En el mediodía de este martes, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió a la Secretaria de Seguridad, Frida Fonseca y al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ingeniero Alejandro Aldazábal, para aunar los esfuerzos del Estado Provincial en la lucha contra los incendios que vienen azotando a las localidades de Orán, Pichanal, Isla de Cañas, Colonia Santa Rosa, entre otras, del norte provincial.
Tras efectuar un repaso de las acciones que se han venido ejecutando desde el mes de agosto por parte de las Fiscalías de Orán y Pichanal, el Procurador remarcó la necesidad de evitar que se efectúe un eventual aprovechamiento inescrupuloso de la tierra arrasada por el desastre ambiental, debido a la perdida de las cualidades ecológicas de lo que fuera un bosque nativo protegido y de alto nivel de conservación.
En efecto, el 24 de agosto del corriente, la Procuración General procedió a abrir y remitir el Expte. N° 8795/22 caratulado “Posible Estrago Forestal”, que tramita en la Fiscalía de Pichanal, a cargo de la Dra. María Sofía Fuentes, en la delegación auxiliar de Colonia Santa Rosa, en cuyo marco se efectuaron diversas medidas como inspecciones oculares; croquis de bomberos; declaraciones testimoniales respecto del foco ígneo en la zona conocida como Valle Morado, en Colonia Santa Rosa y Urundel; informe técnico de la División Guardia de Incendios y otros Siniestros.
El Procurador repasó el trámite iniciado ante foco ígneo cercano en la plantación de bananas en el paraje Rio Blanquito en fecha 12 de septiembre de 2022 y destacó la labor investigativa de este segundo evento, que continúa llevando a cabo la Fiscalía Penal N°3 de Orán, a cargo de la Dra. Mónica Viazzi, desde el pasado 19 de septiembre.
Finalmente, García Castiella remarcó que desde el Ministerio Público Fiscal se tomarán todas las medidas necesarias para impedir que, ya sean autores malintencionados, ya sean aprovechadores de ocasión, pretendan explotar esas tierras y que se activarán los resortes legales para que las tierras arrasadas no puedan ser aprovechadas o utilizadas con fines productivos por el máximo legal, que en algunos casos puede llegar a los sesenta años.
Asimismo se considero la denuncia efectuada en horas de la tarde por el Coordinador del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Patricio Cernadas Curuchet, a instancias del Ministro, Dr. Abel Cornejo, la que será incorporada a las actuaciones que ya se vienen tramitando con anterioridad.
Las acciones se incorporarán al expediente iniciado por el Procurador General, Pedro García Castiella, el pasado me de agosto, caratulado como “Posible Estrago Forestal” y que actualmente está en trámite ante la Fiscalía de Pichanal, en la delegación auxiliar de Colonia Santa Rosa.
En las primeras horas de la mañana de este martes, la Fiscal Penal N°3 de Orán Mónica Viazzi, de oficio y con carácter de muy urgente, ha dado inicio a la investigación de los focos ígneos detectados en los parajes El Oculto, San Ignacio y sobre las Rutas N° 18 y N° 50, requiriendo a la Jefa de la Unidad Regional de Orán la elaboración un informe sobre las causas, magnitud y personas involucradas en los incendios mencionados, ante la sospecha de la probable intencionalidad del origen de los mismos.
A su vez también en fecha, la Fiscal Penal N°1 de Orán Daniela Murúa, requirió informes de rigor a la Unidad Regional de la Policíade la Provincia para determinar las causas de otro frente ígneo, que habría avanzado hasta las inmediaciones del casco urbano oranense. En principio, estos eventos no estarían vinculados con los incidentes de Isla de Cañas y Colonia Santa Rosa, sin embargo se intensificarán las medidas de investigación para descartar cualquier posible conexión.
