Toki Oliver Colombres

Imputado por coacción, privación ilegítima de la libertad y amenazas

Una mujer denunció que un medio hermano de su mamá, al que conocieron cuando tenía 8 años, la sometió a un calvario desde que reapareció en sus vidas en febrero pasado. Fue detenido por pedido la fiscal Penal Luján Sodero.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género 2, Luján Sodero, imputó provisionalmente a Gustavo Alberto Tolava por los delitos de coacción, privación ilegítima de la libertad y amenazas, en concurso ideal.

La intervención de Sodero inició luego de que una mujer denunciara el pasado 25 de marzo pasado a su tío, medio hermano de su madre. Aseguró que había conocido al hombre cuando tenía 8 años, ocasión en que fueron con su madre a visitarlo en el Penal de Villa Las Rosas cuando se encontraba privado de su libertad y que sólo volvió a verlo en el velorio de su bisabuela. En febrero de 2023 cuando se presentó en su casa con un amigo, retomaron el vínculo.

La víctima relató que el hombre se presentaba como «Procurador» y que ella accedió a visitarlo en su domicilio en tres ocasiones. Sin embargo, cuando le informó que no podía ir en una ocasión, su tío la amenazó y le envió fotografías de su madre en su lugar de trabajo, advirtiéndole que le causaría daño. La mujer le respondió que lo denunciaría, a lo que él afirmó que realizaba «trabajos sucios» para políticos y fiscales, lo cual le garantizaba que nunca estaría en prisión.

La mujer relató que, ante la amenaza que sintió, decidió dirigirse a su domicilio entre el 15 y el 20 de marzo con el propósito de exigirle que cesara su comportamiento. Al llegar, se negó a ingresar a la vivienda y mantuvo una conversación con él. Sin embargo, en ese momento, el acusado la amenazó diciéndole: «Ten cuidado con las consecuencias, después de la medianoche no me hago responsable de lo que pueda ocurrirte a ti o a tu familia». Movida por el miedo, accedió a ingresar, siendo encerrada en una habitación, donde fue obligada a acostarse en una cama y fue sometida a tocamientos. Posteriormente, Tolava se retiró, dejándola encerrada y llorando durante aproximadamente una hora.

En su denuncia, la víctima relató que acudió a la casa de Tolava en cinco o seis ocasiones debido a las amenazas recibidas. Cada vez que iba, él le quitaba el celular, borraba los mensajes que él mismo le enviaba y luego apagaba el dispositivo para asegurarse de que no estuviera siendo grabado. Además, la amenazaba diciéndole que nunca perdería y que ella terminaría muerta o en prisión, ya que afirmaba tener contactos con personas influyentes y estaba dispuesto a pagar para que se le fabricara un caso penal en su contra.

Tras investigar los hechos y escuchar la declaración de la víctima en sede fiscal, Sodero solicitó la detención Gustavo Alberto Tolava, medida que se efectivizó el viernes 26 de mayo y luego fue imputado por coacción, privación ilegítima de la libertad y amenazas, en concurso ideal.

 

Imputan a un hombre por violencia de género y desobediencia

El 15 de mayo, el hombre fue detenido tras intentar estrangular a su pareja, lo que resultó en su exclusión del hogar y la imposición de medidas restrictivas. Sin embargo, el 22 de mayo, regresó a la vivienda y volvió a agredir a la mujer. La víctima denunció amenazas de muerte por parte del agresor.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, imputó provisionalmente a un hombre de 36 años por los delitos lesiones agravadas por el vínculo y el género, desobediencia a la autoridad y amenazas en contexto de género.

Durante la audiencia, el hombre fue asistido por un defensor oficial y negó los hechos que se le imputan. La fiscal solicitó el mantenimiento de su detención.

El 15 de mayo, durante la madrugada, se produjo la demora de un hombre en un local bailable de Tartagal. En ese momento, estando junto a su pareja, el individuo comenzó a insultarla y la agredió físicamente al sujetarla con fuerza del cuello, causándole lesiones. Las amigas de la mujer intervinieron para evitar que la agresión continuara.

El Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal dictó ese mismo día, medidas de exclusión de hogar y de prohibición de acercarse y de ejercer actos de violencia a la víctima.

Sin embargo, el 22 de mayo, el hombre se presentó en la residencia de la víctima y, después de hacerle reproches, volvió a tomarla del cuello y causarle daño, liberándola solo cuando su hijo intervino. La mujer afirmó que recibió amenazas de muerte por parte del agresor

Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal Martínez requirió distintas diligencias, entre ellas el examen psicológico de la víctima y el imputado y que los familiares sean citados a la Fiscalía para brindaar su testimonio.

