Marcela Perez

Apolinario Saravia: Dos jóvenes acusados de comercializar estupefacientes

Tras una denuncia web, se inició una investigación sobre la actividad ilícita que estarían desplegando los acusados en la localidad bajo modalidad boca de expendio. Uno de ellos ya fue imputado y el otro permanece internado.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Apolinario Saravia, imputó en forma provisional a un hombre de 23 años como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y el otro joven acusado será imputado cuando su situación de salud lo permita.

La investigación inició a partir de una denuncia web donde señalaba a los acusados como quienes estaría comercializando sustancias estupefacientes bajo la modalidad boca de expendio en sus domicilios de Apolinario Saravia.

Con los elementos de convicción necesarios, desde la Fiscalía se solicitó orden de allanamiento para los dos domicilios y en cumplimiento de la medida se secuestraron dosis de marihuana y cocaína, dinero, celulares, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.

Se solicitó que el acusado ya imputado, permanezca detenido, mientras se espera el restablecimiento del otro acusado para realizar la audiencia de imputación.

Orán: Nuevo imputado en la causa por el robo a una empresa frutihortícola

La fiscal había solicitado formalmente su detención. Se continúa con la investigación para el esclarecimiento del hecho.

En el marco de la investigación por un robo millonario perpetrado en fecha 16 de diciembre pasado en las oficinas de la Empresa Abra del Sol, la fiscal penal 2 de Orán Mariana Torres imputó a un sexto involucrado, sobre el cual había realizado un pedido formal de detención ante el juez interviniente.

El hombre, que fue detenido por la Brigada de Investigaciones, prestó declaración acompañado de su abogado defensor. Se lo imputó por la conducta delictiva de robo doblemente calificado por ser en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego; privación ilegítima de la libertad; robo calificado y asociación ilícita, agravado por la intervención de menor de edad todo en concurso real en calidad de partícipe necesario. 

Cabe destacar que en el marco de esta causa, fueron anteriormente imputados cuatro hombres mayores y un menor de edad, como principales sospechosos del robo.

Durante la investigación se desplegaron numerosas tareas que permitieron individualizar a los posibles sospechosos de haber cometido el ilícito. Se realizaron 18 allanamientos en los que se secuestraron elementos de interés para la causa, una importante cantidad de dinero, el celular de una de las empleadas de la empresa que había sido sustraído y prendas de vestir que coincidirían con las usadas durante el hecho.

Se descartan signos de violencia en la muerte de un hombre en Metán

Había estado previamente participando de una reunión social. Pasadas las 23 horas se alertó a la fuerzas de seguridad.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, intervino en la investigación de un hecho en el que un hombre de 37 años fue encontrado sin vida  en una vivienda de San José de Metán. 

El fiscal, dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor en el lugar, a fin de esclarecer lo sucedido, no habiéndose detectado signos de violencia que hicieran presumir que fuera víctima de la comisión de un delito

El informe preliminar de la autopsia determinó que el hombre identificado como David Melian, falleció por paro cardiorespiratorio. 

Se investigan maniobras extorsivas contra un precandidato a intendente

El damnificado amplió su denuncia por nuevos episodios acaecidos.  Se tomaron declaraciones testimoniales.

 Mediante Resolución N° 1411 de fecha 16 de febrero de 2023, la Procuración General de la Provincia había dispuesto la creación de una Unidad Fiscal conformada por la fiscal de Ciberdelitos Sofía Cornejo y el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, a fin de investigar las supuestas coacciones contra un precandidato a intendente de la ciudad de Salta, denunciadas en fecha 10 de febrero de este año.

En el marco de dichas actuaciones que se venían tramitando con anterioridad, en el día de ayer el damnificado -precandidato a intendente de la ciudad de Salta- realizó ampliación de denuncia por nuevos hechos ocurridos, consistente en acciones extorsivas y coacción mediante el uso de imágenes presuntamente adulteradas, y amparadas bajo la figura del anonimato; tras lo cual se ordenaron medidas investigativas de este nuevo hecho.

 A fin de avanzar con la investigación, se tomaron dos declaraciones testimoniales tendientes a ampliar la información recibida, y continuar las investigaciones debidas a fines de determinar responsabilidades y el esclarecimiento de los hechos denunciados.

