El Ministerio Público Fiscal de Salta mediante resolución Nº 21608 estableció como periodo de feria judicial el comprendido entre el domingo 1 y el martes 31 de enero de 2023.
Se deja establecido que en el caso de las dependencias del fuero Penal, Fuero Civil, De Personas y Familia, Violencia Familiar y de Género y Cuerpo de Investigadores Fiscales que se encuentren de turno, la feria se desagregará del siguiente modo: primera quincena comprenderá desde las cero horas del domingo 1 hasta las 24 horas del sábado 15 de enero. La segunda quincena comprenderá desde las cero horas del lunes 16 hasta las 24 del martes 31.
En cuanto al periodo de feria para el resto de las dependencias judiciales: la primera quincena comprenderá desde el lunes 2 al viernes 13 de enero, y la segunda será desde el lunes 16 al martes 31 de enero.
El horario de atención durante enero será de 9 a 13 en turno matutino, y de 14 a 18 en el vespertino
Frente a la inhibición planteada por la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
El procurador general de la provincia Pedro García Castiella dispuso la creación de una Unidad Fiscal conformada por el fiscal penal Gabriel González y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, a fin de que ejerzan de manera conjunta la representación del Ministerio Público Fiscal, dando continuidad a la investigación de hechos denunciados, vinculados a la administración del Monasterio San Bernardo.
Obedece a tal resolución, la inhibición formulada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, dependencia que venía actuando en la investigación.
En la Procuración de la provincia de Salta, se analizó el estado actual y problemáticas presentes. Experimentados profesionales y técnicos coincidieron en la importancia de la convocatoria a fin de realizar un trabajo interdisciplinario de planificación.
Convocados por el procurador general de Salta Pedro García Castiella, para conocer diferentes perspectivas científico técnicas sobre la problemática socio-ambiental de la Subcuenca de los Ríos Arias-Arenales, se realizó una reunión técnica con centros científicos de la Universidad Nacional y Católica de Salta.
El encuentro realizado el pasado 12 de diciembre, contó con la presencia de investigadores y académicos de vasta trayectoria, alcanzados por los convenios de colaboración que los Fiscales mantienen con estas casas de estudios, lo que les permite colaborar científicamente como auxiliares de justicia.
Al darles la bienvenida, García Castiella manifestó la importancia de contar con la asistencia técnica de instituciones que tienen dilatada experiencia en la tarea de estudiar, muestrear, diagnosticar, proyectar, evaluar y monitorear las condiciones ambientales de la provincia, ratificando la importancia del trabajo interdisciplinario en materia ecológica.
Explicó el Procurador que la convocatoria se basó en dos finalidades: poner en valor el trabajo intelectual y de campo que realizan los centros académicos locales, para la perspectiva forense: y por otro lado, ampliar la óptica de enfoque más acotada que se tiene en los casos judicializados en los que intervienen los Fiscales en sus respectivas causas, para poder mirar los problemas en su integralidad. Esto les permitirá a los magistrados canalizar mejor las peticiones, reclamos y requisitorias que hacen ante los jueces, buscando orientar los trámites a las mejores soluciones posibles.
Por el Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la ingeniera química Leonor Barrenechea realizó un repaso de las causas investigadas sobre la subcuenca, tanto en la parte alta, en los cursos de las quebradas, en la Reserva Hídrica de Finca Las Costas, como en el propio cauce de los ríos Arias y Arenales.
Expuso que los valores de estas aguas hacen considerarlas no propias para uso recreativo en contacto directo, y que se detectaron metales peligrosos para la protección de vida acuática. Advirtió la presencia de residuos en distintos puntos sobre las márgenes del tramo urbano, todo lo cual termina recalando en la parte baja de la sub cuenca, caracterizada por el embalse Cabra Corral.
Por el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), de la Facultad de Ingeniería de la UNSa. y el CONICET, Verónica Rajal explico una serie de informes basados en estudios realizados en la zona media de la sub cuenca, donde se encuentra el sector más urbanizado del valle.
La ingeniera detalló sobre los resultados obtenidos de tesis doctorales y trabajos de investigación. Confirmó los datos del CIF y evidencio la presencia de bacterias virus y parásitos. Puntualizó que, del estudio de riesgo sobre la población afectada, tanto para contacto por inmersión como contacto mano-boca, las conclusiones son en extremo preocupantes.
En cuanto a perspectivas de mejoramiento, el magister arquitecto Pedro Fernández, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta, y quien fuera uno de los artífices del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de Salta, explicó que para esta problemática interesa la interfase entre lo urbano y la ribera del río. Expuso el docente e investigador científico, que todo lo que se hace en la ciudad, repercute en el río; y detalló obligaciones urbanísticas que están plasmadas en los PIDUA I y II que ayudarían a abordar los problemas planteados. El profesional marcó como un desafío a resolver la situación de las márgenes, en donde se encuentran asentadas en lugares muy riesgosos e insanos algunas barriadas.
