Marcela Perez

García Castiella puso en funcionamiento la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia

Con el acompañamiento del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz, y el defensor general, Martín Diez Villa; el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella; tomó juramento a Sofía Cornejo Solá como fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia. 

El procurador general, Pedro García Castiella, tomó juramento a Sofía Cornejo Solá como fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, acto que contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz.

Sofía Cornejo Solá recibió el acuerdo del Senado Provincial en la sesión del 17 de noviembre de 2022 y fue designada mediante el decreto 997/22 del Poder Ejecutivo Provincial.

El procurador García Castiella agradeció al Gobernador y felicitó a Cornejo Solá “no sólo por haber sido designada y asumir sus funciones como fiscal de Ciberdelincuencia, sino también por el compromiso que implica el poner en marcha, desde su nacimiento, una fiscalía especializada con tantas particularidades y peculiaridades ya que será transversal a otros delitos, como violencia de género, abuso sexual, abuso de menores, estafas, delitos contra la propiedad y narcotráfico, entre otros”

Durante el acto, García Castiella tuvo un reconocimiento hacia su antecesor, Abel Cornejo, “por formar parte de la iniciativa e impulsar la creación en la provincia de una Fiscalía especializada en ciberdelincuencia”.

Resaltó la transversalidad y colaboración recíproca, tendiendo puentes, con otros Ministerios Públicos Fiscales, fiscalías federales y nacionales y ponderó que “la puesta en marcha de esta Fiscalía potenciará  la nueva dinámica que pretendemos imponer al Ministerio Público Fiscal ante el incremento de las demandas, necesidades y desafíos de estos tiempos”

Acompañaron durante el acto de asunción, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; los jueces de Corte María Alejandra Gauffin y Guillermo Catalano; el director de la carrera de Especialización y del Posgrado de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Marcos Gabriel Salt; el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación, Horacio Juan Azzolín; el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Eduardo José Villalba; autoridades de Colegios y Asociaciones provinciales, legisladores provinciales, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial y familiares. 

Fiscalía de Ciberdelincuencia

La Fiscalía en Salta fue creada por ley provincial N° 8175/19, sumándose a la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Oficina Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. 

La Fiscalía, con asiento en el distrito judicial del Centro y con competencia en todo el territorio salteño, tendrá intervención en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos acorde a lo establecido en la Resolución 1396 de la Procuración General de la Provincia.

Rosario de la Frontera: Imputado por dos hechos de robo

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, intervino en dos hechos en los que un hombre se habría enfrentado en el mismo día, a dos personas para apropiarse de distintos elementos.

El pasado 4 de diciembre en horas de la tarde,  un hombre habría ingresado a un local comercial de Barrio 200 viviendas, advirtiendo al propietario que estaba en conocimiento de la existencia de cámaras de seguridad en el local, y amenazándolo con romperle el negocio si hacía algo, para sustraer un vino y una gaseosa. Al cabo de media hora aproximadamente, el hombre regresó al comercio amenazado de muerte a la víctima y llevándose una botella de cerveza. 

Ese mismo día, el imputado habría ingresado en reiteradas oportunidades  previo cruzar una tapia , a un domicilio de Barrio Ex Provipo para sustraer distintos elementos de ferretería (cuarenta llaves de boca, nueve destornilladores, dos espátulas, un martillo,  cabos de madera, una llave francesa, tres tenazas, un corta fierro, veintitrés llave tuvo, una lave T, doce llaves Ale,  una pinza, ocho llaves TOR, tres mechas, dos de fuerza, una caja de herramientas, una garrafa de 10 kg, una campera). 

Posteriormente el hombre habría ingresado a la habitación del hijo del propietario de la vivienda, a quien intento agredir para sustraerle un ventilador, no logrando su propósito ya que el joven alertó a sus padres , y el imputado se retiro de la propiedad

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra,  imputó al hombre por los delitos de robo en concurso real por el hecho ocurrido en Barrio 200 Viviendas de Rosario de la Frontera, como así también por hurto calificado por escalamiento (hechos reiterados) en concurso real con robo en grado de tentativa ocurrido en Barrio Ex Provipo. 

