Toki Oliver Colombres

Detienen a un hombre en la Ciudad Judicial violando la prohibición de acercamiento a su pareja

La mujer se encontraba en el Ministerio Público de la Defensa buscando asesoramiento cuando se presentó su agresor, que había sido excluido del hogar y sobre el que pesaba una perimetral. La fiscala de Violencia Familiar y de Género N° 1, Claudia Geria, solicitó su detención por flagancia.

Un hombre de 70 años fue detenido ayer en la Ciudad Judicial por desobedecer una orden emitida por la Jueza de Violencia Familiar y de Género de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento a su pareja.

El pedido de detención fue realizado por la fiscala de Violencia Familiar y de Género N° 1, Claudia Geria, quien al tomar conocimiento de que el hombre se encontraba en la puerta de la Defensoría Oficial, a sólo metros de su pareja, activó los mecanismos judiciales necesarios para proteger a la víctima.

La mujer había concurrido al Ministerio Público de la Defensa en búsqueda de asesoramiento para la situación de violencia que vive en su hogar, y advirtió que su agresor se encontraba allí, pese a que el 3 de junio se había dictado una medida perimetral de 300 metros al hombre.

Inmediatamente, la Defensoría de Violencia Familiar y de Género N° 2, Liza Medrano, se comunicó con la fiscala Geria quien, tras verificar que el hombre había sido notificado el 8 de junio de 2021 sobre la exclusión de hogar y prohibición de acercamiento a su pareja, solicitó su detención por flagancia.

El agresor, que será imputado en las próximas horas, cuenta con antecedentes por violencia de género y permanece detenido. La fiscala de Violencia Familiar y de Género solicitó, además, el mantenimiento de la detención para proteger a la víctima y evitar el entorpecimiento de la investigación.

El Ministerio Público Fiscal conmemoró el Día de la Seguridad Vial

La Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) y la Escuela del Ministerio Público participaron de las acciones de concientización que organizó la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la Provincia.

En el día de la seguridad vial, la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) y la Escuela del Ministerio Público participaron de las acciones de concientización que organizó la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la Provincia en la rotonda que une las avenidas Juan Domingo Perón y Arenales.

“Como uno de los organismos impulsores del respeto a las normas viales, el Ministerio Público Fiscal está presente en esta actividad para promover la educación vial, la prevención y, fundamentalmente, para fomentar la toma de conciencia acerca del flagelo de los incidentes viales”, precisó la titular de la OPRIV, Clelia Poma, para luego señalar que las alarmantes estadísticas demuestran que queda mucho camino por recorrer en materia de seguridad vial. La provincia está muy lejos de disminuir la cantidad de muertos en el tránsito, registrándose en lo que va del año 71 fallecidos por siniestros viales”.

Por su parte, Juan Carlos Sauma, titular de la Secretaría de Seguridad Vial de Salta, destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con los distintos municipios, asociaciones civiles y organismos intervinientes para avanzar en políticas de seguridad vial, y reducir la siniestralidad y mortalidad en la provincia.

En este contexto, se concientizó a la ciudadanía mediante una campaña visual sobre la importancia del cumplimiento de las normas viales, el uso del cinturón de seguridad y del casco reglamentario, de conducir con responsabilidad, respetar las velocidades permitidas, entre otros puntos.

Mientras participaba de la actividad, Poma resaltó que “la mayoría de los decesos en siniestros viales se produce por la falta de conciencia y de control sobre el uso de elementos simples, pero vitales, como el cinturón de seguridad y las sillas adecuadas para los niños en los automóviles, el casco para conducir motocicletas o el utilizar el celular durante la conducción y al cruzar la calle, en el caso de los peatones. En muchos de estas situaciones se debe a falta de educación, prevención y sobre todo de control del Estado, pero en la mayoría se debe a cómo nos comportamos en sociedad y a la falta de cumplimiento de las normas”.

De la jornada también participaron el director de Seguridad Vial de la Policía, Héctor Laime; Samec; Pavicei; la delegada NOA de la Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación, Constanza Longarte; asociaciones de ciclistas; Observatorio Vial Salvemos Vidas y el concejal Raúl Córdoba, entre otros. El Día de la Seguridad Vial se celebra cada 10 de junio en conmemoración al cambio en el sentido de tránsito (circular por la derecha) realizado en Argentina en 1945.

