El hombre conocía a la propietaria del inmueble del que sustrajo una bolsa conteniendo dinero en efectivo. Se solicitó la prisión preventiva.
El fiscal penal 5 interino en feria, Santiago López Soto, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de robo simple, a un hombre de 55 años.
El hecho sucedió la noche del 23 de enero, en un domicilio de Pasaje Metán al 1900, donde luego de romper los vidrios de una ventana, el acusado habría sustraído de un ropero, una bolsa que contenía 1 millón 500 mil pesos.
El hombre fue interceptado por dos ocasionales transeúntes que lo persiguieron, rechazando la oferta de dinero a cambio de silencio, pese a lo cual el imputado les arrojó un fajo, que los testigos entregaron a la damnificada. La denunciante les mostró una fotografía de perfil del acusado que tenía en su celular, quien había trabajado en su vivienda como pintor, siendo reconocido por ambos.
A posterior, gracias a la
intervención de personal policial, se logró el secuestro de parte del dinero
sustraído, del domicilio del acusado.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. En tanto, el fiscal López Soto solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva.
Los elementos sustraídos, cuyo valor alcanza los 6 millones de pesos, aproximadamente, habían sido sustraídos por el hombre de un local en el que hacía tareas de refacción durante un fin de semana, y trasladados a dos domicilios. Se solicitó prisión preventiva.
El fiscal penal 5 interino en feria, Santiago López Soto, imputó de forma provisional por el delito de estelionato, a un hombre de 37 años.
Según consta en las actuaciones, el hecho ocurrió en un local de venta de automóviles usados y electrodomésticos varios, ubicado en calle Junín, primera cuadra. El acusado, aprovechándose de la confianza del damnificado y con la excusa de realizar trabajos en el interior del local, habría sustraído distintos bienes, para luego venderlos o empeñarlos, a cambio de dinero.
Los elementos, cuyo secuestro se realizó en dos domicilios de terceros, aportados por el acusado, son: un automóvil Renault Clío; dos motocicletas; tres ventiladores nuevos; dos piletas nuevas; ocho colchones; un aire acondicionado usado; un cargador nuevo de batería de automóvil; un lavarropas; un televisor smart, nuevo, de 32”; un freezer y dos sillas.
El hombre había sido contratado eventualmente para realizar tareas de pintura, habiéndose ganado la confianza de los empleados, por tratarse de alguien conocido del propietario.
Fue el encargado del lugar quien se dio con que el acusado no había dejado las llaves, no logró contactarlo telefónicamente. Luego de conseguir una copia, el denunciante se dirigió al local y notó que el trabajo no estaba realizado y que faltaban varios elementos.
El mismo acusado se hizo presente en una dependencia policial el pasado 23 de enero, se identificó, manifestando que realizaba tareas de refacción en un concesionario, para luego aclarar que tiene problemas con el juego y que habría perpetrado un robo de gran magnitud, detallando que había empeñado los elementos sustraídos.
Durante la audiencia de
imputación, el acusado reconoció los hechos. Por su parte, el fiscal López Soto
solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva.
La denunciante descubrió que el hombre mantenía relaciones con su hija menor y lo denunció. El hombre, fue detenido de inmediato.
El fiscal Penal 1 interino en feria, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, imputó provisionalmente a un hombre de 57 años por los delitos de estupro (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal (tres hechos) y lesiones agravadas, todo en concurso real.
El hombre está acusado de atentar contra la integridad de la menor al desplegar actos de contenido esencialmente sexual, aprovechándose de su inmadurez. En otras ocasiones desplegó su accionar delictivo en contra de la voluntad de la damnificada. En distintas oportunidades, en un contexto de violencia de género, le habría propinado golpes y ahorcamiento, lesiones corroboradas en el examen médico
Las actuaciones se iniciaron cuando la madre de una menor de 15 años radicó la denuncia, manifestando que la menor le había confirmado los abusos a los que había sido sometida por parte de un concuñado.
Inmediatamente
después de radicada la denuncia, personal policial inició las tareas de
investigación y procedió a su detención en la vía pública.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. En tanto, el fiscal González Miralpeix solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva.