Se lleva adelante el Seminario: “Femicidios: Herramientas para la investigación”

El encuentro es coorganizado por la Procuración General de Salta y UFEM Nación, con la participación de la Justicia Federal de Salta. Se busca reforzar la capacitación sobre investigación y persecución penal de los hechos de muertes violentas de mujeres, con perspectiva de género.

A fin de dar continuidad al trabajo iniciado a partir de la aprobación del “Protocolo para la investigación y litigio de las muertes violentas de mujeres (femicidios)”, por parte del Ministerio Público Fiscal de Salta, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, acompañado por la Secretaria letrada de la Procuración General de la Nación y Coordinadora General de la UFEM; Agustina Rodriguez, y el titular de la Unidad Fiscal Salta, fiscal general Eduardo José Villalba, presidieron la jornada inicial de capacitación destinada a funcionarios y operadores judiciales locales y federales.

El Ministerio Público Fiscal de Salta hizo propio el Protocolo elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, documento que se basa en normas y estándares internacionales y regionales, en materia de derechos humanos. 

 El principal objetivo del Protocolo, es proporcionar orientaciones y líneas de actuación para mejorar la práctica de los/as operadores/as de justicia,  ya sea que intervengan en la escena del crimen, en el laboratorio forense, en los interrogatorios a testigos y presuntos responsables, en el análisis del caso, en la formulación de la acusación o frente a los tribunales de justicia; de modo de asegurar investigaciones más eficientes pero que, a la vez, garanticen los derechos de las víctimas.

Con esta actividad, se busca reforzar la capacitación de los operadores judiciales que tiene a su cargo la investigación y persecución penal de los hechos de muertes violentas de mujeres (femicidio/feminicidio) con perspectiva de género.

El encuentro se desarrolla en dos jornadas de trabajo con una agenda exhaustiva de temas. 

Las actividades están a cargo de: Agustina Rodríguez Secretaria letrada de la Procuración General de la Nación y Coordinadora General de la UFEM; Agustina Calabró Auxiliar Fiscal y Coordinadora del Área de Litigio Estratégico de UFEM, y Luis Lozano, Subdirector de la Procuración General de la Nación y Director de Relaciones Institucionales.

 La agenda de este encuentro y la participación tanto de funcionarios del Ministerio Público salteño como del Ministerio Público federal, es una muestra del compromiso con el que cada una de las instituciones mencionadas, ha venido abordando estas temáticas. 

Destacan y amplían a otros delitos, la tarea conjunta entre fiscales federales y provinciales

Así lo establecieron los titulares de la Procuración General de la Provincia y de la Unidad Fiscal Federal Salta. La decisión surgió de la coincidencia y afinidad con la que los fiscales de ambos fueros combaten el delito, tal como lo promueve el sistema acusatorio.

A modo de balance, y en un clima ameno, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella y el titular de la Unidad Fiscal Salta, fiscal general Eduardo José Villalba, analizaron el trabajo en cooperación que llevan a cabo los fiscales de ambos organismos, resaltaron los logros alcanzados, hicieron calibraciones, ajustes, e impartieron instrucciones precisas con la finalidad de avanzar sobre otros hechos, entre ellos la ciberdelincuencia.

En el Salón de Reuniones de la Procuración General, en la ciudad judicial, los funcionarios destacaron las investigaciones llevadas adelante, y el curso de otras que se encuentran en etapa de investigación, sin entrar en detalles respecto al objeto procesal, sino más bien en cuanto a las técnicas y el uso de herramientas procesales aplicadas.

Por tal razón, participaron del encuentro investigadores y representantes de las divisiones especializadas de las distintas fuerzas de seguridad, tanto del orden federal como provincial, y entre ellas, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Los presentes destacaron el afianzamiento de las herramientas procesales que brindaron resultados exitosos, pero por sobre todo, se remarcó la afinidad lograda, tanto en los niveles de toma de decisiones, como entre los investigadores de campo, los que pudieron hacer aportes valiosos para optimizar la tarea conjunta.

Tanto García Castiella como Villalba, resaltaron el clima alcanzado, el que adjudicaron al acertado criterio cristalizado por el Código Procesal Penal Federal, en particular en sus artículos 90 y 123, que facultan y obligan a los Ministerios Públicos a trabajar en cooperación, contra el delito.