El Ministerio Público Fiscal promueve una acción de amparo ambiental colectivo contra una curtiembre de Atocha

El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, solicitó la clausura de Lauju SRL. La empresa realiza actividades ambientales sin la debida gestión de efluentes.

El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, promovió una acción de Amparo Ambiental Colectivo en contra de la firma Lauju SRL (ex Jamo), en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.

A pesar de las reiteradas intimaciones efectuadas tanto por los organismos estatales con competencia ambiental como por el Ministerio Público Fiscal, Lauju omitió cumplir con los recaudos legales exigidos para el desarrollo de su actividad de curtido de pieles de animales para convertirla en cueros (que desarrolla en un inmueble ubicado en Atocha, Municipio de San Lorenzo), careciendo de un Plan de Gestión de Efluentes Industriales líquidos y sólidos y del Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM).

En el marco de la causa judicial iniciada, la Procuración denunció que para el proceso de curtido de cueros se generan efluentes que en su composición poseen metales pesados nocivos -tales como plomo, cromo, cobre y manganeso-, sumamente peligrosos para la salud y el ambiente, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Además, los efluentes son volcados –a través de una cañería de aproximadamente 200 metros- en el arroyo Isasmendi.

En el amparo ambiental colectivo, Erazo Shmidt, destacó que “el principio precautorio que rige en materia ambiental invita a actuar antes de que se obtenga la prueba de un riesgo real para el medio ambiente y la salud de los ciudadanos”.

Como resultado del proceso, el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, dispuso la comunicación pertinente al Registro de Procesos Colectivos de la Corte de Justicia de Salta y ordenó que la demandada presente en el plazo de 10 días un informe circunstanciado, aportando todas las pruebas que estime pertinentes en sustento de sus derechos. 

Los hechos

En abril de 2019, la Procuración General de la Provincia efectuó una inspección y colectas de muestras (en las piletas de tratamiento de efluentes) en el predio de la curtiembre explotada por Lauju SRL, constatando la existencia de fuertes olores.

Como respuesta, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta informó que, en calidad de autoridad de aplicación de la ley 7070, se procedería a elaborar un Plan de Gestión Ambiental conjunto entre los distintos organismos competentes, a saber: Secretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Industria de la Provincia de Salta, Municipalidad de San Lorenzo y representante de la curtiembre.       

El 3 de marzo de 2020, todas las partes mantuvieron una reunión en la que se intimó a Lauju SRL para que en el plazo de 10 días regularice su situación ante el Programa Registros Ambientales adjuntando Memoria Técnica del Sistema de Producción; en el plazo de 30 días presente ante la Secretaría de Industria de la Provincia de Salta, una Auditoría Ambiental y un plan de Gestión Ambiental que contemple entre otros datos, acciones relacionadas con el tratamiento, disposición final y plan de monitoreo  (incluyendo plazos de ejecución, indicadores y frecuencia de medición de los mismos) de los residuos, efluentes y emisiones que la actividad industrial de procesamiento de cueros; en el plazo de 30 días presente el Uso conforme en el ámbito municipal; en el plazo de 30 días presente la documentación tendiente a regularizar la inscripción del pozo de agua preexistente que utiliza para su proceso industrial; tramitar la concesión de agua para uso industrial y comunicar el sistema de tratamiento de efluentes indicando puntos de vuelco a cursos de agua con georeferenciación de los mismos ante la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta.

En junio de 2020, y ante consultas de la Fiscalía sobre avances en la causa, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó una inspección en el predio, dejando expuesto en el respectivo informe que: “ya habiendo ingresado al lugar encontramos, almacenamiento de los siguientes productos los cuales pueden asociar todos al curtido de cueros: Sulfato de cromo, Ácido oxálico, Sulfato de amonio, Ácido Bórico, Ácido fórmico”;  “…encontramos a 3 personas trabajando para llevar el caño por otro camino al mismo arroyo de descarga, la zanja elaborada para pasar el caño pasaba a la altura del cordón cuneta de la calle de atrás de la empresa y luego atraviesa un predio cercano a la misma para dirigirse al arroyo”.“…existen impactos ambientales que la empresa debe minimizar a fin de evitar la contaminación ambiental provocada por el vuelco de efluentes, el tratamiento de residuos peligrosos y el uso irresponsable de los recursos naturales de uso público, como lo es el agua que se utiliza en el proceso”. Sin embargo, se le otorgó a Luaju un “nuevo plazo improrrogable de 20 días”.

