La sentencia se dictó en el marco de una de las causas por torturas que impulsa el Ministerio Público Fiscal. Se ordena que las actuaciones continúen su trámite, avanzando hacia la audiencia de debate.
La Corte de Justicia de Salta declaró mal concedido el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la resolución de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, por parte de la asistencia técnica de Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Gustavo Orlando Orozco, Víctor Hugo Orellana, Rubén Darío Medina, Víctor Alejandro Luna, Andrea Alejandra Díaz, Denis Arnaldo Coronel y Dardo Exequiel Pérez, en virtud del cual pretendían que se dictase el sobreseimiento de sus asistidos por haber transcurrido el plazo máximo para la celebración del juicio, conforme lo prevé el art. 219 del Código Procesal Penal.
Para rechazar el planteo, la Corte partió de la base de considerar que la resolución del Tribunal de Impugnación criticada no era susceptible de ser apelada por esa vía, al no tratarse de una sentencia definitiva ni haberse afectado garantía constitucional alguna.
Sin perjuicio de ello, la Sala II de la Corte de Justicia se explayó en sostener que el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación rechazó correctamente el pedido de sobreseimiento, puesto que el plazo para la celebración del juicio no se había agotado. Además, se recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Price”, sostuvo que no era posible que las normativas provinciales regulen términos que puedan implicar la extinción de la acción penal por un modo no previsto en el Código Penal (como ocurre con el plazo máximo del juicio), razón por la cual tampoco resultaba procedente lo planteado por la defensa de los imputados.
Dicha sentencia se dictó en el marco de una de las causas por torturas que está impulsando el Ministerio Público Fiscal a través de los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra, quienes integran la Unidad creada especialmente para ese caso.
De esta manera, La Corte de Justicia de Salta ordena que las actuaciones continúen su trámite, es decir, avanzar hacia la audiencia de debate.
Debe destacarse que al haberse iniciado esas instancias recursivas por la defensa, había quedado pendiente de trámite lo resuelto por el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González (donde se tramita el juicio), en cuanto ordenó oficiar a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del imputado Orozco en los términos del art. 122 de la Constitución de Salta. Al haber adquirido firmeza el rechazo del pedido de sobreseimiento, la consecuencia lógica de lo sentenciado por la Corte de Salta es que se materialice dicho pedido por parte del Juez interviniente.
Ante la difusión de información errónea respecto a la disposición y cantidad de personal profesional contable especializado abocado a las investigaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, desde el Ministerio Público Fiscal se informa que actualmente se dispone de la asistencia de un total de cinco contadores dispuestos orgánicamente, como parte integrante del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Esta colaboración se replica respecto a las restantes ramas científicas auxiliares, como refuerzo a las distintas investigaciones llevadas adelante por cada una de las fiscalías especializadas.
Cabe destacar también que para cada una de las causas en investigación se designan uno, o dos peritos contables, según la complejidad de las mismas.
Quedaron detenidos luego de la intervención del fiscal de Derechos Humanos Gabriel González quien avanza en las medidas investigativas. Los incidentes sucedieron en la madrugada del domingo 29 cuando los alojados en la Comisaría, habrían sido sometidos a golpizas y actos denigratorios.
A raíz de los hechos acontecidos en la Comisaria 42, el día domingo 29 en horas de la madrugada, sobre los cuales se tomó conocimiento a través de publicaciones en redes sociales, el fiscal de Derechos Humanos Gabriel González inició el proceso de investigación ordenando entrevistas con las posibles víctimas. También solicitó la identificación del personal policial involucrado, el secuestro de libro de guardias, de dispositivos móviles, inspección ocular y registro de las instalaciones de la dependencia.
Se registraron denuncias penales, constándose en los correspondientes informes médicos, la presencia de hematomas, equimosis, fractura, y varias lesiones diversas.
En las denuncias se relatan hechos de tortura, azotes y golpes con diversos elementos como látigo, cachiporras y palos. Los detenidos habrían sido obligados a desnudarse y permanecer de ese modo, durante largo periodo de tiempo, estimándose que el incidente se inició a las 3 de la madrugada, dando por finalizado a horas 7 aproximadamente. Señalan también que mientras se los golpeaba, procedieron a destruirles elementos personales. Según consta en algunos relatos, aducen haber sido obligados a meter la mano en el lugar donde defecan, o haber sido sometidos a la simulación de ejecuciones mediante escopetas, todo esto, mientras se escondían bajo los colchones quienes permanecían en sus celdas.