Sobre el mencionado artículo 90 cabe señalar, que impone sobre el Ministerio Público Fiscal de la Nación el deber de promover “una amplia coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias”, para lo cual otorga la facultad de celebrar los convenios necesarios a tal efecto.

El artículo siguiente, incluso, es más expeditivo al respecto, pues insta a que las investigaciones se lleven a cabo de manera “conjunta” y en un ámbito de “cooperación”, para lo cual se faculta a los fiscales federales a formar equipos de trabajo tanto en una misma jurisdicción, como fuera de ella. 

“Consideramos que este deber de trabajar codo a codo, que llegó de la mano del sistema acusatorio, se vio cumplido ampliamente. Y esto no es porque nosotros lo digamos, sino basta con mirar los casos resueltos de manera conjunta, y no sólo en materia de narcotráfico que ya fueron varias, sino también en hechos de trata de personas y el secuestro extorsivo sufrido por un empresario local, coincidieron ambos funcionarios.

En este análisis, no se pasó por alto el trabajo previo impulsado desde 2014, cuando el gobierno provincial adhirió a la desfederalización en materia de estupefacientes, oportunidad en la que se impulsaron mesas de trabajo entre la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y la PROCUNAR NOA, lo que puso a Salta a la vanguardia en materia de investigación criminal. 

“En base a ello, es que entendimos y decidimos avanzar y aplicar esta modalidad de trabajo sobre otros ilícitos, incluida la ciberdelincuencia, pues en vez de ir por detrás, debemos anticiparnos. En estos últimos tres años, desde el 10 de junio de 2019, Salta y Jujuy han demostrado que la justicia, a través de la implementación del sistema acusatorio, puede dar respuesta a la sociedad y hacerlo en niveles de celeridad nunca antes vistos”, destacó Eduardo Villalba.

Por su parte, García Castiella señaló que “la colaboración reciproca  alcanzada con la interacción y aportes entre fiscales y equipos de investigación que se ha logrado consolidar ha dado resultados exitosos inobjetables, no suficientemente visibilizados y ponderados, en el esclarecimiento de numerosos hechos criminales. Tenemos el deber de anticiparnos en la potenciación de la ingeniería de investigación criminal, entendiendo que, logrando el esclarecimientos de hechos violentos y de modalidades criminales inusitadas, se evita la impunidad. Esta debe ser una respuesta contundente y sin fisuras de todas las agencias de investigación y persecución penal del Estado, ya sean federales o provinciales, ante la amenaza constante de instalación del crimen organizado” . 

La Corte denegó el recurso interpuesto por la defensa de policías acusados por torturas

La causa consta de siete actuaciones por hechos de violencia institucional acontecidos en el Distrito Sur. Resta la fijación de fecha de audiencia de debate.

La Fiscalía ante la Corte Nº 2 recibió notificación de fallo que denegó el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la defensa de los 8 policías imputados (entre ellos, un diputado provincial) Orozco, Gustavo; Suarez, Andrés; Reynoso, Javier; Orellana, Víctor; Medina, Rubén; Luna Víctor; Coronel, Denis y Díaz, Andrea.

 La Corte de Justicia de Salta, con votos de los jueces Sandra Bonari, Adriana Rodríguez Faraldo, y Sergio Fabián Vittar, entendió que “si bien se invoca la existencia de una cuestión federal, tal afirmación se encuentra desprovista de razones jurídicas que la respalden y que se vinculen directamente con el casoy que los agravios vertidos en el recurso son reedición de lo ya planteado en otras instancias.

La causa que investiga siete hechos de torturas, apremios, vejaciones y coacción cometidos entre los años 2014 y 2015 llevaba más de un año y medio resolviendo los sucesivos recursos planteados por la defensa, quien venía solicitando el sobreseimiento de los acusados.

Cabe recordar que si bien existen otras causas por hechos similares en contra de los mismos acusados, esta causa, es la que se encuentra más avanzada, por lo que, con esta sentencia del máximo tribunal provincial, se espera que el Juez Héctor Guzmán notifique a los fiscales Oscar López Ibarra y Ramiro Ramos Ossorio y a las demás partes, la fecha de la audiencia de debate.

Salta nuevamente fue parte de un operativo internacional contra el tráfico de material de explotación sexual infantil en redes

Cinco de los noventa y dos objetivos, estaban localizados en la ciudad de Salta. Se trabajó de manera coordinada con el resto de las provincias involucradas en la investigación.