Ante dichas actuaciones, desde la Procuración General se dispuso la creación de una Unidad Fiscal de Investigación integrada por las Fiscalías N°1 y N°3 de Orán y por la Fiscalía de Pichanal para que, en forma coordinada y con la colaboración de especialistas ambientales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales establezcan las causas de los incendios, la magnitud del daño producido, los autores materiales y los demás responsables.
Dichas acciones se incorporarán al Expte. N° 8795/22 iniciado por el Procurador General, Pedro García Castiella, en el mes de agosto próximo pasado; caratulado como “Posible Estrago Forestal” y que actualmente está en trámite ante la Fiscalía de Pichanal, a cargo de la Dra. María Sofía Fuentes, en la delegación auxiliar de Colonia Santa Rosa.
Desde la Procuración General se aseguró que el Ministerio Público Fiscal aplicará con el mayor rigor, todas las medidas necesarias para investigar si se trata de estragos provocados de manera intencional o irresponsable. Especialmente se investigará si se trata de acciones deliberadas para aprovecharse ilegítimamente de la tierra arrasada, sin medir consecuencias ambientales, humanas, sanitarias y patrimoniales.
Recurriendo a la rigurosa aplicación de la legislación especial vigente que, en algunos casos, impide la explotación del inmueble hasta por sesenta años, todo ello, además de las acciones de recomposición del ambiente y las aplicaciones de las sanciones penal y contravencionales.
Teniendo presente la relevancia de los hechos sucedidos en el norte de nuestra provincia, que tuvieron como víctima a una menor de la comunidad wichi, es obligación del Ministerio Público Fiscal (de acuerdo a lo que dispone el Art. 263, ultima parte del CPP) precisar los alcances de la intervención de los fiscales penales en el caso concreto.
Se pone en conocimiento que en fecha 3 de noviembre, siendo las 7:30, un miembro de la comunidad wichi de Bajo Grande, denunció que encontró a su hija de 12 años en una senda, tendida en el suelo con manchas sanguinolentas en el cuero cabelludo. Posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Alto La Sierra en el móvil policial junto a un enfermero. Sostuvo el denunciante que ante la mejoría de su hija, logró preguntarle quien la había golpeado, y ella le señaló a un menor de edad como el autor de la lesión.
En atención a ello, siendo la hora 18:00 del mismo día, la Policía de la Provincia remite vía mensaje de texto copia de la denuncia al Fiscal Penal de Salvador Mazza Armando Cazón, quien, ante el contenido de la misma, solicitó que se dé inmediata intervención al Juez de Menores de turno, puesto que solo se indicaba como posible responsable a un menor de edad, y conforme el Régimen Penal de Menores, es a este último a quien corresponde la dirección de la investigación.
Posteriormente y luego de surgir la presunción de un posible ataque sexual en función del examen médico practicado a la víctima, alrededor de las 23.00 horas, la fiscal Gabriela Souto, interinamente a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género de Tartagal, es puesta en conocimiento de los hechos sucedidos por un llamado del Juez de Menores a cargo, articulando inmediatamente comunicación con el personal policial de Alto La Sierra. En idéntico sentido, dispuso que el auxiliar de la fiscalía se constituya al Hospital de Tartagal a fin de informarse sobre el estado de salud de la menor y la posible sospecha de abuso sexual.
Ese mismo día 3 de noviembre, siendo horas 23:29 horas, y luego de reunir la información correspondiente, la Fiscal se contactó nuevamente con el personal policial actuante y tomó conocimiento de que la Secretaria del Juzgado de Menores dispuso distintas diligencias en torno al sospechoso y a la investigación. En tal sentido, y ante un hipotético caso de intervención de otras personas mayores de edad, pidió también expresamente al personal policial tareas de pesquisas y de campo, para la individualización de todos los sujetos que pudiesen haber estado reunidos previamente con la menor, como así también arbitrar los recaudos necesarios para lograr mayor eficiencia en la toma de muestras biológicas para un futuro cotejo genético.
