Toki Oliver Colombres

General Mosconi: violó restricciones y fue detenido por amenazas

Ignorando la prohibición de ejercer violencia contra una mujer, un hombre de 59 años se presentó en su domicilio y amenazó a la víctima y su hija. Fue imputado por la fiscala Penal de Tartagal, María Lorena Martínez.

La fiscala Penal de Tartagal, María Lorena Martínez, imputó a un hombre de 59 años por amenazas en contexto de género y desobediencia a la autoridad.

Según consta en la denuncia, el sábado a la noche, el hombre llegó alcoholizado hasta el domicilio de una mujer en General Mosconi y comenzó a proferir insultos.

Ignorando la prohibición que había dictado la Justicia de ejercer violencia contra la mujer, el acusado la amenazó y a su hija. Luego, el imputado comenzó a hacer ademanes con el puño como para golpearlas por lo que el novio de la hija, que se encontraba en el lugar, intentó calmarlo.

Al no conseguir que el acusado desistiera de su actitud violenta, junto a otros hombres, lo redujeron hasta que llegó personal de la Policía de la Provincia y lo detuvo.

Luego de realizar las constataciones e investigación correspondiente, la fiscala Martínez decidió imputar al hombre, quien permanece detenido.

Golpearon y amenazaron con un cuchillo a una joven que filmaba un abigeato

La Fiscalía Penal de Cafayate investiga un hecho en donde doce hombres fueron imputados por abigeato calificado. La mujer, que estaba grabando lo que sucedía, fue perseguida por dos de ellos, quienes la golpearon y le pusieron un cuchillo en el cuello para amedrentarla. Están imputados por lesiones leves y amenaza con arma.

La Fiscalía Penal de Cafayate imputó a 12 personas por el delito de abigeato calificado y, a dos de ellos, por abigeato calificado, lesiones leves y amenazas con arma.

Los imputados -Alejandro Nicolás González, Ángel Antonio Colque,  Alexis Nahuel Calpanchay, Silvio Rene Alexander Aguirre, Manuel Díaz,  José Leonardo Santos, Gabriel Gregorio Santos, Néstor David Díaz, Sergio Darío Díaz, José Rosario Díaz y Santos Darío Díaz- permanecieron detenidos desde el sábado hasta el martes pasado, en que fueron imputados.

Según consta en el escrito, los acusados se encontraban en la finca de la familia Condorí, marcando ganado de la mujer como propiedad de Ambrosio Santos, sobre quien pesa una medida de no innovar en el marco de un proceso de reivindicación.

La acción fue advertida por la hija de Condorí, que empezó a grabar lo que sucedía con una cámara filmadora. Al detectar su presencia, los hombres comenzaron a gritarle “era tuya ahora es mía. Sos una maricona de m…, no nos viste correr las vacas ya todas las tenemos a nuestro poder”, para luego dividirse en dos grupos con intenciones de sacar a los animales de la propiedad hacia un corral colindante.

La joven dejó la cámara y se retiró a un lugar más elevado para tener mejor visión y comenzó a grabar con su celular lo que sucedía. Hasta allí fue seguida por dos de los hombres, a los que identificó como Gabriel Gregorio Santos y José Leonardo Santos, quienes le sacaron su celular. Luego, según consta en la denuncia, Santos intentó darle un golpe de puño en la cara, agresión que la joven logró bloquear con su brazo, pero enfureció más a su atacante que la empujó contra una piedra y le puso un cuchillo, tipo tramontina, en el cuello mientras la amenazaba diciéndole: “Ahora te voy a matar o te voy a tirar en medio de las piedras. Voy a matar a tus padres”.

La mujer, luego de forcejear, logró huir del lugar pero esa misma noche, a las 20, José Leonardo Santos y Gabriel Gregorio Santos, irrumpieron en su vivienda, pero al ver que se encontraba con varios hombres de su familia, se retiraron del lugar.

El examen físico realizado a la joven indica que “presenta hematoma y dolor en antebrazo derecho y hematoma en brazo izquierdo, hematoma en cadera izquierda y en muslo derecho, producido por golpe objeto contundente y dolor generalizado en todo el cuerpo por resistir a los hechos”.

