Una mujer que había adquirido una vivienda en 2009, debió luego iniciar un juicio de desalojo para recuperarla. Cuatro años después se enfrentó a un intento de usurpación respaldado por un boleto de compraventa falsificado.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que se desarrolló en la Sala 3 del Tribunal de Juicio.
Tras la presentación de las pruebas reunidas en la etapa de investigación por la UDEC, Mirta Elizabeth Anze Villena y Ana Lisa Montiel a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autoras de los delitos de estafa procesal en grado de tentativa y falsificación de documento privado en concurso real.
La intervención de la UDEC inició con la denuncia radicada por una mujer que adquirió una vivienda en calle Zuviría al 1500 en el año 2009. En diciembre de 2011 tomó conocimiento de que tres personas habían habían ingresado sin autorización al inmueble, obligándola a iniciar un juicio de desalojo que se tramitó en el Juzgado Civil Y Comercial 2, obteniendo sentencia favorable y logrando que el inmueble se le restituyera.
Cuatro años más tarde, en febrero de 2017, la denunciante fue notificada de una audiencia en el Centro de Mediación del Poder Judicial con dos de las mujeres que habían sido desalojadas en 2012. Allí, su abogado fue informado de la existencia de un boleto de compraventa supuestamente completado y firmado por ella a favor de las mujeres, quienes reclamaban la propiedad del inmueble.
Desde UDEC se inició una investigación, determinando la pericia caligráfica efectuada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que “del estudio comparativo entre los elementos dubitados, consistentes en la firma del boleto de compraventa y del contrato de locación y las firmas indubitadas del cuerpo de escritura y del DNI de la denunciante, surge que no guardan relación grafo-estructural entre ellas, observando diferencias en su formato y en los patrones gráficos mencionados”.
Por otra parte, se pudo establecer que en 2014, Anze Villena y Montiel se habían presentado ante una escribana pública en supuesto carácter de locatarias del inmueble, solicitando que se deje constancia del estado del mismo y de todo lo que ellas mejoraron o incorporaron al inmueble para hacer posible su ocupación, agregando fotografías para que se incorporen al primero testimonio.
La fiscal Salinas Odorisio consideró que todo ello demostró las intenciones de las acusadas de hacer pasar por cierto el hecho de que eran locatarias del inmueble mencionado y así reforzar sus falsas pruebas para hacer incurrir en error al juez civil para que declare la nulidad de los juicios iniciados en su contra por la damnificada.