En el Día Internacional de la Mujer renovamos nuestro compromiso de garantizar una vida plena de derechos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio Público Fiscal renueva el compromiso diario asumido por cada uno de sus integrantes, de proteger el bienestar, la seguridad, y garantizar el acceso de las mujeres a la justicia.

Las leyes y su aplicación eficaz son un pilar fundamental de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, como así también respuesta a esta grave vulneración de los derechos humanos. Es por eso que trabajamos en el permanente desarrollo y crecimiento de estrategias en materia de política criminal de género y diversidad, analizando, visibilizando, promoviendo y diseñando herramientas y acciones para fortalecer la actuación del Ministerio Público Fiscal de Salta dentro del ámbito de sus incumbencias y responsabilidades y afrontar los próximos desafíos.

Con la premisa de que todas las mujeres se sientan escuchadas y protegidas, actuamos comprometidos en el fortalecimiento de la respuesta que debemos brindarles, desde el contacto inicial y a lo largo de todo el proceso, apoyando su camino hacia la justicia sin discriminaciones, sesgos ni prejuicios. En este sentido, la más reciente disposición del MPFS, ha sido el fortalecimiento de las Fiscalías Penales del Distrito Centro a través de una  Convocatoria a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la cobertura de seis cargos de Auxiliar de Fiscalía Penal.

Atentos a la problemática en el norte de la provincia, relacionada a la narcocriminalidad y delitos conexos, que en muchos casos también se encuentra presente en casos de violencia que afectan a mujeres, se dispuso la creación de una Unidad Especial de Investigaciones del Norte a fin de reforzar el despliegue regional de las actividades del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e incrementar la capacidad investigativa de las Fiscalías Penales de los Distritos Judiciales de Orán y Tartagal. A la par, desde estas Fiscalías, se impone la premisa de analizar la existencia de situaciones de vulnerabilidad, la posible existencia de otros delitos vinculados con la violencia de género y/o la trata de personas, la detección y persecución de ciberdelitos y utilización de material de abuso sexual infantil, entre otras realidades que pueden estar aconteciendo, incorporando perspectiva de género y victimológica.

La muerte violenta de mujeres es un fenómeno extendido a nivel global; su prevalencia va en aumento en todo el mundo y está cobrando proporciones alarmantes. Es por eso que desde la Procuración se dispuso que, ante el inicio de cualquier investigación por muerte violenta de una mujer, un supuesto suicidio o muerte accidental, deberá presumirse primeramente la comisión de los delitos de femicidio, cumpliendo con las pautas, protocolos y medidas previstas, hasta tanto se pueda descartar la comisión dolosa con un debido razonamiento probatorio e indiciario. Esta regla también fue extendida a casos de aparentes suicidios o muerte violenta con presunción de conexidad con criminalidad compleja.

El logro de investigaciones exitosas que permitan el enjuiciamiento y el justo castigo de cada caso de delitos vinculados con el género y las distintas violencias resulta una herramienta indispensable para pulverizar cualquier ideación o falsa expectativa de impunidad ante su acometimiento; sólo así podrá cimentarse la advertencia en la conciencia colectiva -en términos de prevención general- de que cada conducta violenta  arrastrará como consecuencia su sanción penal.

Basados en una estrategia central de multiplicación, se concentran los esfuerzos en la capacitación permanente del personal perteneciente al Ministerio Público Fiscal para que éstos se conviertan en agentes multiplicadores en género, derechos humanos y prevención de la violencia.

Desde el Servicio de Atención a las Víctimas (Savic), Fiscalías de Violencia Familiar y de Género, Unidad de Femicidios, Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y las distintas Fiscalías Penales se trabaja incansablemente para detener las violencias contra la vida de mujeres y personas miembros del colectivo LGBTIQ+ y delitos contra la integridad sexual, procurando los mecanismos más aptos para otorgar una red de contención y acompañamiento suficiente, especialmente en aquellos casos de sectores de extrema vulnerabilidad.

Los crimenes relacionados con el género y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas no son inevitables, pero pueden y deben prevenirse a través de la intervención temprana y una necesaria asociación multisectorial, aumentando la sensibilización y perfeccionamiento del sistema. Mejorar la coordinación estratégica de los múltiples sectores comprometidos, trabajo conjunto, concientizar, promover la escucha activa, garantizar la atención y la protección de las mujeres es el camino que nos llevará a la reversión y disrupción cultural que permita concretar este ansiado deseo de terminar con este flagelo.

