La firma del convenio se realizó hoy, en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiellafirmó un convenio para la cooperación internacional con el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.La firma del convenio se realizó hoy, en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En la cláusula primera, el acuerdo establece que «el MPF Nación ratifica su compromiso de brindar colaboración, de acuerdo con las competencias que le asignan las leyes 24.946, 27.148 y 24.767, y respetando la autonomía propia de las jurisdicciones locales». Esto para «afianzar los mecanismos de cooperación internacional, ya sea a través de las vías formales de extradición y asistencia jurídica mutua en materia penal o civil, como los canales de cooperación interinstitucional directa con organismos homólogos extranjeros de los que participa el MPF Nación, a través de la asistencia al MPF de Salta en la confección, recepción, seguimiento y agilización de los requerimientos fiscales de asistencia jurídica internacional, tanto activos como pasivos, que se tramitan a través de Autoridades Centrales o por vía diplomática, conforme los Tratados vigentes y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal».
Además, indica que «el MPF de Salta acepta participar del modelo de colaboración y coordinación en materia de cooperación internacional, adhiriendo en todos sus términos al Convenio Específico Complementario de colaboración para la Cooperación Internacional entre el MPF Nación, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal». Estos dos últimos son ámbitos que representan a todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales.
Ambas partes acordaron adoptar medidas técnicas, administrativas u organizativas que individualmente le puedan corresponder para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos obtenidos.
La solicitud de la funcionaria judicial había sido aceptada por el Juzgado de Garantías el pasado 4 de setiembre.
La fiscal penal especializada en Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial de Tartagal, Lorena Martínez, reiteró anteel Juez de Garantías de 2º Nominación un urgente pedido de detención en el contexto de un caso que involucra lesiones agravadas por el vínculo y el género, daños y lesiones en concurso real. Esto se debe a que no se diera con el paradero, hasta la fecha, del principal acusado, lo que ha llevado a solicitar su captura a nivel nacional e internacional, además de la emisión de los correspondientes oficios a Interpol – Argentina y a los organismos de seguridad nacional.
El acusado, mantuvo una relación de pareja con la denunciante hasta el año 2020, con quien tiene una hija de dos años en común. El 3 de septiembre,se presentó en el domicilio de la mujer, donde se encontraba con su hija y su pareja actual, golpeó la puerta de entrada con fuerza hasta lograr romper la cerradura y acceder al interior de la vivienda.
Fue entonces que la mujer trató de retenerlo cuando intentaba ingresar a la parte trasera de la casa, lo que resultó en un forcejeo en el que el acusado le infligió golpes en el rostro y la sujetó con violencia, causándole heridas. El acusado, luego se dirigió haciala actual pareja de la mujer, golpeándolo y amenazándolo con un cuchillo sierrita que portaba, lo que resultó en lesiones para la víctima. Todos estos actos ocurrieron en presencia de la hija en común con su expareja.
Es importante mencionar que la mujer, afirmó que hechos similares habían ocurrido en varias ocasiones anteriormente, incluso cuando aún estaban juntos.
El examen físico de la denunciante reveló heridas superficiales en la zona del rostro y extremidades superiores y torso. Además, el examen médico de su pareja actual mostró múltiples traumatismos y una herida en el torso del lado derecho.
El expediente cuenta con la denuncia presentada por la mujer, la denuncia de su pareja actual y los certificados médicos emitidos por el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal.
La fiscal Lorena Martínez había solicitado la detención del acusado debido a la gravedad del delito, con el objetivo preservar el éxito de la investigación y garantizar la presencia del imputado durante el proceso. El Juez de Garantías, en fecha 4 de septiembre, hizo lugar a la solicitud, ordenando su detención.
El 8 de septiembre pasado, la fiscal Martínez solicitó ante ese Juzgado, la remisión del expediente en trámite en calidad de «Muy Urgente» para poder revisar directamente las actuaciones, debido a que, al contactar con el personal policial de la Comisaría Cuarta, se le informó que el causante, pese a la orden de detención obrante, fue visto el día anterior, en la esquina de Avenida Mosconi y Adolfo Alsina. Esta novedad se comunicó de inmediato al Juzgado de Garantías 2; sin embargo, no se realizó una comunicación equivalente por parte de la policía ni del propio Juzgado, hacia la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial de Tartagal.