La fiscal Gabriela Souto, efectuó presentaciones al Juzgado de Menores que lleva a cabo la investigación en las que solicitó que se practiquen diversas medidas investigativas: inspección ocular y croquis ilustrativo del lugar del hecho, levantamiento y secuestro de prendas de vestir de las personas que estuvieron en la reunión del 3 de noviembre a la madrugada, y que se registre todo con muestras fotográficas. Asimismo, se puso a disposición del Juez el equipo de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (psicólogas y trabajadoras sociales) a los fines de entrevistar y asistir al padre y a la niña víctima y que se fije audiencia de declaración en cámara Gesell a la niña, cuando su estado de salud así lo permita. Requirió además, que se de intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno y al Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
También dispuso que una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, proceda a brindar asistencia y contención a la niña víctima y a sus familiares, constituyéndose en el nosocomio local.
Finalmente, en la tarde del pasado lunes 7 de noviembre, y teniendo presente la limitada estructura y recursos de investigación con que se cuenta en el Distrito Judicial del Norte, a partir del ofrecimiento voluntario efectuado desde la Procuración General para colaborar con la investigación a cargo del Juzgado de Menores, viajó hacia la ciudad de Tartagal un equipo de investigaciónespecializado en Delitos contra la Integridad Sexual y profesionales del Departamento de Criminalistica, correspondiente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales(CIF) a fin de dar cobertura y colaboración a la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho.
Estarán a disposición del juez interviniente a fin de colaborar en la diligencia de la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho.
Por disposición del Ministerio Público Fiscal de Salta, esta tarde partió una Unidad de Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) correspondiente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales(CIF) hacia hacia ciudad de Tartagal a fin de prestar colaboración al Tribunal de Juicio Sala II Vocalia III Juzgado de Menores N° 3.
Forman parte de esta comisión especial a cargo del Sub Comisario Ariel Barrera, el suboficial Principal Ramon Ruiz, la Suboficial Principal Mabel Llanos, junto a personal de Criminalística del CIF Licenciado Cristian López y Técnico Pablo Farfan.
Se pondrá a disposición del juez interviniente a fin de colaborar en la diligencia de la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho.
Tomado conocimiento de un hecho ocurrido el pasado jueves en la localidad de Alto La Sierra, donde una menor resultó lesionada y en el que el Juzgado de Menores en turno tomó intervención, por la posible participación de otro menor como sospechoso, el Ministerio Público Fiscal puso a disposición una comisión técnico investigativa a fin de colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido.
La comisión especial está conformada por investigadores y técnicos criminalistas de Cuerpo de Investigaciones Fiscales pertenecientes al Departamento de Investigaciones de la Unidad de Delitos contra la integridad sexual del distrito centro y profesionales del Departamento de Criminalistica, que partieron hacia Alto La Sierra a efectos de contribuir con el despliegue de las tareas de investigación, bajo las directivas que considere el magistrado interviniente.
Cabe recordar que en el Régimen Penal de Menores la tramitación e investigación de la causa es dirigida por el Juzgado de Menores en turno.
Se proveerá accesos a las Guías Interactivas de Investigación Digital, brindando la capacitación necesaria y actividades dedicadas al quehacer de la investigación en esa materia. Estas herramientas prácticas son un aporte valioso que profundizará los ejes de trabajo que se vienen desarrollando con vistas a la próxima puesta en funcionamiento en la provincia de Salta, de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia
El Procurador General de la Provincia de Salta Pedro García Castiella firmó con el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand un Convenio de cooperación y asistencia técnica de cara a incorporar herramientas útiles a fin de aumentar la capacidad de lucha contra la ciberdelincuencia y la eficacia en la recolección, preservación y uso de evidencia digital en los procesos penales.
La medida, se enmarca en la profundización de las vinculaciones entre los ministerios públicos de todo el país compartiendo e intercambiando experiencias, así como acompañando y fortaleciendo la tarea que se despliega para lograr agilidad en los procesos y mayor efectividad en los resultados.