En octubre de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informó a la Procuración General que no había recibido ninguna presentación de Lauju SRL, pero que la Secretaría de Industria recibió un “Plan de Gestión Ambiental” que “no cumple las condiciones mínimas para poder ser evaluado y acompañar a la empresa en un camino a una producción amigable con el medio ambiente”.

Ya en febrero de este año, la División Rural y Ambiental de la Policía de la Provincia de Salta verificó que la curtiembre se encuentra funcionando, reconociendo que los efluentes industriales líquidos son conducidos por una cañería de aproximadamente doscientos metros hacía el arroyo Isasmendi.

Por otra parte, una vecina del lugar realizó una denuncia –que se tramita en la Unidad Fiscal Contravencional- contra Luaju por arrojar residuos en lugares públicos, lo que derivó en una investigación sobre la posible pinchadura o rotura del caño soterrado que transporta efluentes desde la curtiembre al arroyo Isasmendi.

Detenido e imputado por ejercer violencia de género

La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género solicitó al Juzgado de Garantías la autorización para allanar dos domicilios a fin de salvaguardar la integridad física de una mujer y detener a su agresor. El acusado fue imputado por amenazas y privación ilegítima de la libertad y sigue detenido.

La fiscala Penal N° 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria, solicitó al Juzgado de Garantías N° 5 que ordene el allanamiento de dos domicilios en el macro centro de la ciudad, a fin de salvaguardar la integridad física de una mujer y detener a su agresor.

Luego de que el Juzgado hiciera lugar al pedido, el hombre fue aprehendido y la víctima fue asistida y cuenta con custodia policial.

La fiscala Geria inició las actuaciones y solicitó las medidas a través del acto procesal “noticia criminis causa”, ya que a través de mensajes de la aplicación WhatsApp le habían llegado mensajes alertando sobre una mujer que era víctima de violencia por parte de su pareja.

“Un reincidente con diez causas en la justicia provincial (privación ilegítima de la libertad y abuso de armas, entre otras) tiene virtualmente presa a una conocida”. “Amenazada”. “Anoche la tiró al piso y la c… a patadas”, decían algunos de los mensajes.

En vista de ello, y a efectos de salvaguardar su integridad física y evitar consecuencias ulteriores, y en el marco de lo normado por los Arts. 99 inc. b), 300 y subsiguientes y 373 del Código Procesal Penal, es que la Fiscala Penal N° 1 de Violencia Familiar y de Género requirió las medidas al Juzgado de Garantías.

Venta de terrenos: imputaron a un hombre que estafó a varias personas y falsificó documentos públicos

El acusado vendía un dúplex en barrio Grand Bourg y terrenos en la zona Sur de la ciudad de Salta. Como resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Delitos Económicos y dirigidas por la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, el martes pasado se realizó el allanamiento de dos domicilios y se detuvo al acusado, un exoficial del Servicio Penitenciario de Salta.

La titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Jorge Matías González Güemes por cinco hechos de estafas y tres hechos de falsificación de instrumento público, todo en concurso real.

Del decreto de imputación surge que el acusado, de 37 años, simulando tener contactos con funcionarios de organismos públicos, ofrecía gestionar y entregar adjudicaciones de inmuebles pertenecientes a dependencias nacionales y provinciales de la vivienda, a cambio del pago de importantes sumas de dinero.

Con este mecanismo, González Güemes logró concretar tres ventas de un dúplex en barrio Grand Bourg. Además, para respaldar sus maniobras y brindarles credibilidad, el acusado confeccionó y utilizó documentos públicos con sellos y membretes de aquellas instituciones que entregaba a los damnificados como constancias del pago.

“Con este accionar ocasionó perjuicio económico a los denunciantes como también a la fe pública en razón de la falsificación efectuada”, detalla el decreto de imputación de la fiscala Salinas Odorisio.

Por otra parte, González Güemes, también ofreció la venta de un lote en barrio San Remo y/o Ampliación Barrio Parque La Vega a dos personas, quienes abonaron las sumas solicitadas a cambio de un terreno, del cual el imputado no tenía ningún derecho para disponer y les generó un importante perjuicio patrimonial.