Es por eso que ante el incumplimiento de la respectiva orden librada con fecha 4 de setiembre, se reitera el cumplimiento de la misma.
Los acusados son dos personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas con la víctima. Ocurrió en una reunión en barrio Alto Verde.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, inició medidas legales contra dos individuos residentes en Salvador Mazza, mayores de edad, a quienes se les imputa la presunta comisión del delito de Homicidio en Grado de Tentativa en Grado de Autor, según lo establecido en los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal.
La intervención de la Fiscalía Penal GAP se originó a raíz del reporte del Destacamento Policial Alto Verde, ubicado en Salvador Mazza (Pocitos), sobre un incidente ocurrido el 5 de septiembre en el cual un hombre adulto se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de los acusados, en un domicilio situado en el barrio Alto Verde.
En un momento dado, estalló una violenta disputa entre las partes, durante la cual los acusados habrían agredido a la víctima utilizando un caño de metal y un objeto de hierro, ocasionándole múltiples lesiones con la aparente intención de causarle la muerte.
El informe médico posterior reveló que la víctima sufrió «politraumatismo y traumatismo de cráneo, con herida cortante en el cuero cabelludo, en el cuello, en el rostro, en las cejas y hematomas prioritarios de 3 cm».
Los acusados se dieron a la fuga tras el incidente, pero fueron posteriormente detenidos por el personal policial.
El fiscal Vega inmediatamente ordenó una exhaustiva investigación, que incluyó la recopilación de informes policiales, certificados médicos, actas de inspección ocular, anexos fotográficos, croquis ilustrativos, informes policiales y denuncias penales a fin de de esclarecer los hechos y responsabilidades.
Llegó al Hospital sin signos vitales. La madre y su abuela serán imputadas hoy.
La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, lleva a cabo la investigación en el caso de una menor de un año que fue ingresada sin signos vitales a la guardia del Hospital de Las Lajitas el pasado domingo.
La madre de la menor la condujo al hospital con la ayuda de un vecino, quien la transportó en una motocicleta. La mujer argumentó que la niña estaba jugando cuando sufrió un repentino ataque de epilepsia y colapsó.
La fiscal García Pisacic tomó medidas inmediatas, ordenando la realización de la correspondiente autopsia. Asimismo, dispuso una serie de medidas adicionales, que incluyeron inspecciones oculares, el secuestro de celulares y vehículos, y la recopilación de pruebas relacionadas con la causa.
El informe de la autopsia médica arrojó como causa de la muerte,politraumatismo, con traumatismo craneoencefálico y pérdida de masa encefálica, debido a fracturas múltiples. Además se informó sobre otras lesiones graves que incluyen escoriacionesy equimosis en varias partes del cuerpo. Todas de reciente data.
La menor residía en el asentamiento La Fortaleza junto a su madre y abuela. La fiscal García Pisacic dispuso que ambas mujeres fueran detenidas y en el día de hoy se llevará a cabo la audiencia de imputación .
La fiscalía continúa con la investigación que se encuentra en pleno proceso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que llevaron a lamuerte de la menor.
Especialistas, analizaron el desarrollo de estrategias con el fin de reducir la violencia y fortalecer el sistema de justicia ante los desafíos de la narcocriminalidad.
El procurador general de la provincia de Salta,Pedro García Castiella, junto a la fiscal de Graves Atentados contra las Personas del distrito judicial de Orán, Claudia Carreras, y el secretario de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras, participaron de las Jornadas sobre Lineamientos de la Política Criminal para la Reducción de la Violencia y el Sistema de Justicia frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad.
Este evento, organizado conjuntamente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministerio della Giustizia Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo de Italia y el BID, reunió a expertos nacionales e internacionales en un esfuerzo conjunto por abordar cuestiones críticas actuales en el ámbito de la política criminal.
Se realizaron dos jornadas, centradas en fortalecer las estrategias colaborativas necesarias para afrontar una problemática de suma importancia: la necesidad de una urgente reformulación de la política criminal, y pensar en una nueva planificación en el abordaje de la investigación de hechos provocados por las organizaciones criminales que operan a lo largo del territorio nacional, generando actos violentos de diversa índole, que incluyen homicidios vinculados al narcotráfico, así como extorsiones, secuestros, sicariato y robos.