Se destaca que desde el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, se ha fijado el objetivo aunar esfuerzos en la lucha contra todo tipo de fenómeno delictivo en el ámbito de las provincias argentinas a través del intercambio de experiencias, recursos e información.
Es así como a través del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas dependiente de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, se proveerá de los accesos a las Guías Interactivas de Investigación Digital, gestionado la capacitación para su adecuado uso, y auditando todos los accesos remotos que se efectúen
Estas guías abordan temas varios como la obtención, preservación y tratamiento de la evidencia digital, tratamiento de imágenes y video, requerimiento a empresas y accesos a bases de datos conveniadas y fuentes abiertas entre otras. Se trata, de una herramienta de gran valor para llevar a cabo los cometidos de una política criminal y eficaz embate contra el ciber delito y el delito en general, en todas y cada una de las jurisdicciones provinciales, fundamentalmente en el plano interjurisdiccional.
Tales herramientas prácticas son un aporte valioso que profundizará los ejes de trabajo que se vienen desarrollando con vistas a la próxima puesta en funcionamiento en la provincia de Salta, de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia que tendrá bajo su responsabilidad, la intervención en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos.
CARATULA DE EXPEDIENTE: «Fiscalía Civil, Comercial y del Trabajo –Distrito Oran – Homologación de Convenio”
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 8435 – AÑO: 2022
TRIBUNAL: Juzgado Civil y Comercial 1º Nominación de Oran
EXPEDIENTE ORIGINARIO RELACIONADO: “GAR-64961/21, Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L. por el hecho a caratular en perjuicio de Comunidad Ava Guaraní del Río Blanco Banda Oeste”, correspondiente a A.P. N° 1053/21 de la Comisaría N° 24 (UR-2) – Fiscalía Penal Nº 3 de Oran – Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Orán
SENTENCIA DE APERTURA: 26 de octubre de 2022 – FIRMAS: Dra. Eugenia F. de Ullivarri (Jueza) – Dra. Natalia Campoy (Secretaria).
PARTE: la totalidad de la población del Departamento de Oran, en su carácter de usuarios de los servicios ambientales del área ecológica consistente en las sub-cuencas del Rio Blanco y del Rio Pescado inferior, representada en este caso por el Ministerio Publico Fiscal – FISCAL ACTUANTE: Fiscal Civil Comercial y del Trabajo, Dra. Marcela de los Ángeles Fernández – DOMICILIO CONSTITUIDO: Público despacho, Calle Lamadrid N°344, Ciudad de Oran.
PARTE: Empresa Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L – Representante legal: Dr. Diego D Andrea Cornejo – DOMICILIO CONSTITUIDO: Alvarado N° 386, Ciudad de Oran.
CITADOS: Secretaria de Recurso Hídricos, para que intervenga oficiosamente en el ámbito de su competencia – DOMICILIO: Av. Bolivia 4650. Primer piso, Ciudad de Salta.
CITADOS: Comunidad Ava Guaraní Del Río Blanco Banda Oeste, departamento de Orán.
INTERVENCIÓN: Asesora de Menores de Orán N° 1, Dra. Gladys Reynoso – DOMICILIO: Público despacho en edificio de Asesorías de Incapaces, calle Arenales N° 535, Ciudad de Oran.
OBJETO: Evaluar la homologación del compromiso asumido por la empresa para solucionar el conflicto surgido a consecuencia de la construcción de un terraplén sobre el Río Blanco para el cruce del agua captadas del Rio Pescado por parte de la empresa Seabord S.R.L, autorizados por concesiones correspondientes a la captación de agua destinada al riego de sus plantaciones de caña de azúcar en los ríos Blanco y Pescado, autorizadas a perpetuidad por las concesiones de suministros n° 712 y n° 713, del Catastro 25002, otorgadas por Decretos Provinciales n° 9.571/45, 3.026/52 y 885/06, ante el detrimento que se pudo producir en el área ecológica comprometida (sub- cuenca del Rio Blanco y Rio Pescado inferior), lo que dio origen a la causa penal N° 49/22 de naturaleza socio ambiental.
