras descriptas por la menor de edad, alteró el desarrollo normal de su sexualidad, con lo cual se verificó el delito de corrupción de menores agravado por la guarda y la convivencia”

En cuanto a la madre, Rivero señaló que “no sólo no evitó la perpetración de los ilícitos descriptos, sino que provocó el inicio de la actividad sexual de su hija menor de edad”.

 

Barrio La Unión: Condenan a dos conocidos vendedores de drogas

Los vecinos de la zona los habían denunciado, de manera anónima, a través de la web del Ministerio Público Fiscal.

La Sala 3 del Tribunal de Juicio condenó a Héctor Alfredo Dousdebes y Julio César Martínez por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El primero pasará cuatro años en prisión; mientras que el segundo fue sentenciado a 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Santiago López Soto, fiscal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR) inició en 2022 una investigación tras recibir distintas denuncias anónimas a través de la web del Ministerio Público Fiscal de vecinos de barrio La Unión que señalaban que Dousdebes vendía drogas.

Los investigadores registraron a Dousdebes en distintas oportunidades intercambiando papelitos por dinero con numerosas personas, así como a Martínez.

Tras reunir las pruebas necesarias, desde UFINAR se solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento y detención de los dos hombres.

El 27 de septiembre de 2022, efectivos de la División de Drogas Peligrosas llevaron a cabo el procedimiento. Al advertir lo que sucedía, Dousdebes intentó deshacerse de una riñonera, arrojándola a la casa de un vecino. El accesorio fue recuperado y en su interior se encontraron varios envoltorios con una sustancia blanquecina, que dio positivo para cocaína. Escondidos en distintas habitaciones de la vivienda fueron hallados más envoltorios y elementos empleados para el acondionamiento y la comercialización de estupefacientes.

El allanamiento en el domicilio de Martínez también arrojó resultados positivos ya que allí fueron secuestrados coladores, cuchillos sierrita con restos de sustancias, balanzas grameras, más de 100 mil pesos escondidos en distintas partes y marihuana.

Los hombres fueron detenidos y ahora condenados.

 

Condenaron a un conocido vendedor de drogas de barrio El Pilar

En juicio abreviado, César Alfredo Tito, conocido como “Chancho”, fue sentenciado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Mediante juicio abreviado, Cesar Alfredo Tito fue condenado por la Sala 6 del Tribunal de Juicio a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, había requerido juicio al Juzgado de Garantías 1 contra Tito y contra otros dos hombres, que fueron detenidos el 20 de octubre de 2022.

La investigación que concluyó con la captura de Tito y las otras personas inició a raíz de una denuncia anónima realizada a través de web del Ministerio Público Fiscal por vecinos de la zona, que indicaron que en calle Borja Díaz al 600, el condenado vendía estupefacientes.

Durante los meses que duró la investigación, los agentes documentaron a distintas personas que llegaban hasta el lugar y entregaban dinero por paquetitos. Además, se pudo determinar que sobre calle Balcarce al 1900 también se realizaban actividades ilegales.

César Alfredo Tito, que es conocido como “Chancho”, fue apresado en Borja Díaz al 600, con 43 envoltorios de polietileno negro con sustancia amarillenta, $ 17.620 y una balanza electrónica. El narcotest efectuado a la sustancia arrojó positivo para cocaína.

La defensa de Tito propuso a la Fiscalía realizar un juicio abreviado y llegó a un acuerdo con López Soto por el que Tito aceptó su responsabilidad en el hecho

El Tribunal le impuso la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo; mientras que la Fiscalía retiró la acusación contra los otros dos detenidos.

Imputan por peculado a policía acusado de sustraer motocicletas secuestradas

La UDEC investigó la desaparición de motocicletas de la Base Operativa del Sector 1 de la Policía de Salta, estableciendo que  un miembro de la fuerza sustraía vehículos secuestrados, que luego eran vendidos por otro hombre, que también fue imputado.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente por peculado a los dos detenidos ayer en el marco de la investigación que lleva adelante por la desaparición de motocicletas de la Base Operativa del Sector 1 de la Policía de Salta.

El peculado es un delito previsto en el artículo 261 del Código Penal Argentina contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo; o emplea en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública y tiene una pena prevé la inhabilitación absoluta, reclusión o prisión de hasta 10 años.