Partiendo de la premisa crítica de que lo hecho no resulta suficiente en términos de resultados para enfrentar este desafío, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico, se destacó la importancia de un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores pertinentes, la necesidad de insistir en una planificación coordinada y ordenada, junto a la revisión de las estrategias vigentes. Esto se debe a la comprensión de que la complejidad del crimen ha evolucionado con el tiempo, y las formas en que se comete y combate también han cambiado. Por lo tanto, resulta imperativo profesionalizar la investigación y proporcionar a fiscales e investigadores las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar esta nueva delincuencia organizada en todas sus facetas. Esto incluye la formación actualizada de equipos especializados y el acceso a tecnologías avanzadas, así como la revisión y actualización de los marcos legales relacionados con delitos como el secuestro y la protección de testigos.
Un punto crucial resaltado, fue la necesidad de establecer métricas para identificar las áreas más afectadas y el contexto de estos delitos, a fin de dirigir estratégicamente las acciones y evaluar su efectividad.
Además, se enfatizó en la urgencia de reformar la gestión de los Servicios Penitenciarios para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde las instalaciones de detención. Para lograrlo, se deben implementar medidas que garanticen que las prisiones no se conviertan en centros de operaciones criminales y que los reclusos no dirijan actividades delictivas desde su interior.
También se habló sobre estrategias de disuasión focalizada e intervención en Mercados Abiertos de Droga, así como su implementación en la ciudad de Buenos Aires.
En la apertura de la jornada, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti recordó que el año pasado en Rosario numerosos integrantes del Poder Judicial abogaron por la creación de una agencia de seguridad independiente y especializada en narcocriminalidad donde trabajen coordinadamente todos los poderes del Estado Federal. “La grieta más importante hoy es entre la sociedad y las instituciones. Se necesita una especialización de políticas de Estado para combatir el crecimiento de la narcocriminalidad”. Y destacó que “hemos dado muestras de la autodepuracion, el Poder Judicial ha sancionado y condenado dos jueces en el marco de la contaminación del narcotrafico en el Estado”.
En esa línea, Lorenzetti expresó que “hay una falta de coordinación del Estado y es lo que más me preocupa. Argentina tiene un grave problema de diseño institucional”. Y agregó que la narcocriminalidad fue creciendo en todo el país y se la debe abordar desde varios frentes, uno de ellos es trabajando sobre la prevención en donde se necesita recabar información sobre como las organizaciones criminales realizan el lavado de dinero, las actividades en la Aduana y priorizó el uso de la informática y tecnología en las investigaciones; abogó por una coordinación estrecha y colaborativa entre todas las agencias del Estado, tanto provinciales como federales, en la creación de una agencia de seguridad independiente para combatir el narcotráfico. Esta agencia debería contar con la participación de actores de la justicia y las fuerzas de seguridad, así como organismos de prevención y de lavado de activos.
A su turno, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques señaló que nuestro país se encuentra sumido en una coyuntura difícil, en la que las instituciones deben extremar los esfuerzos para implementar nuevas políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia. La sociedad reclama soluciones a problemas evidentes que perjudican seriamente su vida cotidiana. Y detalló que “el narcomenudeo no es una materia desglosada del narcotráfico: sus efectos son extremadamente dañinos en centros urbanos y barrios más pobres del país”.
Giovanni Melillo, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia señaló en tanto, que se debe tomar conciencia de que el narcotráfico es el desafío más serio y amenaza a las democracias, “existen las macromafias que son sistemas crimininales complejos, en las que las redes de cada país obran de forma coordinada y desafían la soberanía de los Estados, a veces vacían de poder a los países y hasta pueden derrotar las democracias”. Y continuó, “las macromafias usan las nuevas tecnologías para lavar el dinero y se convierten en consorcios económicos que les permite a las redes criminales tener grandes cantidades de dinero, que además apoyan el terrorismo”.
Melillo aseguró que Argentina es una de las principales vías de tránsito de estupefacientes a Europa Central y Asía. Pero también Argentina es un lugar nodal de articulación muy importante, por su tradición democrática, el prestigio de sus instituciones y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. “El narcotrafico se debe enfrentar con estructuras de investigaciones especializadas y hay que realizar un análisis de información del patrimonio de cada país, para intervenir en el negocio tentacular que parece a veces impenetrable”.
El fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia recalcó que “no hay modo de luchar contra el narcotráfico de manera eficaz fuera del marco del estado de derecho. Los Ministerios Públicos Fiscales debemos ser el garante de las investigaciones y tenemos que contar con una policía judicial. Hoy la cooperación debe ser moderna, no limitada, hay que compartir información no solo entre estados europeos, sino también a escala internacional. Argentina es un socio muy importante y existe la cooperación ya que se puede hacer una gestión compartida de las investigaciones y también de los procesos judiciales. Es clave que se puedan realizar operativos simultáneos en distintos países en tiempo real”.
Por último Melillo hizo un reconocimiento al fiscal paraguayo Marcelo Pece, y recordó que lo mano que lo mató estaba en Colombia, pero la mano que ordenó su muerte estaba en Paraguay, en la Triple Frontera, y en países europeos también.
Luego expuso David Kennedy, director de la National Network for Safe Communities de la John Jay College of Criminal Justice, que afirmó que el narcotráfico es lo más tóxico que le puede ocurrir a una comunidad. “A partir de una investigación tradicional, así como también hablando con los integrantes de las comunidades. A los detenidos por narcomenudeo les pedimos que escuchen a los representantes de su comunidad, y les advertimos ‘salí del mercado, te vamos a apoyar y si volvés a vender te vamos a detener y llevar al fiscal en ese mismo momento’. Este método resultó muy efectivo para eliminar los puntos de venta callejeros”.
En la segunda parte del seminario se abordaron las estrategias de disuasión focalizada en la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas. Luis Ignacio Garcia Sigman, Coordinador del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos (UNODC) detalló que “el narcotráfico innova constantemente, se refleja con énfasis en el mercado de las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas que componen un mercado totalmente diverso y heterogéneo de estas sustancias”. Y advirtió que cuando hay drogas también hay corrupción y lavado de activos. Las organizaciones criminales se organizan en torno a matrices transnacionales. Para combatirlas hay que construir redes, sin cooperación interinstitucional e internacional es imposible afectar estas matrices.
Pedro García Castiella
Fiscal Claudia Carreras
Gaspar Solá Usandivaras
El Programa de Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y del Gobierno porteño explicaron la implementación de la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Nanzer, secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima MPF CABA, que sostuvo “durante la planificación de la política criminal contra la narcocriminalidad se estudió el impacto de los mercados abiertos de drogas. Son los más dañinos porque perjudican la vida de las comunidades, facilitan el acceso a personas que aún no empezaron a consumir, entonces decidimos trabajar preferentemente en ellos. Para esto, hicimos una distinción entre medidas de proactividad y reactividad del MPF. Algunas políticas de reactividad hay que mantener para dar respuestas como las Unidades de Flagrancia, pero después hay una dimensión proactiva que tenemos que profundizar”. Y explicó que “el programa Intervención en Mercados de Drogas (IMD) se utiliza para desarticular mercados abiertos drogas en los barrios. El programa se puso en marcha en 2021, la evaluación de los procesos da cuenta de que creamos un circuito de trabajo fuerte, logramos coordinar con todas las agencias del Estado que forman parte del sistema de justicia penal”.
A su turno, Cecilia Amil, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) detalló que “para la intervención de mercados abiertos en la CABA se suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño y trabajamos además con la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad en zonas del Barrio 15 y de Constitución”. Además resaltó que se hizo un mapeo de narcocriminalidad de la Ciudad y se generó un proceso de trabajo, a partir de ahí impleméntanos técnicas especiales de investigación utilizando agentes reveladores propios e informantes”; especificó que “en la primera etapa trabajamos para analizar la parte administrativa de los lugares conflictivos y lograr obtener información sobre los puntos de venta. Luego se lanza la etapa judicial, en las que se hacen las solicitudes con autorización previa del juez. Y a las personas a las que se les va a dar la oportunidad, se le muestra la prueba y se le da una alternativa al proceso penal”. Asimismo, precisó que los bienes decomisados en operativos judiciales pueden utilizarse para actividades de prevención dentro de los mismos barrios, así como también pueden utilizarse para la construcción de merenderos que muchas veces se instalan en los que eran los puntos de venta de droga.