La Fiscalía Penal se encuentra esperando el resultado de la pericia de una cámara filmadora por lo no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

Suman cuatro los detenidos por fraude a una empresa de reciclaje

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la primera detención al Juzgado de Garantías esta mañana, cuando, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología, comprobó la maniobra delictiva. Durante la jornada, el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF coordinó el operativo para concretar otros tres allanamientos y tres detenciones de personas involucradas con la defraudación a la empresa.

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la detención de un hombre por el delito de defraudación a una empresa de reciclaje. A esa detención, se sumaron luego otras tres, de las cuales, una corresponde a un hermano del primer detenido y otros dos sujetos, todos mayores de edad.

Desde hace un mes, el Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaba una investigación por una denuncia que daba cuenta de diferencias en el peso de los camiones.

Los investigadores del CIF pudieron determinar que la maniobra consistía en adulterar el pesaje de las cargas que ingresaban a diario a la empresa Eco Norte SRL. A cambio de ello, el detenido recibía un rédito económico.

El personal de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos se encontraba esta mañana realizando actividades de vigilancia cuando comprobaron la maniobra delictiva por lo que la Fiscalía solicitó la inmediata aprehensión en flagrancia del primer implicado. Al momento de la detención, el hombre –que reside en un barrio de la zona Norte de la ciudad- tenía en su posesión $ 103.400, dos teléfonos celulares de alta gama y documentación relacionada a la causa. En este marco, y de acuerdo a la información con la que contaba personal del Departamento de Investigaciones y Criminología, Salinas Odorisio solicitó orden de allanamiento para otros domicilios de personas que también estarían involucradas.

El Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF coordinó un operativo en conjunto entre la UEI, UDEC y UDIS, y dispuso la afectación de investigadores, móviles y demás logística, para la realización de cuatro allanamientos en total, de los cuales, además de surgir las detenciones de los acusados, se logró el secuestro de $ 571.700 (quinientos setenta y un mil setecientos pesos argentinos), 27 reales y USD 19.639 (diecinueve mil seiscientos treinta nueve dólares estadounidenses); un camión marca Dodge 400 cabina color anaranjado, otro camión con cabina blanca, teléfonos celulares, una báscula, y cuarenta y cinco tickets de la empresa defraudada. El Juzgado Interviniente fijó control de legalidad para los detenidos, para este viernes.

Remiten al fuero federal la causa Magno

Luego de analizar las pruebas recabadas, la fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, declinó la competencia provincial en la causa que se le sigue a la empresaria por el delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. 

La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, elevó al Juzgado de Garantías N° 4, la declaración de incompetencia material en la causa de Silvia Magno, originada a partir de la violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia en 2020.

Luego de realizar la investigación y analizar la totalidad de las pruebas recogidas, Salinas Odorisio consideró que “el hecho incriminado resulta ajeno a la jurisdicción provincial, por lo que no corresponde la continuidad de la actuación de las autoridades judiciales hasta aquí intervinientes”

En el escrito elevado al juez de Garantías, la fiscala señaló que “el hecho endilgado a la encartada Magno implica que se han violentado las formas y requisitos impuestos por las autoridades nacionales en virtud del DNU 297/20 y las excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (en particular por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Nacional y el Ministerio de Transporte de la Nación) para efectuar el transporte interjuridiccional de personas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19; siendo dichas medidas impuestas para proteger la salud pública de la población y evitar la propagación de la enfermedad a un número indeterminado de personas máxime considerando que en el presente caso se trata de transporte interjurisdiccional”.

Cabe recordar que la Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención de oficio en la causa, a partir de las noticias que tomaron estado público y que indicaron que el 9 de abril de 2020 llegaron 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba, quienes habrían abonado la suma de $ 3.500 a la empresa de Silvia Magno, y que, según denunció una madre en una entrevista radial, tras lograr una “demorada” autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta, los trasladó “de regreso a casa”.

El 16 de junio de 2020, durante la audiencia de imputación, Magno se había negado a declarar aunque después presentó por escrito un descargo, acompañando copia simple de documentación consistentes en DUT y autorizaciones de la Subsecretaría de Transporte de la Nación.

