Toki Oliver Colombres

Generación Zoe: Requieren juicio para Cositorto y sus socios salteños por 118 estafas y asociación ilícita

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, estimó el perjuicio ocasionado por la financiera supera los cinco millones de pesos y los quinientos setenta y cuatro mil dólares.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Nelson Leonardo Cositorto por considerarlo autor de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) en concurso real con asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Acusa también a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de Los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las 118 denuncias realizadas, asciende a 5.682.500 pesos y 574.120,29 dólares.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en 2022 por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con una de sus sedes en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.

Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.

El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En el caso de que el aportante decidiera retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 (doce) meses.

Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir.

Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.

La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.

Los roles

Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:

  • Leonardo Cositorto: Era el Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, quien firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
  • Ricardo Gabriel Vilardel: Era el director y representante de Zoe en Salta. Era quien se encargaba de atender a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban a los mismos por el dinero entregado.
  • Ana Vilardel: Era la secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados
  • Jorge Federico Vilardel: Era el encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria.
  • Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.

 

 

Generación Zoe: Imputaron a Cositorto y sus socios salteños por 60 estafas y asociación ilícita

 

Requieren juicio a un hombre por abuso sexual de su nieta

Una adolescente narró que su abuelo la abusó desde los 5 hasta los 8 o 9 años de edad. Manifestó que recién pudo entender lo que le había pasado a través de las clases de ESI que impartían en la escuela.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 1, Federico Obeid, requirió juicio al Juzgado de Garantías 6 para un hombre de 74 años de edad por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente (continuado).

La intervención de UDIS 1 inició el 14 de mayo de 2022, cuando el padre de una adolescente de 17 años denunció que su exsuegro y abuelo de la menor de edad había abusado de su hija, desde los 5 años hasta los 8 o 9 años.

A fin de investigar lo ocurrido, el fiscal Obeid ordenó distintas medidas, entre las que se encuentran la exclusión del hogar del denunciado y la entrevista a la víctima en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). Allí, la menor de edad contó que los abusos habían iniciado cuando iba a jardín de infantes y sucedían siempre en el fondo de la casa que comparte con sus abuelos y hermanos de su madre. Explicó que sucedían una o dos veces a la semana, después de las 19 horas, cuando su abuela realizaba tareas adentro de la vivienda y sus padres aún se encontraban trabajando.

En su relato, la adolescente manifestó que al comienzo no entendía qué es lo que le hacía su abuelo, pero con el tiempo y las clases de Educación Sexual Integral (ESI) que impartían en la escuela fue comprendiendo que era víctima de abuso sexual y, en cuanto pudo hablar, se lo contó a su padre.

Tras valorar la declaración de la víctima y de su entorno y los informes médicos y psicológicos, el fiscal Obeid tomó la determinación de requerir juicio contra el hombre, acusándolo de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente (continuado).

 

Violencia de Género: Imputado por desobedecer restricciones y coaccionar a la víctima

El 24 de julio fue denunciado por violencia de género por su expareja. Cinco días más tarde, pese a las medidas de restricción de acercamiento a la víctima, se presentó en su trabajo.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 36 años por los delitos de coacción y desobediencia judicial.

Sobre el imputado pesaban medidas de restricción de acercamiento dictadas por una denuncia previa radicada el 24 de julio por su expareja, quien aseguró que el hombre la había amenazado y la sometía a hechos de violencia.

Cinco días más tarde, el 29 de julio, el denunciado volvió a presentarse en el local comercial donde la víctima trabaja. Pese al pedido de la mujer de que se retirara y cumpliera las medidas dictadas por el Juzgado de Violencia de Género de Orán, el hombre se negó a hacerlo.

Dos efectivos de la Policía de Salta que realizaban una ronda ambulatoria de Violencia Familiar, pudieron divisar al imputado en el local donde estaba la mujer, procediendo a la detención del hombre.

Elevan a juicio la causa contra Rubén Méndez Salazar

El exintendente de Salvador Massa y otras diez personas son acusadas de distintos delitos por el Ministerio Público Fiscal.

La Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot fue informada este mediodía por el Juzgado de Garantías de Salvador Mazza de la elevación a juicio contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y otras diez personas.

El Ministerio Público Fiscal había elevado el requerimiento de juicio el 31 de octubre de 2023 (leer más), y tras numerosas oposiciones de las defensas técnicas de los acusados y las respuestas de la Unidad Fiscal, finalmente el Juzgado de Garantías decidió elevar la causa a juicio.

La Unidad Fiscal acusa a:

Rubén Méndez Salazar (exintendente de Salvador Mazza) de los delitos de peculado; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; incumplimiento de los deberes de funcionario público; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; peculado de servicios y trabajos; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; fraude a la administración pública, todo en concurso real.

Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Juan Marco Méndez (hermano del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor) y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Oscar Rodolfo Gutiérrez (Exsecretario privado del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roberto Justo Balverdi (Exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); incumplimiento de los deberes de funcionario público (coautor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roque Maximiliano Méndez (hijo del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesario); peculado (partícipe necesario); asociación ilícita (miembro), todo en concurso real

Carolina Antonella Morena (Tesorera) de los delitos de peculado (partícipe necesaria); incumplimiento de los deberes de funcionaria pública (coautora); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Ivanna Irene Méndez (hija del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Susana Angelita Palacio (expareja del exitendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Liliana Cristina Centeno (contadora del exitendente) del delito de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria).

Roberto Orellana (Exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza) del delito de peculado de servicios y trabajos (coautor)

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre de 2021 contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

 

 

 

Detienen al segundo líder de la banda que estafaba con cheques electrónicos

Desde UDEC fueron identificadas diez personas involucradas, siendo dos de ellos los líderes de la banda.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por denuncias de estafas cometidas con cheques electrónicos por un grupo de personas, esta mañana fueron detenidos dos hombres.

Personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó esta mañana tres viviendas del municipio de San Lorenzo; dos de ellas ubicadas en barrio Nueva Esperanza y la tercera en Atocha.

Como resultado del operativo, que fue requerido por la fiscal Salinas Odorisio al Juzgado de Garantías 1, fueron detenidos el que sería uno de los dos líderes de la banda y su hijo y serán imputados mañana. Los otros ocho involucrados ya fueron imputados provisionalmente por  los delitos de estafas y asociación ilícita.

Con la nueva detención ya fueron capturados los diez integrantes de la banda que estarían implicados en la estafa, que hasta el momento asciende a más de 20 millones de pesos y ocasionó pérdidas a dos empresas.

La primera de ella es una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial y cuyo propietario denunció en noviembre de 2022 que había sido estafado por más de cinco millones de pesos con cheques electrónicos. Por este hecho, fueron detenidas dos personas y un tercer hombre que ya se encontraba alojado en la Alcaidía General de la Provincia por otro hecho similar en una causa que investiga la Fiscalía Penal 5.

A través de una denuncia efectuada el 15 de mayo del 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por montos que superan los 16 millones de pesos.

 

 

 

 

Juzgan a tres empleados municipales por estafa y falsificación de instrumento público

La audiencia debate se extenderá hasta el miércoles 2 de agosto. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, los acusa de emitir un Permiso Transitorio de Habilitación con la firma falsificada de la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta y cobrar por ello.

La fiscal Penal de la Unidad de Delito Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate contra tres empleados de la Municipalidad de Salta.

Salinas Odorisio acusa a Andrea Cecilia Palacios, Azucena del Valle Ruiz y Hernán Ochoa de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.

La intervención de la UDEC inició el 11 de junio de 2020 cuando la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta denunció que su firma había sido falsificada en un Permiso Transitorio de Habilitación, extendido el 2 de junio de 2020, a un local de productos y artículos de limpieza ubicado en calle Leguizamón al 1700.

Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3000 por sellado y $ 3000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.

En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.

Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado durante la pandemia de coronavirus, a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.

A través del entrecruzamiento de datos, los efectivos pudieron identificar a los tres empleados municipales involucrados en la estafa, reuniendo las pruebas necesarias para su imputación.

En febrero de 2021, la fiscal Salinas Odorisio requirió juicio para los tres acusados, instancia que se desarrolla desde hoy y hasta el miércoles 2 de agosto en la Sala 6 del Tribunal de Juicio.

Denunció que fue abusada por el propietario de una habitación de alquiler en barrio Fraternidad

La fiscal Penal de UDIS 3, Luján Sodero Calvet, imputó al hombre por abuso sexual con acceso carnal y solicitó su prisión preventiva mientras avanza con la investigación.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3, Luján Sodero Calvet, imputó provisionalmente a un hombre de 38 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal y solicitó su prisión preventiva.

La intervención del Ministerio Público Fiscal inició el 11 de julio pasado, cuando una mujer se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 sin poder relatar lo que le estaba sucediendo, pero gritando por ayuda.

Luego, la mujer denunció que ese día había respondido a un aviso de la red social Facebook sobre el alquiler de una habitación en barrio Fraternidad, siendo citada por el propietario para ver el lugar. Al llegar, le mostró por afuera el dormitorio (que aún se hallaba ocupado) y le dijo que le mostraría el suyo. La víctima precisó que, al negarse, éste la agarró del cuello y la obligó a entrar, arrojándola sobre un colchón.

