Dos hombres y una mujer fueron juzgados por varios hechos de estafa, donde vendían la prestación de servicio de sepelio de una empresa inexistente con sistema de cobrador a domicilio. Se descubrió el engaño ante el fallecimiento de la esposa de uno de los “afiliados”.
La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos, a cargo de María Eugenia Guzmán, solicitó con el acuerdo de las partes, juicio abreviado para dos hombres y una mujer que simulando ser vendedores de servicios de sepelio de una empresa inexistente llamada Sepelios Salta, vendían planes a numerosas personas.
El accionar de estas personas fue puesto de manifiesto por un hombre que al fallecer su esposa, solicitó el cumplimiento del servicio fúnebre que había contratado y abonado mensualmente a un cobrador de la supuesta empresa. Al presentarse en el lugar para hacer los trámites, advirtió que la empresa no existía, por lo que los servicios no serían prestados.
Posteriormente aparecieron otros damnificados, quienes también fueron estafados por los acusados. El servicio supuestamente incluía retiro y traslado de las personas desde el lugar de defunción al domicilio del velatorio en furgón sanitario o ambulancia dentro del territorio provincial, el que no fue prestado en oportunidad de ser solicitado por los «afiliados».
En el marco de la causa, se había procedido al secuestro de numerosa documentación en poder de los acusados, planillas de rendición, fichas de inscripción, talonarios de recibos, folletería y demás papelería de la empresa, lo que se sumó a la aportada por las propias víctimas tales como comprobantes de pago, contratos celebrados y copias de carnets de los damnificados, todo lo cual conformaba la “mise en escene” por lo cual generaron en las víctimas una expectativa de beneficio que nunca podrían haber sido cumplidas.
Asimismo, y con intervención de personal policial, se logró establecer la inexistencia de registros y o habilitaciones para ejercer la actividad comercial por parte de los imputados y aún de la empresa.
La audiencia de juicio se llevó a cabo en el Juzgado de Garantías 1, donde la jueza Ada Zunino condenó a Daniel Eduardo Rodríguez a la pena de 2 años y 10 meses de prisión condicional; a Marcelino Cristobal Castillo y a Liliana Alejandra Fernández a la pena de 2 años y 5 meses de prisión condicional por el delito de estafa. Les impuso además a los tres condenados, la realización de trabajo comunitario no remunerativo en establecimiento de bien publico una vez a la semana, por dos horas durante un año y de otras reglas de conducta que deberán observar para no perder la condicionalidad de la pena.