Toki Oliver Colombres

Condenan a un pastor evangélico por abuso sexual de una niña de 12 años

El padre de la víctima denunció que el hombre la había pasado a buscar para llevarla al templo, pero en el camino detuvo el auto y vulneró su integridad sexual.

La Sala 2 del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a Ángel Galarza a la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de encargado de culto.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio y, en su alegato, solicitó que Galarza fuera condenado a diez años, pena que finalmente fue impuesta.

El Tribunal de Juicio dispuso que el acusado se mantenga en prisión domiciliaria hasta tanto quede firme la sentencia y se remita al Juzgado de Ejecución, que determinará la modalidad de cumplimiento de la pena.

La causa

El padre de una niña radicó denuncia en contra de Galarza, quien se desempeñaba como pastor de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. Aseguró que el 13 de febrero de 2022, el hombre había pasado a buscar a su hija para llevarla al templo y en el camino, detuvo el automóvil y abusó de la menor de edad.

El padre contó que, debido a la distancia que tenía su domicilio con la escuela, muchas veces la niña de 12 años faltaba a clases, y por la gran cantidad de ausentes, ya no quisieron recibirla en el establecimiento, por lo que se dedicó al estudio del evangelio con el pastor Galarza, en quien confiaba.

Contó que el ministro del culto era su amigo de la infancia y por ello permitía que retirara todos los días a su hija para llevarla al templo. La denuncia la efectuó tiempo después, cuando su hija pudo contarle lo sucedido.

Al tomar intervención en la causa, la fiscal Martínez ordenó distintas medidas de protección y contención a la víctima. El informe médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales corroboró abuso sexual de larga data.

En el testimonio de la menor de edad en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que debió realizarse con intérprete wichi, la niña confirmó los hechos y manifestó que “confiaba en el hombre porque era pastor y amigo de la familia”. El examen psicológico y ambiental dio cuenta de la vulnerabilidad de la víctima.

Todo ello fue plasmado durante el juicio por la representante del Ministerio Público Fiscal, que consideró que la autoría del pastor en el abuso sexual con acceso carnal se encontraba más que probado.

 

 

Condenan a un sargento de policía de la provincia y su cómplice por robo de motos secuestradas

Tras admitir su responsabilidad en los hechos, Víctor Ramiro Maita fue sentenciado por el delito de peculado, en calidad de autor, y Andrés Rodrigo Colparis como partícipe necesario del mismo delito. Los vehículos secuestrados fueron decomisados a favor del Estado.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio abreviado que tuvo lugar hoy, en el Juzgado de Garantías 4, Distrito Judicial del Centro.

En audiencia multipropósito, el Juez Diego Rodríguez Pipino condenó al sargento ayudante de la policía de la provincia Víctor Ramiro Maita a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitan absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por ser autor del delito de peculado

Por su parte, Andrés Rodrigo Colparis fue condenado por ser partícipe necesario del delito de peculado a la pena de dos años de ejecución condicional.

Además, la fiscal Salinas Odorisio solicitó que los vehículos secuestrados fueran decomisados a favor del Estado, tal como lo prevé el artículo 23 del Código Penal argentino que establece que “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”

La causa

El 11 de febrero de 2023, un oficial principal de la Sección Investigativa Narcocriminal 10 de la Policía de Salta denunció que el día anterior habían notado la falta de una motocicleta Gilera SMX 200 roja, que había sido secuestra por la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad y que se encontraba allí a espera de turno para ser remitida al depósito judicial.

Al tomar intervención en el hecho, Salinas Odorisio ordenó que se inicie una investigación y se revisen las cámaras de seguridad. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), asignados a la UDEC, pudieron establecer que el 8 de febrero, entre 20:35 y 22:43 desde el interior del predio de la Base Operativa del Sector 3A sustrajeron el total de 03 tres motovehículos. Además, observaron la participación de dos vehículos: un automóvil Fiat Palio blanco y una camioneta utilitaria Fiat Fiorino blanca.

Se pudo visualizar que los conductores se bajan de sus vehículos, dialogan unos segundos y el hombre del automóvil (Maita) ingresa a la Base del Sector 1 para luego salir empujando una motocicleta hasta la camioneta, donde la cargan. Seguidamente se dirige nuevamente a la base del sector y saca otra motocicleta, con el mismo modus operandi. Los conductores conversan por aproximadamente 3 minutos y seguidamente la camioneta se retira. Minutos más tarde regresa al lugar, y repiten el procedimiento con una tercera motocicleta.