Se agrega que posterior a radicar sus testimonios, algunos señalaron haber sido amenazados respecto a lo que podría suceder como consecuencia de sus denuncias, mensaje que incluso fue recibido por familiares.
Por todo esto, el fiscal González solicitó la detención de un grupo de 8 efectivos de la División Infantería de Tartagal y 2 efectivos de la Comisaría 42. El día lunes 6, luego del control de legalidad ante el Juzgado de Garantías 1º Nominación de Tartagal que dio curso a la solicitud de detención, los involucrados serán conducidos a Fiscalía de Derechos Humanos para la correspondiente audiencia de imputación.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, en nombre del Ministerio Público Fiscal de Salta, adhiere al luto de la comunidad por el fallecimiento de Octorina Zamora, referente del pueblo wichí y luchadora por los derechos de los pueblos originarios.
Su profusa y constante labor en defensa del territorio, la cultura indígena, los derechos de las mujeres y de las niñas y niños, serán siempre el norte para dar continuidad a la labor por el respeto y reconocimiento de los derechos e intereses de las comunidades originarias.
La noticia de su pérdida representa un profundo dolor y pesar.
La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, le imputó los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por la violencia de género en concurso real, con daños en concurso real, con privación ilegítima de la libertad agravada y resistencia a la autoridad (estos dos últimos en concurso ideal entre sí). El fiscal, asistido por un defensor oficial , declarará el jueves.
La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, imputó a un fiscal General Federal por lesiones leves agravadas por el vínculo y por la violencia de género en concurso real, con daños en concurso real, con privación ilegítima de la libertad agravada y resistencia a la autoridad (estos dos últimos en concurso ideal entre sí)
Durante la audiencia, también se le informaron las medidas de protección a la víctima dictadas por el Juzgado de Violencia Familiar. Además, el Fiscal General Federal solicitó declarar en una audiencia que fue fijada para el jueves, a la que concurrirá acompañado con un defensor oficial.
La fiscal Sodero precisó que, pese a la ausencia de denuncia por parte de la víctima en relación al delito de lesiones, el Ministerio Público Fiscal estima menester la apertura de la investigación penal también en relación a este ilícito penal “dadas las particularidades del caso en tanto se trata de violencia de género con evaluación de riesgo positiva, que obliga al Estado a intervenir atento los compromisos internacionales asumidos a través de la Convención de Belém do Pará, que permiten afirmar que estamos ante la excepcionalidad que prevé la citada normativa en cuanto se trata de una cuestión de interés público que amerita y exige la actuación oficiosa de los operadores jurídicos en su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, a la par que deviene imperativa la protección integral de la víctima”
En cuanto a los cargos por privación ilegítima de la libertad agravada y resistencia a la autoridad, la fiscal Sodero tomó la determinación de imputar al Fiscal Federal también por estos delitos luego de que los tres efectivos de la Policía de Salta ratificaran y ampliaran lo denunciado en la madrugada del 23 de mayo.
Los hechos
El 23 de mayo tres efectivos de la Policía de Salta radicaron dos denuncia en contra del fiscal General Federal, por amenazas y privación ilegítima de la libertad.
La primera de las denuncias fue efectuada el lunes 23 de mayo por tres efectivos de la Fuerza de Seguridad que concurrieron a un domicilio de un barrio de la zona Oeste ante el llamado al Sistema de Emergencias 911. Al arribar al lugar, el hombre aseguró que su esposa lo habría violentado y arrojado objetos por lo que decidió convocar a la Policía.
Al entrevistarse con la mujer, esta dio otra versión de los hechos, asegurando que su marido la había empujado luego de solicitarle que bajara a la planta baja de la vivienda a limpiar un líquido.
La mujer se negó a radicar denuncia contra su esposo y a ser examinada por un médico, por lo que los oficiales de Policía labraron un acta de declaración. Según relataron, mientras escribía, el Fiscal General Federal los empujó, amenazó y cerró la puerta de ingreso, impidiendo que los tres agentes salieran de la vivienda.
Finalmente, la mujer abandonó el lugar junto a su hijo de cuatro meses.
La segunda denuncia, que fue registrada a las 7 del 23 de mayo, la radicó otro de los agentes policiales por amenazas en contra del Fiscal Federal.
La Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., es investigada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, por estafas reiteradas en concurso real, a partir de denuncias efectuadas. En el procedimiento realizado en tres domicilios, se secuestró dinero y elementos de interés para la causa.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio,efectuó tres allanamientos y posterior secuestro de dinero en moneda nacional y extranjera, además de elementos que podrían ser útiles a la causa en la que se investiga a la Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., empresa dedicada al rubro financiero y de la construcción.
La Fiscal solicitó también a la jueza de Garantías 8va Nominacion Claudia Puerta, la aplicación de medidas sustitutivas para la imputada María Mercedes Ibarra sobre quien pesan denuncias por estafas reiteradas (9 hechos), en concurso real.
La imputada se presentaba como presidente de una financiera solvente y seria, Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones S.A., ofreciendo a los denunciantes la celebración de operaciones de inversión de sumas de dinero con altas tasas de interés e inclusive su conversión a moneda extranjera (dólares estadounidenses), a sabiendas que no cumpliría con lo comprometido.
Incluso, según consta en algunas denuncias, a fin de aparentar mayor seriedad del negocio jurídico celebrado y obtener la confianza de los denunciantes, suscribió contratos titulados “Negocio en Participación” en los que habiendo los damnificados, entregado importantes sumas de dinero, la imputada no cumplió con la devolución de lo invertido, ni cumplió con los pagos correspondientes en intereses, perjudicándolos patrimonialmente.
La solicitud de aplicación de medidas sustitutivas, para la imputada, es a fin de asegurar que la misma se someterá a los designios de la Justicia y que no entorpecerá la investigación.
De igual forma y atento a los dichos manifestados por los denunciantes, la gravedad y cantidad de imputaciones formuladas y por formular en contra de la denunciada, se solicitó como medida, la obligación de presentarse ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos cada 15 días a fin de constatar su domicilio actual, la prohibición de salir sin autorización del país, y la prestación de una caución adecuada propia; todo ello bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.
Las diligencias se realizaron en calle Leguizamón n° 753 (sede de la inversora), como así también en dos viviendas ubicadas en Castellanos, y Villa San Lorenzo, de la ciudad de Salta.
Se desarrollan en la Provincia las jornadas «Cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital. La investigación penal en entornos digitales”.
Dieron inicio esta tarde las jornadas sobre cibercrimen, organizadas por el Ministerio Publico Fiscal de la Provincia y el Ministerio Publico Fiscal de la Nación, con una nutrida concurrencia de inscriptos, que mayoritariamente por vía de plataforma remota, siguieron los valiosos relatos de los expositores.
El Procurador General de Salta Pedro García Castiella dejó inauguradas hoy las jornadas, acompañando en la exposición inaugural a los disertantes Marcos Gabriel Salt, Director de la carrera de Especialización y del Posgrado de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); el fiscal Horacio Juan Azzolín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación; la Jueza de Control N° 6 Cristina Giordano y el Fiscal especializado en Ciberdelito Franco Pilnik, ambos del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
Estuvieron presentes también, la jueza de Corte Sandra Bonari, la Asesora General de Incapaces Mirta Lapad, el Secretario de Justicia de la provincia Diego Pérez, miembros consejeros del Consejo de la Magistratura, magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial de Salta, autoridades académicas y del Colegio de Abogados de la Provincia, entre otros.
Tras las palabras de bienvenida, García Castiella destacó los esfuerzos en “este tipo de capacitación como uno de los ejes impostergables que permite ensanchar puentes con otras jurisdicciones; en una interacción generosa, solidaria y sin egoísmos, acercando diferencias y distancias con agencias relacionadas con los ámbitos concurrentes de la política criminal. Todo ello en razón a que, el campo de la virtualidad en donde se desarrolla esta modalidad delictual, no siempre reconoce las fronteras geográficas tradicionalmente establecidas, como así tampoco atiende diferencias de jurisdicciones provinciales o federales”.
«Vivimos una era de revolución tecnológica que provoca que cada vez sea más profundo el traslado de vida cotidiana de las personas al campo de la virtualidad; pero a su vez el delito avanza en su sofisticación de modalidades al mismo ritmo que la tecnología, aprovechándose cada vez del traslado de las actividades cotidianas humanas desde el escenario de la vida real al campo de la virtualidad. Junto con la evolución de la tecnología que ayuda a la investigación del delito, también las organizaciones criminales también encuentran nuevas herramientas y tecnología para delinquir. SI la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, ello obliga a quienes tenemos altas responsabilidades institucionales respecto de estrategias de política criminal, a un actuar incesante, incansable y diligente con miras a que el avance tecnológico y el futuro no nos gane la carrera, todo ello por la tranquilidad y paz de nuestros semejantes, nuestros afectos, nuestra sociedad; la paz social única destinataria de este esfuerzo”- remarcó.