Pedro García Castiella

Procurador General de la Provincia de Salta

Funcionarios de los ministerios de Seguridad de Nación y Provincia visitaron la Fiscalía de Ciberdelitos

El procurador general de la provincia Pedro García Castiella recibió hoy una comitiva de funcionarios, encabezada por el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lucas Gaincerain, el director de Investigaciones del Ciberdelito, Pedro Janices, y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia Marcelo Domínguez, quienes se interiorizaron sobre el trabajo que viene llevando a cabo la Fiscalía de Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de Salta.

En la oportunidad, tomaron contacto con los cuerpos periciales de apoyo para la investigación con los que cuenta la Fiscalía de Ciberdelitos, entre los que se encuentra el Gabinete de Informática Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), tomando conocimiento sobre las actividades que vienen realizando desde su reciente creación, a fin de combatir con más eficacia la delincuencia informática, incluso mediante la prevención, la detección, la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos en todas sus formas.

Se expuso a los visitantes durante su recorrido, sobre  la gestión y actualización de técnicas y herramientas empleadas por los distintos actores involucrados en la investigación de hechos delictivos complejizados por el uso de las nuevas tecnologías.

Acompañaron a los funcionarios, la directora del CIF Gabriela Buabse, y la fiscal penal de Ciberdelitos Sofía Cornejo.

Unidad Fiscal para investigar denuncia a funcionarios judiciales de Tartagal

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso con fecha 24 de febrero del corriente año, la conformación de una Unidad Fiscal a los fines de que se investigue la denuncia efectuada por una ciudadana tartagalense, en virtud de la cual, se acusa a varios magistrados y funcionarios que prestan funciones tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público en el Distrito Judicial Tartagal.

Dicha Unidad fue integrada por la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, y el fiscal penal N 2 del Distrito Judicial Centro, Ramiro Ramos Ossorio, quienes estarán al frente de la investigación del caso.

La denuncia se radicó en contra de una fiscal, dos jueces, dos defensoras oficiales, un asesor de incapaces y dos licenciadas en psicología, por sus actuaciones en una causa donde estuvieron imputados dos sobrinos de la denunciante por abusar sexualmente de una niña, bajo el entendimiento según el texto de la denuncia, de que nunca podrían haber estado acusados ya que padecerían de determinado retraso mental.

Con la creación de la Unidad Fiscal para avocarse al caso, se garantiza la seriedad y objetividad en el ejercicio de la acción penal, al tiempo que se multiplica la capacidad operativa y técnica del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de alcanzar la verdad sobre los hechos.

Cabe tener presente, que en la causa que da origen a la actual denuncia, los sobrinos de la ahora denunciante fueron imputados por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente y por la minoría de edad de la víctima (art. 119, 3er. y 4to. párrafo, inc. f, del Código Penal) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia preexistente y por la minoría de edad de la víctima (art. 119, 2do. y 4to. párrafo, inc. f, del Código Penal), por una indeterminada cantidad de hechos que se reiteraron desde que la niña abusada tenía 7 años de edad. En razón de ello, los acusados fueron privados de libertad durante la tramitación del proceso. Luego de practicarse una junta médica por dos psiquiatras, en la que se concluyó que los imputados eran inimputables, el Tribunal de Juicio dictó el sobreseimiento (citando lo dispuesto por los arts. 34 del Código Penal y el art. 328, inc. 2, del Código Procesal Penal) y dispuso como medida de seguridad la internación provisional de ambos en el Hospital de Salud Mental “Ragone” (citando lo regulado por Acordada 12.380 de la Corte de Justicia de Salta) y remitió las actuaciones al Juzgado de Ejecución competente.

 El ordenamiento penal de nuestro país tiene prevista tradicionalmente dos posibles consecuencias jurídicas ante un hecho delictivo, la pena y la medida de seguridad. La segunda se reserva para aquéllos sujetos que, habiendo cometido un hecho típicamente delictivo, lo hicieron en estado de inimputabilidad (por no haber podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones –art. 34, CP-), por lo que se le aplica una medida de seguridad tendiente a evitar que se dañe a sí mismo o a terceros, debido a la peligrosidad que demuestre.