En tanto, Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Habitát de CABA explicó que “un rasgo distintivo de este proyecto tiene que ver con su carácter disruptivo, otra característica tiene que ver con la búsqueda de la articulación de diferentes agencias del Estado y quiero poner en especial en valor el trabajo del MPF con los agentes estatales”. Y continuó, “esta iniciativa produjo tres resultados que quiero enunciar y destacar : recuperación del espacio público , construcción de legitimidad pública, reivindica el accionar de la justicia y muchas personas que fueron parte de este proceso, quienes fueron señalados por este programa, están siendo parte de procesos de capacitación y de programas de reinserción laboral”.
Las jornadas concluyeron destacando la importancia de comprender que la violencia es un medio utilizado por las organizaciones criminales para alcanzar sus objetivos, y que esta violencia, relacionada con el delito y el narcotráfico, afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado y del sistema de justicia desarticularla para reducir la conflictividad en nuestras ciudades.
La Jornada Internacional ·Lineamientos de Política Criminal para la Reducción de la Violencia», se realizó el 6 de Septiembre en la Universidad de San Andrés, y la Jornada Internacional «El Sistema De Justicia Frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad», el Jueves 7 de Septiembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA.
Habrían participado de 12 hechos relacionados con delitos contra la propiedad. En los allanamientos realizados se encontró material probatorio.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera Oscar López Ibarra amplió las imputaciones contra dos individuos de 18 y 20 años de edad, acusados de cometer el delito de robo en lugares poblados y en banda, según lo establecido en el Artículo 167, inciso 2 del Código Penal.
En respuesta a la incorporación de nuevo material probatorio proveniente de allanamientos realizados el pasado jueves en las residencias de los acusados, se secuestraron diversos elementos denunciados como sustraídos, en diferentes instancias y que posteriormente,eran ocultados en domicilios específicos para continuar con su serie de actividades delictivas.
Tras un análisis minucioso de los elementos secuestrados, así como de la secuencia de eventos, el modus operandi y las personas acusadas, el fiscal López Ibarra llegó a la conclusión de que los imputados se encontrarían involucrados en un total de 12 incidentes de robo denunciados, por lo cual se continúa con las tareas investigativas.
El hecho fue alertado por vecinos del lugar. Presentaba golpes y heridas.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal Gonzalo Vega, interviene en un hecho ocurrido hoy, en el que se encontró a un hombre sin vida dentro de un vehículo en Salvador Mazza.
La alerta provino de los residentes del Barrio 28 de Marzo de esa localidad, quienes denunciaron la presencia de un automóvil estacionado en la calle Fragata Libertad desde el día jueves por la tarde. Al presentarse personal policial en el lugar, se observó un automóvil Toyota Corolla de color gris con vidrios polarizados en cuyo interior se encontraba un hombre en posición fetal.
En el lugar se hizo presente la ambulancia con personal médico que diagnosticó que el hombre se encontraba sin signos vitales y presentaba golpes en el cuerpo, así como heridas punzocortantes en la cabeza.
El fiscal Gonzalo Vega ordenó la preservación inmediata del lugar, así como la realización de un examen médico forense para determinar la causa de la muerte. El cuerpo fue trasladado al CIF de Orán para la autopsia correspondiente.
Además, dispuso la presencia de Criminalística para la recolección de evidencias, tanto dentro del vehículo que fue incautado, como en su alrededor. Se convocó al grupo de investigadores GAP para llevar a cabo una investigación exhaustiva, recopilando testimonios y revisando las grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de la víctima y determinar las circunstancias que llevaron a su presencia en ese lugar.
La investigación se encuentra en curso con todos los equipos trabajando activamente bajo la dirección de la Fiscalía GAP de Tartagal.
Los hechos sucedieron a fines del mes de agosto, cuando se incitaba en redes sociales a cometer delitos contra la propiedad.
En una acción coordinada de la Fiscalía Penal 3 con la recientemente creada Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de la Provincia de Salta, se llevó a cabo un allanamiento que resultó en la detención de una mujer sospechada de estar implicada en la convocatoria a saqueos a través de la red social Facebook.
La investigación se inició en respuesta a una publicación en esa red social, que convocaba a posibles saqueos programados para los días 26 y 27 de agosto en negocios ubicados en los Barrios Santa Ana 1 y 2.
Con la autorización del Juzgado de Garantías 8va Nominación se realizó en el día de ayer el allanamiento en el que se procedió a la detención dela sospechosa, así como el secuestro de equipos electrónicos que se consideran relevantes para la investigación en curso.
