Toki Oliver Colombres

Solicitan prisión preventiva de un hombre para resguardar a la víctima

Sobre el imputado pesan medidas de restricción de acercamiento a su expareja, que el imputado incumplió y sometió a una golpiza a la mujer.

La fiscal Penal interina de Violencia Familiar y de Género 2, Luján Sodero Calvet, imputó provisionalmente a un hombre de 31 años por los delitos de amenazas y desobediencia judicial, en concurso real.

Además, Sodero Calvet solicitó al Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, la prisión preventiva del imputado por considerar que resulta imperiosa la protección de la víctima y testigos de los hechos investigados.

El hombre fue detenido el 27 de octubre pasado en horas de la tarde por efectivos policiales que concurrieron a una vivienda del barrio Universidad Católica en respuesta a un pedido de auxilio efectuado por una mujer.

Horas más tarde, la víctima denunció que mantuvo una relación de pareja con el detenido pero que, fruto de hechos de violencia de género, había concluido el vínculo y había denunciado al hombre. Aseguró que el 27 de octubre pasado, su expareja se presentó en su domicilio, la insultó y le propinó golpes de puño en la cara, brazos y distintos lugares de su cuerpo, como así también la jaló de sus cabellos tirándola al suelo.

El Juzgado de Violencia Familiar y de Género N°1 del distrito Centro, había dictado el 31 de mayo medidas cautelares al hombre, ordenándole abstenerse de ejercer actos de violencia física y psíquica y prohibición de acercamiento a la denunciante, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.

Teniendo en cuenta todo ello, el informe policial y la declaración de testigos de los hechos, la fiscal Sodero Calvet imputó al hombre y solicitó su prisión preventiva.

Solicitan la prosecución de las causas contra Sergio Ramos

El exintendente de Rosario de Lerma finalizó su mandato como senador de la provincia de Salta y, por tanto, no continuará ostentando los fueros otorgados por la Constitución de la Provincia de Salta. El próximo 10 de diciembre asumirá como Intendente de Rosario de Lerma.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó al Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, una solicitud de prosecución de las causas que se siguen  contra Sergio Omar Ramos por considerarlo autor del delito de peculado de bienes y peculado.

El requerimiento presentado por Salinas Odorisio encuentra su sustento en que Ramos tras concluir su mandato como senador provincial, no continúa ostentando los fueros otorgados por la Constitución de la Provincia de Salta y, en consecuencia, el trámite de desafuero iniciado por la Cámara de Senadores de Salta deviene en abstracto.

En los comicios generales provinciales realizados el 14 de mayo de 2023, Ramos resultó electo Intendente de la ciudad de Rosario de Lerma, cargo que asumirá el 10 de diciembre próximo.

Las causas

En junio de 2020, desde UDEC se requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio contra Ramos por considerarlo autor del delito de peculado. La conducta atribuida al imputado fue direccionada al desvío de fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia de Salta al Municipio de Rosario de Lerma, en virtud de la gestión realizada por el imputado ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.

El 25 de abril de 2022, el Juzgado de Garantías 2 resolvió suspender la remisión de la causa a juicio hasta tanto la Cámara de Senadores de la provincia de Salta se expidiera al respecto del desafuero del senador Sergio Omar Ramos.

La fiscal Salinas Odorisio elevó el 17 de mayo pasado, requerimiento de juicio contra Sergio Omar Ramos por considerarlo autor del delito de peculado de bienes, y para Natalia del Valle Guerra como partícipe necesaria del mismo delito.

Múltiples allanamientos en una investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial

El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, conformó una Unidad Fiscal integrada por las fiscalías especializadas en delitos económicos complejos y Narcocriminalidad (UDEC y UFINAR) para investigar denuncias a ciertos funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos para personas detenidas.

Esta mañana se realizaron 37 allanamientos en distintos lugares de la capital salteña en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

El operativo fue ejecutado por 85 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y 21 móviles, con la colaboración en cobertura de seguridad Grupo Antidisturbios Infantería y Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo GOPAR. Fueron allanadas 35 viviendas particulares, distintas celdas de la Unidad Carcelaria 1 y un puesto de trabajo de una empleada del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, que tiene a su hijo privado de la libertad.