Tras un operativo se logró secuestrar sustancia estupefaciente y varios elementos en poder de la mujer. Las actuaciones se iniciaron luego de la recepción de denuncias anónimas, registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal penal interino en feria de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, imputó provisionalmente por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a una mujer de 32 años.
Luego de la recepción de denuncias anónimas, registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal y en base a los elementos obtenidos por las tareas de vigilancia llevadas a cabo por personal policial, se realizó un allanamiento en Pasaje Del Sol al 300, lográndose determinar que la acusada llevaba a cabo la venta de estupefacientes, a consumidores que llegaban hasta su domicilio.
La mujer hizo entrega de manera voluntaria de dos envoltorios de polietileno transparente, conteniendo 19 envoltorios individuales blancos con sustancia granulada amarillenta en su interior; 57 envoltorios individuales de polietileno blanco, conteniendo sustancia compacta amarillenta y un tercer envoltorio de papel con un terrón de sustancia compacta amarillenta en su interior y otro envoltorio de polietileno blanco con sustancia blanquecina compacta; un cuchillo tipo sierrita con resto de sustancia en la hoja de filo; una balanza gramera, con restos de sustancia amarillenta; una tijera con restos de sustancia en la hoja; dinero en efectivo, y tres teléfonos celulares, entre otros elementos.
Al momento de la requisa de un vehículo, se encontró un compartimento de plástico amarillo que poseía en su interior 15 envoltorios de polietileno, con sustancia amarillenta en forma compacta.
Durante la audiencia de
imputación, la acusada se abstuvo de declarar. En tanto, el fiscal López Soto
solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.
La empleada primero se habría llevado una suma de dinero y luego otra mayor, desconectando las cámaras de seguridad del local para que no quedara registro. Se solicitó mantenimiento de detención.
La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de hurto simple (dos hechos), en concurso real, a una mujer de 26 años.
El primer hecho se habría
producido el 27 de diciembre, cuando la acusada habría sacado de una bolsa la
suma de $15 mil. Al día siguiente, habría apagado las cámaras con el fin de
sustraer $400 mil de recaudación y $35 mil que había en un sobre.
Fue el mismo día 28 de
diciembre que la damnificada, propietaria de un local ubicado en avenida Felipe
Varela al 200 de Barrio Santa Cecilia, se enteró por su yerno que faltaban $35
mil de un sobre, dinero destinado para un pago.
La denunciante verificó que las cámaras de seguridad de su negocio habían sido desconectadas, en tanto la imputada se retiró, luego de manifestar que su hija estaba enferma, no retornando más.
Días después, la damnificada acordó con el dueño del inmueble que le pagaría el alquiler para lo cual se dispuso a separar el dinero de la caja de recaudación. Fue en ese momento que se dio con otro faltante de $400 mil.
Tras reparar las cámaras de seguridad, la denunciante revisó las imágenes registradas, de las que surgió que la acusada habría sido la autora de los hurtos de dinero.
Durante la audiencia de
imputación, la acusada dio su versión de los hechos. En tanto, la fiscal Adet
Figueroa solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, el mantenimiento de
detención.
La fiscalía penal 4 intervino inmediatamente, al recibir la notificación sobre el hallazgo de peces muertos en aguas del río Arenales. Se aguardan resultado de las pericias ordenadas.
Frente a la aparición de peces muertos en el río Arenales de la ciudad de Salta, el fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, ordenó una serie de medidas a fin de determinar las posibles causas.
Para la investigación se requirió la recolección de ejemplares por parte de la División Policía Rural y Ambiental, para que sean remitidos a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Salta, a fin de practicarles análisis y estudios pertinentes.
Ruiz de los Llanos dispuso además de ser necesario, la conservación de material para estudios a realizarse por parte del área ambiental del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).
El fiscal se encuentra a la espera de las pruebas de laboratorio para tener una idea más acabada de las causas de la muerte de los peces.
El hombre denunció que su esposa embarazada, tuvo a su bebé en la calle luego de que se le negara atención médica en el Hospital Papa Francisco. La recién nacida sufrió una fractura de clavícula.
La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, intervino el pasado viernes 20, tras ser notificada respecto a un hecho que se produjo en el Hospital Papa Francisco y que fuera denunciado por un particular, disponiendo medidas para esclarecer la causa.