El Procurador General creó la Unidad Especial de Investigaciones del Norte para fortalecer la actividad regional del C.I.F.

Se dispondrá de más recursos y tecnología avanzada dirigidos a optimizar las investigaciones y garantizar a la ciudadanía mayor eficiencia en el abordaje penal de los delitos.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castilla, dispuso la creación de una Unidad Especial de Investigaciones del Norte, a fin de reforzar el despliegue regional de las actividades del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e incrementar la capacidad investigativa de las Fiscalías Penales de los Distritos Judiciales de Orán y Tartagal, implicando una importante esfuerzo económico en dotación de tecnología de avanzada, personal especializado y logística en general.

Considerando como aspecto fundamental de la política criminal indispensable en dicha región, teniendo en cuenta las modalidades delictivas que se presentan en el Norte de nuestra provincia, las que resultan ser cada vez más complejas y con intervención de actores interjurisdiccionales debido a las zonas fronterizas que abarca, evaluó el Procurador que resultaba necesario crear la mencionada Unidad, dotando de mayores recursos y tecnología adecuada para brindar soporte a las investigaciones penales cuya responsabilidad recae sobre los Fiscales de la región.

No es menor resaltar que en el Norte de nuestra provincia han acaecido casos de gran connotación social, relacionados a crímenes por ajuste de cuenta (sicariato), secuestros extorsivos, delitos contra la propiedad (robo de vehículos con paso fronterizo) y demás tipologías vinculadas al narcotráfico, en donde el escenario delictivo demanda en términos de política criminal, urgentes ajustes orientados a  incrementar la capacidad investigativa, operativa y de análisis que debe llevar adelante el Ministerio Público Fiscal, siendo la creación de esta Unidad y el fortalecimiento de una base operativa regional del C.I.F. un centro estratégico para cubrir las demandas investigativas de los departamentos de Orán, General San Martín y Rivadavia.

La Ley Orgánica del CIF (7665) establece que el Departamento de Investigaciones de dicho Cuerpo se integra con unidades especiales que serán las «encargadas cumplir las diligencias de investigación relacionadas con cada uno de los hechos delictivos en los que los fiscales requieran su intervención». De esta forma, el Ministerio Público Fiscal puede contar con un equipo altamente capacitado, abocado exclusivamente a las tareas de análisis e investigación, lo que redunda en mejores resultados para el abordaje de los hechos delictivos.

También corresponde destacar que en virtud de convenios de colaboración mutua celebrados con anterioridad con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, es posible integrar la Unidad Especial de Investigaciones del Norte con personal policial experto y calificado, cuyo perfil resulte adecuado para ese tipo de actividades.  Afectados a esa función específica, cumplirán de modo directo con las directivas que emanen de las y los Fiscales en cada caso, inmediación que hará más eficiente y fluida la comunicación entre quienes tienen el deber de ejercitar la acción penal pública y sus auxiliares en la investigación.

La puesta en marcha de la Unidad Especial de Investigaciones del Norte se propone redundar en beneficio del esclarecimiento de los hechos más graves y complejos que se susciten en el norte provincial, procurando con ello que el sistema de justicia brinde a la ciudadanía respuestas de mayor calidad y un freno a la instalación de estas modalidades delictivas en la región y la provincia misma.

Levantan la clausura del circuito turístico Cascadas del Río Colorado, El Divisadero, de Cafayate

La fiscalía se expidió a favor de la medida provisoria. El intendente presentó un plan de trabajo piloto para su recuperación turística.

En 2019, la justicia había ordenado mantener la clausura del circuito turístico denominado «El Divisadero», Cascadas del Río Colorado, en el departamento Cafayate y ampliar la restricción de ingreso cautelar de toda persona hasta tanto no se den las condiciones de seguridad para los visitantes y los que realicen actividad de guiado y/o comercial. Se había establecido también la posibilidad de la revisión posterior, cuando las condiciones qué la motivaron hayan desaparecido o no sean necesario su mantenimiento.

El Intendente de la Municipalidad de Cafayate, solicitó el levantamiento de la medida dispuesta, presentando un plan de trabajo sobre reapertura del citado circuito turístico a modo de prueba piloto con fecha de evaluación para el mes de abril del año en curso. Hace referencia a la modalidad sobre la administración y control a su cargo, seguridad y grupos de guiado con documentación adjuntada respecto de seguro civil, responsabilidad, informe técnico, listado de guías y plan de trabajo.