Las investigaciones dirigidas por Salinas Odorisio se encuentran a cargo de la Unidad de Investigación Delitos Económicos complejos del CIF. A través de entrecruzamiento de datos y las pruebas aportadas por las mismas víctimas, se pudo determinar que se encontraban frente a una persona que, empleando el mismo modus operandi, había ocasionado un perjuicio económico a varias personas.

Fruto del trabajo de la Unidad especializada en este tipo de delitos, el martes pasado se realizó el allanamiento de dos domicilios y se detuvo al acusado, un exoficial del Servicio Penitenciario de Salta. El imputado tenía una condena previa, de 2019, por el delito de estafa, y desde que fue puesto en libertad, continuó con su actividad ilícita.

Los hechos

La Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención a partir de una denuncia que daba cuenta de que González Güemes había ofrecido en marzo del año 2017 una casa del IPV en Barrio Grand Bourg, expresando que tendría la adjudicación directa de la misma sin la necesidad de ir a sorteo, pidiéndole al denunciante la suma $50.000  en concepto de comisión y que luego de esto, una vez adjudicado el inmueble, debía las cuotas del mismo, las que rondarían los $10.000. El denunciante aceptó y le entregó los $50.000, recibiendo un contrato a cambio.

En el 2018, a través de los medios de comunicación, el damnificado se entera de que los preadjudicados de esas viviendas se reunirían para reclamar por la demora de las entregas. Al intentar sumarse al grupo, se percató de que no aparecía en la lista de los preadjudicados.

El hombre se presentó en varias oportunidades en el domicilio del acusado, ubicado en el macrocentro de la capital salteña. Allí siempre era atendido por la madre de González Güemes, quien le expresaba que su hijo estaba en Buenos Aires cuidando a su hermano que estaba muy enfermo. Finalmente, la mujer lo mandó a hablar con la expareja del acusado, quien le informó que el imputado se encontraba alojado en Alcaldía General.

Caso 2

En marzo de 2020 ingresó una denuncia en la que un hombre acusaba a González Güemes de estafarlo en la compra de un dúplex del barrio Grand Bourg.

En esta oportunidad, una mujer –identificada como Gloria Gutiérrez- ofrecía los inmuebles y puso a la víctima en contacto con González Güemes (que aquí se hacía llamar Luis González) pues se trataba de “un emprendimiento privado que no pertenece ni a Nación, ni a la Provincia” y el “único representante en Salta” era González.

A la víctima le pidieron $120.000 para ser adjudicatario y, en abril de 2018, se juntaron con el denunciado en la plaza de la Legislatura, en donde le entregó de una carpeta con sello del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Nación, con número de expediente y dirección exacta del dúplex comprado en Barrio Grand Bourg.

Luego de ello, y al ver que la vivienda no le era adjudicada, le escribió a González Güemes, quien le aseguraba que “ya te lo van a adjudicar”.

Caso 3

En junio de 2019, un hombre radica una denuncia por estafas. De acuerdo a lo narrado por el damnificado, en 2017 tomó contacto con una persona que, a través de una página de ventas on line, ofrecía realizar trámites para la adjudicación inmediata de viviendas. A tal fin se encontró con un hombre que se presentó como licenciado Peretti, quien aseguró que se desempeñaba como Secretario de la Gobernación de la Provincia de Salta, llegando en un vehículo color blanco polarizado marca BMW. Le ofreció realizar una carpeta de adjudicación inmediata de una casa a cambio de un pago en efectivo de $50.000 correspondientes a gastos administrativos.

Luego de realizado el pago, el acusado le entregó una carpeta con tapa transparente con documentaciones en referencia a que fue beneficiado con la adjudicación de una vivienda en el barrio Grand Bourg.

Un año más tarde, y ante la ausencia de novedades por parte del “licenciado Peretti”, el damnificado se presentó en el Centro Cívico Grand Bourg, donde consultó sobre las viviendas dúplex y exhibió los documentos a los empleados, quienes le informaron que los papeles eran falsos.

Luego, a través de la red social “Facebook”, conoció sobre un estafador llamado “Matías González Güemes”, a quien reconoció como el licenciado Peretti.

