Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, el fiscal Gómez Amado solicitó que la causa seguida contra dos cordobeses sea llevada a juicio.
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, para Héctor Cristian Páez de 42 años y Juan Carlos Vega de 62 años, como coautores del delito de asociación ilícita, previsto en el artículo 210 del Código Penal.
En el requerimiento presentado, la hipótesis fiscal sostiene que Páez y Vega integran una organización que habría utilizado una sociedad comercial para concretar una maniobra defraudatoria en perjuicio de un profesional de la salud de esa ciudad, quien denunció haber entregado aproximadamente 110 millones de pesos, entre pesos y dólares, para la adquisición de equipamiento médico de alta complejidad que nunca le fue entregado en su totalidad.
De acuerdo con la acusación, la maniobra habría consistido en ofrecer equipos destinados a la instalación de un consultorio de diagnóstico por imágenes, generando en la víctima una apariencia de solvencia y capacidad operativa. La operación habría sido canalizada mediante una sociedad vinculada a los acusados.
Según surge de la investigación, la víctima efectuó sucesivos pagos mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo y recibió únicamente un digitalizador de imágenes con computadora y dos chasis radiográficos que posteriormente fueron devueltos por no corresponder a lo solicitado. Los restantes equipos comprometidos —entre ellos un equipo de rayos X y un densitómetro— no fueron entregados.
La Fiscalía valoró como elementos de convicción la denuncia y declaración del damnificado, documentación societaria, facturas, comprobantes de transferencias, conversaciones de WhatsApp, fotografías de los equipos ofrecidos, informes bancarios y análisis de cuentas, además de pericias informáticas realizadas sobre teléfonos celulares.
En particular, los informes de criminalística permitieron recuperar comunicaciones y contenido multimedia de dispositivos aportados a la investigación. Asimismo, del análisis de teléfonos atribuidos a Juan Carlos Vega y Héctor Cristian Páez surgirían comunicaciones entre los imputados que, según la Fiscalía, darían cuenta de la coordinación de la maniobra y de la distribución de roles.
La acusación sostiene que la sociedad comercial habría sido utilizada como una estructura de apariencia legítima para generar confianza en la víctima y posibilitar la recepción de los fondos. También señala que la investigación permitió advertir una presunta organización con división de tareas y destinada a la comisión reiterada de maniobras defraudatorias con la participación de otras personas.
En consecuencia, la Fiscalía consideró reunidos elementos suficientes para sostener la acusación contra Héctor Cristian Páez y Juan Carlos Vega y requirió la remisión de la causa a juicio.