Del seguimiento de las cámaras de seguridad se pudo establecer que la camioneta se dirigió a un domicilio en barrio El Jardín, en donde se realizaban venta de vehículos usados y autopartes. Además, los investigadores identificaron que el conductor de la Fiorino y dueño del local de venta de autopartes (Colparis) ofrecía motocicletas usadas en su perfil de Facebook, siendo una de ellas la faltante en la Base del Sector 1.

Por otra parte, se individualizó que el conductor del automóvil, Víctor Maita, era un sargento de la Policía de Salta que prestaba servicios en el lugar de donde fueron sustraídos los vehículos.

Tanto Maita como Colparis fueron detenidos el 15 de marzo de 2023.

Barrio San Benito: Condenan a los hermanos Rodríguez por venta de estupefacientes

Luis Jonathan Rodríguez y Rodrigo Emanuel Rodríguez fueron detenidos el 19 de enero pasado como resultado de una investigación encabezada por la UFINAR.

Tras reconocer en forma expresa su participación en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, Luis Jonathan Rodríguez y Rodrigo Emanuel Rodríguez fueron condenados por la Sala 3 del Tribunal de Juicio.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, fue quien llevó adelante la investigación y requirió que los dos hombres fueran juzgados, instancia que finalmente se desarrolló mediante trámite abreviado.

Luis Jonathan Rodríguez fue condenado como autor y deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión efectiva, mientras que Rodrigo Emanuel Rodríguez, considerado partícipe secundario, cumplirá dos años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional.

El 19 de enero los hermanos Rodríguez fueron detenidos en barrio San Benito, tras una investigación que llevó adelante la UFINAR a raíz de denuncias efectuadas por vecinos de la zona que daban cuenta que en esa vivienda comercializaban estupefacientes.

Durante el allanamiento fueron secuestrados 72,7 gramos de cocaína y 325,6 gramos de marihuana, elementos empleados para su acondicionamiento y comercialización, dinero en efectivo y celulares.

Se enteró en la escuela que su hija era abusada

La madre de la niña efectuó la denuncia luego de enterarse, por el colegio al que asiste su hija, que su pareja la sometía a tocamientos.

La Sala 2 del Tribunal de Juicio condenó a un hombre a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda y convivencia continuado.

El fiscal Penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, fue quien llevó adelante la investigación y representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

El 2 de mayo de 2022, una mujer efectuó una denuncia en contra de su expareja por abuso sexual de su hija, de 9 años. La madre contó que, a través del establecimiento educativo al que asiste la menor de edad se enteró que su pareja sometía a tocamientos a la niña.

En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la menor confirmó lo denunciado y contó que los hechos habían comenzado cuando tenía 8 años y sucedían en distintas habitaciones de la vivienda, aunque particularmente en el baño.

El informe psicológico efectuado a la víctima concluyó que “aparece un elevado monto de angustia y ansiedad frente a su propio cuerpo al que percibe como dañado, indicador que remite a vivencias en la esfera de lo sexual que se han inscripto en su psiquismo como traumáticas”

Teniendo en cuenta todo ello, el fiscal González Miralpeix acusó al hombre de abuso sexual simple agravado por la guarda y convivencia continuado.

 

Fue detenido en el momento en que agredía a su pareja

Un vecino alertó sobre un grave hecho de violencia de género que se desarrollaba en la habitación de un inquilinato de calle Borja Díaz al 300.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria, imputó provisionalmente a un hombre por los delitos de amenazas, lesiones agravadas por el género y la relación de pareja y privación ilegítima de la libertad agravada.

La fiscalía tomó intervención luego de un hecho de violencia contra una mujer ocurrido en las primeras horas del sábado 1 de abril en un domicilio de calle Borja Díaz al 300.

Hasta el lugar llegó un móvil de la Policía de Salta con dotación de Infantería. Allí, un vecino informó que una habitación de un inquilinato se escuchaban agresiones hacia una mujer. Según consta en el informe policial, los efectivos tocaron en varias oportunidades la puerta, pero nadie respondió, aunque sí podían escuchar una voz masculina que profería amenazas de muerte.