El Bordo: Condenan a una mujer a cuatro años de prisión por venta de estupefacientes

El fiscal Penal de UFINAR prestó su conformidad para que la pena sea cumplida bajo la modalidad domiciliaria, dado que la mujer tiene a su cargo hijos pequeños.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio mediante trámite abreviado en el que Alejandra Andrea Cardozo fue condenada a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal López Soto prestó, además, su conformidad para que la condena sea cumplida bajo la modalidad domiciliaria, dado que la mujer tiene a su cargo a hijos pequeños.

Cardozo había sido detenida el 16 de diciembre de 2022, luego de una investigación de la UFINAR que inició por un informe policial que daba cuenta que oficiales de la fuerza habían observado que varios jóvenes se dirigían a un domicilio situado cerca de una chanchera de la localidad de El Bordo, e intercambiaban dinero por algún elemento.

López Soto encomendó al personal del Grupo de Drogas de la Policía de la Provincia que investigara lo informado. A través de tareas de campo se logró identificar que una mujer, que luego fue identificada como Alejandra Andrea Cardozo, comercializaba estupefacientes en su domicilio.

El 16 de diciembre pasado, y con autorización del Juzgado de Garantías 4, se realizó un allanamiento en el domicilio de Cardozo, ubicada en el barrio 90 viviendas de El Bordo. Fueron secuestrados cocaína, cannabis sativa, papeles de polietileno y otros elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias, dinero en efectivo y celulares.

UDEC: Imputan a dos hombres por estafas a una empresa

El próximo lunes será imputado otro de los involucrados, que se encuentra detenido en la Alcaidía General de la Provincia por otro delito.

El fiscal Penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Daniel Escalante, imputó provisionalmente a dos hombres por los delitos de estafa y asociación ilícita.

Durante la audiencia, los hombres fueron asistidos por defensores públicos y negaron los hechos. Se encuentran alojados en la Alcaidía General de la Provincia.

Los imputados fueron detenidos en el marco de una investigación que lleva adelante la UDEC por estafa a una empresa dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial. Dos hombres se encuentran prófugos y son intensamente buscados.

Durante el procedimiento fueron secuestrados documentación relevante para la causa, dinero en efectivo, elementos de valor y celulares.

La intervención de la UDEC inició luego de que el 17 de noviembre de 2022, el propietario de la empresa dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial denunciara que había sido estafado por más de cinco millones de pesos.

La fiscal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, encomendó al personal del departamento de UDEC que investigara lo denunciado. A través de tareas de campo y el entrecruzamiento de datos, los investigadores identificaron que cinco hombres, actuando de común acuerdo y con distintos roles, adquirieron al denunciante mediante cheques electrónicos, mercadería por un monto total de 5.200.000 pesos.

Además, establecieron que dos de los hombres ya contaban con antecedentes por hechos similares, estando uno de ellos detenido en la Alcaidía General e imputado por la Fiscalía Penal 5 y el otro, prófugo.

CIF: Capacitan a investigadores de la UEI Norte y GAP Orán y Tartagal

Se abordan temáticas relacionadas a la organización y entrecruzamiento de información telefónica en el marco de investigaciones penales, elaboración de informes y uso de tecnologías complementarias; como así también, descripción de las funcionalidades de software forense de última generación.

Esta mañana, personal de la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Norte y de la Unidad de Investigación Graves atentados contra las Personas (GAP) Orán y Tartagal asistieron a las jornadas de capacitación “Herramientas para el análisis de las comunicaciones” realizadas en el edificio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Se trata de la primera de tres jornadas que se extenderán hasta junio, en las que se abordarán temáticas relacionadas a la organización y entrecruzamiento de información telefónica en el marco de investigaciones penales, elaboración de informes y uso de tecnologías complementarias; como así también, descripción de las funcionalidades de software forense de última generación.

La capacitación es dictada por profesionales y personal con amplia trayectoria en investigaciones, como el comisario Inspector Sergio Rafael Costello, el subcomisario Pedro David Añazgo; el suboficial Principal Mario Eduardo Diez y el Sargento Mario Aparicio, quienes actualmente integran el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

El objetivo es proporcionar a los investigadores de la zona norte las mismas técnicas y herramientas que se emplean en las distintas Unidades de Investigación de la ciudad de Salta con excelentes resultados; nivelando así conocimientos y mejorando el desempeño de los investigadores de toda la provincia.

El 2 de junio se brindará una capacitación de similares características al personal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR).

 

 

UDEC: Allanan ocho viviendas y detienen a dos hombres por estafas a una empresa

Otro de los involucrados ya se encontraba detenido en la Alcaidía General de la Provincia por otra causa. Hay dos prófugos.

Por pedido de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se realizó un operativo en el que ocho viviendas fueron allanadas y dos hombres detenidos en el marco de una investigación por estafas.

Dos personas se encuentran prófugas y otro hombre, también vinculado a la causa, ya se encontraba alojado en la Alcaidía General de la Provincia.

