Toki Oliver Colombres

Orán: Imputado por amenazar a su pareja con un hacha

El hombre fue detenido por efectivos de la Policía, que fueron alertados por familiares de la pareja.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 23 años por los delitos de amenazas con arma y amenaza, en concurso real.

El imputado fue detenido por efectivos del Sistema de Emergencias 911 luego de mantener una discusión con su pareja y fue alojado en la comisaría.

La mujer aseguró que el hombre se presentó en horas de la tarde bajo los efectos de sustancias estupefacientes en la vivienda que comparten, la amenazó y se retiró del lugar para regresar 30 minutos más tarde con un machete y volver a amenazarla.

Una prima del hombre intervino y se llevó del lugar a la mujer mientras familiares convocaban al 911.

Segunda jornada del juicio por el fraude al Estado por 298.898 dólares

En la primera audiencia, sólo uno de los acusados declaró, aunque se negó a responder preguntas de la Fiscalía. Para hoy, está previsto el testimonio de testigos del hecho.

Hoy se desarrollará la segunda audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, en concurso real, en la Sala 4 del Tribunal de Juicio.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, es quien sostiene la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal e interrogará este lunes a varios testigos que fueron citados.

En el inicio del juicio, que tuvo lugar el viernes pasado, tras la lectura de la acusación del Ministerio Público Fiscal, el empleado del banco, Jesús Ángel Mendoza, fue el único de los acusados que aceptó declarar, dando su versión de los hechos, aunque no admitió preguntas de la Fiscalía.

Luego, la curadora de la herencia, María de la Paz Saravia, prestó testimonio y ratificó lo denunciado el 8 de febrero de 2021 en la Fiscalía. El abogado de la Gerencia de Asesoría Legal Regional del Banco Macro, Rafael Gómez Diez, también testificó, confirmando todo lo manifestando y contestó las preguntas de las partes involucradas.

La secretaria del Juzgado de Apelaciones en lo Civil y Comercial, María José Araujo, también prestó su testimonio y negó rotundamente la confección del oficio y la firma del mismo.

La causa

En marzo de 2021, luego de una investigación de la UDEC, fueron detenidos Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath;, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza.

Para la UDEC, los acusados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron una maniobra defraudatoria consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.

El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.

La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, quien como hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuono, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.

Imputado por reiteradas estafas

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había requerido juicio contra Carlos Adrián Huergo el 31 de mayo de 2021 por los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas (7 hechos) y falsificación de documento privado, todo en concurso real. Fue detenido, por pedido del Juzgado de Garantías 4, el jueves pasado en barrio San Remo.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Carlos Adrián Huergo, quien fue detenido el jueves pasado en barrio San Remo, por estafas (dos hechos).

Durante la audiencia, fue asistido por un abogado particular y se abstuvo de declarar. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías su prisión preventiva.

El 31 de mayo de 2021, a fiscal Ana Inés Salinas Odorisio ya había solicitado al Juzgado de Garantías 4 que Carlos Adrián Huergo fuera juzgado por los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas (7 hechos) y falsificación de documento privado, todo en concurso real.

El Juzgado de Garantías 4 lo declaró en rebeldía y solicitó su detención ya que no podía ubicar su paradero para avanzar con la causa.

Causa Loteo Intersindical

Huergo fue denunciado en distintas oportunidades por siete personas. La primera denuncia fue efectuada en mayo de 2018 por el hijo del dueño de una propiedad ubicada en barrio Intersindical. Aseguró que en noviembre de 2017 firmó un contrato de servicios con el imputado para que se desempeñe como desarrollador inmobiliario y se le encomendó prestar sus servicios profesionales para ejecutar tareas, obras, trámites, y gestiones necesarias para el desarrollo de un loteo habitacional. El denunciado se encargaría de ofrecer los lotes, explicándoles a los interesados sobre los servicios, la documentación a firmar y la modalidad de pago, que debían efectuarse al denunciante, tanto la entrega inicial como las cuotas.

No obstante, en enero de 2018, aprovechándose de que el denunciante se encontraba afuera de la ciudad; durante siete días, el imputado efectuó la venta de cinco lotes por la suma de $1.138.000, cobrando el dinero.

Además, ofreció a una inmobiliaria denominada “Concagua” la comercialización del loteo, presentando para ello un permiso de venta. Concagua vendió nueve lotes y le entregó el dinero al imputado.