Luego de reunir las pruebas y tomar declaración testimonial a Juan Carlos Garrido, en su carácter de Delegado Regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte(CNRT), Salinas Odorisio decidió elevar la declaración de incompetencia material del fuero provincial en la causa.

OPRIV advierte el impacto que tendrán en el tránsito las patinetas y monopatines eléctricos

La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV), Clelia Poma, recomendó que, previo a la aprobación del marco regulatorio que se dará en la ciudad de Salta a la circulación de vehículos de movilidad personal, se realicen informes técnicos especializados sobre las vías de circulación.

La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) del Ministerio Público Fiscal, Clelia Poma, advirtió ayer sobre la importancia de realizar informes técnicos especializados sobre las vías de circulación e impacto en el tránsito de la provincia el uso de monopatines y patinetas eléctricas.

Lo hizo durante la reunión ampliada que se realizó ayer en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta a la que asistieron concejales y referentes de la seguridad vial en la provincia en el marco del tratamiento que dará ese cuerpo legislativo a la regulación de la circulación de vehículos de movilidad personal, teniendo en cuenta la Disposición N° 480/2020 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y dos proyectos de Ordenanza que proponen modificar artículos del Código de Tránsito.

Los espacios públicos habilitados y velocidad a la que podrán circular, elementos de seguridad a utilizar por los conductores, la venta o alquileres de los vehículos, fueron algunos de los temas sobre los que avanzaron legisladores y funcionarios.

“Teniendo en cuenta la alta tasa de siniestralidad vial y mortalidad que registra Salta, desde la OPRIV consideramos que se debe tener en cuenta, previo a la aprobación de la incorporación al tránsito tanto en la ciudad como en el resto de la provincia, estudios de técnicos peritos sobre la vulnerabilidad de los conductores dentro de nuestra ciudad; el análisis de la potencia que tienen; el sistema de iluminación acorde; estudiar la influencia que tendrían en el tránsito en la ciudad contemplando su maniobrabilidad; y los elementos de seguridad necesarios para su uso”, señaló Poma.

Por su parte, el secretario de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta, advirtió la necesidad de incorporar a la normativa la obligatoriedad de utilización de luces traseras y delanteras, tanto de manera diurna como nocturna, así como la importancia de delimitar los espacios en los cuales estarán permitidos circular.

En tanto, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Juan Carlos Sauma, reseñó primeramente la velocidad de estos medios de transporte, indicando que “su velocidad máxima es de 30 Km/hora y, teniendo en cuenta la connivencia de estos vehículos en otros lugares, generalmente pueden circular en calles y avenidas, como así también en ciclovías y bicisendas. Esto, siempre y cuando, la infraestructura sea óptima para este vehículo”.

Por el contrario, el procurador General Adjunto de la Municipalidad, Ramiro Angulo, consideró que “no creo que sea bueno permitir que circulen por calles ni avenidas, porque no tienen las características de una bicicleta, en las que se puede tener mayor reacción por los lugares en donde se transita” y que “tienen poca visibilidad por eso se tiene que reglamentar la utilización de chalecos refractarios, cascos y luces”.

Durante el encuentro estuvieron presentes Raúl Córdoba y Candela Carrera -autores de los dos proyectos sobre regulación de monopatines y patinetas eléctricas-, Ángel Causarano, Santiago Alurralde, Romina Arroyo, Susana Pontussi, Rosa Herrera, José García, María Mora, Paula Benavides y Abel Moya, quienes brindaron su punto de vista en relación al marco regulatorio para la circulación de estos vehículos en la ciudad, la infraestructura vial para su circulación, infracciones y la posibilidad de contar con licencias de conducir, entre otros.

Pedido de juicio para un diputado provincial por usurpar dos propiedades en Cafayate

La fiscala Penal de Cafayate, Sandra Rojas, investigó dos denuncias contra el legislador Sergio Daniel Cisneros por apropiarse ilegítimamente de una propiedad privada y de un lote fiscal. Durante la audiencia de imputación, realizada en abril pasado, el acusado se abstuvo de declarar.