Los uniformados pudieron observar a través de una ventana, que una mujer corría alrededor de una mesa tratando de escapar de un hombre, que la agredía con varios golpes de puño en la zona de la cabeza y que sostenía un destornillador en su mano.

Irrumpieron por la fuerza en la vivienda y detuvieron al hombre. Una ambulancia llegó hasta el lugar para brindar asistencia a la víctima, que presentaba una herida en su cabeza, negándose a ser trasladada a un nosocomio.

La fiscal Geria solicitó al Juzgado de Garantías la detención del hombre y fue imputado por los delitos de amenazas, lesiones agravadas por el género y la relación de pareja y privación ilegítima de la libertad agravada. La víctima fue citada por la Fiscalía para brindarle contención y escuchar su relato de lo sucedido.

 

Tartagal: Atacó a su pareja con una tijera y fue condenado

La víctima denunció el hecho el 9 de enero de 2022 en la vivienda que compartía la pareja.

La Sala 1 del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a un hombre a la pena de 3 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el género en contexto de violencia de género, amenazas y amenazas con arma, en concurso real.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, fue quien representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio y quien investigó la denuncia efectuada el 9 de enero de 2022 por  parte de una mujer.

En su declaración en sede fiscal, la denunciante ratificó lo manifestado en la comisaría en contra de su pareja, quien la agredió brutalmente en la vivienda que compartían, sometiéndola a una golpiza e hiriéndola en la mano con una tijera. Además, aseguró que el hombre amenazó con matarla y dañar a sus hijos.

La fiscal Martínez ordenó distintas medidas a fin de clarificar el hecho y, tras reunir las pruebas necesarias, requirió que el acusado fuera juzgado, instancia que tuvo lugar días atrás.

En el fallo dictado el 31 de marzo por la Sala 1, el hombre fue declarado reincidente por cuarta vez.

 

Ocho años de prisión para un padre que abusó de su hija

La madre de la niña denunció en 2021 a su marido. La víctima narró el sometimiento sexual al que era sometida por su progenitor desde hacía cuatro años.

La Sala 5 del Tribunal de Juicio condenó a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre por ser autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la reiteración y las circunstancias de realización agravado por el vínculo, guarda y convivencia y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, guarda y convivencia (un hecho), todo en concurso real.

El fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 2, Rodrigo González Miralpeix, representó al Ministerio Público Fiscal y fue quien llevó adelante la investigación radicada por la madre de una niña de 11 años en contra del padre.

En julio de 2021, la mujer contó que su hija le había confesado que, desde la muerte de su abuelo cuatro años atrás, su padre abusaba de ella.

En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la menor de edad brindó detalles de los hechos, los lugares y momentos en los que era abordada y sometida por su progenitor.

Tras reunir las pruebas necesarias, González Miralpeix requirió juicio contra el hombre, instancia que concluyó con la condena a ocho años de prisión efectiva.

Además, el Tribunal ordenó que el sentenciado sea examinado por un médico del Poder Judicial para la obtención de sus señas particulares y que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN, previa asignación del DUIG correspondiente, para su posterior incorporación al Banco de Datos Genéticos.

 

Condenado por abusar de su sobrina

En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la adolescente contó que el hombre la sometió sexualmente entre los 5 y 7 años de edad. Fue sentenciado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

La fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio en que un hombre fue condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser declarado responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda.

La fiscal Filtrín Cuezzo tomó intervención en el caso luego de que una profesional de la salud pusiera en conocimiento de la Justicia que, durante una entrevista realizada con una menor de 13 años, ésta le reveló que había sido víctima de abuso por parte de un tío.

A través de Circuito Cerrado de Televisión con profesionales, la niña contó que mientras se encontraba al cuidado de su tío, éste la habría sometido a tocamientos altamente vejatorios, entre los 5 y 7 años.

El acusado se encuentra a cargo del Servicio Penitenciario de la Provincia y se dispuso que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN para su posterior incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Estafa millonaria al Estado: Fueron condenados los cuatro acusados por la UDEC

Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath y Andrés Esteban Fath fueron sentenciados a cuatro años y seis meses de prisión efectiva, ordenando su inmediata detención. Jesús Ángel Mendoza cumplirá tres años y cuatro meses de prisión domiciliaria.