Para este lunes, fue citado el padre de las damnificadas a prestar declaración, ratificando la denuncia y ampliando su declaración respecto a lo sucedido. Brindó la descripción de la persona que lo atendió en la guardia del hospital y relató el traslado de ambas, esposa e hija, al hospital Materno Infantil para su atención.
En relación al estado de salud de ambas, el hombre manifestó que ya fueron dadas de alta médica.
La fiscal Adet Figueroa dispuso una serie de directivas, tendientes a continuar con la investigación y determinar lo sucedido, como el relevamiento de testigos que surgieron de las declaraciones ya recibidas en sede policial y fiscal, entrevista con personal del hospital Papa Francisco, e información sobre otras cuestiones de relevancia para la causa.
Primeras medidas
Inmediatamente tomado conocimiento del hecho denunciado, la fiscal Analía Adet Figueroa ordenó corroborar el estado de salud de la madre y la recién nacida a través de médico legal, detallando si presentaban lesiones y si corrieron riesgo de vida; además de solicitar las correspondientes historias clínicas. Pidió también tomar declaración testimonial a la madre de la menor respecto al hecho, quien ratificó lo denunciado por su esposo.
La fiscalía también solicitó información sobre el resultado del informe médico legal, se le remita la nómina del personal que se encontraba prestando funciones al momento, y del personal encargado de recepción de emergencias o pacientes de guardia. También se solicitó a través del Juzgado de Garantías en turno la entrega de los registros fílmicos del hospital que ya se encuentran incorporados a la causa.
La intervención se produjo tras informe médico. Se investigó un hecho en el que una mujer resultó lesionada por su pareja.
El fiscal penal de Violencia Familiar y Género 3 interino, en feria, Gabriel González, imputó de manera provisional, por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por el género y desobediencia judicial, en concurso real, a un hombre de 46 años.
Tras constataciones realizadas por personal policial, se le endilga al imputado haber agredido físicamente con golpe de puño a su pareja con quien convive hace 17 años, hecho ocurrido en la madrugada del pasado 30 de diciembre, en un domicilio de barrio San Antonio. Según el relato de la profesional de guardia que asistió a la mujer, ésta le manifestó que su marido en estado de ebriedad, le asestó un golpe de puño.
Las lesiones que sufrió la damnificada fueron constatadas por una médica odontóloga de la guardia del Hospital San Bernardo, quien la asistió el día 9 de enero de 2023, diagnosticando: “trauma facial por violencia de género. Al examen clínico y por imágenes se observa fractura de arco cigomático izquierdo. Se programa cirugía”.
En cuanto al delito de desobediencia judicial del que se lo acusa, se relaciona con la vigencia de las medidas ordenadas por el Juzgado de Violencia Familiar y Género 1, por el accionar del imputado, quien además, padece de consumo problemático de sustancias.
Dadas las características del hecho, del relato de lo sucedido y ante la negativa de la damnificada de radicar denuncia, el fiscal Gabriel González actuó de oficio, por tratarse de una cuestión de interés público.
Para ello, debe considerarse, sostiene el fiscal, que «el Estado argentino, mediante la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), asumió el compromiso de prevenir, investigar y castigar la violencia contra la mujer, de modo tal que la lesión leve agravada, por estar encuadrada en una situación de violencia de género, podría conformar la hipótesis de interés público».
Sobre el imputado pesa el antecedente de una condena de dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de coacción, que data de octubre de 2020, en perjuicio de la damnificada.
Durante la audiencia de imputación, el acusado brindó su versión de los hechos. En tanto, el fiscal González solicitó al Juzgado de Garantías en turno, el mantenimiento de detención e informe psicológico y psiquiátrico.
Hernán Garnica fue condenado a la pena de 1 año y 2 meses de prisión efectiva, tras haber agredido a su pareja con golpes de puño, amenazarla, poner resistencia y amenazar a personal policial. El hecho ocurrió en junio del año pasado.
La pena surge luego de un acuerdo de juicio abreviado al que arribó representando al Ministerio Público Fiscal, el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 1, interino en feria, Pablo Paz, con la defensa del imputado.