La fiscala Penal de Cafayate, Sandra Rojas, requirió al Juzgado de Garantías la elevación a juicio del diputado provincial por Cafayate, Sergio Daniel Cisneros, por los delitos de usurpación de propiedad en perjuicio de la Provincia de Salta y usurpación de propiedad y desobediencia judicial en perjuicio de La Viñita S.A.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la fiscala Penal y las pruebas obtenidas, el diputado provincial habría usurpado dos propiedades distintas en Cafayate, Salta, por lo que elevó el pedido de juicio al Poder Judicial, que ahora deberá decidir si hace lugar y si solicita el desafuero del legislador, tal como lo establece el artículo 99 de la Constitución de la Provincia de Salta.

La usurpación de propiedad se encuentra penada en el artículo 181 del Código Penal Argentino, que establece en su artículo 1° que será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;

Asimismo, el artículo 239 estipula que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

Durante la audiencia de imputación, que fue realizada el 12 de abril de 2021, el diputado Sergio Daniel Cisneros se abstuvo de declarar.

Los hechos

La Viñita S.A.

El 8 de marzo de 2.005, José Carlos Nallim compró en comisión -a favor de una sociedad en formación- el 11 % indiviso de una finca de mayor extensión en Cafayate, conocida como Fincas Las Ramadas, Catastro N° 488.

El 18 de agosto de 2006 se constituyó -mediante Escritura Publica N° 74 folio 364/5, asiento N° 3.555 del libro N° 13 de sociedades anónimas en fecha 20 de marzo de 2.007-.la sociedad La Viñita S.A, siendo Lucia Barcia propietaria del 50% y Daniel Cucchiaro, del 50% restante.

Un año más tarde, Cucchiaro transfirió el 50% de las acciones de La Viñita S.A. a favor de Raúl Federico Perera Quintana, quien, a su vez, el 16 de febrero de 2009 hizo lo mismo con Pablo Damián García.

A lo largo de los años, los propietarios fueron realizando distintas mejoras, como la instalación de mangueras de goteo, estacas y alambres para espalderos, entre otros.

En febrero de 2020, los propietarios de La Viñita S.A. efectúan una visita a la propiedad y encontran una obra en construcción con material sobre la vieja construcción de la casa de adobe. Al comenzar a averiguar les informan que la obra pertenecía al diputado Cisneros, por lo que realizaron una denuncia por usurpación.

La fiscala Rojas inició la investigación y pudo constatar que en el “Paraje Tolombón, La Viñita, (catastro 488), hay una edificacion terminada, fabricada de material, adobe, ladrillo y cemento de 18×14 metros, y en su exterior se divisa cultivos y sembradíos”. Durante la inspección ocular, además se pudo charlar con Cisneros, quien manifestó que “vive en el lugar hace tres meses”

Teniendo en cuenta toda la documentacion aportada por La Viñita S.A., la fiscala consideró que quedó acreditado a priori que la ocupación por parte de Cisneros fue realizada mediante despojo, invadiendo el inmueble cuya posesión detentaba La Viñita S.A. y que además permanece en el lugar de los hechos.

Por otra parte, pese a que el Juzgado de Garantías de Cafayate había dictado en enero de 2021 una medida de no innovar, en la inspección realizada por el Ministerio Público en febrero de 2021 se pudo ver una obra con un gran avance de construcción por lo que el acusado con su conducta habría desobedecido dicha orden.

Provincia de Salta

El 15 de octubre de 2020, el guardaparque Gonzalo Cristofani realizó un acta de fiscalización en la que denuncia que “el señor Sergio Daniel Cisneros se encontraba realizando un alambrado perimetral en el esquinero del Lote Fiscal Nº 4397, ubicado sito en el paraje la Viñita de la Localidad de Tolombón (Ruta Nacional Nº 40), es decir el terreno contiguo al de La Viñita S.A.

Cabe destacar que ese lote, junto a los lotes fiscales Nº 4394 y 4398, fueron declarados área protegida mediante el Decreto 616/18.