Seguidamente la master Ana Zelarayán, secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa., realizó un abordaje de la problemática del Rio Arenales desde la integridad territorial y la dinámica social y económica. Explicó se debe trabajar en el ordenamiento ambiental del territorio, y que las unidades de cuenca hídrica son la mejor escala de medida. En la exposición de la licenciada en Recursos Naturales, fue apoyada por la diplomada y licenciada Silvia Ferreira, directora del Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña, quien hizo hincapié en la tarea de planificación, gestión y estabilización de las áreas altas de la subcuenca.
La doctora en Geología del Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA), Verónica Rocha Fassola, por su parte, destacó la necesidad de tener en cuenta la dinámica de los sistemas acuíferos, es decir, el cómo actúan en todo este esquema las aguas subterráneas.
En el espacio final de dialogo y preguntas, se profundizaron algunas dudas que los fiscales civiles, Ramiro Michel Cullen y Agustín Vidal y el fiscal penal Federico Jovanovics, plantearon respecto a causas particulares.
En el cierre, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, manifestó la importancia de contar con los cuadros técnicos de las Universidades de la provincia, y su intención de profundizar la tarea de colaboración con las facultades y los institutos científicos.
Los implicados son parte de los 29 imputados por la falsa financiera que operaba en Salta y que estafó a más de 700 personas, en su mayoría, personal policial de menor jerarquía. La fiscal interviniente insisitirá en su reclamo para que se revoque la decisión judicial de beneficiar con prisión domiciliaria a quince involucrados.
La titular de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio inició la ampliación de imputaciones en las que se ratifica el delito de asociación ilícita por más de 700 estafas, para 22 de los 29 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos y Asociados. Se suma además, un nuevo imputado que reviste en la fuerza policial, a quien se lo imputará por asociación ilícita y abuso de autoridad.
En la audiencia de hoy, Cinthia Moya, Florencia Laguna y Macarena Párraga, quienes tuvieron un papel significativo en la estafa y comparten el mismo abogado defensor Luis Díaz Zabalaga, se abstuvieron de declarar. Las 19 personas restantes, serán citadas en el transcurso de la semana.
Reclamo
Por su parte, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio manifestó su intención de dar continuidad en instancias superiores el reclamo correspondiente a la decisión del juez Pablo Arancibia, de la Sala 2 del Tribunal de impugnación, de otorgar la libertad domiciliaria a 15 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, considerando que no se realizó una adecuada valoración de la situación actual de los encausados, representando un serio riesgo procesal para la causa.
Destacó que el beneficio, fue tomado sin tener en cuenta la gravedad del delito imputado, ni los riesgos procesales que podrían traer aparejados la libertad no solo de Alejandra Macarena Párraga y Cynthia Elizabeth Moya, organizadoras de la falsa financiera, sino también del resto de los imputados.
Cabe destacar también que los abogados patrocinantes de las víctimas de estafa, se encuentran solicitando que se les revoque la prisión domiciliaria a las personas beneficiadas
La causa
La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.
El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.
De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.
Del total de 29 imputados, 14 de ellos son miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.
En la causa, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.
Se trataría de una terminal perteneciente a la Policía de la Provincia de Salta. Se recuerda que cualquier acceso, divulgación y publicación de datos de manera ilegal, se encuentra penalizado.
La titular de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, tomó intervención en carácter de notitia crimini, en relación a publicaciones en redes sociales que dan cuenta del acceso indebido a la base de datos de la Policía de la Provincia de Salta.
La investigación se inició por el delito de acceso indebido a base de datos y daño informático, en perjuicio del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta.
Del análisis realizado por los investigadores se logró detectar datos de la cuenta identificada y, a requerimiento de la Fiscalía, se recibieron informes provenientes del área de informática y se tomaron declaraciones testimoniales a los fines de profundizar la investigación.
Cabe destacar que el artículo 5 de la Ley 26.388 de Delitos Informáticos penaliza el acceso a un sistema o dato informático prohibido; con agravante si se tratare de un sistema o dato informático de un organismo estatal.
Además, el Código Penal, condena a quien a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediera ilegítimamente a un banco de datos, proporcione, de a conocer o publique información registrada en un archivo o en un banco de datos, cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.
Respondió a un pedido de la defensa. Junto a la exsecretaria de hacienda del Municipio de Campo Quijano están acusados de peculado e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
La titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, recibió formalmente la notificación de suspensión del juicio oral y público que debía dar inicio el 21 de diciembre, en la causa que se sigue contra Manuel Cornejo y Carmen Méndez.