Detalló que mantuvo una intensa lucha con su atacante, llegando a rasguñarlo en sus partes íntimas, pero el hombre le propinó dos golpes de puño en el rostro y luego abusó sexualmente de ella. Contó que luego recuperó su celular, que el hombre había arrojado al piso, y vio que la llamada al SE 911 seguía en curso, y salió a la calle en búsqueda de ayuda, observando la llegada de un patrullero al que le hizo señas.

El hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

La fiscal Sodero Calvet ordenó distintas medidas, entre las que se encuentran el secuestro de la ropa de la víctima y del imputado, a fin de ser sometidas a pericias genéticas.

Campo Santo: Irá a juicio por exhibiciones obscenas

El acusado es tío de la víctima, quien tiene ocho años de edad. Además está detenido por otra causa que investiga la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 1, Federico Obeid, requirió juicio al Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, contra un hombre de 38 años por el delito de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos).

La intervención de UDIS 1 inició luego de que una mujer denunciara que el hermano de su pareja había realizado exhibiciones obscenas a su hija de ocho años.

En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la menor de edad contó que en dos oportunidades, mientras se encontraba en la casa de su padre en Campo Santo, su tío le había mostrado sus partes íntimas.

El acusado se encuentra detenido en el marco de otra causa, que también es investigada por la misma Fiscalia.

Condenado a cuatro años de prisión efectiva por violencia de género

El hombre fue denunciado por coacción con arma, coacción y desobediencia judicial por su expareja. Registraba una condena anterior de ejecución en suspenso.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género 2, Luján Sodero, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que un hombre de 25 años fue condenado a dos años de prisión por los delitos de coacción, coacción con arma y desobediencia judicial, en concurso real.

El acusado contaba con una condena previa de dos años de prisión de ejecución condicional por lo que, por unificación de pena, fue sentenciado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

La intervención de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género inició el 30 de enero de 2022 luego de que una mujer denunciara que su expareja y padre de su hijo, se presentó en su casa y le exigió que saliera, blandiendo un cuchillo. Ante ello, el hermano de la víctima salió a la vereda a solicitarle que se marchara, pero el acusado se tornó violento con el hombre y amenazó con matar a la mujer.

La víctima denunció también que el comportamiento violento de su expareja era permanente y que el hombre había abandonado la Alcaidía General de la Ciudad de Salta en diciembre de 2021, tras estar detenido por violencia de género. Aseguró que temía por su vida.

La fiscal Sodero requirió que las profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizaran un informe socio ambiental y psicológico, concluyendo que la mujer se encontraba en situación de vulnerabilidad y en alto nivel de riesgo.

Teniendo en cuenta todo ello, Sodero requirió juicio para el hombre, quien finalmente fue condenado en juicio abreviado, tras la aceptación de su responsabilidad en los hechos.

Imputan al conductor de un remís por venta de estupefacientes

Efectivos de la Policía de Salta presenciaron el intercambio de una mujer con el conductor, que les resultó sospechoso por lo que se acercaron. El hombre tenía en su poder envoltorios de cocaína y marihuana. Al allanar su vivienda, por pedido de la UFINAR, también hallaron sustancias estupefacientes acondicionadas para su comercialización.

El fiscal Penal de la Unidad Ficsal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, imputó provisionalmente al conductor de un remis por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La intervención de la UFINAR inició el 22 de julio pasado, luego de que personal de Investigaciones de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, observaran que un auto con el logo de una empresa de remises de la zona Norte de la ciudad, que llegó hasta la esquina de Balcarce y Ameghino, acercándose una mujer que realizó un intercambio con el conductor. Ante la sospecha de que se trataba un intercambio de dinero por sustancias estupefacientes, los efectivos policiales decidieron acercarse y, al notar que el conductor se puso nervioso y arrojó un envoltorio al suelo. Al ser recuperado, pudieron constatar que se trataba de un paquete conteniendo en su interior 9 envoltorios de polietileno sustancia blanquecina en forma compacta y una bolsa pequeña de polietileno transparente conteniendo en su interior 26 envoltorios de polietileno. Al requisar las pertenencias del conductor hallaron un envoltorio con sustancia vegetal disecada.

Al realizar el narcotest, arrojó positivo para cocaína y para cannavis sativa por lo que el hombre fue demorado y el fiscal López Soto solicitó orden de allanamiento en la vivienda del imputado.

Al ingresar al domicilio de Villa San Antonio, los efectivos encontraron numerosos envoltorios de cocaína,  semillas de cannabis sativa, y distintos elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias.

Teniendo en cuenta todo ello, el fiscal López Soto imputó provisionalmente al hombre por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.