Por segunda vez en lo que va del año, Salta es parte de un operativo internacional denominado Red Federal en Alerta, del que participaron quince provincias argentinas, y fue coordinado en el marco de la Red Nacional 24/7 que integra  la Procuración General de Salta desde el año 2014.

Esta operación tuvo su inicio en la investigación de  tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio Peer to Peer (P2P), dentro del territorio argentino, en el período de tiempo comprendido entre el mes de julio del año 2021 y el año 2022. Se lograron detectar noventa y dos objetivos, todos integrantes de la misma red de pedofilia, de los cuales cinco estaban localizados en la ciudad de Salta.

Hoy, a pedido del fiscal Federico Obeid integrante de la Unidad de Delitos Sexuales, se llevaron a cabo con éxito cinco allanamientos de conformidad con la orden judicial dictada, y se logró el secuestro de gran cantidad de dispositivos informáticos, los cuales serán remitidos al Gabinete de Informática del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para su posterior análisis.

De los allanamientos realizados de manera coordinada con el resto de las provincias involucradas en esta investigación, participaron el Cuerpo de Investigaciones Fiscales CIF, y personal policial provincial de la Unidad de Investigación contra la Integridad Sexual.

Una vez más Salta, continúa con la lucha activa y constante en contra del tráfico de material de abuso y explotación sexual de menores a través de las redes. La modalidad delictiva crece día a día, atentando contra los derechos y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, que constituyen los actores más vulnerable de nuestra sociedad.

CÓMO FUNCIONA UNA RED P2P (PEER TO PEER)

Una red P2P (PEER TO PEER) consiste en un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos, y que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente. 

Cuando una persona instala un programa de intercambio de archivos, es consciente de que al menos a una carpeta (directorio) en su computadora podrá tener acceso cualquier persona integrante de esa red. Esta es una de las principales características de una red P2P. 

 Todos los archivos de la carpeta compartida del equipo miembro serán «visibles» para los demás componentes de la red. En esta red no hay un servidor general para almacenar los archivos y/o conectar a sus usuarios, sino internautas que, al mismo tiempo, descargan, así como ponen a disposición el acceso para que otros usuarios de esta red busquen estos mismos archivos en su máquina. 

 Algunos clientes P2P tienen la opción de mostrar al usuario las IPs de las conexiones que le están proporcionando o recibiendo archivos digitales. Ejemplos de redes P2P son los programas de cliente como Ares Galaxy, Phex, Shareaza, Limewire, eMule, Vuze, BitTorrent, entre otros.

UDEC desbarata una importante red de venta fraudulenta de terrenos e inmuebles

Los siete acusados, entre quienes se encuentran cuatro hermanos, integraban una organización que mediante publicación en redes sociales ofrecían en venta inmuebles, usando documentación apócrifa. La UDEC realizó allanamientos, secuestro de documentación, detenciones, e inhabilitación de 21 cuentas bancarias.

La titular de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, encabezó un importante operativo relacionado con estafas en la venta de terrenos y propiedades ofertados a través de redes sociales, en distintos puntos de la ciudad y zona metropolitana. En el procedimiento se realizó el allanamiento de ocho domicilios y el secuestro de tres vehículos, una motocicleta, además de originales de documentación entregadas a las víctimas.

En el despliegue realizado con intervención de la Unidad de Delitos Económicos del CIF,  tres de los cuatro hermanos involucrados fueron detenidos. Además se notificó la citación a imputación a otros cuatro implicados en la causa en la que se los acusa de estafas reiteradas.

Entre otras medidas, se inhabilitaron 21 cuentas bancarias y se libró oficio al Registro de Inmuebles, por propiedades adquiridas a posterior de los hechos.

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias realizadas por un gran número de damnificados, quienes a través de la oferta vía redes sociales de venta de terrenos y propiedades en distintas zonas (Barrio BM, ruta 21; Ruta 26, camino a la Isla; San Nicolas II; Don Santiago, Los gremios; Las Marías; Cielo del Valle, Cerrillos; Cielo del Sur), realizaron transacciones comerciales consistentes en depósito de distintas sumas de dinero, en concepto de seña, adelantos y cuotas. 