FECHA Y LUGAR DE AUDIENCIA INFORMATIVA: días 01 y 02 de Diciembre del 2022, a hs. 16.30, en el Tribunal de Juicio, Sala I, sito en Egües y Lamadrid de la ciudad de Orán, trasmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial de Salta. CAPACIDAD MÁXIMA PRESENCIAL: 30 personas. LUGAR DE INSCRIPCION PARA ESTAR PRESENTE: en Fiscalía Civil y Comercial sito en Lamadrid N° 344, en el horario de 10.00 a 12.00, hasta el 25 de Noviembre de 2022. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: pudiendo los interesados asistir con abogados y hacer uso de la palabra un máximo de 10 personas por audiencia, por el lapso de 5 minutos. Los abogados deberán presentar sus exposiciones por escrito (mesa virtual) 48 hs. antes de la audiencia fijada.
Prosigue la recepción de testimoniales, análisis de informes solicitados a distintas entidades, cámaras de seguridad, elementos informáticos, además de extracción y análisis de muestras genéticas que fortalecen las sospechas de la línea investigativa.
Continúan las actuaciones en el marco de la investigación penal llevada adelante por el Ministerio Publico Fiscal en la causa por el homicidio calificado de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.
En relación al perfil genético de uno de los tres imputados, cuyo cotejo arrojara una coincidencia perfecta con 14 muestras tomadas en la escena del crimen, cabe destacar que tales patrones fueron recogidos en el año 2017 e incorporados a las actuaciones desde aquella fecha. Se considera oportuno señalar que las mismas corresponden a sangre del imputado encontrada en distintos puntos y objetos de la vivienda de barrio San Nicolás, entre ellos, en el hombro de la remera de una de las hijas de la víctima, como así también en acolchado, piso de la cocina, goteo en el pasillo y habitación principal. El perfil genético se lee a partir de un electroferograma que es obtenido del secuenciador automático. Ese perfil genético consta en los informes emitidos en la causa desde el año 2017, y fueron remitidos en formato papel y digital a todas las bases de datos operantes en la República Argentina (Mendoza, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Salta) y al Registro Nacional de Datos Genéticos.
Abona la certeza de las conclusiones que dichas muestra se tratan de perfiles únicos, de un solo individuo y no perfiles mezclados.
Tanto en el informe preliminar del Servicio de Biología Molecular del CIF, como en el informe final conjunto con la intervención de peritos de parte de la defensa, se concluyó en el cotejo positivo del perfil genético de las muestras catalogadas como H1 con el perfil genético del imputado Javier Saavedra.
Por otra parte, la Unidad Especial de Investigación continúa con la elevación de informes de análisis de material obrante en la causa, principalmente de las cámaras de seguridad donde se concluye la presencia de vehículos de propiedad de los imputados Carlos Damián Saavedra y Adrián Guillermo Saavedra, ahora secuestrados, situados en las inmediaciones del lugar del hecho, en día y hora precisa.
En la presente semana, se agregó cuantiosa prueba informativa proveniente de informes solicitados a distintos organismos tales como universidades, empresa Aguas del Norte y otros, que de ningún modo otorgan credibilidad a las manifestaciones exculpatorias vertidas durante las audiencias de imputación.
Respecto a la recepción de testimonios aportados por la defensa técnica de los acusados, no se produjo la contribución de información de relevancia para la investigación ya que estos dichos, aluden a circunstancias previas y posteriores al hecho.
En cuanto a las pericias genéticas iniciadas a familiares de los acusados, la próxima semana se realizará el cotejo con la intervención de la perito de parte, por lo que aún no existe ningún tipo de resultado.
