Toki Oliver Colombres

Detuvieron a un empleado del IPS

Fue en el marco de un allanamiento a la vivienda del hombre, que había solicitado la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. Se secuestró documentación del Instituto Provincial de Salud de Salta.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal por irregularidades en el departamento de Derivaciones del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), esta mañana se realizó el allanamiento de una vivienda y la detención de un empleado del seguro de salud.

El 21 de septiembre pasado, las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta radicaron una denuncia en contra del Jefe de Derivaciones del IPSS. A partir de allí, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación con el Equipo de Investigadores del CIF que permitió determinar que el empleado solicitaba a los afiliados pagar indebidamente prestaciones, coseguros y servicios de traslados sanitarios, tanto en moneda de curso nacional  como en dólares, a los afiliados.

Los Investigadores del CIF pudieron corroborar que el hombre, desde su oficina ubicada en Mitre 355, gestionaba traslados sanitarios, derivaciones interprovinciales de tipo oncológicas y diversas contraprestaciones de salud de los afiliados, cobrándoles importes en efectivo y mediante transferencias a su Clave Bancaría Uniforme (CBU) personal, haciéndoles entregas de proformas y constancias falsificadas.

Con todas las pruebas reunidas, Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías N° 7, a cargo de María Edith Rodríguez, una orden de allanamiento al domicilio del hombre y su detención, que fueron concretadas esta mañana.

Como resultado del allanamiento fueron secuestrados vehículos, dinero y documentaciones relacionados al IPSS.

Además, Salinas Odorisio expidió una orden de presentación a la titular del Instituto Provincial de Salud, para que el Instituto de Salud presente a los investigadores del CIF los expedientes de derivaciones que surgen de la investigación. También se procedió al secuestro del CPU utilizado por el acusado.

El hombre será imputado en las próximas horas.

Imputaron al abogado Sanz Navamuel por coacción agravada a una tercera mujer

A las 21 imputaciones por hechos de violencia que le realizaran las fiscalas Penal de Violencia Familiar y de Género N° 2 y N°3, ahora se sumó una imputación por coacción agravada a una nueva víctima.

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género N° 2, Luján Sodero, imputó al abogado salteño Matías Sanz Navamuel por coacción agravada a una tercera mujer.

La víctima radicó la denuncia en septiembre pasado, luego de recibir -a través de un amigo en común- un video de la Virgen del Milagro con una canción que es de coautoría de Matias Sanz Navamuel y un mensaje de audio dirigido a ella, en el que la invitaba a cenar con su abogada y el marido (quien es el amigo en común).

La invitación, según dice en el audio, era para explicarle algo que será de su beneficio, si declara en una escribanía acerca de quién y como es él.

A lo largo de la grabación, el imputado le manifiesta que conoce todos

sus movimientos y le dice que si no actúa de la manera que él espera,

ella sufrirá cambios en su vida, incluyendo la desposesión de sus bienes. Menciona, además, que hay balas.

La mujer mantuvo una relación de tres meses con Sanz Navamuel y había decidido ponerle fin ante sus insistencias de contraer matrimonio, lo que le había llamado la atención.

La fiscala de Violencia Familiar y de Género entendió que el acusado “hizo el anuncio de un mal cierto, posible e inminente en contra de la damnificada con el fin de infundir temor en la misma para que ella concurra ante una escribanía en donde manifieste lo buena persona que es el denunciado y lo describa como una persona de bien”.

Por ello, fue imputado por coacción agravada, que se suma a las 21 imputaciones por hechos de violencia que le realizara la Fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género N° 2  y la Fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género N° 3 .

Matías Sanz Navamuel se encuentra con arresto domiciliario.

Gilberto Pereyra

La OPRIV recibió a funcionarios de la Municipalidad de Salta

Trabajo conjunto en materia vial para la consecución de ciudades seguras y amigables para todos los usuarios de la vía pública.

La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) del Ministerio Público Fiscal (MPF), Clelia Poma, recibió a funcionarios de la Municipalidad de Salta en el marco del trabajo que lleva adelante la comuna para mermar los índices de siniestralidad en las calles de la ciudad

Del encuentro participaron, el secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra; el jefe del programa de Innovación de la Jefatura de Gabinete, Federico Dada; la jefa del Observatorio de la Ciudad, Carla Arévalo y el inspector de Tránsito, Jairo Cuenca.

Dada recordó que en los últimos años, en promedio, 37 personas murieron en siniestros viales en la ciudad, y explicó que es un objetivo de la comuna reducir el índice de siniestralidad. “Vinimos a compartir la segunda etapa del Plan Integral de Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, que se basa en cuatro ejes: Educación, Control, Sanción e Infraestructura”, precisó el jefe del programa de Innovación de la Jefatura de Gabinete.