Por estos hechos, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó el requerimiento de juicio al Juzgado de Garantías 4 en contra de Carlos Adrián Huergo el 31 de mayo de 2021 por los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas (7 hechos) y falsificación de documento privado, todo en concurso real.

Causa DINM

Por otra parte, en 2019, también fue denunciado por estafa por una pareja que aseguró que, en abril de 2016, Carlos Huergo en nombre de la empresa DINM, se presentó en el predio de los cuarteles a publicitar al personal de las Fuerzas Armadas, la venta de terrenos ubicados en un loteo de Cerrillos.

El 4 de mayo de 2016 visitaron la oficina de la empresa DINM, que estaba situada en calle Alvarado. Ese día suscribieron un contrato para la adquisición de un terreno ubicado en Cerrillos, entregando una suma de dinero con el compromiso del pago de otras cuatro cuotas.

Al regresar para abonar, encontraron que ya no se encontraban en el lugar. Tiempo después fueron citados por Huergo para el pago en una nueva dependencia. Allí, el imputado y otro hombre les informaron que DINM cerraba sus puertas, pero que la empresa HORIZONTE Multinivel Desarrollos Inmobiliarios (que integraban los denunciados) asumía la responsabilidad de entregar el terreno que habían comprado. En razón de esta situación, le dieron la posibilidad de adquirir dos terrenos por el monto de $120.000 ubicados en Valle del Carmen, Rosario de Lerma, lo que fue aceptado por los denunciantes. Tras cancelar el pago total de los terrenos, el 30 de septiembre firmaron dos boletos de compraventa

Habiéndose cumplido el plazo dentro del cual debieron entregar los inmuebles y preocupados por la dilación de la entrega, fueron a la oficina de la empresa HORIZONTE en busca de una solución, pero les dieron excusas. En julio de 2018 les ofrecieron entregarles a cambio unos terrenos en El Encón, los que no aceptaron y exigieron que se cumpliera lo contratado, por lo que les dijeron que volvieran la semana próxima para que les dieran una solución. Días posteriores se acercaron a empresa HORIZONTE y se dieron con la sorpresa de que esta nueva oficina se encontraba también desmontada.

Tras investigar el hecho, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó a Huergo y su socio por el delito de estafa.

Causa Servicios de Inversiones

En 2022, Carlos Huergo fue denunciado nuevamente, junto a otro hombre, por estafas. El denunciante manifestó que le ofrecieron servicios de inversiones que brindaban una alta tasa de rendimiento al colocar dinero en efectivo y que además se realizaba la devolución con más un 20% de ganancias por sobre el capital original aportado.

El denunciante entregó los primeros días de marzo de ese año a Huergo, que presentaba como Diego Huergo, y su cuñado, 1000 dólares y 116 mil pesos, sin recibir nunca respuesta de los denunciados.

Tras investigar esta nueva denuncia y corroborar que Diego Huergo en realidad era Carlos Adrián Huergo, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos lo imputó junto al otro hombre por el delito de estafas.

 

 

 

 

 

 

 

Condenaron a dos vendedores de drogas

El fiscal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, llevó adelante la investigación que culminó, mediante juicio abreviado, con la sentencia a prisión de cuatro años para la mujer y seis años y ocho meses para el hombre.

En un juicio abreviado, Gladys Amalia Chaile y Guillermo Segundo Paz admitieron ser responsables del delito de comercialización de estupefacientes, del que los acusaba el fiscal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt.

La Sala 1 del Tribunal de Juicio condenó a Chaile a la pena de cuatro años de prisión efectiva, que será bajo la modalidad de prisión domiciliaria hasta tanto una Junta Médica compuesta por médicos del CIF, del Servicio Médico del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario, se expidan sobre la posibilidad de que la mujer –de 44 años- realice los tratamientos que requiere a través del Servicio Médico del Servicio Penitenciario.

Chaile, de acuerdo al certificado de discapacidad presentado por su abogado, padece de visión subnormal de ambos ojos, anormalidades de la marcha y la movilidad con artrosis primaria, debiendo ser sometida a operación de reconstrucción de caderas y operación de la vista, además de diabetes.

En cuanto a Paz, que ya contaba con una sentencia previa, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión efectiva por resultar partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes. Por unificación de pena, Paz fue condenado a seis años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Le pidió dinero para comprar útiles y fue agredida

Un hombre atacó a la madre de su hijo de 6 años en el Mercado de Abasto de Orán. Un oficial de Policía que se encontraba en el lugar, detuvo al agresor, que además amenazó a la víctima.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 54 años por los delitos de amenazas y lesiones agravadas por haber existido relación de pareja y por violencia de género.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención luego de que una mujer efectuara una denuncia en contra del padre de su hijo, asegurando que le había pegado un puñetazo en la cara.