La Unidad Fiscal integrada por Salinas Odorisio, López Soto y Torres Rubelt, con la colaboración de la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, lleva adelante una investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

Por la complejidad de la investigación, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, conformó una Unidad Fiscal integrada por las fiscalías especializadas en delitos económicos complejos y Narcocriminalidad (UDEC y UFINAR).

La Unidad Fiscal tuvo como principal objetivo la confirmación de los hechos denunciados, mediante la compilación de operaciones bancarias, declaraciones testimoniales, captación de las comunicaciones durante 60 días y el análisis de 113 extractos bancarios sobre un total de 17 personas que fueron investigadas, que permitieron la consecuente individualización de los responsables de diversos actos corruptos.

Como resultado del operativo, hasta el momento, fueron detenidas 13 personas, entre ellas siete funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta y se procedió a la demora de una mujer que trabaja en el Ministerio de Educación, la cual es investigada por ser parte de la organización delictiva que operaba en el penal y que en nada se relaciona a la gestión de la cartera educativa.

El operativo continúa desarrollándose por lo que se continuará informando.

 

Condenado por abusar sexualmente de su sobrina de 6 años

Un hermano de la víctima fue quien alertó a su papá sobre lo que sucedía. Los abusos ocurrían en la casa de la abuela de la menor.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3, Luján Sodero, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que un hombre fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

Como parte del acuerdo alcanzado, el hombre, quien admitió su responsabilidad en los hechos, además deberá abonar 600.000 pesos a la víctima en concepto de reparación integral.

El 8 de noviembre de 2020, un hombre presentó una denuncia en contra del hermano de su pareja, quien es la madre de su hija de seis años, por abuso sexual de la niña. Contó que otro de sus hijos, de cinco años, le había manifestado que su tío había tocado a su hermanita en sus partes íntimas.

En Circuito Cerrado de Televisión, la menor de edad confirmó lo denunciado por su padre y brindó detalles de lo que vivía cuando iba a la casa de su abuela, en donde sucedieron los abusos.

El informe médico y las pericias psicológicas elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales confirmaron lo denunciado.

Inició el juicio a cinco hombres detenidos con 14 kilos de drogas y más de un millón de pesos

Los acusados fueron detenidos en junio de 2022 luego de una investigación dirigida por el fiscal Penal de UFINAR, Santiago López Soto.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que, desde hoy, tiene lugar en la Sala 3 del Tribunal de Juicio y en la que se juzgará a cinco hombres de 38, 36, 32, 31 y 29 años por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

Además, uno de ellos se encuentra también imputado por el delito de portación de arma de guerra.

Los acusado fueron detenidos el 10 de junio de 2022, luego de diez meses de investigación realizada por el personal del Sector 3 A de Drogas Peligrosas en coordinación con el grupo de UFINAR bajo la dirección del fiscal López Soto.

La intervención de la UFINAR inició en marzo de 2021, cuando una denuncia web radicada en fiscalespenales.gob.ar daba cuenta que en calle Gato y Mancha un hombre comercializaba drogas.

A través de las tareas de campo realizadas por el Grupo de Drogas, se pudo conocer que el proveedor de sustancias del hombre era otro individuo, que en 2019 fue secuestrado de su casa de barrio Don Emilio y liberado horas más tarde en extrañas circunstancias.

Las tareas se centraron en el nuevo involucrado y los investigadores detectaron una importante red de comercialización de estupefacientes que era integrada por un hermano y otras tres personas.

Durante los allanamientos, que se realizaron en siete viviendas de los barrios Portal de Limache, San Carlos, Don Emilio y Limache, fueron secuestrados $1.317.300; 10,57 kilos de cocaína; 4,04 kilos de marihuana, un arma de guerra, dos automóviles, una máquina de contar dinero, celulares y otros elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes.

