El hombre admitió su responsabilidad en los hechos por los que era acusado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 2.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género 2, Luján Sodero, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que un hombre fue condenado a dos años y seis meses de ejecución condicional.
Tras la presentación de las pruebas recabadas por la Fiscalía, el acusado aceptó su responsabilidad en los delitos de coacción (tres hechos); violación de domicilio (dos hechos); daños; amenazas con arma; y desobediencia judicial (cuatro hechos), en concurso real.
El 2 de septiembre de 2019, el Juzgado de Violencia Familiar y Género 2 ya había dictado al acusado medidas de prohibición de ejercer violencia y de acercamiento a su expareja, sin embargo hizo caso omiso a las mismas.
El 20 de agosto pasado, la mujer se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda tras escuchar ruidos en el patio de su vivienda en horas de la madrugada. Minutos más tarde, un hombre –que resultó ser su expareja- comenzó a patear la puerta trasera hasta romperla e ingresar al lugar, mientras la insultaba y amenazaba. Al llegar los efectivos, el hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
En diciembre de 2021 y abril de 2022, la mujer también había radicado denuncias en contra de su expareja luego de ser amenazada de muerte si no regresaba con él, amenazada con un cuchillo y las violaciones reiteradas de la prohibición de acercamiento.
El informe psicológico realizado por profesionales de Cuerpo de Investigaciones Fiscales consideró la problemática familiar entre las partes como de alto riesgo, dado que se apreciaron violencia física y psicológica reiterada, amenazas de muerte con arma blanca, amenazas e intentos de suicidio por parte del denunciado, consumo problemático de sustancias psicoactivas por parte de denunciado, incumplimiento de medidas de protección y conflictos con la ley y bajo nivel de alarma de la víctima.
Como parte de la condena al agresor, la Sala 5 del Tribunal de Juicio del distrito Centro, dictó medidas de restricción de acercamiento a la víctima, la obligatoriedad de realizar tratamiento psicológico para tratar sus adicciones y la colocación de una tobillera electrónica al hombre, con geolocalizador.