La medida, obedece al pedido de la defensa del ex intendente de Campo Quijano que argumentó resultaría imposible que las partes cuenten con las conclusiones técnicas de los peritos para dicha fecha, alegando haber tomado posesión tardíamente por razones de salud, pese a no existir impedimento para que dicho informe fuere incorporado durante el curso del debate.
El juez de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Guillermo Pereyra, ordenó suspender el inicio de la audiencia de debate hasta tanto se fije nueva fecha, manteniendo la habilitación de la causa para su tramitación durante la feria iudicial ordinaria del mes de enero de 2023.
Manuel Cornejo exintendente de Campo Quijano, está imputado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real. Por su parte, Carmen Rosa Méndez, exsecretaria de Hacienda de ese municipio, está acusada como autora de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.
A consideración de la fiscalía actuante, tanto Cornejo como Méndez desplegaron conductas penales típicas del peculado, pues eran quienes tenían a su cargo la administración y custodia de los caudales públicos, de los que se apropiaron y que les correspondía administrar, con abuso del poder de Cornejo en disponibilidad que le fuera otorgado en razón de su cargo y con el consiguiente quebranto para las arcas públicas.
El hecho ocurrió en noviembre de 2021. Pese a que el condenado negó los hechos, se acreditaron el ataque y los daños producidos a la víctima.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal,Lorena Martínez representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio llevado adelante en el que se logró la condena a siete años de prisión efectiva para José Luis Martínez, por resultar autor material y responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y coacción en contexto de género.
El acusado, fue detenido luego de la denuncia de su pareja, y en el debate negó los hechos, brindando una versión en la que supuestamente él era víctima. Sin embargo, las numerosas lesiones en todo el cuerpo de la mujer fueron constatadas, acreditando el ataque a la integridad física y sexual de la víctima en un hecho que ocurrió en noviembre de 2021, en el domicilio donde ambos convivían.
Además de la condena de prisión, el Tribunal de Juicio Sala 2 Vocalía 1, ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos.
Los hechos habrían sido cometidos por el marido de su madre, de quien actualmente se encuentra separada. La menor era amenazada para que no contara los abusos, cuyos signos fueron ratificados por una médica legal del CIF.
La Fiscal Penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, Maria Soledad Filtrin Cuezzo, imputó a un hombre por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, y la convivencia y desobediencia judicial en concurso real en perjuicio de una menor de edad.
La investigación se inició a partir de la denuncia efectuada el pasado lunes, por una mujer en contra de su esposo, de quien actualmente se encuentra separada. Según expuso, su hija de 17 años de edad manifestó que el hombre la abusaba sexualmente desde los 12 años y que la situación se repitió dos semanas atrás por la noche, en circunstancias en las que el denunciado fue a retirar a sus otros tres hijos biológicos para llevarlos a su vivienda.
La denunciante mencionó que con el acusado convivieron desde que su hija tenia cinco años, y que la menor le manifestó que no había contado antes lo que sucedía porque el acusado la mantenía amenazada.
En tanto, la menor ratificó ante la Fiscalía la acusación de su madre, mencionando que el acusado aprovechaba cada momento que se quedaban a solas para cometer el delito, lo cual hacia de manera consciente ya que no consumía ni alcohol ni otras sustancias. Posteriormente, una médica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) pudo constatar signos de abuso en la menor.
El delito que se le atribuye al acusado, se encuentra agravado debido al vinculo matrimonial que existe entre el imputado y la madre de la damnificada (aun cuando se encuentran separados), ya que ambos convivían en idéntica morada, por lo que en consecuencia el hombre también se encontraba a cargo del cuidado de la menor, circunstancias que han sido aprovechadas a fin de lograr con éxito sus acciones ilícitas.
Respecto al delito de desobediencia judicial, el imputado ignoró disposiciones de la Jueza de Violencia Familiar y de Género, que le impuso medidas de exclusión del hogar, prohibición de ejercer hechos de violencia, y prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima (lugar en el cual también reside la menor damnificada). El último episodio de afrenta sexual se habría llevado a cabo en horas de la noche y en el inmueble de la denunciante, al cual el hombre ingresó, desoyendo deliberadamente el mandato judicial que pesa en su contra.
El ex funcionario cumplirá 3 años de prisión de ejecución condicional y Sergio Armando 2 años y 8 meses bajo la misma modalidad. Ambos cumplirán reglas de conducta por el término de la pena impuesta.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Gonza por fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor y contra el empresario Sergio Armando, por fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.
En el veredicto, el Tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Longarte, Gabriela González y Javier Aranibar, impusieron a Gonza la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al cumplimiento de reglas de conducta como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios en concurso real.