Finalmente se destaca que en el marco de la investigación, se cumplen nuevas pericias genéticas y de extracción de información de los numerosos elementos informáticos secuestrados en los domicilios de los imputados.
En la apertura de las Jornadas Nacionales de Asistencia a las Víctimas del Delito, organizadas por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta y el Ministerio de Justicia de la Nación, sus titulares Pedro García Castiella y Martín Soria, firmaron convenios que garantizan el acceso a la justicia integral y con perspectiva de género a las víctimas de delitos en la provincia.
En el marco del Consejo Federal de Víctimas, se realizan en Salta las Jornadas Nacionales de Asistencia a las Víctimas del Delito, evento que cuenta con la participación de las oficinas especializadas en asistencia a las víctimas y los organismos especializados de todas las provincias del país. La inauguración estuvo a cargo del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de la presidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima de Delitos, Matilde Alonso, y del procurador general de Salta, Pedro García Castiella.
Durante su intervención, el Ministro de Justicia de la Nación agradeció al Procurador General de Salta y a la Presidenta del Consejo Federal por la invitación a la apertura del evento nacional y expuso los distintos programas y políticas de asistencia a las distintas víctimas de delitos en colaboración recíproca entre ambas jurisdicciones.
Convenios
Durante la apertura del evento, el ministro Soria y el procurador García Castiella, firmaron un convenio y acta complementaria que permitirán al Ministerio Público Fiscal de Salta y al Centro De Asistencia a la Víctima de Delitos (CENAVID) del Ministerio de Justicia llevar adelante acciones coordinadas que permitan la promoción, la difusión y consolidación de políticas públicas, en el marco de los lineamientos de atención integral previstos en la ley n° 27.372 y garantizar que el acceso a la justicia a las víctimas de delitos en la provincia de Salta se procure través de un abordaje integral y con perspectiva de género.
Se establece que para los casos de delitos graves en los que se encuentre en riesgo la vida de la persona, la integridad sexual, la libertad, diversidad e infancia se garantizará un abordaje integral y desde una perspectiva de género desde el CENAVID, para luego dar paso a las intervenciones correspondientes por parte del Ministerio de Justicia desde el PRONALCI o el PatrocinAr, dependiendo del caso.
Volcar la mirada hacia la víctima y sus necesidades
El procurador general Pedro García Castiella expresó su satisfacción de que la provincia de Salta sea la anfitriona de la Jornada Nacional de Asistencia a la Víctima del Delito 2022, y de la reunión del Consejo Federal de Oficinas Públicas de Asistencia a Víctimas del Delito, resaltando también la suscripción del Convenio mencionado, y señalándolo como “la coronación de un esfuerzo conjunto, una consecuencia exitosa de la primeras reuniones iniciadas en marzo de este año».
García Castiella destacó la necesidad de “abrir sendas en cuanto a hacer realidad la perspectiva victimológica en lo que es el proceso penal, y en este drama que tienen que vivir las víctimas. Primero, desde el punto de vista humanitario, donde el Estado tiene que estar presente, acompañando a la víctima que debe transitar por las dificultades de un proceso penal. En segundo lugar, es una exigencia desde el punto de vista constitucional y convencional, porque la víctima tiene que ser el centro de atención de la respuesta del Estado, y esencialmente acompañarlos a lo que es el logro de otro gran valor que hoy tiene una suprema jerarquía constitucional y convencional como lo es poder alcanzar el derecho a la verdad. También debe tenerse en cuenta la importancia de reivindicar el rol de la víctima en lo que es el marco procesal estrictamente, en el que es necesario propiciar y alentar una suerte de cambio de paradigma en el trabajo de los operadores judiciales, fiscales y jueces, para un cambio de mirada hacia la víctima, que no se la vea como una cuestión aparte del proceso que si no estás regularmente constituida como querellante o actor civil, sea tomada con algún tipo de resquemor o como una suerte de auditor que viene a controlarnos, sino asociarla, acercarse, aproximarse, acompañarla porque además desde el punto de vista criminalístico la víctima el sujeto procesal o la persona es la que está en mejores condiciones para aportar información que ingrese al proceso penal. Es por eso que hay una gran pluralidad de circunstancias que hacen fundamental volcar la mirada hacia la víctima hacia todas sus necesidades, y esencialmente hacia la respuesta que el Estado está obligado a dar a este nuevo protagonista del proceso penal que es la víctima. Enhorabuena que se vaya ensanchando cada día más ese camino«.