Los detenidos y citados a imputación, son acusados de actuar de común acuerdo, con división de tareas, mediante el ardid consistente en publicar en las redes sociales la venta de lotes y/o casas, aparentando pertenecer a una inmobiliaria seria y solvente, ofreciendo la venta de bienes, mediante la presentación de falsos instrumentos que acreditaban la adquisición de inmuebles por el vendedor, haciendo creer a los damnificados que estaban realizando una inversión regular, por lo que hicieron los pagos solicitados, causándole con ello un perjuicio patrimonial.

De la investigación de UDEC, sin perjuicio de determinarse un mayor número implicados, surge la existencia de documentaciones falsas presentadas y entregadas por los investigados, con contenido parcialmente cierto y presumiblemente modificado para evitar una posible revisión por parte de las víctimas. Cabe destacar que los peritos observaron una sucesión de estafas para lo cual se contaba con conocimiento en las gestiones inmobiliarias y acceso a información oficial. Prueba de ello, es que los boletos de compraventa consignan datos de verdaderos dueños consistentes con el número de catastro de la propiedad a la venta, que solo pueden ser suministrados desde la Dirección General de Inmuebles y/o contando con la cooperación de otra persona que tenga acceso a dicha información. 

Los investigados se presentaban como asesores de ventas inmobiliarias y en varios casos invocando importantes empresas de la ciudad de Salta. Las maniobras se realizaron en tres etapas definidas: Phishing  (captación),  Ardid (interacción con víctimas) y  Cobro en escribanías (Entrega de documentación apócrifas). Se pudo determinar que si bien las transacciones se realizaban frente a escribano, las rúbricas eran distintas y la documentación falsa, y ante este hecho se labró una circular poniendo en conocimiento de las escribanías de la ciudad, la advertencia  sobre los hechos y los causantes. 

El delito consistía en simular una primera falsa venta de la vivienda o terreno a partir del documento apócrifo del verdadero dueño de la casa. Cumplido este proceso, sembraban masivamente en redes sociales y grupos y/o comunidad que mantienen altos números de integrantes, la oferta de venta en redes sociales para captar a las víctimas. En los boletos de compraventa, ninguno de los investigados consigna sus nombres reales, sino que constan como asesores de venta, quienes para atraer a las víctimas en primer lugar realizan publicaciones en redes sociales, consignado nombres de usuarios inexistentes y con poca actividad, evidencias que indican claramente que su propósito era la captación de interesados, para luego establecer contactos a través de otras aplicaciones de mensajería virtual, maniobra  que no puede dejar de considerase como una grave amenaza para la sociedad en su conjunto, toda vez que este tipo de ilícitos acarrea diversas víctimas que son burladas en su buena fe.


Rivadavia: Continúan las actuaciones por denuncia efectuada por la madre de una adolescente

Una mujer denunció el sábado 12 de noviembre que sospechaba que su hija habría sido abusada por un diputado provincial y su chofer. En atención a los hechos, intervienen dos fiscales .

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, investiga la denuncia en contra de un diputado provincial del departamento Rivadavia y su chofer, radicada por la madre de una menor de edad de 17 años, sobre hechos ocurridos en el mes de agosto pasado.

Por disposición de la fiscal Martínez, la menor y su madre, recibieron asistencia del profesional psicólogo de Embarcación Lic. Federico Vianconi, perteneciente al Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC) del Ministerio Público Fiscal

Cabe destacar que una de las dos peritos médicas con que cuenta el Cuerpo de Investigadores Fiscales en el norte de la provincia, brindó a la menor la debida orientación respecto al examen ordenado a fin de corroborar o descartar las sospechas de la denunciante. La médica Andrea Brunet recibió la negativa por parte de la supuesta víctima a realizarse el procedimiento ordenado por la Fiscal. 

De igual forma, se dispuso para el día martes el traslado mediante una Comisión Especial dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de  la psicóloga del SAVIC Lic. Grisel Guerrero, para el traslado de la menor y su madre a una entrevista en Circuito Cerrado de Televisión. Respecto a este acto, se dio  intervención a la defensa publica en cuanto a la representación de los indicados en la denuncia.  Esto en base a que los citados a los efectos de tomar conocimiento de las actuaciones pese a ser notificados, decidieron no apersonarse. 