Los jueces Norma Beatriz Vera, Maximiliano Troyano y Mónica Faber de la Sala 4 del Tribunal de Juicio hallaron culpables a Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza del delito de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.

Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath y Andrés Esteban Fath fueron sentenciados a cuatro años y seis meses de prisión efectiva, ordenando su inmediata detención. Jesús Ángel Mendoza fue penado con tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento domiciliario por cuestiones de salud.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, fue quien representó al Ministerio Público Fiscal y reunió las pruebas que permitieron la condena de los cuatro hombres.

Colantuono, los hermanos Fath y Mendoza fueron acusados por la Fiscalía de presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 1, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Los cuatro imputados actuaron de común acuerdo y con división de tareas para ejecutar la maniobra defraudatoria. Ricardo Gabriel Fath era gerente del Banco Macro Sucursal Tribunales y Jesús Ángel Mendoza era asistente operativo de la misma sucursal. La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, efectivo policial, hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath.

 

Operativo en el Penal de Villa Las Rosas: Ocho internos implicados, y once demorados en los allanamientos a 18 viviendas

En el marco de la lucha contra el microtráfico que lleva adelante la UFINAR, se logró desarticular a dos bandas que ingresaban sustancias estupefacientes a la Unidad Carcelaria para su comercialización.

La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad llevó adelante la investigación de denuncias efectuadas a la web del Ministerio Público Fiscal y denuncia formulada el 2 de diciembre pasado por el Fiscal General, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación, Alberto Adrián Gentili, que daban cuenta que distintas personas ingresaban sustancias estupefacientes a Unidad Carcelaria, conocida como Penal de Villa Las Rosas, y allí eran comercializadas por internos.

A través del entrecruzamiento de información de los sospechosos, los investigadores de la Unidad de Investigación UFINAR obtuvieron elementos probatorios de actividades ilícitas en infracción a la Ley 23737.

De acuerdo a las pruebas recabadas a lo largo de los cinco meses que duró la investigación, dos organizaciones criminales -con antecedentes penales en delitos contra la vida, la propiedad y contra la salud pública- ingresaban sustancias estupefacientes a la Unidad Carcelaria 1, donde era comercializada.

Los fiscales de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, requirieron a los juzgados de Garantías 1 y 8 orden de allanamiento a siete celdas de la Unidad Carcelaria, 18 viviendas y la detención de los implicados. La medida fue autorizada por lo que, el 30 de marzo, se realizó un importante operativo del que participan 120 efectivos, entre ellos investigadores dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología (CIF) y efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, como así también, por razones propias de cobertura y tareas inherentes de seguridad, personal de la División Infantería y GOPAR.

Durante el procedimiento, que culminó en la mañana del viernes 31 de marzo, se logró secuestrar elementos de interés para la causa, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, celulares y otros elementos y finalizó con la detención de tres mujeres que fueron aprehendidas en la vía pública mientras se desplazaban hacia el penal y a las que se les secuestraron sustancias estupefacientes escondidas en su cuerpo.

Además, fueron demorados en los allanamientos de los 18 domicilios, ocho personas (cinco mujeres de 36, 28, 28, 28 y 29 años y tres hombres de 17, 21 y 40 años). El menor de edad fue puesto a disposición del Juzgado de Menores 3, que determinó causa de detención y traslado al Centro de Menores en Conflicto con la Ley Penal Nº 1.

Por otra parte, a una de las mujeres de 28 años y el hombre de 40 se les realizó acta de identificación simple. Las otras cinco personas quedaron detenidas y alojadas en la Alcaidía General de la Provincia.

En cuanto al allanamiento efectuado en la Unidad Carcelaria en siete celdas, que se realizó con la colaboración del Servicio Penitenciario, arrojó resultado positivo por lo que ocho internos que cumplen condena por distintos delitos quedaron implicados en las dos causas que investiga la UFINAR.

Los implicados serán citados a audiencia de imputación en la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

 

Allanamiento en una celda de la Unidad Carcelaria 1
Fila de visitas a la Unidad Carcelaria 1
Algunos de los elementos secuestrados