 

Imputan a una empleada del Servicio Penitenciario por estafas por abuso de firma en blanco

La mujer fue denunciada por distintas personas a las que les otorgó préstamos a cambio de la firma de un pagaré en blanco, que luego fue ejecutado con sumas muy superiores a las prestadas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer por el delito de estafa por abuso de firma en blanco (3 hechos), todo en concurso real.

La intervención de UDEC inició luego de que tres personas denunciaran que la mujer, quien trabaja en el Servicio Penitenciario, les había prestado dinero y requiriendo a cambio que les firmara un pagaré en blanco.

En uno de los casos denunciados, la víctima aseguró que la imputada le realizó un préstamo de 20.000 pesos en 2017 y que, pese al pago de parte de la deuda, en mayo de 2019, la denunciada lo embargó por la suma de $ 120.000 más honorarios $ 40.000.

Otro de los denunciantes afirmó que “en una oportunidad le solicitó un préstamo a la imputada por el monto de $43.000, firmando un pagaré en blanco” y que “por razones de salud se atrasó en el pago de tres cuotas, las que hacían un total de $8000, fue así que en menos de 25 días recibió un documento de embargo por el monto de $150.000, tomando conocimiento que era por el pagaré firmado”.

El tercer denunciante contó que había solicitado un préstamo a la imputada por $30.000 para pagar cuotas atrasadas del colegio de su hija y que a cambio firmó un pagaré. Durante varios meses cumplió con las cuotas hasta que, por la situación económica, no pudo hacerlo, siendo ejecutado el pagaré a través de su sueldo por un monto de $237.000.

Los informes caligráficos coincidieron en señalar que las grafía en los pagarés no coincidían con la de los denunciantes pero sí con la de la imputada.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que la denunciada, aprovechándose de la confianza depositada en ella por las víctimas les ofreció prestamos de dinero, requiriendo mediante maniobras que le firmaran un pagaré en blanco como garantía, haciéndolos incurrir en error, y llenando luego la imputada los pagarés con sumas muy superiores a las requeridas en calidad de préstamo por las víctimas, conforme se acreditó con la pericia caligráfica realizada, haciendo ejecutar judicialmente los pagarés, perjudicando así económicamente a cada uno de los denunciantes, quienes sufrieron el embargo de sus sueldos.

Finalizó la pericia contable a la Caja de Abogados

El Informe Pericial Contable fue elevado a la Unidad Fiscal que investiga la administración fraudulenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta.

La Unidad Fiscal integrada por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio y la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, recibió el Informe Pericial Contable de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta.

El 28 de septiembre pasado, ambos fiscales  solicitaron al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevar a cabo una pericia en el contexto de la investigación por presunta administración fraudulenta en la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta. El análisis de los datos y la elaboración del informe final fueron realizados por peritos contables del CIF y una perito de parte.

La causa

Por Resolución 1456/23 del 17 de agosto de 2023, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

La Unidad Fiscal lleva adelante la investigación que inició a partir de la denuncia de las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Salta quienes fueron alertados por parte de personal del área contable sobre una irregularidad en el cobro de un expediente. Al realizar un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.

La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar. Esto provocaba  que en los registros informáticos internos, el pago efectivamente realizado por el aportante figurara como adeudado, a pesar de haberse emitido por caja un recibo completamente válido y aceptable en términos legales, listo para ser presentado como evidencia de pago en juicio.

El martes 11 de julio, un hombre que se desempeñaba en el lugar con la función de cajero fue detenido e imputado provisionalmente por el delito de administración fraudulenta.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó la prisión preventiva del imputado, siendo rechazada el 2 de agosto pasado por el juez Diego Rodríguez Pipino, del Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro. En su lugar ordenó el arresto domiciliario del imputado con un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin.

La Unidad Fiscal que investiga la causa de la Caja de Abogados ordenó un Informe Pericial Contable

Condenan a dos mujeres que vendían estupefacientes en barrio Los Sauces

En audiencia multipropósito, dos mujeres de 26 y 28 años, fueron condenadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal y fue quien llevó adelante la investigación y reunió las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad penal de las acusadas en el hecho.