El 5 de marzo de 2021, la Secretaria de Tierra y Bienes del Estado y la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia le solicitan a Cristofani que realice un nuevo informe. Al llegar al lugar, el guardaparque se encuentró con una ampliación de trabajos respecto del acta anterior, “entre ellos un alambrado de 1.5 km que rodea una superficie de 31 hectáreas. El alambrado, a dos hilos, está realizado con palos producto del desmonte de los mismos algarrobos (derribados o talados) que se encuentran en el lote fiscal en cuestión”.

Ante ello, el Gobierno de la Provincia de Salta realizó la denuncia correspondiente.

Condenan a un hombre por fraude al hospital de Cafayate

Luis Alberto Acosta empleaba su cargo como Jefe de Contratos y Convenios para cobrar prácticas médicas autorizadas, que luego omitía rendir. En un juicio abreviado, la fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, acordó una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación especial para ejercer cargos y la devolución de la suma sustraída.

La fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, intervino en un juicio abreviado en el que Luis Alberto Acosta fue condenado por fraude a la administración pública y falsedad documental.

La Fiscalía, el representante civil de la Provincia y la defensa del acusado llegaron a un acuerdo –durante la audiencia virtual del pasado 16 de junio- para realizar el juicio abreviado en el que Salinas Odorisio solicitó la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial para ejercer cargos en el hospital que tengan vinculación con el dinero. Por su parte, la defensa técnica presentó la propuesta de que el acusado devuelva los 89.892 pesos faltantes, actualizados.

Los términos fueron aceptados por todas las partes.

Los hechos

En 2016, Luis Alberto Acosta se desempeñaba como Jefe de Contratos y Convenios del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate y solicitó acogerse al beneficio de la jubilación. Treinta días antes de que finalizara la relación laboral, su superior, le solicitó la rendición de cuentas y, al notar inconsistencias, iniciaron un sumario administrativo, que luego derivó en una denuncia penal.

De la investigación realizada por la Unidad de Investigación Delitos Económicos complejos del Cuerpo de Investigadores Fiscales surgió que Acosta obtenía -en provecho propio y en desmedro del erario público- dinero del cobro de prácticas médicas autorizadas, omitiendo efectuar las rendiciones de cuentas. Además de adulterar una factura, consignando en el original y en el triplicado montos distintos como así también la emisión de dicha facturar a distintas personas.

El CIF confirmó la presencia de metales pesados en los efluentes vertidos por la curtiembre Lauju

El Departamento Técnico Científico del Área Ambiente del CIF también señala que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal”. El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, solicitó la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma en Atocha.

El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, solicitó al Juzgado Civil y Comercial la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL (ex Jamo), en un inmueble de Atocha, en el municipio de San Lorenzo.

La medida cautelar genérica –que se sustenta en los principios precautorio y de prevención que rigen en materia ambiental- fue solicitada luego de que el Departamento Técnico Científico del Área Ambiente del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) confirmara que “los efluentes vertidos sobre el curso de agua (arroyo Isasmendi) poseen, en su composición química, metales pesados tales como Cromo, Cobre y Manganeso. Asimismo, el efluente analizado en el punto de vuelco detectado sobre el arroyo Isasmendi posee las mismas especies químicas (Cromo, Cobre y Manganeso) que las encontradas en la pileta de tratamiento de la firma Lauju.

El informe del CIF también señala que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal (resolución Nº 011/01SEMADES para volcamiento de efluentes líquidos a cuerpos de agua superficiales)”

Basado en los resultados brindados por el CIF, Erazo Schmidt consideró que “resulta evidente y palmaria la urgente necesidad de hacer cesar los efectos degradantes para el medio ambiente y para la salud de las personas que implica el derrame de efluentes con metales pesados sobre aguas de un arroyo y el desarrollo de la actividad altamente contaminante sin cumplir con los recados legales exigidos por las autoridades estatales con competencia ambiental en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general”.

Cabe recordar que el 7 de junio pasado, la Procuración General promovió una acción de Amparo Ambiental Colectivo en contra de la firma Lauju SRL (ex Jamo), en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.