La víctima relató que, luego de un breve noviazgo, tuvieron un hijo y se separaron, no viendo más al hombre ya que ella cobra asistencia social. Dado que el menor de edad iniciaba las clases, le envió un mensaje solicitándole que comprara los útiles escolares, sin obtener respuesta.

El jueves 10 de marzo, a las 23, se encontró circunstancialmente con el hombre en el Mercado de Abasto de Orán y mantuvieron una discusión que concluyó con éste asestándole golpes de puño en el rostro y amenazándola. El hecho fue presenciado por un agente de la Policía de Salta, que inmediatamente detuvo al agresor.

El examen médico realizado a la víctima concluyó que presentaba hematoma en mejilla. Durante la audiencia de imputación, el hombre se abstuvo de declarar y fue asistido por un defensor oficial.

Amenazó a la madre de sus hijos con un arma y ahora fue imputado

La víctima se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda y aseguró que el hombre le apuntó en la cabeza y le dijo que la iba a matar.

La fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 62 años por los delitos de amenaza con arma y privación ilegítima de la libertad.

El 9 de marzo pasado, una mujer radicó denuncia en contra de su pareja y padre de sus hijos de 9 y 7 años, asegurando que el día anterior mantuvo una discusión con el hombre y éste comenzó a insultarla y, sacando un arma, le apuntó a la cabeza y la amenazó con matarla. Contó que, al intentar huir de la vivienda, el hombre se lo impidió hasta que aprovechó un descuido para escapar y pedir auxilio al Sistema de Emergencias 911, que finalmente detuvo al acusado.

La víctima contó que unos días antes había vivido una situación similar cuando, tras una discusión, el hombre regresó con una pistola y le decía “ya te voy a matar”. Manifestó que el padre de sus hijos le dijo que había comprado el arma días atrás y que contaba con todos los papeles.

Teniendo en cuenta todo ello y a fin de proteger a la víctima, la fiscal Filtrín Cuezzo solicitó el mantenimiento de la detención del hombre y su imputación

Preventivamente, dos Fiscalías solicitaron que las menores de edad francesas no sean restituidas a su país

El fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual 4, Pablo Rivero, investiga una denuncia radicada el 14 de febrero por lo que presentó una medida cautelar de restricción de acercamiento y diferimiento o suspensión del viaje y remitió copia de los informes psicológicos al fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo 2, Agustín Vidal, quien también pidió la suspensión de restitución.

El fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo 2, Agustín Vidal, solicitó el 15 de marzo pasado la suspensión de restitución de dos menores de edad a Francia.

El escrito fue presentado a la jueza de Primera Instancia en lo Civil y de Personas y Familia 3, Claudia Noemí Güemes, y plantea que debe primar el interés superior de las niñas involucradas por sobre lo acordado por sus progenitores, algo que había sido convenido el 3 de febrero pasado por los padres ante la jueza, el fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo 1, Rodrigo Erazo Schmidt y la Asesora de Incapaces 7.

El fiscal Vidal realizó el pedido en base al pedido de imposición de medida cautelar al Juzgado de Garantías 4 realizado por el fiscal Penal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual 4, Pablo Rivero, que investiga una denuncia por abuso sexual radicada por la madre de las menores el 14 de febrero de 2023 en contra de su expareja.

Al tomar intervención en la causa, el fiscal Rivero requirió distintas medidas, entre las que se incluyó la entrevista con las dos menores de edad, de 13 y 11 años, en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y pericias psicológicas de urgencia. El informe elevado por los profesionales de Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevó al fiscal de UDIS 4 a presentar la medida cautelar.

Atento a las declaraciones vertidas en CCTV por la menores y las pericias psicológicas incorporadas, y existiendo un temor fundado de que ocurran situaciones que traigan aparejadas un claro peligro de entorpecimiento del proceso a través de intimidaciones a las damnificadas y a su grupo familiar que podrían influir en el contenido de sus manifestaciones, deviniendo imperioso neutralizar toda posibilidad de que el denunciado, pueda por sí o a través de terceros ejercer tales actos sobre aquéllos, asegurando así concreten su declaración de manera segura, libre y veraz, el fiscal de UDIS 4 presentó la medida cautelar solicitando se dicte la prohibición de acercamiento a una distancia de 500 metros y prohibición de contacto por cualquier forma o medio (personal, telefónico y/o informático) por parte del denunciado a sus hijas.