Recordó el Procurador: “En nuestra provincia de Salta tenemos distintos avances en ese sentido en especial en lo que refiere a Violencia Familiar y de Género, una serie de legislaciones importantes, fiscalías especializadas en Violencia Familiar y de Género, tenemos en esas fiscalias la potestad de lo que se conoce en la Ley Nacional como el Defensor Público de Victimas. Estas fiscalías tienen la potestad de querellar acompañado a las víctimas en la medida que sean de modestos recursos para que exista una igualdad de oportunidades de acceso a la justicia. Hemos impulsado en la oportunidad en la que yo era Defensor General, una Ley Provincial de Víctimas que tienda a adecuar nuestro Régimen Procesal Penal a lo que es el régimen de la Ley Nº 27.372, que si bien es de orden público, invita a las provincias a adecuar su legislación a esa norma. Esas adecuaciones están contempladas en el texto de reforma del Código Procesal que está en manos de la Comisión de Reforma de Justicia, en especial es aspectos trascendentes y fundamentales, cómo es la participación de la víctima como sujeto procesal, no necesariamente como querellante o actor civil, sino como víctima a secas, como dice el doctor Pedro Bertolino, en lo que son procesos de morigeración de condiciones de libertad, ya sea en la etapa penal preparatoria, cuando hay una restricción de libertad y el acusado va a recuperar la libertad, la participación y el anoticiamiento en esta etapa, como así también en los regímenes de morigeración del encierro contemplados y previstos por la Ley Nº 24.660 , que son la semilibertad, libertad condicional, libertad anticipada, que tenga participación la víctima, anoticiamiento, que sea escuchada. Todas estas cuestiones forman parte de los proyectos que consideramos urgente adecuar en nuestra provincia de Salta. También se ha creado una Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género, para que sea una suerte de catalizador y colaboración con las fiscalías especializadas, para que con su trabajo de sistematización de antecedentes, ayuden a una suerte de prognosis de riesgo que le llegue al fiscal, ya en condiciones de tomar determinaciones mucho mas acertadas en cuanto a los antecedentes de cada caso”.
Prioridad en la agenda pública
Al hacer uso de la palabra, el ministro de Justicia Martín Soria, destacó la “prioridad que las políticas públicas destinadas a fortalecer el derecho y las garantías de las personas que son víctimas de delitos en nuestro país tienen dentro de la agenda de trabajo de la cartera nacional de justicia” y expuso la situación actual del Programa PatrocinAR, del Fondo de Asistencia Directo para Víctimas de Trata y el Mapa AyudAR, nuevos programas y políticas implementadas en 2022 desde el Ministerio de Justicia de la Nación.
Sobre el programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR), valoró que “a 7 meses de su creación y lanzamiento el patrocinar ya opera en 21 provincias del país y patrocina 377 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes«.
Soria destacó la consolidación del Sistema de Dispositivos Duales de Supervisión y Rastreo de Agresores por motivos de género. Subrayó “el carácter federal” que detenta ya que gracias a esa política “el gobierno nacional pone a disposición de las provincias, sin importar a que región pertenezca o de que sello partidario sea el gobierno de turno, las ya conocidas “pulseras duales”, tecnología de avanzada para hacer cumplir las restricciones dispuestas por la justicia y prevenir femicidios«.