Caso 4

El heredero de una finca en barrio Virgen del Rosario San Nicolás radicó una denuncia en 2020. En el escrito aseguró que, en diciembre de 2019, encontró en un poste de un terreno de su propiedad un cartel de “Se vende” con un número de celular. Al comunicarse lo atendió una persona que se identificó como el “licenciado Güemes” y le ofreció la venta del terreno de su propiedad. El denunciante se identificó como el propietario del inmueble y le exigió a Güemes que retire el cartel inmediatamente y que pare con el intento de vender propiedades que no le pertenecían.

En diciembre de 2020, una prima del damnificado que vive en el lugar, observó a un hombre que vendía los terrenos a un grupo de cinco personas. Cuando la mujer lo enfrentó, el hombre aseguró que “yo estoy vendiendo los terrenos en representación de la Sra. N.L.”, a lo que la mujer respondió “yo soy N.L”.

De la investigación surgió que los terrenos se ofrecían en las redes sociales bajo dos perfiles: Carmen Felicidad González y Felicidad Del Carmen De Tercera Edad, en donde brindaban un número telefónico de contacto que se determinó que pertenecía a Jorge Raúl Güemes,  domiciliado en el macrocentro, pero que en el Registro aparece como fallecido.

Caso 5

En enero de 2020, un hombre radicó una denuncia contra Jorge Matías Esteban González Güemes. Aseguró que, a través de Facebook, tomó conocimiento de la venta de un terreno en el barrio San Remo. Se contactó con el vendedor y fueron a ver el terreno. Luego, el damnificado fue a la oficina de Güemes en donde le entregó $250.000, recibiendo un boleto de compraventa y una foja de actuación especial para certificar firmas. Según consta en la denuncia, todo esto sucedió en presencia de una escribana.

Horas más tarde, el damnificado buscó el nombre del acusado en google, obteniendo como resultado varias publicaciones en donde este es acusado por estafas en la venta de viviendas. Lo llamó para que le devolviera su dinero, sin obtener respuesta.

Caso 6

En enero de este año, un hombre radicó una denuncia por estafa en la compra de una vivienda. Según consta en el escrito, a través de Facebook se enteró de la venta de un terreno en el barrio Parque La Vega. Al llamar al número que aparecía, le atendió una persona que se identificó como Jorge Matías G. Güemes.

Concertaron una entrevista en la casa del acusado, quien le solicitó 300 mil pesos. El denunciante entregó en ese momento $60.000 y acordaron que entregaría 10 cuotas de $20.000. Güemes le hizo entrega de un “previo acuerdo a boleto de compra venta”. Un mes más tarde, la víctima realizó el pago de la primera cuota por la suma de $20.000 mediante una transferencia por homebanking a la cuenta de de la madre de Güemes.

Luego, por algunas sospechas, concurrió a la Dirección General de Inmuebles a fin de solicitar el estado del terreno, donde le informaron que la propiedad no estaba inscripta. Ante ello, le solicitó a Güemes que le devolviera el dinero, algo que nunca sucedió.

La OPRIV se suma a la campaña de reducción de velocidad en Salta

Durante el encuentro de la Red institucional sobre seguridad vial organizado por la Municipalidad de Salta, la titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales, Clelia Poma, firmó una carta compromiso de la ONU y adhirió al objetivo de reducir los límites de velocidad a 30 kilómetros por hora en todas las ciudades del mundo.

La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV) del Ministerio Público, Clelia Poma, firmó – en la sexta semana mundial de la seguridad vial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- la carta compromiso de Naciones Unidas “Calles para la vida: para las personas y el planeta”.

La ONU implementó la campaña #Love30, que tiene como objetivo el hacer que los límites de velocidad de 30 kilómetros por hora sean la norma para las ciudades de todo el mundo, principalmente en lugares donde transitan peatones y automóviles.

En este marco, y adhiriendo a la iniciativa, la Municipalidad de Salta organizó un encuentro virtual de la Red institucional sobre seguridad vial para fortalecer las políticas de seguridad en el tránsito tendiente a reducir la siniestralidad y la mortalidad en la capital.

Durante la reunión -a la que asistió Poma y fue encabezada por la jefa de Gabinete municipal, Agustina Gallo, el ministro de de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Juan Carlos Sauma; el presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, Marcelo Ferraris; el secretario de Movilidad Ciudadana municipal, Gilberto Pereyra; el concejal Raúl Córdoba, la asociación Salvemos Vidas, referentes del Samec, del hospital San Bernardo y otras organizaciones-, se analizaron temas relacionados a la movilidad, siniestralidad y mortalidad vial en el municipio Capital y las acciones preventivas que se realizan y se realizarán para concientizar a la ciudadanía.