Por su parte, Gilberto Pereyra precisó los avances de la puesta en marcha del Observatorio Vial en la Ciudad, una herramienta que permitirá, entre otras, identificar con mayor precisión los puntos de mayor siniestralidad, vehículos implicados y así poder llevar adelante políticas de prevención.

Los funcionarios de la comuna expresaron a Poma lo esencial que será la puesta en funcionamiento de la Fiscalía especializada en Siniestros Viales para contribuir en la reducción de los índices de siniestralidad.

“Es importante escuchar cuáles son los problemas viales con los que se enfrenta cada localidad para trabajar en forma conjunta en el objetivo de lograr que Salta sea una provincia con ciudades seguras y amigables para todos los usuarios de la vía pública”, enfatizó la titular de la OPRIV.

Salta, calificada como una de las jurisdicciones con mayor siniestralidad vial

Además, de acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Salta – con 67 siniestros viales fatales- ocupa el séptimo puesto del país en lo que hace a las provincias con mayor cantidad de siniestros fatales.

Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial analizó los índices de siniestralidad en Argentina durante el primer semestre de 2021, dividiendo a las jurisdicciones en cuatro niveles: Mayor siniestralidad fatal; Siniestralidad moderada pero estable; Menor siniestralidad fatal y Sin siniestralidad fatal.

En la segmentación de las jurisdicciones a partir de la siniestralidad, la provincia de Salta fue categorizada -junto a Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Jujuy, La Rioja, Corrientes y Tucumán- como nivel 1, es decir de “Mayor Índice de siniestralidad fatal”.

Además, de acuerdo a la ANSV, Salta – con 67 siniestros viales fatales en el primer semestre de 2021- ocupa el séptimo puesto del país en lo que hace a las provincias con mayor cantidad de siniestros fatales. En primer lugar se ubica Buenos Aires con 358; en segundo, Córdoba con 160; en tercero, Santa Fe con 144. Le sigue Misiones con 85 siniestros fatales, Tucumán con 84; Santiago del Estero con 72 y Salta con 67. Mucho más abajo se ubica Jujuy, con 37.

En los 67 siniestros viales de Salta, fallecieron 73 personas.

En este marco, la titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) del Ministerio Público Fiscal (MPF), Clelia Poma, volvió a llamar a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad. “Estos índices deben servirnos para reflexionar como sociedad y tomar conciencia sobre las causas que llevan a que tantas personas pierdan la vida en las rutas y calles de nuestro país, en general, y en Salta en particular»Poma señaló que “la gran mayoría de los decesos en siniestros viales se produce por la falta de conciencia y de control sobre el uso de elementos simples, pero vitales, como la falta de uso del cinturón de seguridad, de sillitas para los niños en los automóviles, del casco para conducir motocicletas o el utilizar el celular durante la conducción y al cruzar la calle, en el caso de los peatones y esto es algo que debemos revertir entre todos”.

El MPF recurre a la Corte de Justicia para frenar actividades industriales contaminantes

El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Justicia de Salta y solicitó la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. Antes, el juez de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial rechazó la suspensión provisoria de la actividad industrial.

El fiscal Rodrigo Erazo Schmidt interpuso el recurso, luego de que el juez de Cámara Marcelo Domínguez, rechazara la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL (ex Jamo), en un inmueble de Atocha, en el municipio de San Lorenzo, que había solicitado el Ministerio Público Fiscal en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.

Domínguez consideró que la suspensión de actividades resulta innecesaria ya que las medidas adoptadas hasta el momento “resultan adecuadas para evitar el riesgo de daño al ambiente que podría eventualmente derivarse de la actividad industrial desarrollada por la firma accionada, lo que evidencia que no se verifica en el caso el requisito del peligro en la demora, propio de toda medida cautelar”.

En cuanto a las medidas, el Poder Judicial sostuvo que el bien jurídico que se pretende cautelar ya se encuentra suficientemente resguardado con las disposiciones adoptadas por la Secretaría de Recursos Hídricos, que dispuso la suspensión temporaria del uso del agua subterránea que interviene en el proceso productivo de la curtiembre y del vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi, sin el correspondiente permiso.

Pese a que en su escrito el juez reconoció la falta de habilitaciones, que fue lo que motivó la acción de amparo del Ministerio Público Fiscal, determinó que “la razón social demandada explota la curtiembre sita en Atocha desde hace más de cuarenta años y que las actuaciones del Ministerio Público datan de once años atrás, sin que en el transcurso de ese tiempo ni la autoridad de aplicación de la Ley Nº 7.070 ni los demás organismos competentes en la materia -pese a la denuncia formalizada y a la existencia de un sumario administrativo-, hubieran merituado necesaria la clausura que en esta oportunidad se solicita”

Por todo ello, Domínguez otorgó un plazo de sesenta días corridos a Luaju para que presente Certificado de Aptitud Ambiental; Certificado de uso no conforme; Permiso o concesión de agua pública; Permiso de vuelco de efluentes al arroyo Isasmendi. Vencido dicho plazo, Domínguez valorará la conducta a seguir.