Resaltó el Procurador que por eso, “este Ministerio Publico Fiscal avanzó en los últimos años en muchos sentidos; desde la incorporación de la denuncia online, la capacitación tecnológica e investigativa, la incorporación de convenios de cooperación y capacitaciones con empresas proveedoras de servicios de comunicación; convenios de interacción y colaboración con el fuero federal: tanto en temáticas relacionadas al tráfico de drogas, como así también ahora avanzando en extender dicha reciprocidad en ámbitos de delitos de Trata de Personas con los Delitos Contra la Integridad Sexual».
«Se hace necesario volcar la mirada hacia los cambios necesarios en interacciones y colaboraciones recíprocas, aunando esfuerzos, compartiendo información, compartiendo procesos de capacitación e intercambio de experiencias, de modo solidario, generoso y desinteresado, preparándonos para enfrentar ese futuro que hoy ya es una realidad”- añadió.
Agregó García Castiella que “Delitos, como la violencia familiar y de género, los abusos sexuales, el microtráfico, se han convertido hoy en un riesgo casi epidémico en nuestras sociedades. Tenemos la obligación de redoblar incansablemente esfuerzos para anticiparnos a la sofisticación del delito; para así evitar que nuestras sociedades avancen a estadios o escenarios no queridos de proliferación del delito. Parte fundamental de ese esfuerzo, es la organización de estas capacitaciones brindadas por expertos, el intercambio de experiencias, y todos los puentes que resulten necesarios con agencias relacionadas con ámbitos concurrentes de política criminal».
A continuación siguieron enriquecedoras exposiciones de los disertantes invocados, de reconocida trayectoria y excelencia, abordando distintos matices de la temática del cibercrimen, desde los interrogantes y debates normativos relacionados con la previsión normativa de distintos institutos procesales, la problemática de la evidencia digital y probatoria, la transversalidad del fenómeno de la cibercriminalidad como herramienta de otras modalidades criminales comunes; la permanente evolución de la fenomenología criminal, y el aporte de distintas experiencias y alternativas de respuestas ya vivenciadas en distintas jurisdicciones; todo lo que fue atentamente seguidas por los concurrentes, evidenciado luego en las rondas de preguntas y consultas de los asistentes con los que concluyo la jornada a última hora del día.
Las jornadas continuarán mañana viernes, a partir de horas 15.00.
El hecho ocurrió en Orán. El hombre logró mediante engaños, entrar en contacto con uno de sus hijos, transgrediendo medidas impuestas por el Juzgado de Violencia de Género.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, intervino frente a una denuncia realizada por una mujer contra su ex pareja quien tenía prohibición de acercamiento hacia ella y sus hijos, por episodios de violencia física.
Según consta en la denuncia correspondiente, la mujer se encontraba en su vivienda, cuando pese a la medida restrictiva, su ex pareja se apersonó solicitando despedirse de su hijo ya que regresaba a la ciudad de Salta. Producto del temor, la mujer accedió y permitió que cargue a uno de sus hijos, oportunidad que el acusado aprovechó, para huir hacia la RN 50, obligando a la mujer a iniciar una persecución hasta proximidades del ingreso a Orán. En ese lugar, y frente al pedido de auxilio, el hombre fue interceptado por personal policial, no sin antes intentar evadirlos y tornarse violento al momento de la detención.
La mujer agregó en su exposición que cada vez que se cruza con su ex pareja en la calle, es hostigada y amenaza, esgrimiendo que, si no regresa con él, tomará medidas drásticas.
Debido a que el detenido estaba en conocimiento e hizo caso omiso respecto a la prohibición de acercamiento al inmueble, y de ejercer hechos de violencia emitida por el Juzgado de Violencia de Género, la fiscal Soledad Filtrín Cuezzo, dispuso su imputación por Desobediencia Judicial.
Una mujer denunció a su pareja por un hecho violento sufrido en la vía pública tras el cual intentó defenderse. Manifestó la existencia de antecedentes anteriores de agresiones que incluyeron amenazas.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a un hombre de 33 años de edad, por agredir a su pareja, provocándole daños físicos que constan en el correspondiente informe médico. Al hombre, se lo acusa de lesiones agravadas por existir relación de pareja y violencia de género, además de coacción en concurso real.