La Red institucional sobre seguridad vial cuenta con asistencia técnica de OPS/OMS de Argentina debido a que Salta tiene uno de los índices de siniestralidad vial y muertes más altos de Argentina.

La titular de la OPRIV celebró la puesta en marcha de una mesa interinstitucional que trabaje en la reducción de las alarmantes cifras de Salta en materia vial y resaltó que “en los 18 días que van de mayo, 11 personas murieron en siniestros viales en la provincia de Salta. Y, si bien es antipático hacer estadísticas, hoy estamos frente a una realidad: cada 37 horas, una persona muere en un siniestro vial en nuestra provincia” por lo que señaló que “resulta fundamental la adopción de acciones efectivas en cuanto al control del cumplimiento de la velocidad reglamentaria y del uso de casco por parte de ciclistas y motociclistas, ya que están involucrados en el 43%  de los siniestros viales con un alto índice de mortalidad”.

La OPRIV trabaja en estrategias de prevención e investigación que puedan implementarse de manera uniforme en el Ministerio Publico Fiscal, como así también, atender los requerimientos de las víctimas y la articulación con todos los actores intervinientes en la problemática mediante la formulación de propuestas para el diseño de políticas públicas preventivas.

Por otra parte, el Proyecto de Ley de creación de una Fiscalía especializada en Delitos Viales –que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en la Cámara Alta- permitirá aunar criterios de actuación para una efectiva respuesta a los ilícitos penales contra la seguridad vial, garantizando la unidad de criterios en la materia; así como dotar a la estructura judicial de una infraestructura acorde, que disponga de personal altamente calificado y especializado.

Un equipo de la OPRIV recorrió la Ruta Provincial 28 para analizar las características viales

La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales y un perito accidentológico se reunieron con la auxiliar fiscal de la delegación San Lorenzo del Ministerio Público Fiscal y personal policial. Elaborarán un informe con sugerencias que permitan reducir la siniestralidad en la zona.  

La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV), Clelia Poma, recorrió esta mañana distintos puntos de la Ruta Provincial 28 a fin de recolectar información sobre su estado y luego elaborar una propuesta que permita reducir el alto índice de siniestralidad vial que se registra en la zona.

Junto a Poma, estuvieron la auxiliar fiscal de la delegación San Lorenzo del Ministerio Público Fiscal Analía Alisio; el perito accidentológico del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), José Carrizo; la comisaria inspectora Norma Arias y el subinspector Gustavo Casimiro, de la Comisaría 100.

Además de tomar registro fotográfico, los funcionarios de la Procuración General escucharon las observaciones que realizaron los oficiales de la Policía de Salta, quienes se comprometieron a pasar un informe sobre incidentes viales, fallecimientos y puntos de mayor siniestralidad no sólo en la RN 28, sino también en otros sectores del municipio de San Lorenzo.

En lo que va del año en Salta murieron 59 personas como consecuencia de siniestros viales; cuatro de ellas en la Ruta Provincial 28, que une los municipios de Capital y San Lorenzo.

El Informe que elaborará la OPRIV del Ministerio Público contendrá recomendaciones del ámbito vial a los organismos responsables de la planificación de políticas públicas, a los fines de que refuercen la seguridad, teniendo en cuenta el control de tránsito efectivo en toda la RP 28 -particularmente desde el empalme con avenida Bolivia (RN 9), a la altura del monumento al Quirquincho y hasta la curva de Castellanos, en proximidad a Lesser-; la posibilidad de ejecución de bicisendas; iluminación de la ruta; despeje de banquinas, vigilancia de bacheo, señalética, cartelería y demarcación horizontal con trazas continuas o intermitentes de color blanco y amarillo.

También se reforzarán recomendaciones sobre la colocación de reductores de velocidad e instalación de cámaras de videovigilancia de manera estratégica y preventiva; además del necesario control de animales sueltos. 

Secuestran 385 postes de quebracho colorado en Salta Forestal

La fiscalía penal de Joaquín V. González, interviene en una investigación iniciada a partir del secuestro de 385 postes labrados de la especie quebracho colorado cuya producción no estaba autorizada, en un puesto de Salta Forestal.