Del operativo participaron personal de la UDEC y apoyo de investigadores de otras áreas del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Durante el procedimiento fueron secuestrados documentación relevante para la causa, dinero en efectivo, elementos de valor y celulares.

La intervención de la UDEC inició luego de que el 17 de noviembre de 2022, el propietario de una empresa dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial denunciara que había sido estafado por más de cinco millones de pesos.

La fiscal Salinas Odorisio encomendó al personal del departamento de UDEC que investigara lo denunciado. A través de tareas de campo y el entrecruzamiento de datos, los investigadores identificaron que cinco hombres, actuando de común acuerdo y con distintos roles, adquirieron al denunciante mediante cheques electrónicos, mercadería por un monto total de 5.200.000 pesos.

Además, establecieron que dos de los hombres ya contaban con antecedentes por hechos similares, estando uno de ellos detenido en la Alcaidía General e imputado por la Fiscalía Penal 5.

En las próximas horas, los detenidos serán imputados por el fiscal Penal a cargo de UDEC, Daniel Escalante.

General Güemes: Condenan a una pareja por venta de estupefacientes

Tanto el hombre como la mujer tenían una condena condicional de tres años. Por unificación de penas, ahora Juan Antonio Ovejero pasará siete años y seis meses en prisión y Noemí Yolanda Renfijo, siete.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate en la que Juan Antonio Ovejero fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva y a Noemí Yolanda Renfijo a cuatro años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Tanto Ovejero como Renfijo tenían una condena previa por infracción a la ley 23737, de tres años de ejecución condicional, que les fue suspendida por lo que ahora el primero pasará siete años y seis meses en prisión y la mujer, siete años.

La intervención de la UFINAR inició a raíz de una denuncia efectuada en la web del Ministerio Público Fiscal, que señalaba en que en el Barrio 60 viviendas de General Güemes, Ovejero vendía drogas. También ingresó una denuncia en contra de Renfijo.

Al iniciar la investigación se comprobó que el hombre y la mujer eran pareja y que ambos registraban antecedentes por infracción a la ley de estupefacientes.

A través de tareas de campo se logró corroborar las denuncias, registrando a los acusados vendiendo sustancias estupefacientes en distintos días y horarios.

El 4 de agosto de 2022, con autorización del Juzgado de Garantías, UFINAR se realizó un allanamiento en la vivienda denunciada y fueron secuestradas varias dosis de cocaína y cannabis sativa acondicionadas para su comercialización, una balanza gramera, dinero en efectivo y celulares. La pareja fue detenida y acusada por el fiscal López Soto de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La audiencia debate se celebró en la Sala 4 del Tribunal de Juicio.

 

Condenan a ocho años de prisión a un pastor evangélico por abusar sexualmente de una niña

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, fue quien llevó adelante la investigación de la denuncia, realizada por el padre de la menor de edad.

El pastor evangélico Reynaldo González fue condenado a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y calificado en perjuicio de una niña.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio, que se realizó de manera abreviada luego de que Reynaldo González admitiera su responsabilidad en los hechos.

La intervención de Martínez inició luego de que el padre de una niña de 11 denunció al pastor de la iglesia a la que asistía en la localidad en la que vive en el Norte provincial, por abusar sexualmente de su hija.

El hombre detalló que su hija le había confesado lo que vivía desde hacía tres años, cuando él no se encontraba en la vivienda. Manifestó que el pastor, de 66 años, le decía a la niña que le compraría un celular y le daría plata.

La Sala 2 del Tribunal de Juicio de Tartagal dispuso que el hombre mantenga la prisión domiciliaria hasta tanto quede firme la sentencia y se remita la sentencia al Juez de Ejecución para que determine la modalidad de cumplimiento de la pena.

Además, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG) en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes Nacional 26.879 y Provincial 7.775.

 

 

 

Vecinos de barrio Ceferino denunciaron que vendía droga y ahora pasará cuatro años preso

La UFINAR investigó denuncias realizadas en la web del Ministerio Público Fiscal y detuvo a Marcelo Daniel Carreño, quien ahora fue condenado por comercialización de estupefacientes.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que Marcelo Daniel Carreño fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de comercialización de estupefacientes y declarado reinicidente por primera vez.

Se ordenó su traslado a la Unidad Carcelaria N°1 y se recomendó al Director del Servicio Penitenciario su inclusión en el Programa Tratamiento de Adictos Privados de la Libertad (TAPLI).

En 2022, Torres Rubelt encomendó al personal del departamento de UFINAR del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que investigara denuncias realizadas en la web del Ministerio Público Fiscal que referían que “Vaca” Carreño comercializaba estupefacientes en barrio Ceferino.

A través de tareas de campo logró corroborar las denuncias, identificando al denunciado como Marcelo Daniel Carreño y registrar la venta de drogas en distintos días y horarios.