La fiscal penal Sandra Rojas, conforme a sus atribuciones, como promotora y titular del ejercicio de la acción penal, se pronunció en forma favorable al levantamiento provisorio de la medida cautelar que pesa sobre el circuito turístico, en función de la documentación presentada y la asunción de la administración y control por parte de la Municipalidad de Cafayate.

Es por eso que la Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y de Garantías de Cafayate María Virginia Toranzos, considerando la presentación, que hace variar las circunstancias iniciales que motivaron la clausura del circuito turístico consideró que “su subsistencia pierde entidad reglamentaria provisional y finalidad protectoria procesal, deviniendo como consecuencia la necesidad de su levantamiento en función, también, de la revisión establecida legalmente en el sistema procesal penal local”.

Procuradores del país expresaron su preocupación por el narcotráfico y reclaman políticas de estado conjuntas y coordinadas con Nación

Ante la ola de hechos trágicos e inseguridad vinculados al narcotráfico registrados en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Procuradores Generales de las distintas provincias realizaron un pronunciamiento calificando la situación como “gravísima”.

Procuradores y Fiscales de las distintas jurisdicciones provinciales, entre ellos el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, advirtieron sobre la alarmante situación y reclamaron «una política de Estado que opere de manera conjunta y coordinada entre los estados provinciales y la Nación».

En un comunicado conjunto, los funcionarios se mostraron preocupados por «la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico».

Remarcaron la necesidad de una «política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro país».

«Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente», señalaron.

Añadieron también: ”No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal».

En ese contexto, consideraron «necesaria y urgente» la adopción de «medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad”.

Es preocupación de la Procuración General de la provincia de Salta en consonancia con el resto de los Procuradores, la replica de este flagelo en todo el territorio nacional. De esta manera, pusieron a disposición «toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar». A su vez, propusieron que, «desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo».

En la misma línea, los funcionarios provinciales expresaron un «incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional».

«Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos», concluye el comunicado.

Además de la firma del procurador general de Salta Pedro García Castiella, se encuentra la del procurador de Santa Fe, Jorge Barraguirre, y del fiscal general Jorge Baclini, junto a la de sus pares de las distintas provincias de Mendoza, Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Catamarca, Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Neuquén.

El comunicado completo:

 

COMUNICADO
Los Procuradores y Fiscales Generales, Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de las Provincias que integran la República Argentina, y miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, individualizados al pie del comunicado, profundamente preocupados por la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico en la misma, manifestamos:

1- Que desde hace varios años venimos denunciando la gravísima situación que se presenta en esta materia, y la necesidad de una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro País. Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente.

2- No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal.

3-El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad.

4-Nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática.

5-Es en mérito de ello que ponemos a disposición toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar, y proponemos que, desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo.

6-Por último, manifestamos nuestro incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional.

7- Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos.

Suscriben la presente:
Alejandro Gullé –Presidente – Procurador General Provincia de Mendoza Jorge Crespo- Presidente-Procurador General Provincia de Rio Negro Eduardo Quatropani- Fiscal General Provincia de San Juan
Julio Conte Grand- Procurador General Provincia de Buenos Aires
Juan Bautista Mahiques- Fiscal General de CABA
Jorge Barraguirre- Procurador General Provincia de Santa Fe
Juan Manuel Delgado- Fiscal General Provincia de Córdoba
César Sotelo – Fiscal General Provincia de Corrientes
Jorge García- Procurador General Provincia de Entre Ríos
Jorge Miquelarena- Procurador General Provincia de Chubut
Luis Martínez- Procurador General Provincia de San Luis
Jorge Baclini- Fiscal General Provincia de Santa Fe
Tristán Lobo- Procurador General Provincia de Catamarca
Jorge Canteros – Procurador General Provincia de Chaco
Pedro García Castiella- Procurador General Provincia de Salta
Miguel Piñero- Procurador General Provincia de Misiones
Luis De La Rúa- Fiscal General Provincia de Santiago del Estero                                                                                                                 José Ignacio Gerez – Fiscal General de la Provincia de Neuquén

                                                                                                                                                                             Febrero 13 de 2023.-