Rivadavia Banda Sur: Condenan a 14 años de prisión a tres hombres que abusaron de una menor

La fiscala Penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, llevó adelante la investigación que permitió identificar, detener y condenar a Lorgio Quipildor, Daniel Alejandro Casasola y Silvestre Rene Ruiz León por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la participación de dos o más personas y por el uso de arma, en calidad de coautores

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, Héctor Fayos, hizo lugar al pedido de la fiscala Penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo y condenó a Lorgio Quipildor, Daniel Alejandro Casasola y Silvestre Rene Ruiz León a la pena de 14 años de prisión efectiva, por la comisión del delito de delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la participación de dos o más personas y por el uso de arma, en calidad de coautores.

La fiscala penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal, en la acusación contra los tres mayores, quienes el 9 de junio de 2020, en Rivadavia Banda Sur, abusaron sexualmente de una menor de 16 años, originaria de la Misión Wichi de ese municipio.

Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron tras la denuncia de la madre de la víctima, quien precisó que en junio del año pasado la menor salió de su domicilio ubicado en Misión Wichi de Rivadavia Banda Sur y que a la medianoche tomó conocimiento -por parte de personal policial- que su hija estaba en la dependencia tras ser encontraba en la vía pública.

La menor manifestó que en el domicilio de uno de los imputados comenzó a beber alcohol junto a otras ocho personas, entre hombres y mujeres.  En un momento dado, dos de los imputados la tomaron de los brazos y abusaron sexualmente de la misma, mientras un tercer imputado sostenía el arma y la amenazaba para que avisara a la policía.

Un informe realizado por el personal policial del Destacamento de Rivadavia Banda Sur indicó que esa noche un denunciante encontró a la joven en la vía pública en estado shock, muy nerviosa y llorando, y que le manifestó que habían abusado sexualmente de ella.

Durante el juicio, la fiscala Filtrín Cuezzo había solicitado la pena de catorce años de prisión para los acusados, pena que finalmente fue aplicada.

La OPRIV recuerda que los peatones tienen prioridad en la vía pública

Quienes circulan a pie también deben respetar las normas de tránsito. Cruzar por las sendas peatonales o las esquinas, no caminar por el borde de la calzada o por encima de los cordones y prestar atención a los garajes son algunas recomendaciones para su seguridad.

En la semana del peatón, la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) del Ministerio Público Fiscal llama a los distintos usuarios de la vía pública a respetar las normas de circulación y recuerda que los peatones tienen prioridad de paso.

“Quienes circulan a pie, como usuarios de la vía pública, deben observar algunas reglas para su seguridad; al igual que quienes circulan en vehículos, que también deben respetar las normas. Pero es necesario que recordemos que el peatón siempre tiene prioridad de paso”, señaló la titular de la OPRIV, Clelia Poma.

En efecto, los peatones deben cruzar por las sendas peatonales y, de no haberlas, por las esquinas, siempre por delante de los vehículos. Por su parte, los conductores de vehículos deben mirar hacia ambos lados antes de avanzar o doblar para ingresar a una nueva calle, y frenar en caso de que una persona desee cruzar para cederle el paso, ya que tienen prioridad en todo momento.

La Ley nacional de Tránsito establece que se debe circular por el carril derecho, dejando el izquierdo libre para realizar adelantamientos. En el caso de que un auto esté detenido o haya reducido la velocidad para cederle el paso a un peatón, no está permitido que otro vehículo se le adelante ya que quien no esté motorizado tiene prioridad.

Consejos:

  • Cruzar siempre por las sendas peatonales. Si no hay, hacerlo por las esquinas, por delante de los vehículos detenidos.
  • Antes de cruzar, mirar a ambos lados del tránsito.
  • No cruzar entre autos a pesar de que indebidamente estén ocupando por completo la senda peatonal.
  • Cruzar caminando y no detenerse nunca sobre la calzada.
  • Además de mirar el semáforo, observar que todos los autos y motos estén detenidos.
  • Nunca caminar por el borde de la calzada o por encima de los cordones
  • Tener especial cuidado en los garajes con las entradas y salidas de vehículos
  • Si circula con niños por las veredas no soltarlos.
  • No utilizar celulares, mp3, ni ningún otro elemento que genere distracción y e impida reconocer los indicadores de riesgo.
  • Si transporta chicos en cochecitos, quedarse en la vereda hasta que todos los vehículos se hayan detenido por completo.