En relación a la intervención de la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto sobre presuntas obstaculizaciones interpuestos por parte de  efectivos de la Comisaría N°44 de Coronel Juan Solá en relación a las manifestaciones de la primer denuncia, el avance de la investigación se encuentra a la espera de la ampliación de la declaración de la madre de la joven. 

Avanzan las investigaciones por incendios forestales en Orán

Desde la Procuración General fueron requeridos informes a distintos organismos provinciales y nacionales con el fin de determinar el origen y desplazamiento de los distintos focos ígneos producidos desde el pasado mes de julio hasta la  fecha, en el Distrito Judicial de Orán.

La Procuración General de la Provincia de Salta dispuso solicitar toda aquella información que se encuentre almacenada en distintas bases de datos provinciales y nacionales respecto de los incendios forestales sucedidos en el distrito judicial Orán a fin de aportar datos a las investigaciones iniciadas el pasado mes de agosto. 

En este sentido, resulta de vital importancia contar con la información que hayan recabado la Subsecretaría de Defensa Civil; la Unidad Regional N°8 de la Policía de Salta; la Administración de Parques Nacionales y el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación de la Nación; para poder contrastarla con los datos obtenidos por las Fiscales intervinientes y así determinar las causas de los incendios,  precisando si se trató de focos aislados, de prácticas irregulares o  de actividades deliberadas en contra del ambiente. 

Además, desde la Procuración General se requirió informe a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia a fin de que remita una nómina de los sumarios iniciados en el Departamento Judicial de Orán desde el mes de julio hasta la fecha y que versen sobre acciones de cambio de uso de suelo; de tala ilegal y/o de quema programada.  

Las investigaciones fiscales avanzan en forma convergente, para precisar la mecánica de los focos ígneos verificados en la Ciudad de Orán, así como aquellos que fueron detectados en la ruta 50; en las cercanías de la localidad de Isla de Cañas y en la ruta 18.-  

A su vez, el Área de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se encuentra procesando los datos recabados en la zona del desastre durante las inspecciones realizadas los días 9 y 10 de noviembre.  Se espera conocer las primeras conclusiones en los próximos días, lo que fortalecerá el avance de las investigaciones de las Sras. Fiscales de Orán.

Cabe destacar que el Ministerio Público Fiscal tomará todas las medidas necesarias para impedir que, ya sean autores malintencionados, ya sean aprovechadores de ocasión, pretendan explotar esas tierras y que se activarán los resortes legales para que las tierras arrasadas no puedan ser aprovechadas o utilizadas con fines productivos por el máximo legal, que en algunos casos puede llegar a los sesenta años.   

Investigan actuación policial respecto a una denuncia de abuso sexual

Se relaciona con la causa sobre la presunción de una madre de que su hija habría sido abusada por un diputado provincial y su chofer, sobre la cual realizan actuaciones desde la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto instruyó medidas a fin de investigar sobre posibles obstáculos interpuestos por parte de  efectivos de la Comisaría N°44 de Coronel Juan Solá a una madre, por una denuncia de abuso sexual hacia su hija menor de edad.

De acuerdo a manifestaciones periodísticas, la mujer solicitó asistencia a personas de su localidad para poder viajar y volver a denunciar en otra comisaría porque manifestó no sentirse segura luego de notar que en la denuncia con fecha 10/11/22 horas: 20.40, APN° 8/2022, el oficial ayudante que redactó la misma modificó el nombre del acusado y el contendido de lo que ella expresaba, valiéndose de su poco manejo del idioma castellano.

Inmediatamente de tomado conocimiento de la situación, la fiscal Souto envió personal a entrevistarse con la denunciante a fines de que sea citada a la fiscalía para la próxima semana, para recibirle la denuncia respecto a la actuación policial. La comparecencia se ajustará a los tiempos de la mujer, quien en estos momentos se encuentra acompañando a su hija, en las actuaciones iniciadas por la fiscal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, por sospechas de que la menor habría sido abusada por un diputado provincial y por su chofer. 

Cabe recordar que la fiscal Martínez ya solicitó que la menor de edad sea examinada por el servicio médico del Cuerpo de Investigadores Fiscales, para lo que fue trasladada a Orán, y reciba asistencia del Savic (Servicio de Asistencia a la Víctima).