Ello, porque a pesar de las reiteradas intimaciones efectuadas tanto por los organismos estatales con competencia ambiental como por el Ministerio Público Fiscal, Lauju omitió cumplir con los recaudos legales exigidos para el desarrollo de su actividad de curtido de pieles de animales para convertirla en cueros (que desarrolla en un inmueble ubicado en Atocha, Municipio de San Lorenzo), careciendo de un Plan de Gestión de Efluentes Industriales líquidos y sólidos y del Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM).

Como resultado del proceso, el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, dispuso la comunicación pertinente al Registro de Procesos Colectivos de la Corte de Justicia de Salta y ordenó que la demandada presente en el plazo de 10 días –plazo que se cumplirá mañana- un informe circunstanciado, aportando todas las pruebas que estime pertinentes en sustento de sus derechos. 

Condenan a un hombre a seis años de prisión por abusar de las hijas de su pareja

Una de las niñas, de diez años, envió mensajes de texto a su abuela, contándole lo que sucedía en su hogar. La fiscala Penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, solicitó 9 años de prisión con ejecución efectiva y la querella, 10.

Un hombre de 23 años fue condenado a seis años de prisión efectiva por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple en concurso real de dos menores de edad, con las que convivía.

La fiscala Penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo -que llevó adelante la investigación y había solicitado la elevación a juicio-, solicitó 9 años de prisión con ejecución efectiva y la querella, 10. Finalmente el juez Edgardo Laurenci, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, lo sentenció a seis años.

El padre de las niñas había radicado una denuncia en enero de 2020 contra la actual pareja de su ex mujer, por abuso sexual de sus dos hijas de 10 y 12 años.

Según consta en la denuncia, el padre tomó conocimiento por mensajes de texto que le envió una de las niñas a la abuela paterna, en donde le refería lo que estaba sucediendo en su hogar, ubicado en la localidad salteña de Pichanal. Las menores, en Cámara Gesell, pudieron contar lo que les hacía la pareja de su madre y una de ellas hasta aseguró que, al contarle a su madre lo que le sucedía, no le creyó por lo que decidió callar.

Por todo ello, la fiscala Filtrín Cuezzo imputó al hombre por abuso sexual gravemente ultrajante de una de las niñas y abuso sexual simple de la otra niña, agravados por la convivencia. Además, solicitó que se preserve la integridad física y psíquica de los tres hijos de la pareja, que actualmente residen con su padre.

Violencia

Detienen a un joven de 18 años por golpear a una menor de edad

El hombre la agredió en la calle. La fiscala Penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, solicitó que permanezca detenido.

La fiscala Penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a un hombre de 18 años por la comisión de los delitos de daños, lesiones leves agravadas y desobediencia judicial en perjuicio de su pareja, menor de edad y solicitó su detención.

Además, Filtrín Cuezzo requirió que –para preservar a la víctima y evitar entorpecer la investigación-, el hombre permanezca detenido hasta tanto se realicen pericias psicológicas y ambientales. Asimismo, y tal como asegurara la madre de la víctima, que se constate si existen medidas del Juzgado de Violencia Familiar y de Género por otros hechos de violencia contra la menor.

Según consta en la denuncia, en la tarde del sábado, la menor fue a la casa de una hermana, en donde se presentó el joven y le solicitó dinero, algo a lo que la víctima no accedió pues el joven padece consumos problemáticos.

Cuando la menor volvía caminando a su casa, el hombre la interceptó y, en medio de una discusión, terminó arrojando al piso el celular de la mujer y 2.000 pesos que ella le había entregado el día anterior para la compra de un nuevo celular.

Al agacharse a recoger el celular roto y el dinero, el acusado la agarró de la cabeza y le dio dos golpes a mano abierta en su rostro. Al intentar escapar, forcejeó con el hombre. Todo ello le provocó “contusiones en región malar derecha, contusiones en ambos antebrazos derecho e izquierdo, y contusión en cara interna del muslo”, las que fueron producidas por “golpes de puño, cachetadas y patadas”, según consta en el certificado médico.

Al ver el estado en el que llegó la joven, su madre radicó la denuncia.