Sergio Armando fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de la pena como autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (2 hechos) y partícipe necesario de peculado de trabajos y servicios.
El juicio inició el 3 de octubre pasado por dos hechos independientes entre sí: el primero, relacionado a las casillas del Plan “Una casa para tu hogar” y, el segundo, a un puente sobre calle Belgrano.
La Compañía se comprometió a un monitoreo, análisis de alternativas y variables constructivas con tecnología superior entre otras medidas. A posterior, se realizará una auditoría socio-ambiental.
Luego de un proceso llevado adelante por el Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal, la Empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L llegó a un Acuerdo con la Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito Orán, Marcela Fernández, en el cual se comprometió voluntariamente a una renovación de los criterios de explotación de sus concesiones, suministros 712 y 713 correspondientes a los ríos Blanco y Pescado, otorgadas por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta.
El caso fue derivado a mediación por la Fiscal Penal, a solicitud de la Empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L.
En dicho contexto de negociación intervino el Area de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), pudiendo advertirse que las concesiones para el uso de agua eran de muy antigua data y estaban sometidas a criterios de explotación que justificaban una adecuación a los estándares vigentes en materia de explotación de los recursos naturales desde el paradigma actual del modelo eco-céntrico o sistémico.
Por tal razón y en virtud de las funciones atribuidas por la ley al Ministerio Publico, se iniciaron conversaciones técnico-ambientales que culminaron en un Acuerdo de naturaleza ambiental, que consiste en un Monitoreo ambiental, análisis de alternativas a las obras de suministros por terraplén y canales existentes, junto a la variable constructiva que represente la mejor tecnología disponible, y una Auditoria socio ambiental, auditada por el Ministerio Público Fiscal, bajo especificaciones técnicas concretas.
En el proceso de diálogo participaron también la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta, la Secretaria de Ambiente y la Secretaria de Asuntos Indígenas.
Audiencia Pública
Con posterioridad a la firma del Acuerdo, la Fiscal Marcela Fernandez inició el tramite homologatorio del Acuerdo ante el Juzgado Civil y Comercial N°1 del Distrito Oran a cargo de Eugenia Fernandez de Ulivarri quien en virtud de la naturaleza colectiva de la acción, corrió vista a la Procuración General.
Es así como la Procuración General se expidió opinando que la Jueza interviniente debe proceder a certificar el trámite como homologación colectiva ambiental, registrando el proceso en los terminos de la Ley Provincial 7968.
En el marco señalado la Jueza Eugenia Fernandez de Ulivarri convocó a Audiencia Pública Informativa la que se llevó adelante los días 1 y 2 de diciembre del corriente año en el la Ciudad San Ramón de la Nueva Orán y se transmitió por el canal de Youtube del Poder Judicial de Salta. En los mismos días se realizó un reconocimiento del aréa del conflicto en horario matutino.
La Audiencia Pública tuvo como objetivo poner en conocimiento la existencia del Acuerdo, su trámite homologatorio y escuchar a diferentes sectores de la sociedad.
La Audiencia estuvo encabezada por la Jueza en lo Civil y Comercial N°1 del Distrito Orán Eugenia Fernandez de Ulivarri. Participaron Marcela de Los Angeles Fernandez Fiscal Civil, Comercial y Laboral del Distrito Oran como parte firmante del Acuerdo, Sebastian Lloret Secretario Relator de Ambiente del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Salta , Gladys Reynoso Asesora de Menores de Orán N°1, del Area de Ambiente del Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF) José Manzano y Eliseo Joel Medina, por la Secretaría de Recursos Hídricos David Le Favi y Alfredo Sulekic, los Mediadores intervinientes Nancy Valencia Donat, María Lelia Martinez y Sergio Arch, Apoderados y Técnicos de la Empresa Seabord Energias Renovables y Alimentos S.R.L, Técnicos de la Empresa Pacha Consultora Ambiental contratada por la Empresa Seabord para realizar las actividades comprometidas en el Acuerdo, representados por Ariel Martinez, Presidente de la Comunidad Ava Guaraní, intergrantes de la comunidad originaria y otros ciudadanos de la sociedad en general.
Hacia el final de la reunión, Eugenia Fernandez de Ulivarri manifestó que luego de convocar a terceros (Ramón Tuma; Finca Abra Grande, de Mario Gerala; Aguas del Norte; y varias canteras de explotaciones de la zona) y cumplidos todos los pasos procesales, emitirá su resolución y solicitará las medidas tendientes a evitar o mitigar cualquier daño ambiental que, eventualmente, se compruebe, en resguardo de los intereses de los habitantes de la ciudad de Salta, usuarios de agua pública, que constituyen el colectivo que pudiera verse afectado.