Según consta en la Actuación 132/21, los 385 postes en cuestión, de distintas medidas, fueron hallados en el puesto La Providencia, ubicado sobre la ruta provincial 123, de la localidad Centro 25 de Junio, Salta Forestal, en el departamento Anta.

Allí se labró un acta contravenciones a un hombre de 56 años y que declaró ser jornalero, por infracción al artículo 90Bis a de la Ley 7135, por falta de autorización para la producción de la madera.

En el acta de entrega, se dejó constancia de que el producto forestal fue secuestrado y dejado en el mismo lugar, bajo responsabilidad del infractor, en calidad de depositario judicial, hasta tanto se retire el secuestro de ese emplazamiento.

Imputaron a ocho personas por fraude a la Municipalidad de Salta

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a los empleados de la Municipalidad de Salta Marcelo Daniel Cavalli Cabrera, Héctor Aníbal Torres, Raúl Marcelo Sanguino, Orlando Antonio Portales, Jorge Luis Lescano, José Daniel Bordón y a Claudio Rafael Gutiérrez y a Lorena de los Ángeles Fabián por la comisión del delito de defraudación a la administración pública en calidad de coautores. 

Además, la Fiscala solicitó la prisión preventiva de los seis empleados de la comuna y de las dos personas externas.

Salinas Odorisio tomó la determinación luego de analizar las pruebas recolectadas por el personal de la Unidad Especial de Investigaciones, dependiente del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF.

El modus operandi

Las pruebas aportadas por la UEI permitieron a Salinas Odorisio determinar que los empleados municipales -en el transcurso del desempeño de sus funciones- cargaban combustible en una estación de servicio ubicada en avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta al 500, para luego trasladarse a los domicilios de Gutiérrez y Fabián en Laguna Escondida (que se encuentra en la zona Sudeste  – al norte del Barrio Justicia y al sur de barrio Solidaridad). 

Allí extraían el combustible que había sido cargado previamente en los camiones cuyo manejo tenían encomendado y acopiarlo en el lugar, así como también áridos que pertenecían a la Comuna. 

Las pruebas también permitieron determinar que luego las mismas personas vendían el combustible mal habido a terceros.

Diputados trata el proyecto de creación de una Fiscalía especializada en Delitos Viales

La iniciativa busca aunar criterios de actuación para una efectiva respuesta a los ilícitos penales contra la seguridad vial, garantizando la unidad de criterios en esta materia; así como dotar a la estructura judicial de una infraestructura acorde

La Cámara de Diputados de Salta tratará este martes el Proyecto de Ley de creación de una Fiscalía especializada en Delitos Viales, presentado en febrero pasado por el procurador General de Salta, Abel Cornejo.

La iniciativa busca aunar criterios de actuación para una efectiva respuesta a los ilícitos penales contra la seguridad vial, garantizando la unidad de criterios en esta materia; así como dotar a la estructura judicial de una infraestructura acorde, que disponga de personal altamente calificado y especializado.

“Las estadísticas de siniestralidad vial en nuestra provincia son alarmantes. En el 43% de los incidentes están involucradas motocicletas, los menores de 25 años se accidentan tres veces más que los mayores y, sólo por citar algunos números de la provincia, en estos primeros meses de 2021, ya murieron 45 personas en siniestros viales”, señaló Cornejo para luego destacar que “desde una perspectiva jurídica, el tratamiento habitual de las causas no responde a las necesidades de las víctimas ni a un adecuado tratamiento para el imputado promedio en estos hechos”.

La Fiscalía Especializada en Delitos Viales permitirá tratar de forma exclusiva y especializada a los delitos de tránsito, reduciendo los tiempos de respuesta a las víctimas de siniestros viales. Además, las causas que ingresen a la unidad serán recibidas por profesionales con conocimientos especiales en la materia.

El procurador Abel Cornejo ya mantuvo reuniones con los legisladores a fin de evacuar dudas sobre esta unidad especial y responder cuestiones específicas de su funcionamiento, y el Concejo Deliberante declaró de interés la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Viales.

De aprobarse la iniciativa presentada por el Procurador General, Salta se convertiría en la primera provincia en crear por ley una fiscalía especializada en materia vial.