Violencia de género: Imputan a un hombre por coacción

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, tomó intervención luego de que el hombre amenazara a su pareja con matarla.

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a un hombre de 33 años por el delito de coacción en perjuicio de su pareja.

La decisión de la fiscala fue tomada luego de que el martes pasado, a través del Sistema de Emergencias 911, ingresara un llamado alertando sobre una situación de violencia en un domicilio de la ciudad de Orán por lo que personal de la Policía de Provincia llegó al lugar y detuvo a un hombre.

Según consta en la denuncia radicada por la mujer, cerca de las 17:30 del martes 8 de agosto, el acusado llegó en estado de ebriedad y discutió con ella. Al llegar su prima con el marido, la acusó de serle infiel con este. Ante los insultos, la pareja se retiró del lugar y la mujer se encerró en una habitación con su bebé, uno de los tres hijos que tiene en común con el agresor. En la denuncia, también manifestó el temor al padre que siente la hija de 7 años.

Ante ello, el hombre le habría dicho “te voy a cagar matando, lo mismo cuando salga de la cárcel te voy a cagar matando. Vos sos una puta de mierda que me traés al amante a la casa”. La mujer se comunicó con familiares para que solicitaran ayuda pues temía por su vida ya que el hombre posee una escopeta.

Al realizar la inspección del domicilio, los agentes no pudieron hallar el arma, pero sí un cartucho calibre 16.

Una hermana de la víctima declaró que el día de los hechos recibió un llamado de su madre diciéndole que el acusado “la quiere matar a tu hermana. Andá rápido y llevá a la Policía” y que siente temor porque su cuñado es violento posee una escopeta y un arma 9mm”.

En el decreto de imputación, Filtrín Cuezzo destacó que “en el delito de coacción las amenazas son utilizadas con el fin de obligar a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Lo exigido por el agente puede tener carácter de licitud; sin embargo la ley sanciona la forma elegida para obtener tal resultado. Las amenazas no pueden ser un medio idóneo para obtener una conducta de parte del otro”.

En el mes de las infancias, la OPRIV recuerda que los niños deben viajar en el asiento trasero

Los menores de 10 años deben circular sujetados con el SRI (Sistema de Retención Infantil) o “sillita”. En Argentina, menos del 50% lleva a sus hijos de hasta 4 años sujetados con la butaca.

En el mes de las infancias, la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) del Ministerio Público Fiscal recuerda que, al circular en vehículo, los niños deben viajar siempre en los asientos traseros.

En el caso de los menores de 10 años, la normativa indica que el niño debe ir sujetado con el SRI (Sistema de Retención Infantil) o “sillita” correspondiente según su peso y tamaño. Si el menor pesa menos de 13 kilos, se recomienda que sea colocado mirando hacia atrás (contramarcha) y en posición central del vehículo. Nunca deben ir en los brazos de los padres ni compartiendo el cinturón de seguridad.

Un estudio observacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre el comportamiento de los conductores en Argentina, señala que menos del 50% lleva a sus hijos de hasta 4 años sujetados con la “sillita”. Y en general, la falta de protección total alcanza a 7 de cada 10 menores de edad.

La titular de la OPRIV, Clelia Poma, recordó que “el Sistema de Retención Infantil (SRI) reduce en un 70% los riesgos de lesiones graves o fatales ante un incidente vial” y llamó a concientizar sobre el uso de la sillita ya que “en varias oportunidades y ante siniestros con desenlaces fatales, los más pequeños salvaron su vida por estar correctamente sujetados al SRI”.

Según un informe de accidentes con participación de menores realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), aproximadamente el 8% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina son menores de 16 años.

Misión Lapacho: condenan a 11 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de un niño de 15

La investigación del Ministerio Público Fiscal e informes médicos permitieron dar con el hombre, apresarlo y lograr la sentencia.

El Tribunal del Juicio Salta II y Juzgado de Menores N° 2 del Distrito Judicial de Tartagal condenó a un hombre a 11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma en contra de un menor de edad.

El trabajo de la fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, permitió demostrar que el hombre, de 24 años, interceptó en Misión Lapacho a un niño de 15 años, ofreciéndole llevarlo a dar una vuelta en su motocicleta.

El acusado llevó al menor a un descampado, a 5 kilómetros de Tartagal, en donde sacó un arma y apuntándole, abusó de él. Ante la resistencia del niño, que en todo momento intentó escapar, el hombre sacó un cuchillo y lo apuñaló en distintas partes del cuerpo.

La investigación del Ministerio Público Fiscal e informes médicos permitieron dar con el hombre, apresarlo y lograr su condena.

El acusado ya poseía una condena por abuso sexual.