Tras admitir su responsabilidad en el delito, Johana Micaela Liendro y Andrea Luciana Nicol Rodríguez Vaqueda fueron sentenciadas a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Rodríguez Vaqueda registraba una condena anterior de dos años y seis meses de ejecución condicional, que le fue revocada. Por lo que, por unificación de penas, estará privada de su libertad seis años y seis meses.

En junio de 2023 ingresaron a la https://www.denunciasweb.gob.ar/droga numerosas denuncias que indicaban que, en la parte de adelante de un alquiler de barrio Los Sauces, una mujer de nombre “Andy” se dedicaba a comercializar sustancias estupefacientes.

A fin de corroborar o descartar la información obtenida, desde UFINAR se ordenó que se abriera una investigación. Vecinos de la zona confirmaron que Andrea Luciana Nicole Rodríguez Vaqueda (a) “Andy”, junto con otra mujer de nombre Johana, vendían sustancias estupefacientes en su domicilio, observándose el constante arribo de compradores al lugar en donde existe un inquilinato

A través de tareas de campo se registró la venta de drogas en distintos días y horarios, por lo que el fiscal Torres Rubelt solicitó al Juzgado de Garantías orden de allanamiento, medida que tuvo lugar el 30 de agosto pasado.

Durante el operativo fueron secuestradas 200 dosis de cocaína y marihuana, acondicionadas para la venta, envoltorios plásticos, dinero en efectivo y celulares. Las mujeres fueron detenidas y alojadas en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

Requieren juicio para un cabo de la Policía de Salta por abuso sexual

El padre de una adolescente de 14 denunció que su hija se había quedado a dormir en casa de una amiga y despertó cuando un tío de esta, la sometía a tocamientos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3, Luján Sodero Calvet, requirió juicio al Juzgado de Garantías 4 para un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La intervención de la Fiscalía inició luego de que el padre de una menor de edad denunciara el 8 de agosto de 2022 que su hija había sido abusada sexualmente por un cabo de la División Canes de la Policía de Salta.

En Circuito Cerrado de Televisión, la adolescente de 14 años contó que se había quedado a dormir en casa de una amiga y que se despertó cuando sintió que era tocada en sus partes íntimas por el tío de la amiga. En su relato brindó detalles de lo sucedido.

Desde UDIS 3 se tomaron distintas medidas a fin de investigar lo denunciado y, tras reunir las pruebas necesarias, la fiscal Sodero Calvet tomó la determinación de requerir que el acusado sea juzgado.

 

Barrio El Círculo I: Condenaron a un conocido vendedor de drogas a cinco años de prisión

Los vecinos de la zona habían denunciado que “es un desfile de gente a comprar; el movimiento de la venta empieza después de las 18 y es toda la madrugada”.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que Héctor Castillo fue sentenciado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor del delito de comercialización de estupefacientes.

La intervención de la UFINAR inició a raíz de denuncias anónimas que señalaban que una persona vendía drogas en Barrio El Círculo I. “Es un desfile de gente a comprar; el movimiento de la venta empieza después de las 18:00 y es toda la madrugada”, afirmaron los denunciantes.

El fiscal Torres Rubelt ordenó que se investigara las denuncias. De las tareas de campo se logró individualizar a Héctor Castillo y detectar que, para evitar el registro del intercambio de dinero por drogas, las transacciones eran realizadas en el interior de un inmueble de barrio El Círculo I.

Los efectivos continuaron con la investigación, reuniendo distintas pruebas por lo que el fiscal Torres Rubelt solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías, medida que se llevó a cabo el 11 de mayo pasado.

Al ingresar, los agentes encontraron al hombre y secuestraron dosis de cocaína acondicionada para la venta, envoltorios plásticos dinero en efectivo y celulares.

Con todas las pruebas reunidas por la UFINAR, Héctor Castillo fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.