En la audiencia de imputación, la mujer estuvo asistida por una defensora oficial y dio su versión de los hechos. El fiscal penal 3, la imputó provisionalmente por presunta Instigación a cometer delitos.
A través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del Consejo y el Ministerio Público Fiscal salteño, las partes establecen vínculos de asistencia y fortalecimiento de la articulación de la Ciencia con la Justicia.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, suscribió un convenio con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Salta. El objetivo del acuerdo es establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica entre las partes.
Por medio de este documento, se definen acciones conjuntas a implementar en el ámbito de las respectivas incumbencias de ambas instituciones mediante instancias de capacitación, asesoramiento técnico, emprendimiento de proyectos, publicaciones y programas de interés común en el área de investigación y formación.
Durante la rúbrica, se destacó la potencialidad del acuerdo marco dada la presencia del CONICET, a través del Centro Científico Tecnológico Salta – Jujuy que concentra diez unidades ejecutoras en la zona de influencia y la infraestructura para el análisis forense con la que cuenta el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) dependiente del MPF. De esta manera, se busca fortalecer el trabajo que se realiza en los laboratorios del CIF a través de la sinergia con investigadores, investigadoras, técnicos y técnicas del Consejo.
El vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Roberto Rivarola manifestó que “este acuerdo es la conjunción real entre la Ciencia y la Justicia porque por un lado Salta tiene un importante desarrollo en la realización de pericias, siendo una referencia tanto a nivel regional como nacional y, a su vez, en particular la región presenta diferentes desafíos en materia ambiental para los cuales el campo científico puede realizar aportes sustanciales”.
Al respecto, el gerente de Asuntos Legales del CONICET y representante técnico del Programa, Alan Temiño, destacó que el objetivo del acuerdo es “comenzar esta relación institucional para que todas las herramientas que tiene el Programa estén a disposición de las y los fiscales de Salta y comenzar a trabajar en jornadas y en pericias específicas”.
En tanto, el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella celebró el convenio marco resaltando que es el puntapié inicial para nuevos acuerdos más específicos en diferentes áreas y remarcó que “el CONICET puede aportar a nuestros laboratorios tanto en materia de investigación criminal donde científicos trabajan en el ámbito de pericias fiscales de la Procuración como así también en materia ambiental que aborda temas sensibles en los que la colaboración y acompañamiento del CONICET da tranquilidad y esperanza”. En este sentido, informó que peritos ambientales del MPF asistirán al Segundo Encuentro Nacional y Primero Iberoamericano sobre Ambiente, Ciencia y Justicia organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia que se realizará el próximo 28 y 29 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa.
Participaron también de la firma, el coordinador del Programa, Germán Stalker y el secretario de Políticas Criminales de Salta, Gaspar Solá Usandivaras.
El hecho ocurrió un domingo al mediodía y al hombre se lo pudo identificar por las cámaras de videovigilancia. Una de ellas incluso registra el momento del asalto.
Una mujer, acompañada por su hijo y un amigo, ambos de diez años, fue asaltada en Orán por un hombre armado que se movilizaba en una motocicleta negra de gran tamaño. El asaltante apuntó con un arma a la mujer y le exigió que le entregara su teléfono celular. Temiendo por su seguridad y la de los menores, la mujer entregó el dispositivo. Afortunadamente, la mujer no resultó herida físicamente pero estaba en estado de shock.
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, tomó intervención en la investigación, en la que con el aporte de las descripciones proporcionadas por la víctima, el análisis de las cámaras de seguridad pertenecientes al Servicio de Emergencias 911 y cámaras particulares, se pudo establecer el recorrido realizado e incluso quedó registrado el momento del asalto. De esta forma,se logró individualizar al hombre buscado, quien registraba numerosas causas por delitos contra la propiedad, contando con antecedentes delictivos.
Fue así como tras unallanamiento en la residencia del hombre, se procedió a su detención, como así también el secuestro de la motocicleta utilizada en el robo, la ropa que llevaba puesta durante el incidente.
Aunque inicialmente la fiscal Murúa imputó al hombre por la comisión del delito de robo agravado por el uso de un arma, debido a que el arma no se encontró durante la investigación, fue condenado a la pena de tres años de prisión efectiva en la audiencia de juicio Sala II, Vocalía 1, bajo la supervisión del juez Raúl López. Además, se declaró su reincidencia y se decomisó la motocicleta utilizada en el robo.