El sargento ayudante con revista en el sector 1 dependiente de la Dirección General de Investigaciones, fue imputado por peculado en calidad de autor ya que se desempeñaba como personal policial del lugar donde se encontraban secuestradas las motocicletas sustraídas, por lo que tenía a su cargo la administración de dichos bienes. fue imputado por peculado en calidad de autor ya que se desempeñaba como personal policial del lugar donde se encontraban secuestradas las motocicletas sustraídas, por lo que tenía a su cargo la administración de dichos bienes.

Para Salinas Odorisio, el accionar del segundo detenido fue determinante para la concreción del delito de peculado y, por tal razón, fue imputado como partícipe necesario.

Durante la audiencia, el sargento ayudante se abstuvo de declarar mientras que el otro detenido negó su participación en los hechos. Ambos fueron asistidos por abogados particulares.

 

La causa

El 11 de febrero de 2023, un oficial principal de la Sección Investigativa Narcocriminal 10 de la Policía de Salta denunció que el día anterior habían notado la falta de una motocicleta Gilera SMX 200 roja, que había sido secuestra por la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad y que se encontraba allí a espera de turno para ser remitida al depósito judicial.

Al tomar intervención en el hecho, Salinas Odorisio ordenó que se inicie una investigación y se revisen las cámaras de seguridad. Los agentes de la UDEC pudieron establecer que el 8 de febrero, entre 20:35 y 22:43 desde el interior del predio de la Base Operativa del Sector 3A sustrajeron el total de 03 tres motovehículos. Además, observaron la participación de dos vehículos: un automóvil Fiat Palio blanco y una camioneta utilitaria Fiat Fiorino blanca.

Además, se pudo visualizar que los conductores se bajan de sus vehículos, dialogan unos segundos y el hombre del automóvil ingresa a la Base del Sector 1 para luego salir empujando una motocicleta hasta la camioneta, donde la cargan. Seguidamente se dirige nuevamente a la base del sector y saca otra motocicleta, con el mismo modus operandi. Los conductores conversan por aproximadamente 3 minutos y seguidamente la camioneta se retira y el automóvil permanece en el lugar. Minutos más tarde regresa la camioneta regresa al lugar y repiten el procedimiento con una tercera motocicleta.

Dos hermanas abusadas por su padre y su hermano

Una adolescente de 17 años se fugó de su hogar, y al ser hallada por la Policía, contó que su padre y hermano vulneraban su integridad sexual. Su hermana mayor también denunció que su hermano la abusaba.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 46 años y su hijo de 25 años por abusar sexualmente de su hija y hermanas, respectivamente.

Al mayor de ellos le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado por haber sido cometido por un ascendiente, por la guarda y la convivencia en perjuicio de su hija. Al segundo hombre le imputa los delitos de abuso sexual simple continuado agravado por haber sido cometido por un hermano, por la guarda y la convivencia en perjuicio una hermana y por abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por haber sido cometido por un hermano, por la guarda y la convivencia en perjuicio otra de sus hermanas, todo en concurso real.

El 11 de marzo, una mujer radicó una denuncia en la Comisaría en contra de su padre y su hermano. Contó que ese día concurrió a la sede policial para retirar a su hermana, de 17 años, que se había fugado de su hogar y fue hallada por la policía. Allí, manifestó, se enteró que la adolescente era abusada sexualmente desde los 10 años por su padre y, desde los 15, por su hermano.

La mujer expuso que convivía junto a sus padres, un hermano de 25 años, su hermana de 17 y un hermano de 9 y que, la adolescente reconoció que a los 10 años su padre la comenzó a someter a tocamientos y a los 15, la accedió carnalmente, algunas veces en su vivienda y otras en un motel alojamiento, siempre bajo amenazas de penitenciarla si no accedía a sus demandas o contaba lo que sucedía. La adolescente también manifestó que su hermano la sometía a tocamientos.

La mujer contó que el mismo hermano había abusado sexualmente de ella.

El 11 de marzo, la madre de las víctimas, también radicó denuncia en contra de su marido e hijo, manifestando que acababa de tomar conocimiento de lo que sucedía.

Los informes médicos corroboraron lo relatado por ambas víctimas.

Los dos hombres fueron detenidos e imputados por la fiscal Filtrín Cuezzo.