Según consta en la denuncia radicada, los hechos sucedieron cuando la mujer se desplazaba hacia la casa de una amiga, cuando es sorprendida por la espalda por parte del imputado, quien la golpea en el rostro. En su defensa, toma una piedra y golpea al acusado, intentando sin lograrlo, que cese en las agresiones. Cuando finalmente consigue acceder a su vivienda, la mujer toma un arma blanca, con la cual lesiona al acusado en el rostro, pero este logra quitárselo e intenta lesionarla, por lo que escapa del lugar en pedido de auxilio.
La mujer no solo declara sobre lo acontecido, sino que relata que hubo anteriores hechos de violencia que no fueron denunciados, e incluso que se encontraba bajo amenaza de vida si decidía terminar la relación.
Luego de las diligencias correspondientes, la fiscal Filtrín Cuezzo ordenó la detención del agresor.
Ante la difusión masiva de diversa información vinculada a los hechos, este Ministerio Publico Fiscal cumple en formular la presente comunicación, en el marco de las potestades consagradas en el Código Procesal Penal, priorizando el limite impuesto por el interés, seguridad y respeto de las posibles víctimas, entre otras limitaciones vinculadas al orden procesal y juridico.
El Ministerio Público Fiscal investiga dos denuncias radicadas por personal de Policía de Salta en contra de un fiscal General Federal por amenazas y privación ilegítima de la libertad; como así también los presuntos episodios eventualmente contemplados por el régimen protectorio contra la violencia familiar y de genero.
Las acusaciones formales fueron radicadas por miembros de la Policía de la Provincia, resultando en principio competencia en virtud de su contenido material de una fiscalía común; no obstante ello, igualmente y por tratarse de un idéntico hecho histórico, el martes pasado fueron remitidas y concentradas en la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género.
EL día martes 24 pasado en horas de la mañana, su titular, Luján Sodero, convocó a la esposa del hombre, al MPF, en donde mantuvo una extensa entrevista con la misma.
A pesar de la negativa de la posible víctima a radicar denuncia, igualmente se le brindó contención, asistencia y asesoramiento sobre distintos aspectos relacionados a la violencia de género y las medidas de protección.
También se dispuso la intervención de un equipo interdisciplinario para realizar un informe de riesgo, que ya obra en poder de la Fiscal, y se encuentra incorporado desde el mismo martes 24 a las actuaciones labradas.
Mas allá de las medidas ya dispuestas, la fiscal interviniente analiza igualmente avanzar en las actuaciones, por advertirse delitos de acción pública y por la violencia de género como una cuestión de interés público.
Inicialmente, las denuncias fueron derivadas a la Fiscalía Penal N° 1, pero dado que la situación que ocasionó la presencia de las Fuerzas de Seguridad se encuentra relacionada con el posible caso de violencia de género, la causa fue unificada en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 2, a cargo de Luján Sodero.
Los hechos
La primera de las denuncias fue efectuada el lunes 23 de mayo por tres efectivos de la Fuerza de Seguridad que concurrieron a un domicilio de un barrio de la zona Oeste ante el llamado al Sistema de Emergencias 911. Al arribar al lugar, el hombre aseguró que su esposa lo habría violentado y arrojado objetos por lo que decidió convocar a la Policía.
Al entrevistarse con la mujer, esta dio otra versión de los hechos, asegurando que su marido la había empujado luego de solicitarle que bajara a la planta baja de la vivienda a limpiar un líquido.
La mujer se negó a radicar denuncia contra su esposo y a ser examinada por un médico, por lo que los oficiales de Policía labraron un acta de declaración. Según relataron, que mientras escribían, el Fiscal General Federal los habría empujado, amenazado y cerrado la puerta de ingreso, impidiendo que los tres agentes salieran de la vivienda.
Finalmente, la mujer abandonó el lugar con un familiar y junto a su hijo de cuatro meses.
La segunda denuncia, que fue registrada a las 7 del 23 de mayo, la radicó otro de los agentes policiales por amenazas en contra del Fiscal Federal.
Se aclara también que en ninguna circunstancia se dispuso o impartieron instrucciones por parte de ningún funcionario del Ministerio Público relacionadas a dejar sin efecto actuaciones o su desestimación; disponiéndose las medias oportunas ante el caso acontecido, y sin perjuicio de las que se continuarán ejecutando.-