El Juez del Tribunal de
Juicio Sala VII, Javier Araníbar, luego de recibir la confesión del acusado, condenó
a Hernán Cristian Gonzalo Garnica a la pena de 1 año y 2 meses de prisión
efectiva por los delitos de amenazas con arma, resistencia a la autoridad,
lesiones leves agravadas por el género y por la relación de pareja, amenazas y
violación de domicilio, todo en concurso real.
El hecho por el que recibió la condena sucedió en la mañana del 12 de junio de 2022, en un domicilio de calle Vicente López al 2900, cuando la expareja de Garnica le manifestó a personal policial que se hizo presente en el lugar, que había sido agredida por su concubino con golpes de puño y que la amenazó. La denunciante también manifestó que sentía temor debido a que se encontraba embarazada y solicitó atención médica, por lo que fue trasladada al Hospital Materno Infantil.
Previamente, cuando uno de los efectivos intentó dialogar con Garnica para que depusiera su actitud, observó que el hombre portaba un elemento similar a una hoja de guadaña con filo y un palo, con los que amenazaba al personal policial.
Al ingresar al domicilio las fuerzas de seguridad, el condenado opuso resistencia utilizando los elementos que portaba. Luego, saltó hacia la vivienda colindante, siendo detenido por personal policial.
El condenado fue declarado reincidente por segunda vez, ya que registra antecedentes condenatorios previos.
El hombre, valiéndose de datos personales falsos pertenecientes a un empleado, sustrajo los materiales del predio y contrató una camioneta para trasladarlos a su domicilio. Se solicitó mantenimiento de detención.
El fiscal penal de Rosario de Lerma en feria, Daniel Escalante, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de robo agravado por la utilización de llaves, a un hombre de 34 años.
El hecho sucedió durante la tarde del 14 de enero, en calle Cerro 20 de Febrero y Ruta Nacional 51, sitio de antena de la empresa Telecom-Personal. El acusado, tras utilizar llaves para abrir dos gabinetes para cortar la llave térmica del lugar y mediante la utilización de un elemento contundente, habría cortado y sustraído 180 metros de cable DC de cobre doble, de 16 centímetros, mallado, con vaina negra.
Según consta en la denuncia radicada por el encargado de antenas de la empresa, recibió un alerta mediante sistema de supervisión de antenas de líneas telefónicas y red de internet, advirtiendo que la localidad de San Luis se encontraba sin servicio.
Al apersonarse personal policial, observó a unos hombres que se retiraban del lugar del hecho en una camioneta y al consultarles, uno de ellos se identificó con un nombre y apellido y número de documento, manifestando que era encargado de mantenimiento. El hombre invitó a personal policial a verificar el código de apertura del candado de la puerta principal, ingresó al interior, junto con personal policial que constató que no había signos de violencia a simple vista, retirándose luego del predio.
Consultado al respecto, el denunciante manifestó que el empleado mencionado se encontraba de descanso, por lo que habrían falsificado sus datos. Tras ello se hizo presente en el lugar, verificando que en el fondo del predio, habían utilizado llaves para abrir los gabinetes, bajar la llave térmica, cortar y sustraer los cables de cobre. Para cometer el ilícito, contaban con el código del candado.
Cabe destacar que el mismo modo de obrar ya había sido utilizado para sustraer llaves térmicas y cables en puestos y bases de la localidad de Cerrillos y el barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, que posee la empresa telefónica.
Los elementos denunciados como sustraídos fueron luego encontrados en poder del acusado, tras la requisa realizada por personal policial y obrando declaración de un testigo presencial.
El testigo declaró que ese día recibió una llamada vía WhatsApp, de un hombre que contrató sus servicios de fletero. Cuando se encontraron, le manifestó ser empleado de Telecom y que necesitaba hacer el mantenimiento en una antena ubicada en San Luis.
Relató que el acusado ingresó con su llave al predio, esperándolo entre 40 y 45 minutos, hasta que salió pidiéndole cargar unos rollos de cable y dos cajas grises en su vehículo, elementos que fueron dejados en un domicilio de Barrio Solís Pizarro.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. En tanto, el fiscal Escalante solicitó mantenimiento de detención.