 

UDEC: Detienen a un sargento ayudante de la Policía de Salta por robo de motocicletas secuestradas

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, encabezó una investigación por la desaparición de motocicletas de la Base Operativa del Sector 1 de la Policía de Salta. Dos hombres fueron detenidos, entre ellos el sargento ayudante.

En el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos, esta mañana se realizaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Jardín, Nueva Esperanza, Sitta y calle Los Aristócratas.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres, uno de ellos un sargento ayudante de la Policía de la Provincia de Salta, y secuestrados dos vehículos y teléfonos celulares.

La titular de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al al Juzgado de Garantías 4 el allanamiento, secuestro y la detención de dos personas, en base a las distintas pruebas obtenidas en una investigación por la desaparición de vehículos secuestrados en la Base de Sector 1 (ex Sector 3A) de la Policía de Salta.

La causa

El 11 de febrero de 2023, un oficial principal de la Sección Investigativa Narcocriminal 10 de la Policía de Salta denunció que el día anterior habían notado la falta de una motocicleta Gilera SMX 200 roja, que había sido secuestra por la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad y que se encontraba allí a espera de turno para ser remitida al depósito judicial.

Al tomar intervención en el hecho, Salinas Odorisio ordenó que se inicie una investigación y se revisen las cámaras de seguridad. Los agentes de la UDEC pudieron establecer que el 8 de febrero, entre 20:35 y 22:43 desde el interior del predio de la Base Operativa del Sector 3A sustrajeron el total de 03 tres motovehículos. Además, observaron la participación de dos vehículos: un automóvil Fiat Palio blanco y una camioneta utilitaria Fiat Fiorino blanca.

Además, se pudo visualizar que los conductores se bajan de sus vehículos, dialogan unos segundos y el hombre del Palio ingresa a la Base del Sector 1 para luego salir empujando una motocicleta hasta la Fiorino, donde la cargan. Seguidamente se dirige nuevamente a la base del sector y saca otra motocicleta, con el mismo modus operandi. Los conductores conversan por aproximadamente 3 minutos y seguidamente la Fiorino se retira y el Palio permanece en el lugar. Minutos más tarde regresa la Fiorino regresa al lugar y repiten el procedimiento con una tercera motocicleta.

Del seguimiento de las cámaras de seguridad se pudo establecer que la Fiorino se dirigió a un domicilio en barrio El Jardín, en donde se realizaban venta de vehículos usados y autopartes. Además, los investigadores identificaron que el conductor de la Fiorino y dueño del local de venta de autopartes ofrecía motocicletas usadas en su perfil de Facebook, siendo una de ellas la faltante en la Base del Sector 1.

Por otra parte, se individualizó que el conductor del Palio era un oficial de la Policía de Salta que prestaba servicios en el lugar de donde fueron sustraídos los vehículos.

Teniendo en cuenta ello, más otras pruebas recabadas por los investigadores de la UDEC, la fiscal Penal Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías el allanamiento de las viviendas, detención de los involucrados y secuestro de los vehículos de interés para la causa.

 

Requieren juicio a dos vendedores de drogas de barrio El Pilar

Los vecinos de la zona habían denunciado en la web del Ministerio Público Fiscal, que en el Club La Borja comercializaban estupefacientes.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio al Juzgado de Garantías 1 contra Cesar Alfredo Tito y Rodrigo Nahuel Aparicio por considerarlos autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Aparicio y Tito fueron detenidos el 20 de octubre de 2022. El primero en calle Balcarce al 1900 con cartuchos de una sustancia amarillenta y Tito, en Borja Díaz al 600, con 43 envoltorios de polietileno negro con sustancia amarillenta, $ 17.620 y una balanza electrónica. El narcotest efectuado a la sustancia arrojó positivo para cocaína.

La intervención de la UFINAR inició a raíz de una denuncia anónima realizada a través de web del Ministerio Público Fiscal por vecinos de la zona, que señalaban al Club La Borja, ubicado sobre calle Borja Díaz al 600, como un lugar de venta de estupefacientes.

Durante los meses que duró la investigación, los agentes documentaron a distintas personas que llegaban hasta el lugar y entregaban dinero por paquetitos. Además, se pudo determinar que sobre calle Balcarce al 1900 también se realizaban actividades ilegales.

Desde UFINAR se solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de los domicilios, medida que se llevó a cabo el 20 de octubre de 2022.