Además, el fiscal Rivero remitió copia de las pericias psicológicas a la Fiscalía en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo 2, a cargo del fiscal Vidal, quien –en concordancia con Rivero– planteó que la situación encuadra en el supuesto de excepción previsto artículo 13 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, aprobado por Ley 23.857, que dispone que “la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: a) …b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable…La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a su restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones”.

Además, evaluó que “si bien las excepciones a la obligación de la inmediata restitución de los menores al país de su residencia habitual son de carácter taxativo y deben ser interpretadas de manera restrictiva para no desvirtuar su finalidad, una valoración conjunta del material aportado a la causa bajo las pautas de interpretación que imperan en materia de restitución internacional conduce a tener por configurada, con el rigor que exige, la causal de grave riesgo para negar el retorno de las niñas a Francia.

La jueza Güemes no hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la restitución de las menores de edad con reforzamiento de las medidas de seguridad dictadas y dará intervención a un juzgado en Francia.

 

Abusó de la hija de su pareja y ahora pasará 12 años preso

La madre de una adolescente de 15 años denunció que su hija era abusada por su pareja desde los 12 años. El fiscal Pablo Rivero sostuvo la acusación y logró la condena a prisión efectiva del hombre.

La Sala 6 del Tribunal de Juicio condenó a un hombre a 12 años de prisión de cumplimento efectivo por el delito de abuso sexual simple (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), ambos agravados por la guarda y convivencia pre existente con una menor de edad, todo en concurso real.

El fiscal Pablo Rivero, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual 4, sostuvo la acusación contra el hombre en representación del Ministerio Público Fiscal.

La causa inició con la madre de una adolescente de 15 años, quien denunció que su pareja había abusado sexualmente de su hija desde que tenía 12 años. Contó que tomó conocimiento cuando la menor de edad le comentó a su madrina lo que venía viviendo desde hacía años.

Aseguró que, según le relató, los abusos iniciaron con tocamientos, pero que luego, aprovechando una oportunidad en que viajó a Buenos Aires, su pareja avanzó con el abuso, llegando a someter sexualmente a la niña.

En Circuito Cerrado de Televisión, la menor de edad confirmó los dichos de su madre y brindó precisiones de los lugares y momentos en que ocurrieron los hechos.

El fiscal Pablo Rivero requirió juicio contra el hombre, que se encontraba en libertad. Tras la sentencia, fue apresado y puesto a disposición del Servicio Penitenciario de la Provincia.

Además, el juez José Luis Riera ordenó que el sentenciado sea examinado por un médico del Poder Judicial para la obtención de sus señas particulares y que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN, previa asignación del DUIG correspondiente, para su posterior incorporación al Banco de Datos Genéticos.

Inicia el juicio por el millonario fraude al Estado

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, acusa a Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.

Durante la tarde, se desarrollará en la Sala 4 del Tribunal de Juicio la audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, en concurso real.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y el Tribunal es presidido por la jueza Norma Beatriz Vera.

En la primera jornada, el Juzgado leerá la acusación formal que sostiene el Ministerio Público Fiscal contra los cuatro hombres, que luego podrán optar por declarar.

Además, está previsto que presten testimonio el abogado del banco Macro y la secretaria del Juzgado Civil y Comercial a la que le fue falsificada la firma, la ex curadora de la herencia y un guardia de seguridad.

La causa

En marzo de 2021, luego de una investigación de la UDEC, fueron detenidos Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath;, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza.

Para la UDEC, los acusados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron una maniobra defraudatoria consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.

El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.

La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, quien como hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuono, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.

Detienen a un hombre que era buscado por la UDEC

Había sido declarado en rebeldía y se encontraba prófugo. Mañana será imputado.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detuvo esta tarde a un hombre de 41 años que era buscado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

Sobre el detenido pesan varias denuncias por estafas y administración fraudulenta vinculadas a distintos inmuebles.

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías 4 la búsqueda y detención del hombre, que se encontraba prófugo y había sido declarado en rebeldía.

El hombre fue detenido en inmediaciones de calle Mar Arabigo al 1300 de barrio San Remo. Fue trasladado a la Alcaidía General de la Provincia en donde permanece alojado.

Mañana, a las 8, se realizará la Audiencia de Control de Legalidad en el Juzgado de Garantías 4 y luego será trasladado a la Fiscalía Delitos Económicos Complejos para su imputación.