Destacó que “en los últimos dos años logramos incorporar a todas las provincias dentro del sistema de dispositivos duales, alcanzando el 100% del territorio nacional y federalizando plenamente la política pública” y agregó que “en línea con la ampliación del sistema a todas las provincias del país hemos más que duplicado la cantidad de pulseras entregadas de forma gratuita a las provincias, pasando de 944 en 2019 a 2100 en octubre de este año”.
Martin Soria destacó la puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa a la Víctimas de Trata, herramienta que permite utilizar los bienes y el dinero recuperado de las bandas criminales para asistir económica y directamente a las víctimas de trata, con el objetivo de reparar económicamente los daños sufridos y también asistirlas para que puedan salir de la situación de vulnerabilidad que generalmente se encuentran las víctimas antes de ser captadas.
Reconoció también el trabajo conjunto realizado con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para articular el funcionamiento del Fondo de Asistencia a víctimas de Trata y convocó a todos los jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras a “hacer propio esta herramienta de vanguardia que desde el gobierno nacional hemos podido poner en funcionamiento para toda la sociedad”.
Rescatar la dimension humana de las víctimas
Durante su intervención, la presidenta del Consejo Federal de Víctimas, Matilde Alonso, hizo énfasis en la importancia de “Rescatar la dimensión humana de las víctimas, de carne y hueso, en una escucha integral, activa, participativa, atendiendo las afectaciones que le causa el delito sufrido y reparar, restaurar el daño causado, es un deber insoslayable de quienes operamos en todo el sistema a través del cual transitan las víctimas. Atender a los tiempos de las víctimas por sobre la agenda institucional es construir justicia humanizada, donde los derechos humanos se hacen realidad en su debido respeto”.
Por su parte, Azul Romero Beery, Directora Nacional de Asistencia a las Victimas del Ministerio de Justicia de la Nación, afirmó que “Seguimos trabajando para la efectiva implementación de la ley 27.372, garantizando el acceso a la justicia de quien ha sido víctima de delito, posicionándola en un lugar preponderante en el proceso penal”.
El hecho ocurrió el 30 de noviembre pasado. El trabajo en cooperación con la justicia federal por parte de procurador de la provincia, Pedro García Castiella, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio y la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la provincia, fueron claves para que los acusados fueran detenidos y la víctima rescatada.
Inició hoy el juicio del caso seguido contra Franco Jerónimo y Héctor Mario Campos, Héctor Joaquín Emanuel Rodríguez y Ezequiel Maximiliano Toledo, imputados por el delito de secuestro extorsivo doblemente agravado por la edad de la víctima y por la participación de tres o más personas. Además de la imputación principal, y a pedido de la fiscalía, se resolvió que dos de ellos, respondan por el delito de resistencia y atentado a la autoridad, en concurso real.
El empresario Víctor Giménez, fue secuestrado el 30 de noviembre del año pasado, cuando se dirigía a las instalaciones de su empresa ubicada en la avenida Ragone N°1, en la zona este de la ciudad.
La resolución del caso, se obtuvo gracias a un trabajo conjunto entre el Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta, la Procuración General de la Provincia, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE).
La alerta que dio inicio al caso se realizó ante el procurador de la provincia, Pedro García Castiella, quien designó al fiscal Ramiro Ramos Ossorio y dispuso la intervención de la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la provincia.
A partir de lo relatado por un hijo del empresario, a quien los secuestradores contactaron para el cobro del rescate, el fiscal provincial y el titular del Área de Casos Complejos trabajaron de manera conjunta, tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal.
El fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, resaltó el profesionalismo de los investigadores que participaron tanto en las pesquisas como al momento de llevar adelante la persecución de los dos acusados que llevaban a Giménez al intercambio, quienes ofrecieron una tenaz resistencia y estuvieron a poco de causar una tragedia al estrellarse contra una casa. En los mismos términos destacó también la labor de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscal (CIF).
